Tierra del Fuego: fallas en las pensiones y un apercibimiento al gabinete de Melella

Una auditoría sobre el Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE) expuso problemas de administración y control en el gobierno de Gustavo Melella. El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego detectó documentación incompleta, sistemas informáticos fragmentados y dificultades para establecer las deudas entre los organismos involucrados. La revisión alcanzó al Poder Ejecutivo y a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).

El expediente también tuvo consecuencias dentro del gabinete provincial. La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, María Emilia Lucía Rossi, recibió un apercibimiento por no presentar el plan de acción exigido. Por su parte, el Ministerio de Salud, conducido por Judit Di Giglio, solicitó una ampliación del plazo para responder a otro requerimiento, pero el organismo de control la rechazó.
 

Auditoría del RUPE: registros incompletos y deudas sin determinar

La resolución plenaria 118/2026 aprobó los informes finales de la fiscalización. Entre las observaciones figuran normas dispersas, procedimientos sin formalizar, deficiencias contables y falta de conciliaciones periódicas. Uno de los puntos pendientes era la cuantificación de la deuda histórica al 31 de diciembre de 2023, una carencia que dificultaba establecer con precisión las obligaciones entre las áreas estatales.

El relevamiento registró 834 beneficiarios activos al 30 de junio de 2025. Las irregularidades señaladas corresponden a la gestión administrativa del régimen: no acreditan cobros indebidos de sus destinatarios. El Tribunal exigió planes de corrección con medidas, responsables y plazos de ejecución de hasta dos meses, y mantuvo el seguimiento bajo la órbita de su Secretaría Contable.
 

Gabinete de Melella: apercibimiento a Rossi y rechazo al pedido de Salud

El requerimiento dirigido a Rossi le otorgaba diez días desde la notificación para presentar un plan aprobado mediante un acto administrativo. Según los fundamentos de la resolución plenaria 141/2026, la ministra fue notificada el 21 de agosto y el plazo venció sin que cumpliera. El Tribunal aplicó un apercibimiento y concedió cinco días corridos adicionales, con advertencia de multa. La documentación reseñada no acredita que esa penalidad económica se haya aplicado posteriormente.

En Salud, el director general de Facturación y Recupero, Damián Ezequiel Malandra, pidió el 28 de agosto, por instrucciones de Di Giglio, una extensión de treinta días hábiles para presentar el plan correspondiente. Mediante la resolución plenaria 127/2026, el Tribunal rechazó la solicitud y mantuvo el plazo original. Las dos actuaciones dejaron al gabinete de Melella frente a requerimientos concretos para corregir las fallas detectadas.
 

Tierra del Fuego: un plan de control y correcciones pendientes

La Contaduría General aprobó, a través de la resolución 255/2026, un plan de fortalecimiento del control interno con cuatro anexos. Las medidas abarcan los procedimientos de pago de OSEF, las acreencias de Salud, la facturación hospitalaria y la cancelación de facturas entre la obra social y Bienestar Ciudadano. Esa aprobación constituye una respuesta administrativa, aunque todavía debe verificarse su ejecución y sus resultados.

Para el gobierno de Melella, el cierre de la auditoría no significa el cierre del problema. Queda pendiente demostrar que los organismos ordenaron sus registros, determinaron las deudas y corrigieron los circuitos observados. El apercibimiento a una ministra por incumplir un requerimiento agrega una responsabilidad política a las deficiencias administrativas: la gestión deberá responder tanto por las fallas como por la demora en atender las exigencias del órgano de control.