La presión argentina contra las empresas involucradas en la explotación petrolera en Malvinas comenzó a tener consecuencias sobre las contrataciones del proyecto Sea Lion. Navitas Petroleum confirmó que trabaja para reemplazar a dos contratistas que considera en incumplimiento, en una comunicación a sus inversores que reconoce las acciones de Buenos Aires para sancionar a quienes participan del desarrollo.
La actualización fue difundida el 5 de octubre por Rockhopper Exploration, socio británico que posee el 35% del proyecto, mientras Navitas controla el 65% restante y actúa como operadora. Aunque las compañías mantienen que Sea Lion seguirá adelante, el anuncio incorpora una dificultad concreta: deben sustituir proveedores y contemplan el riesgo de que otras empresas también decidan apartarse.
En el informe, Navitas señaló que el Gobierno argentino “continúa su actividad para imponer sanciones” sobre los actores vinculados con Sea Lion y otras operaciones en las islas. En ese contexto, mencionó el anuncio público de un contratista que comunicó que no realizaría trabajos para el proyecto ni participaría en actividades de exploración y producción de petróleo en Malvinas.

La operadora informó entonces que busca reemplazar a dos contratistas y que realizará los ajustes necesarios para continuar el desarrollo. No identificó a las empresas ni detalló qué servicios tenían asignados, por lo que todavía no puede precisarse qué parte de la operación deberá reorganizarse ni cuánto tiempo demandará encontrar alternativas.
Navitas sostuvo que, por el momento, no prevé un efecto adverso significativo sobre Sea Lion y aseguró que continúa trabajando con el respaldo de la administración británica de las islas y del Gobierno del Reino Unido. Sin embargo, presentó esa evaluación como una previsión sujeta a condiciones, entre ellas la posibilidad de conseguir reemplazos adecuados para los contratistas.

La empresa advirtió que el escenario podría cambiar si esas sustituciones se demoran o fracasan, si no logra completar los ajustes necesarios o si otros proveedores abandonan el proyecto y no aparecen alternativas satisfactorias. También incluyó entre los riesgos una profundización de las medidas argentinas y cambios regulatorios o geopolíticos que afecten las condiciones legales y comerciales del desarrollo.
El anuncio se conoció después de que la Oficina del Presidente informara que Halliburton no prestaría servicios para Sea Lion ni participaría en actividades hidrocarburíferas en Malvinas. El Gobierno presentó esa decisión como un resultado de las gestiones de la Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica. No obstante, Navitas no confirmó que la compañía estadounidense sea uno de los dos contratistas que ahora busca sustituir.
El impacto comprobado hasta aquí es la necesidad de modificar las contrataciones del proyecto, mientras la propia operadora reconoce riesgos si pierde más proveedores o no consigue reemplazarlos. No se anunció una suspensión ni una modificación del cronograma, que mantiene la primera producción prevista para 2028. La continuidad de Sea Lion dependerá, entre otros factores, de cómo las empresas resuelvan estas dificultades en medio de la presión jurídica y diplomática argentina.