Cinco Saltos: Enrique Rossi cada vez más complicado por presuntas irregularidades y una pueblada por suba de tasas

El intendente de Cinco Saltos esta cada vez más complicado, además de las irregularidades por presunta corrupción en el municipio que gobierna, se le suma una pueblada sobre cientos de comerciantes y vecinos que denuncian una estrafalaria suba de tasas. La llegada al poder de Enrique Rossi en 2023 estuvo lejos de ser un fenómeno puramente vecinal. La decisión de Juntos Somos Río Negro, el espacio que conduce el gobernador Alberto Weretilneck, de no presentar candidato propio en Cinco Saltos lo terminó respaldando políticamente facilitando su triunfo en un escenario fragmentado.

 

En este sentido, el reclamo marcó un punto de inflexión en el conflicto entre el sector comercial y el Municipio de Cinco Saltos. Comerciantes de la ciudad y zonas aledañas se reunieron con el intendente Enrique Rossi para exigir la derogación de las ordenanzas que modificaron el esquema de la tasa de inspección, seguridad e higiene. El encuentro, que tuvo lugar pasadas las 20 del jueves en el Centro de Artes y Formación (CAF), superó ampliamente las expectativas y reunió a más de 200 comerciantes. La escena fue descrita por los propios protagonistas como una verdadera “pueblada”.

 

Las denuncias a Enrique Rossi

 

Una serie de denuncias por presuntas irregularidades datan de pagos millonarios de facturas a nombre de un vecino de Cinco Saltos que denunció el uso de su firma en facturas para diferentes motivos, donde el propio Rossi no pudo hasta el momento explicar y varios de sus funcionarios ya renunciaron por los hechos. 

 

El caso dejó que resonó a finales de diciembre y principios de enero, lejos de ser un conflicto estrictamente local cuando, traspasó a la televisión, cuando Todo Noticias difundió un informe que puso el foco en presuntas irregularidades dentro del municipio. La investigación expuso el manejo de contrataciones, pagos bajo sospecha y un esquema administrativo que, según distintas fuentes, presenta inconsistencias difíciles de justificar.

 

“Cuando esto escala a nivel nacional, ya no hay margen para minimizarlo”, reconoció un dirigente regional. La exposición mediática no sólo amplificó el caso, sino que también incrementó la presión política y judicial sobre el intendente. 

 

El eje central del conflicto es la denuncia penal por presuntas irregularidades en contrataciones de servicios municipales, presentada por los vocales del Tribunal de Cuentas Gabriela Dergo y Omar Torres. La investigación, iniciada formalmente el 26 de diciembre, apunta a revisar operaciones realizadas durante 2024 y 2025, con especial foco en pagos millonarios y documentación considerada insuficiente o inconsistente.

 

Fuentes vinculadas al expediente sostienen que existen dudas concretas sobre la legalidad de ciertos procedimientos administrativos y el destino de recursos públicos. La denuncia no sólo alcanza al intendente, sino también a funcionarios clave del área económica y de obras públicas, lo que evidencia que no se trata de hechos aislados, sino de un posible esquema más amplio dentro del Ejecutivo municipal.

 

La salida de Hacienda: una medida que expone la gravedad del caso

 

En este contexto, Enrique Rossi confirmó la salida del secretario de Hacienda y Gobierno, Sebastián Crespo, una decisión que fue presentada oficialmente como preventiva. El propio intendente explicó que el objetivo fue “no entorpecer la investigación” mientras la causa avanza en la Justicia.

 

“Le pedí que se separara del cargo hasta que esto se resuelva”, sostuvo en declaraciones públicas, al tiempo que aseguró haberse puesto “a disposición al 100% de la Justicia”. Sin embargo, lejos de disipar las dudas, la medida dejó en evidencia la magnitud del problema dentro del municipio.

 

Para sectores de la oposición y del ámbito institucional, la salida de Crespo no es un gesto administrativo menor, sino la confirmación de que la investigación toca el corazón del funcionamiento económico del gobierno local. “Cuando tenés que desplazar a tu propio responsable de Hacienda, es porque el problema es estructural”, señaló una fuente política.

 

Nuevos elementos: firmas dudosas y posibles maniobras irregulares

 

El caso sumó un elemento particularmente grave con la ampliación de la denuncia impulsada por la abogada Gabriela Prokopiw. Según se informó, se incorporó nueva documentación y se expuso la situación de un joven que figura como proveedor municipal, pero que habría desconocido las contrataciones y montos registrados a su nombre.

 

De acuerdo a esa presentación, el joven manifestó que su firma “no coincidía con la documentación existente”, lo que abre la puerta a una hipótesis aún más delicada: la posible utilización indebida de datos personales en operaciones administrativas.

 

Este punto introduce un nivel de gravedad adicional, ya que no sólo se trataría de irregularidades administrativas, sino de eventuales maniobras que podrían encuadrarse en figuras más complejas dentro del ámbito penal.

 

El discurso defensivo y las contradicciones

 

Frente a las acusaciones, Rossi ha sostenido una línea defensiva basada en la colaboración con la Justicia y la existencia de documentación que respaldaría los trabajos cuestionados. “Yo me pongo a disposición y voy a presentar todo como corresponde”, afirmó, al tiempo que relativizó la situación recordando que denuncias anteriores “fueron archivadas”.

 

Sin embargo, esa estrategia no ha logrado desactivar el conflicto. Por el contrario, en distintos sectores se interpreta que el argumento de antecedentes archivados no responde a la gravedad de los hechos actuales, que incluyen nuevas pruebas y una ampliación de la denuncia original.

 

Un esquema de poder cerrado y bajo cuestionamiento

 

Las irregularidades denunciadas se insertan en un contexto más amplio de cuestionamientos sobre el funcionamiento interno del municipio. Distintas voces locales coinciden en señalar un esquema de toma de decisiones concentrado, con fuerte presencia de personas del entorno directo del intendente en áreas sensibles.

 

“Hay un círculo muy reducido donde se define todo, y eso debilita los controles”, advirtió un referente gremial. En ese marco, las fallas detectadas en contrataciones y pagos no aparecen como hechos aislados, sino como parte de un modelo de gestión con escasa transparencia.

 

Un intendente acorralado por la justicia y la política

 

Hoy, la situación de Enrique Rossi es crítica. La combinación de denuncias judiciales, exposición mediática nacional y crisis interna en su gabinete configura un escenario de alta inestabilidad.

 

En Cinco Saltos, el clima es de incertidumbre. “Esto ya no es una discusión política, es un problema judicial serio”, sintetizó un actor local. La frase refleja el cambio de escala del conflicto porque ya no es solo una gestión cuestionada a un intendente directamente bajo sospecha, sino que salpica también al gobernador provincial que lo apoyo y nada dijo al respecto cuando se conocieron las denuncias y pruebas. 

 

 

 

 

 

 

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El futuro de Rossi dependerá ahora de lo que determine la Justicia, pero también de su capacidad para sostener gobernabilidad en un contexto donde las evidencias, los testimonios y las decisiones recientes —como la salida de su propio secretario de Hacienda— parecen confirmar que las irregularidades dejaron de ser una denuncia para convertirse en un problema concreto de poder.