El Gobierno de Javier Milei intenta instalar una idea de campaña antes de tiempo: sostiene que la economía terminará imponiéndose sobre la política en las elecciones de 2027. Según sus argumentos, si la inflación baja, la actividad repunta, las exportaciones crecen y el superávit fiscal se sostiene, el malestar político debería quedar absorbido por la mejora de los números.
El problema es que esa lectura confunde estabilidad macroeconómica con bienestar social. Milei y Luis Caputo se encuentran están detrás de la pantalla, tratando de repuntar con datos, pero todavía no logran convertirlos en una experiencia cotidiana para las personas. La recuperación aparece en algunos indicadores, aunque sigue lejos de sentirse de manera pareja en salarios, consumo, empleo de calidad y confianza política.
La propia insistencia oficial en combatir el “relato” deja expuesta una debilidad. Si la mejora fuera evidente para la mayoría de la sociedad, no necesitaría ser explicada como una batalla cultural contra quienes, según el Gobierno, distorsionan la realidad económica. El punto vulnerable no está en negar todos los avances macro, sino en preguntar si esos avances alcanzan para ordenar la vida material de los hogares.
El dato de actividad es el principal argumento del oficialismo. Según el INDEC, la economía creció 5,5% interanual en marzo y 3,5% respecto de febrero. Para la Casa Rosada, esa cifra confirma que el ciclo recesivo quedó atrás y que el programa económico empezó a mostrar resultados.
Pero esa mejora convive con una economía cotidiana todavía ajustada. En marzo, las ventas en supermercados a precios constantes cayeron 5,1% interanual y acumularon una baja de 3,1% en el primer trimestre.
La inflación también desaceleró parcialmente, pero no desapareció como problema social. En abril fue de 2,6% mensual y acumuló 12,3% en el año. Además, los precios regulados subieron 4,7%, empujados por transporte y electricidad, dos rubros que impactan directamente sobre el ingreso disponible.
En materia salarial, la foto también es menos lineal que la que busca instalar el discurso oficial. El índice salarial total subió 3,4% mensual en marzo, pero el sector privado registrado aumentó apenas 2,1%, por debajo del IPC de ese mes, que había sido 3,4%. La recomposición, entonces, aparece fragmentada y con diferencias importantes entre trabajadores registrados, informales y sector público.
La pobreza bajó según la medición oficial, pero el dato tampoco alcanza para declarar una victoria social. En el segundo semestre de 2025, el INDEC registró una pobreza de 28,2%. La cifra marca una mejora respecto de momentos anteriores, aunque todavía equivale a 8,47 millones de personas pobres en los 31 aglomerados urbanos relevados. Dentro de ese universo, 1,88 millones estaban en situación de indigencia.
El dato más duro sigue estando entre niños y adolescentes. En la población de 0 a 17 años, la pobreza alcanzaba el 42,3%. Esa cifra tensiona cualquier relato de normalización económica: una economía puede ordenar variables fiscales y monetarias, pero difícilmente pueda presentarse como estabilizada si una parte tan grande de la infancia sigue bajo la línea de pobreza.
El Gobierno también intenta presentar al RIGI como el motor de una nueva etapa de crecimiento. Caputo lo ubica dentro de una narrativa de confianza, apertura y grandes inversiones. Sin embargo, los datos disponibles muestran una realidad más acotada.
Hasta abril de 2026, de 35 proyectos presentados por más de US$81.000 millones, solo 15 habían sido aprobados. Además, más del 95% de las inversiones se concentraba en minería e hidrocarburos. El dato permite matizar el entusiasmo oficial: no aparece todavía una transformación productiva amplia, sino una apuesta fuerte sobre sectores extractivos, con beneficios fiscales importantes y alta dependencia de proyectos de gran escala.
Incluso Caputo reconoció una dificultad de fondo: atraer capital privado a la Argentina sigue siendo complejo. Esa admisión marca el límite entre el discurso de confianza y la realidad de un país que todavía arrastra incertidumbre política, memoria de crisis, volatilidad institucional y dudas sobre la sustentabilidad del esquema económico.
Milei quiere llegar a 2027 con una tesis simple y cerrada: una economía que le de la razón. Esa estrategia puede funcionar si la mejora macro se traduce en una percepción social más amplia. El riesgo es que el Gobierno confunda indicadores favorables con legitimidad automática.