Río Negro en el debate nacional: Soria rechazó la flexibilización para vender tierras a extranjeros

El senador nacional Martín Soria se posicionó como una de las principales voces opositoras contra el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei para modificar el régimen de extranjerización de tierras. La iniciativa, que será debatida en el Senado, generó una fuerte disputa política en torno al control del territorio y los recursos estratégicos.

A través de sus redes sociales, el dirigente rionegrino cuestionó la propuesta oficial y aseguró que el Ejecutivo busca “entregar el territorio nacional a potencias y millonarios extranjeros”. Además, difundió una encuesta que señala que una mayoría de argentinos estaría a favor de mantener límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.
 

La discusión por la Ley de Tierras llegó al Senado

Para Soria, el debate excede una modificación técnica a la normativa vigente y plantea una discusión de fondo sobre soberanía territorial. El senador sostiene que la flexibilización podría habilitar operaciones sobre áreas de alto valor ambiental, productivo y estratégico.

Desde el primer día de gobierno Milei impulsa la entrega del territorio nacional a potencias y millonarios extranjeros.

Lo intentó con el DNU 70/2023 y con la Ley Bases en 2024, esta semana intentaran nuevamente legalizar la extranjerización en el Congreso

Es Argentina o Milei pic.twitter.com/nqSJWNJQ8p

— Martin Soria (@MartinSoria_) August 3, 2026

“Es Argentina o Milei”, expresó el dirigente al instalar una postura que busca confrontar directamente con la iniciativa oficial. Según su mirada, el proyecto podría afectar zonas con reservas de agua, recursos naturales, corredores logísticos y territorios cercanos a fronteras.

La postura del senador rionegrino cobra relevancia por su pertenencia a una provincia donde la discusión sobre tierras cordilleranas, accesos a lagos y grandes extensiones en manos privadas forma parte de una agenda histórica.
 

Patagonia, recursos estratégicos y extranjerización

La legislación actual establece un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones vinculadas a zonas de frontera y cantidad de hectáreas.

Según datos oficiales, alrededor de 13 millones de hectáreas del territorio argentino están en manos extranjeras. Sin embargo, existen regiones donde la presencia de capitales foráneos supera ampliamente el promedio nacional, especialmente en áreas consideradas estratégicas.

Desde la oposición advierten que una eventual apertura podría afectar el control sobre recursos como agua, minerales críticos, bosques y tierras productivas. En ese marco, Soria busca instalar la discusión desde una perspectiva patagónica.
 

El argumento del Gobierno y la disputa política

Desde el oficialismo sostienen que las restricciones actuales desalientan inversiones y limitan el ingreso de capitales para sectores productivos. El ministro Federico Sturzenegger planteó que una flexibilización podría generar nuevas inversiones por miles de millones de dólares.

La oposición rechaza ese argumento y sostiene que la llegada de inversiones no requiere necesariamente una venta sin límites del territorio. Para Soria, el punto central es definir hasta dónde puede avanzar la apertura económica cuando están en juego recursos considerados estratégicos.
 

Una batalla clave en el Senado

El tratamiento del proyecto será una nueva prueba para la capacidad de negociación del Gobierno nacional en la Cámara alta. La Casa Rosada ya había intentado avanzar con cambios similares mediante el DNU 70/2023, pero ahora busca una aprobación legislativa.

Soria apuesta a que el rechazo a la iniciativa encuentre respaldo entre senadores de provincias patagónicas, cordilleranas y fronterizas. El objetivo opositor es frenar una reforma que consideran un retroceso en materia de soberanía territorial.

Con la Patagonia como escenario central del debate, la discusión por la extranjerización de tierras vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda política nacional. La disputa ya no gira solo alrededor de la propiedad privada, sino sobre quién controla los recursos estratégicos del país.