Santa Cruz cuestionó el fallo sobre la Ley de Glaciares y respaldó el esquema productivo impulsado por Nación

El gobierno de Santa Cruz salió a cuestionar con dureza la decisión judicial que suspendió en la provincia las modificaciones a la Ley de Glaciares aprobadas por el Congreso y dejó en claro su sintonía con la postura del Ejecutivo nacional en materia productiva. La reacción oficial llegó después de que el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, hiciera lugar a un amparo ambiental y ordenara al Estado nacional no autorizar actividades que puedan afectar áreas protegidas.

La presentación judicial había sido impulsada por el intendente de El Calafate, Javier Belloni, junto a otros dirigentes de Unión por la Patria. El fallo cayó mal en la administración de Claudio Vidal, que interpretó la resolución como un obstáculo para el desarrollo de actividades que considera centrales para la economía provincial.

Santa Cruz se alineó con la postura productiva de Nación

La respuesta más explícita llegó de parte del ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, quien sostuvo que la medida judicial no modifica el régimen de producción vigente ni el esquema ambiental que rige en la provincia. En esa línea, remarcó que Santa Cruz tiene una legislación propia para ordenar la actividad y defendió la continuidad de la minería y los hidrocarburos como pilares del empleo y la inversión.

“Tenemos un marco normativo propio que define dónde se puede producir y dónde no. Hay reglas y controles”, afirmó el funcionario. También sostuvo que la provincia eligió desde hace décadas desarrollar actividades extractivas y que ese recorrido se dio, según su visión, dentro de un sistema de fiscalización ambiental que funciona.

La señal política detrás de la definición

El gobierno provincial eligió pararse del lado del discurso productivista que hoy impulsa la Casa Rosada, incluso frente a un fallo judicial que buscó poner límites preventivos sobre áreas sensibles. La idea de “producir para crecer” volvió a imponerse sobre cualquier lectura más restrictiva en clave ambiental.

El fallo, el amparo y la disputa de fondo

La resolución de Vázquez hizo lugar a un amparo que pidió dejar sin efecto la aplicación de las modificaciones votadas por el Congreso en el territorio santacruceño. La decisión ordenó al Estado nacional abstenerse de autorizar actividades que puedan comprometer zonas protegidas, en una provincia donde la discusión entre producción y conservación tiene una sensibilidad particular.

Desde el gobierno de Vidal, sin embargo, el fallo fue leído como una intervención que introduce incertidumbre sobre sectores que consideran estratégicos. En el Ejecutivo provincial sostienen que avanzar con previsibilidad normativa resulta indispensable para sostener inversiones privadas, actividad económica y puestos de trabajo, una idea que hoy coincide casi por completo con la narrativa nacional sobre explotación de recursos.

La defensa de la minería y los hidrocarburos

Álvarez insistió en que Santa Cruz cuenta con herramientas específicas para resguardar el ambiente y mencionó en particular la Ley Provincial N° 3.105, que establece una zonificación ambiental minera y prohíbe actividades en áreas consideradas sensibles, como parte de la región cordillerana. También destacó la existencia de evaluaciones de impacto ambiental y de controles permanentes.

El Gobierno provincial subrayó, además, que la minería y la actividad hidrocarburífera generan empleo directo e indirecto, impulsan el movimiento de pymes y sostienen buena parte del entramado económico local. En esa línea, el mensaje fue claro: cada vez que se cuestiona la actividad extractiva, el oficialismo santacruceño lo interpreta como una amenaza sobre el trabajo y la inversión.

Esa lectura, sin embargo, deja en segundo plano la otra parte del debate: el alcance de las áreas protegidas, la función preventiva de la justicia federal y la tensión entre desarrollo productivo y resguardo ambiental. Ahí es donde el alineamiento con Nación se vuelve más visible: tanto en Buenos Aires como en Santa Cruz, la prioridad política parece estar puesta en despejar restricciones antes que en ampliar resguardos.

Producción, ambiente y una discusión que sigue abierta

La controversia no se agota en el fallo ni en la respuesta de la provincia. Lo que está en discusión es qué tipo de equilibrio se busca entre actividad económica, empleo y protección de ecosistemas sensibles en una provincia con fuerte dependencia de la extracción de recursos naturales.

Por ahora, el gobierno de Claudio Vidal eligió endurecer su postura y cuestionar la decisión judicial desde una defensa cerrada de la producción. El punto es que, en ese movimiento, quedó más cerca de la lógica nacional de priorizar inversiones y explotación que de una posición de equilibrio entre desarrollo y ambiente. Y esa definición política, más allá del expediente puntual, es la que empieza a ordenar el conflicto.