

La justicia de Estados Unidos ordenó el embargo de u$s210 millones a la Argentina en un caso relacionado con bonos en default. La jueza Loretta Preska oficializó la medida, que se ejecutará mañana, tras la habilitación de la Corte Suprema norteamericana en enero. Además, se congelaron otros u$s100 millones hasta que Attestor Master y Bainbridge Fund resuelvan su disputa sobre esos fondos.
Este nuevo embargo se suma a la reciente ejecución de una garantía por u$s325 millones en el caso del Cupón PBI en Londres, lo que aumenta la presión sobre Argentina en tribunales internacionales. Los acreedores, considerados holdouts desde el default de 2001, han logrado fallos favorables para embargar activos argentinos debido a la falta de pagos en los procesos de reestructuración de deuda. Attestor Master tiene derecho sobre u$s460 millones, mientras que Bainbridge Fund reclama u$s100 millones.
El conflicto gira en torno a activos argentinos vinculados al colateral de los bonos Brady, entregados como garantía en la reestructuración de deuda de los años 90. Aunque Argentina completó sus pagos en 2023, liberando ciertos activos, esta disputa ha resultado en nuevos embargos, lo que incrementa la presión financiera sobre el país.
Si bien Bainbridge Fund buscó ampliar el embargo, la jueza Preska solo autorizó la congelación de u$s100 millones. Entre los principales fondos involucrados se encuentran Attestor Master, Trinity Investments y Bison Bee LLC, que no participaron en los canjes de deuda de 2005, 2010 y 2016, y ahora buscan recuperar su inversión embargando activos argentinos.
Esta decisión judicial refuerza la presión sobre Argentina en un contexto económico complejo. La persistencia de los holdouts en sus reclamos subraya que las consecuencias del default de 2001 siguen vigentes más de dos décadas después. Mientras tanto, Argentina enfrenta una prolongada disputa legal que complica sus intentos de estabilización económica y financiera.