La discusión por el futuro del IPROSS sumó un nuevo capítulo luego de que la UPCN Río Negro saliera a cuestionar el proyecto del Gobierno provincial que busca establecer un régimen de afiliación voluntaria y permitir que los trabajadores estatales puedan optar por otra cobertura de salud. La iniciativa fue enviada a la Legislatura el 15 de septiembre y actualmente se encuentra en trámite parlamentario.
El sindicato conducido por Juan Carlos Scalesi sostuvo que detrás del concepto de “libre elección” existe, a su criterio, un riesgo de vaciamiento de la obra social provincial. En un comunicado, UPCN cuestionó especialmente el esquema de financiamiento y reclamó explicaciones sobre el destino y administración de recursos extraordinarios destinados al Instituto.

Uno de los principales cuestionamientos del gremio apunta al aporte estatal que, según UPCN, debería continuar siendo derivado al sistema. El sindicato ironizó sobre la propuesta oficial y sostuvo que la libertad de elegir otra cobertura sería incompleta si el Estado deja de cumplir con ese aporte.
“Una ‘libre elección’ mentirosa donde el único que elige no pagar es el propio Estado”, afirmó UPCN, al cuestionar el esquema que impulsa el Ejecutivo.
El Gobierno, en cambio, presentó la iniciativa como una modificación del régimen de afiliación obligatoria. Según la explicación oficial, los afiliados directos activos y pasivos podrán derivar su cobertura y la de su grupo familiar primario hacia otra entidad habilitada, con mecanismos previstos para la continuidad de tratamientos y una eventual reincorporación al IPROSS.
Otro de los ejes planteados por UPCN es el manejo del Fondo de Alta Complejidad. El sindicato reclamó conocer cómo se administran esos recursos y cuestionó la falta de funcionamiento de la Comisión Especial de Seguimiento del IPROSS prevista en el ámbito legislativo.
“Es inaceptable que pretendan cambiar las reglas de juego mientras mantienen en las sombras el manejo del Fondo de Alta Complejidad”, sostuvo la organización gremial.
UPCN también preguntó por qué el oficialismo no habilita la comisión parlamentaria y planteó si los intendentes cuyos municipios tienen trabajadores afiliados al IPROSS fueron consultados antes de avanzar con la reforma.
El proyecto oficial, identificado como Ley 1137/2026, propone sustituir el actual régimen de afiliación obligatoria de los agentes públicos provinciales y municipales por uno voluntario u optativo, incluyendo a afiliados actuales, futuros y pasivos. El expediente ingresó el 15 de septiembre y comenzó su recorrido por las comisiones de Asuntos Sociales, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.
La discusión se da mientras el Gobierno sostiene que el IPROSS debe transformarse para poder competir con otras obras sociales. La propia obra social informó recientemente que cuenta con 165.610 afiliados y continúa incorporando herramientas digitales y nuevas prestaciones.
La UPCN, sin embargo, reclamó que antes de modificar el régimen de afiliación se transparenten las cuentas del Instituto y se explique cómo se administran los fondos extraordinarios. “Primero abran los números, después hablemos de ‘libertad’”, desafió el gremio.