Magdalena Odarda busca prohibir los cotos de caza en todo el territorio de Río Negro

La legisladora provincial Magdalena Odarda, representante del bloque Vamos con Todos, presentó ante la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que busca poner fin a la actividad de los cotos de caza en la provincia. La iniciativa propone no solo desterrar los 14 establecimientos que actualmente funcionan bajo habilitación oficial, sino también prohibir terminantemente la apertura de nuevos predios de este tipo en el futuro. Odarda fundamenta su propuesta en la necesidad de un cambio de paradigma jurídico que desplace la visión antropocéntrica por una doctrina ecocéntrica que priorice el ecosistema.

El proyecto plantea que los animales deben ser reconocidos y respetados como "seres sintientes" e individuos con valor propio, en contraposición a la actual consideración que los sitúa como meros objetos de entretenimiento o herramientas económicas. "La tortura no es arte ni cultura", enfatizó la parlamentaria en los fundamentos de su presentación, remarcando que la matanza por diversión resulta incompatible con los principios del nuevo derecho animal y la ética de la sociedad contemporánea.

El negocio del turismo cinegético y el valor de los trofeos

La iniciativa pone de relieve la existencia de un circuito de turismo cinegético de carácter internacional que opera dentro de los recintos privados de la provincia. Según la legisladora, en estos espacios se mueve una economía basada en la obtención de "trofeos" que genera cifras exorbitantes. Odarda subrayó que en estos establecimientos se llegan a abonar sumas que alcanzan los 3.500 euros por cada pieza cazada, lo que evidencia una profunda mercantilización de la vida silvestre local.

Este lucrativo negocio contrasta, según el texto del proyecto, con la realidad de las comunidades y el equilibrio ambiental de las regiones donde se asientan estos cotos. El planteo sostiene que la actividad fomenta una cultura de violencia al premiar la muerte de un animal no humano con la exhibición de su cabeza o restos. Para la autora, prohibir estos espacios es una medida razonable para garantizar la protección integral de la biodiversidad rionegrina.

Denuncia por falta de fiscalización y riesgo ambiental

Uno de los puntos más críticos señalados por la referente de Vamos con Todos es la marcada desproporción entre la rentabilidad de la caza deportiva y la capacidad de supervisión por parte del Estado. Citando informes oficiales de la Subsecretaría de Fauna, el proyecto indica que la provincia dispone de recursos humanos y materiales mínimos para el control territorial. Río Negro cuenta con tan solo cinco guardafaunas y tres vehículos para fiscalizar los 14 cotos de caza y la totalidad de sus áreas naturales protegidas.

Esta carencia de fiscalización efectiva incrementa los riesgos de maltrato animal y deja en una situación de vulnerabilidad a especies protegidas de la región. El proyecto advierte que la actividad en los cotos puede poner en peligro de forma indirecta a ejemplares de huemul, pudú y puma. La falta de inspectores en el terreno imposibilita garantizar que las prácticas dentro de estos recintos privados se ajusten a las normativas de conservación vigentes.

Hacia una cultura de paz y preservación del ecosistema

En sus conclusiones, el anteproyecto sostiene que la eliminación de los cotos de caza es una herramienta necesaria para fomentar una cultura de paz en la provincia. Odarda argumenta que el patrón de violencia que implica matar por diversión debe ser erradicado para construir una sociedad más equilibrada y respetuosa con el medio ambiente. La protección de la biodiversidad, bajo esta mirada, requiere acciones legislativas que pongan un límite claro a la explotación lúdica de la fauna.

De avanzar esta ley, Río Negro se posicionaría a la vanguardia del derecho animal en el país, transformando sus políticas de fauna hacia un modelo de preservación estricta. La discusión ahora pasará a las comisiones de la Legislatura, donde se evaluará el impacto económico y ambiental de la medida. El desafío para el cuerpo legislativo será debatir si la provincia sostiene una actividad de altos dividendos o si prioriza el nuevo paradigma de protección animal propuesto.