LeoLabs resiste el fallo y busca sostener el radar en Tolhuin

La empresa LeoLabs decidió avanzar en la Justicia para intentar sostener el radar instalado en Tolhuin, en Tierra del Fuego, pese al fallo que anuló su habilitación. La firma, vinculada a capitales británicos e irlandeses, presentó una apelación, recusó la sentencia y dejó planteada la reserva del caso federal, un paso que le permitiría acudir a la Corte Suprema si las instancias provinciales mantienen la decisión en su contra.

El movimiento confirma que la compañía no tiene intención de retirarse de la provincia ni de desactivar su ofensiva legal. Lo que comenzó como una controversia administrativa por permisos y autorizaciones terminó convertido en un expediente sensible, atravesado por soberanía, defensa nacional, inversiones extranjeras e infraestructura tecnológica en una zona clave para la proyección argentina sobre el Atlántico Sur y la Antártida.
 

El radar sigue instalado y las dudas persisten
 

El legislador Pablo Villegas, presidente de la comisión investigadora, advirtió que la estrategia judicial de LeoLabs muestra la voluntad de la empresa de sostener el proyecto. Aunque se indicó que el radar no estaría operativo, todavía falta una certificación técnica concluyente que confirme de manera oficial su estado real.

Ese punto es central. La infraestructura continúa instalada en el predio de Tolhuin, con el campo de antenas y las estructuras principales en pie. Mientras no exista una pericia definitiva, la incertidumbre seguirá abierta sobre si el sistema puede ser reactivado en caso de que la empresa recupere permisos o logre revertir decisiones administrativas.
 

Una disputa que ya llegó a Nación
 

La pelea de LeoLabs no se limita a los tribunales fueguinos. La empresa también mantiene abierto un recurso administrativo ante la Jefatura de Gabinete de la Nación para intentar revertir la cancelación de autorizaciones radioeléctricas dispuesta por áreas nacionales.

El caso es delicado porque el radar pertenece a una compañía especializada en seguimiento de objetos espaciales y vigilancia orbital. Aunque la firma sostiene que su actividad tiene fines civiles, distintos sectores políticos y especialistas advierten que se trata de una tecnología de uso sensible en una provincia ubicada a pocos kilómetros de las Islas Malvinas y con valor estratégico para el control del Atlántico Sur.

La discusión excede largamente a una empresa. El Estado argentino debe definir hasta qué punto permite que infraestructura tecnológica extranjera opere en un territorio clave para la defensa nacional. En ese marco, la ofensiva judicial de LeoLabs deja planteada una tensión de fondo: si la soberanía se declama en los discursos, también debe sostenerse en los expedientes, en las autorizaciones técnicas y en el control efectivo del territorio.