Este lunes en el IUPA se vivió una jornada de violencia y fue anulada la primera sesión del Consejo Superior

La crisis en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) sumó este lunes un nuevo capítulo de alta tensión. Lo que debía ser la sesión clave para definir el rectorado terminó envuelto en incidentes y violencia, denuncias de fraude electoral y acusaciones directas contra la gestión de Gerardo Blanes. El oficialismo y los representantes gremiales definieron dejar sin efecto lo resuelto durante la jornada.

Desde las primeras horas del día, el clima en torno a la convocatoria del Consejo Superior fue de máxima tensión. La sesión, prevista para las 8 de la mañana con el objetivo de elegir rector, estuvo rodeada de cuestionamientos por parte de sectores estudiantiles y gremiales que denunciaron falta de transparencia y exclusión deliberada.

En este sentido, la primera sesión del Consejo Superior del IUPA fue finalmente anulada en el marco de las manifestaciones impulsadas por estudiantes y las agrupaciones sindicales Adiupa y Sitraiupa, y a pedido de estos sectores, se resolvió dejar sin efecto lo actuado.

Lejos de garantizar condiciones normales de funcionamiento, la reunión fue trasladada fuera del ámbito natural de la universidad hacia la Fundación Cultural Patagonia, una decisión que profundizó las sospechas sobre la legalidad y legitimidad del proceso.

Incidentes y acusaciones graves contra la conducción

El traslado de la sesión no logró descomprimir la situación. Por el contrario, derivó en incidentes en el ingreso de integrantes del Consejo Superior y en un escenario de confrontación directa entre la comunidad educativa y la conducción del IUPA.

Desde sectores gremiales y estudiantiles apuntaron con dureza contra la gestión de Gerardo Blanes, a quien acusan de avanzar con la elección ignorando medidas cautelares presentadas ante la Justicia Federal. Según denunciaron, se trata de un intento de consolidar una designación sin respetar las reglas democráticas ni los fallos judiciales vigentes.

Las críticas fueron aún más contundentes al señalar que el proceso se estaría llevando adelante “a espaldas de toda la comunidad”, dejando sin representación efectiva a estudiantes y sectores opositores.

Denuncias de fraude y exclusión

El eje más grave de las acusaciones gira en torno a la presunta existencia de fraude electoral. Desde la oposición interna sostienen que la elección del rector no solo carece de legitimidad, sino que forma parte de un esquema más amplio de irregularidades que vienen denunciando desde hace semanas.

La falta de participación de sectores críticos, la opacidad en la convocatoria y la insistencia en avanzar pese a las impugnaciones judiciales configuran, según estos espacios, un escenario de ruptura institucional dentro de la universidad.

“El acto democrático más importante en la historia del IUPA termina empañado de fraude y corrupción”, expresaron, en una definición que refleja el nivel de desconfianza hacia la actual conducción.

El silencio del gobierno y la responsabilidad política

En medio del conflicto, crecen los cuestionamientos hacia el rol del gobierno provincial encabezado por Alberto Weretilneck. La falta de una intervención clara o de señales que garanticen transparencia alimenta las críticas sobre una posible connivencia o, al menos, una preocupante pasividad frente a la crisis.

Para amplios sectores de la comunidad educativa, lo que ocurre en el IUPA no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un modelo de gestión que ha sido señalado reiteradamente por la falta de controles, designaciones cuestionadas y escaso apego a los mecanismos democráticos.

Una institución en crisis profunda

El conflicto en el IUPA ya no se limita a una disputa por el rectorado. Se trata de una crisis institucional de fondo que pone en juego la legitimidad de sus autoridades y la confianza de toda su comunidad.

Con denuncias judiciales en curso, un proceso electoral cuestionado y un clima de violencia creciente, la universidad atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La resolución del conflicto no solo definirá quién conduce la institución, sino también qué modelo de universidad se pretende construir en Río Negro.