Melella denunció a Navitas, pero crece la polémica por Harbour

La denuncia del gobierno de Tierra del Fuego contra Navitas Petroleum ante la autoridad regulatoria de Israel abrió un nuevo capítulo en la disputa por la explotación hidrocarburífera en el área de Malvinas. Pero también expuso una contradicción política sensible para el gobernador Gustavo Melella: la empresa israelí denunciada compró su participación en el proyecto Sea Lion a Harbour Energy, la petrolera británica que luego desembarcó en activos estratégicos de la Argentina, incluido el yacimiento gasífero Fénix, frente a las costas fueguinas.

El punto incómodo no está solo en Navitas. Está en la cronología empresarial que une a Premier Oil, Chrysaor, Harbour Energy, Navitas y Wintershall Dea. Esa secuencia muestra cómo una petrolera vinculada al negocio cuestionado en Malvinas logró desprenderse de ese activo de alto riesgo geopolítico y, tiempo después, consolidarse dentro del mercado energético argentino.

La denuncia contra Navitas y el problema de fondo

El gobierno fueguino denunció a Navitas Petroleum por su participación en el proyecto Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas. La presentación apunta a que la compañía israelí habría omitido o minimizado ante inversores riesgos jurídicos y geopolíticos derivados de operar en un área que Argentina considera parte de su plataforma continental.

La actividad hidrocarburífera en la plataforma continental argentina está regulada por la Ley 26.659, que exige autorización del Estado nacional para explorar o explotar hidrocarburos en esas áreas. La norma también prohíbe que empresas vinculadas a operaciones no autorizadas actúen en el país bajo determinadas condiciones.

Por eso, la discusión excede a Navitas. El interrogante central es cómo se aplican esos criterios cuando aparecen operaciones corporativas cruzadas: una empresa sale formalmente de Malvinas, vende su participación a otra y luego ingresa al negocio energético argentino mediante la compra de activos de una tercera compañía.

Harbour Energy: de Sea Lion al negocio argentino

La historia empieza con Premier Oil, que era una de las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion. En 2020 se anunció su fusión con Chrysaor Holdings, operación que dio origen a Harbour Energy. Con esa absorción, Harbour heredó activos y compromisos vinculados al proyecto en Malvinas.

En abril de 2022, Rockhopper, Harbour y Navitas firmaron documentación definitiva para reorganizar el proyecto. En septiembre de ese mismo año se completó la operación: Harbour salió de Sea Lion y Navitas ingresó con el 65% de participación y la condición de operadora, mientras Rockhopper conservó el 35% restante.

Ese movimiento fue clave. Harbour dejó atrás un activo asociado a un conflicto de soberanía y, poco después, avanzó hacia una operación global que le permitió ingresar en activos bajo legislación argentina.

La compra de Wintershall y el ingreso a Fénix

En diciembre de 2023, Harbour Energy anunció la compra del portafolio global de Wintershall Dea, una operación valuada en US$11.200 millones. La adquisición se completó el 3 de septiembre de 2024, con fecha efectiva retroactiva al 30 de junio de 2023.

Esa operación incluyó activos en Argentina. La propia Harbour señala que su producción local se concentra en la concesión offshore Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1), en Tierra del Fuego, y en áreas de la cuenca neuquina como Aguada Pichana Este y San Roque.

Medios especializados locales también consignaron que la compra incluyó la participación de Wintershall Dea en Vaca Muerta y en el proyecto offshore Fénix, frente a las costas fueguinas.

La contradicción política para Melella

Ahí aparece el punto más sensible para el gobierno de Tierra del Fuego. Mientras Melella denuncia a Navitas por operar en el proyecto Sea Lion, Harbour Energy —la empresa que vendió su participación a Navitas— aparece luego como parte del negocio energético en el territorio fueguino a través de los activos adquiridos a Wintershall Dea.

La crítica de fondo es política e institucional: si la provincia sostiene una línea dura contra las empresas que participan en proyectos hidrocarburíferos en Malvinas, debería explicar con el mismo rigor qué controles aplicó sobre Harbour Energy al momento de su ingreso o consolidación en activos estratégicos de Tierra del Fuego.

El problema no es menor. La Argentina ya había iniciado procedimientos de sanción contra compañías vinculadas a actividades hidrocarburíferas en Malvinas, entre ellas Chrysaor Holdings, Harbour Energy y Navitas Petroleum, bajo el paraguas de la Ley 26.659.

Sea Lion, Fénix y el mismo tablero energético

El proyecto Sea Lion tiene una dimensión económica significativa. La explotación, controlada por Navitas y Rockhopper, es señalada como uno de los desarrollos petroleros más relevantes alrededor de Malvinas. Según reportes internacionales, Navitas conserva el 65% del proyecto y Rockhopper el 35%.

Del otro lado, Fénix es uno de los proyectos gasíferos más importantes del offshore argentino. Por eso, la discusión no es solo legal: también es energética, económica y soberana. Se trata de quiénes participan en los negocios hidrocarburíferos del Atlántico Sur y bajo qué condiciones.

La cronología deja una pregunta incómoda: si Harbour pudo salir de Sea Lion y luego entrar en activos argentinos mediante Wintershall, ¿el Estado aplicó con suficiente firmeza las herramientas legales disponibles o aceptó una separación formal que no resuelve el conflicto de fondo?

Una denuncia que también mira hacia adentro

La denuncia contra Navitas puede ser leída como una medida de defensa soberana. Pero también obliga a revisar el propio mapa de autorizaciones, socios y antecedentes en Tierra del Fuego. En ese punto, el caso deja de ser únicamente una acusación contra una petrolera israelí y se convierte en una discusión sobre la coherencia de la política energética fueguina.

Melella intenta mostrarse activo frente a la explotación petrolera en Malvinas. Sin embargo, la presencia de Harbour en activos vinculados a Fénix expone un flanco incómodo: la provincia denuncia a quien compró el negocio, pero debe explicar qué hizo frente a quien lo vendió y luego desembarcó en el corazón del offshore fueguino.

La cuestión de fondo es si la defensa de la soberanía será una política integral o una reacción selectiva. Porque en el Atlántico Sur, cada operación empresaria deja algo más que una huella financiera: deja también una señal política sobre los límites que Argentina está dispuesta —o no— a hacer cumplir.