Mora puso el foco en el decreto de Vidal por las tierras frente al Perito Moreno

La venta de tierras en Península Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno, llegó este jueves a la Legislatura de Santa Cruz y abrió un fuerte debate sobre la decisión del Gobierno de Claudio Vidal. La diputada María Agostina Mora Doldán reclamó que el Ejecutivo entregue el Decreto 915/26 completo y toda la documentación que respaldó la autorización excepcional para transferir una parcela ubicada dentro del área protegida.

El planteo tomó fuerza durante la sesión y terminó derivando en una decisión institucional: los 18 diputados presentes aprobaron por unanimidad un pedido de informes para que el Gobierno remita el expediente completo y sus antecedentes. El requerimiento incluye informes técnicos, dictámenes jurídicos, actas, estudios, consultas y documentación producida por los organismos que intervinieron.


 

Qué quiere saber la Legislatura sobre el decreto de Vidal

Mora cuestionó que hasta ahora sólo se haya conocido una versión resumida del Decreto 915/26 y planteó la necesidad de analizar cómo se tomó la decisión. “Necesitamos traer al recinto el Decreto 915/26. Necesitamos analizar la legalidad de ese acto”, sostuvo durante el debate.

La legisladora también reclamó conocer qué controles se realizaron, qué organismos intervinieron y cuáles fueron los fundamentos para habilitar una excepción a las restricciones vigentes en la Península de Magallanes. Además, pidió que el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, concurriera a la Cámara para brindar explicaciones, aunque ese pedido puntual no consiguió el acompañamiento necesario.

El decreto firmado por Vidal permite, con carácter excepcional, la transferencia de la Fracción G, Matrícula 186, desde Lacustre del Sud S.A. hacia ASB Hospitality Calafate SAU, una sociedad argentina controlada por una compañía radicada en Dubai. La operación está vinculada al denominado Master Plan Ecocentro.
 

La excepción que abrió la discusión por las tierras

Uno de los puntos que quedó bajo la lupa es precisamente el mecanismo utilizado por el Ejecutivo. El Decreto 915/26 no elimina las restricciones generales existentes para la zona, sino que establece una excepción “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” para concretar esta transferencia.

Durante el debate, los legisladores también reclamaron conocer los estudios ambientales, las características concretas del emprendimiento y el encuadre de la operación dentro del régimen de protección de la Península. El decreto señala que el proyecto cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental y que su ejecución deberá ajustarse a la legislación ambiental, territorial y de conservación vigente.

Mora buscó dejar en claro que su cuestionamiento no apunta a rechazar las inversiones privadas. “No se trata de estar en contra de la inversión privada. Pero toda inversión debe realizarse dentro del marco de la ley, con información pública, participación y resguardo de nuestros recursos”, sostuvo.
 

La oposición a la operación no fue el único reclamo

El debate también expuso interrogantes sobre el proceso de participación y los controles previos. Otros legisladores plantearon la necesidad de determinar si se cumplieron todos los procedimientos previstos para una operación de estas características y qué participación tuvieron los organismos provinciales competentes.

La discusión llegó además al ámbito local de El Calafate, donde se reclamaron precisiones sobre la participación de la comunidad en el procedimiento ambiental y sobre las características del proyecto turístico previsto para la zona.

Con el pedido aprobado por unanimidad, la Legislatura puso formalmente bajo la lupa el Decreto 915/26. Ahora el Ejecutivo deberá remitir la documentación requerida para que los diputados puedan revisar los antecedentes de una autorización que abrió una nueva discusión sobre inversión privada, tierras, protección ambiental y capitales extranjeros en uno de los sectores más sensibles de Santa Cruz.