La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió este viernes los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, con el que el gobierno de Javier Milei había derogado la Ley de Tierras Rurales. La decisión restablece provisoriamente las restricciones a la adquisición de tierras por extranjeros, mientras continúa el trámite judicial del reclamo.
La resolución respondió a una acción colectiva impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie, la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, integrantes de las comunidades indígenas Lof Futa Anekon y Lafkenche, representantes gremiales y vecinos. La iniciativa surgida desde Río Negro consiguió una protección judicial de alcance nacional para una discusión que involucra tierras, agua y recursos naturales.
El tribunal dispuso una suspensión interina hasta que el juez competente evalúe la legitimación de quienes promovieron la demanda y se pronuncie sobre el pedido cautelar. El expediente continuará en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche. La decisión todavía no resuelve la constitucionalidad de la derogación ni implica la anulación del DNU completo.

La intervención se produjo después de que la Corte dejara sin efecto una sentencia favorable al Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, al considerar que esa organización no tenía legitimación suficiente. Aunque aquella resolución se concentró en una cuestión procesal, su consecuencia fue despejar la aplicación de la derogación. El nuevo expediente plantea la protección ambiental como fundamento del reclamo.
“Es una enorme alegría y un triunfo de la lucha colectiva”, expresó Odarda tras conocerse la resolución. La legisladora del bloque Vamos con Todos destacó la importancia de preservar las tierras, las fuentes de agua y los bienes naturales de Río Negro y del conjunto de la Patagonia.
La participación de las comunidades indígenas y las organizaciones ambientales incorporó al expediente preocupaciones vinculadas con el territorio y el derecho a un ambiente sano. Odarda también reconoció el trabajo de los abogados Martín Palumbo y Ernesto Montecino Odarda, responsables de llevar adelante la presentación judicial.
La legisladora advirtió que la protección obtenida es temporal y ratificó la convocatoria a movilizarse el 15 de octubre. El objetivo de los impulsores del reclamo es acompañar la discusión en la Cámara de Diputados y promover el rechazo integral del decreto, cuyo alcance excede la regulación de las tierras rurales.
El conflicto mantiene así dos escenarios abiertos: en Bariloche deberá avanzar la evaluación judicial de la demanda colectiva; en el Congreso, los sectores que cuestionan el megadecreto buscarán una definición política. Para las organizaciones rionegrinas, la suspensión representa un resultado concreto, aunque la continuidad de las restricciones todavía depende de las próximas decisiones institucionales.
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