El Gobierno de Santa Cruz llevará este lunes 28 de septiembre a la Legislatura los detalles del proyecto turístico previsto en la Península de Magallanes, una iniciativa que generó cuestionamientos por su desarrollo dentro de un área protegida. El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, se presentará a las 8 junto con integrantes de su equipo para responder las consultas de los diputados.

El funcionario anticipó que pondrá a disposición de los legisladores toda la documentación vinculada con el emprendimiento y defenderá el procedimiento administrativo utilizado. Según explicó, la propuesta fue analizada de acuerdo con la normativa vigente y la Provincia tiene intervención como organismo de control para garantizar el cumplimiento del Plan de Manejo del área, aprobado en 2022.
 

Cómo será el proyecto turístico en la Península de Magallanes

El emprendimiento se desarrollará sobre un predio privado de 20 hectáreas, ubicado dentro de un área protegida que alcanza aproximadamente las 38.900 hectáreas. La iniciativa presentada por la empresa Lacustre del Sur contempla la construcción de un complejo turístico con 24 cabañas, una capacidad máxima de 60 camas, espacios comunes y senderos.

Garay explicó que la empresa adquirió esas tierras durante la década de 1960, aunque durante años no pudo avanzar con un emprendimiento turístico debido a la ausencia de un plan de manejo específico para la zona. Ese marco fue aprobado finalmente en 2022, después de un proceso judicial que incluyó un amparo y una demanda contra la Provincia.

En 2023, luego de la aprobación del Plan de Manejo, la empresa presentó un estudio de impacto ambiental para avanzar con el proyecto. De acuerdo con la explicación oficial, la propuesta inicial tenía una escala mayor y no se ajustaba a las condiciones establecidas para el área protegida.




 

El proyecto fue modificado tras las observaciones oficiales

A partir de las observaciones realizadas por el Consejo Agrario Provincial, la empresa debió modificar el proyecto original. El organismo solicitó distintos cambios hasta llegar a una versión considerada compatible con las condiciones fijadas para el área.

“El proyecto se elaboró de acuerdo con la normativa vigente”, sostuvo Garay al defender el proceso administrativo y anticipar la presentación ante los legisladores. El funcionario remarcó además que el Estado provincial continuará teniendo a su cargo el control del cumplimiento del Plan de Manejo.

El emprendimiento, sin embargo, mantiene cuestionamientos dentro del sector turístico. La Cámara de Turismo de El Calafate manifestó su oposición a la iniciativa y planteó objeciones sobre el desarrollo de un complejo turístico dentro de la zona protegida.

Frente a esa postura, Garay adelantó que buscará mantener una reunión con representantes del sector para explicar las características del proyecto. Desde el Gobierno provincial sostienen que la inversión puede ampliar la oferta de alojamiento y generar actividad económica y empleo en la región.
 

US$90 millones: qué se discutirá en la Legislatura

Según los datos difundidos por el Gobierno de Santa Cruz, la primera etapa del proyecto contempla una inversión estimada en US$90 millones. La construcción se realizaría en diferentes fases y tendría como objetivo incorporar una nueva alternativa de alojamiento vinculada al desarrollo turístico de la zona.

La exposición de Garay ante los diputados se producirá en medio del debate sobre el equilibrio entre el desarrollo turístico y las condiciones de conservación de un área protegida. El encuentro permitirá a los legisladores acceder a la documentación técnica y administrativa que respalda la iniciativa y formular preguntas al organismo encargado del control.

El proyecto de Península de Magallanes vuelve así a quedar en el centro de la discusión política y ambiental. Mientras el Gobierno provincial sostiene que la propuesta fue reformulada para adecuarse al Plan de Manejo vigente, sectores vinculados al turismo mantienen sus cuestionamientos.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quedó incorporado a las conversaciones de un grupo de siete mandatarios provinciales que analiza construir una alternativa nacional para las elecciones de 2027. El espacio busca diferenciarse tanto de La Libertad Avanza como del peronismo y todavía se encuentra en una etapa informal de conversaciones.

Junto a Weretilneck participan Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén). Según la información publicada por Infobae, el objetivo inicial es discutir una identidad federal y un programa político antes de definir nombres propios.

Weretilneck y el armado federal que mira a 2027

La idea que aparece en las conversaciones es la construcción de una “tercera posición” frente a los dos principales polos nacionales. El grupo pretende apoyarse en la experiencia de gestión de los gobernadores y en una identidad federal, aunque todavía no existe una estructura partidaria formal ni una definición electoral.

Uno de los criterios que se discuten es evitar que el espacio nazca alrededor de una candidatura presidencial. La intención, según las versiones difundidas, es acordar primero un programa y definir posteriormente quién podría representar ese proyecto en las urnas.

La discusión tiene además una particularidad: los siete gobernadores mantienen, con distintos niveles de intensidad, canales abiertos con la Casa Rosada. Algunos incluso negocian acuerdos legislativos o electorales con el Gobierno de Javier Milei, mientras participan de conversaciones para construir una alternativa política diferenciada.
 

Una alternativa entre Milei y el peronismo

Según el planteo que circula entre los mandatarios, el nuevo espacio buscaría ocupar un lugar propio entre el Gobierno libertario y el peronismo. Entre las definiciones atribuidas a uno de los integrantes del grupo aparece la idea de construir una Argentina “más tolerante” y con políticas públicas capaces de sostenerse en el tiempo.

En ese esquema también existen diferencias internas sobre qué políticas del Gobierno nacional deberían continuar y cuáles deberían modificarse. El debate incluye cuestiones económicas, inversiones, actividad productiva y el vínculo entre Nación y provincias.

El armado tampoco aparece completamente cerrado desde el punto de vista ideológico. Las conversaciones incluyen dirigentes con trayectorias políticas diferentes y vínculos diversos con el peronismo, el radicalismo y el Gobierno nacional. Por eso, una de las discusiones centrales será determinar hasta dónde llegará la diferenciación respecto de cada uno de esos espacios.
 

La jugada de Weretilneck y las señales hacia Río Negro

Para Weretilneck, la participación en estas conversaciones agrega una dimensión nacional a un año en el que Río Negro también comenzará a definir su escenario político de cara a 2027. El gobernador aparece así involucrado en una discusión que excede la elección provincial y apunta a la construcción de un espacio con presencia en distintas regiones del país.

El mandatario rionegrino también mantiene canales institucionales con la administración de Javier Milei. De hecho, Weretilneck figura entre los gobernadores que tienen prevista su participación en la Argentina Week en París, junto a otros mandatarios provinciales que mantienen diálogo con la Casa Rosada.

La coexistencia de ambos movimientos muestra la particularidad del escenario: mientras los gobernadores negocian con Nación cuestiones concretas de gestión y representación parlamentaria, algunos de ellos exploran al mismo tiempo una construcción política propia para 2027.

Por ahora, no hay candidato presidencial ni alianza formal. La primera apuesta pasa por sostener la mesa de conversaciones, encontrar coincidencias programáticas y definir qué formato electoral podría adoptar el espacio. En ese tablero todavía abierto, Weretilneck ya aparece sentado en una mesa que busca construir una alternativa nacional desde las provincias.

El escenario electoral de Chubut comenzó a mostrar movimientos de cara a 2027 y el gobernador Ignacio Torres dejó abierta públicamente la posibilidad de incorporar a dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) a su frente provincial. La definición se da mientras crecen las versiones sobre una negociación entre el oficialismo provincial y la conducción nacional libertaria para evitar una competencia separada por la gobernación.

La figura que aparece en el centro de esas conversaciones es el diputado nacional César Treffinger, referente de LLA en Chubut y hasta ahora uno de los dirigentes que había expresado su intención de competir por la gobernación. Una de las alternativas que trascendió es que desista de esa candidatura y pueda ocupar otro lugar en la boleta nacional, mientras el espacio libertario acompaña la eventual reelección de Torres.
 

Torres blanqueó la posibilidad de sumar a La Libertad Avanza

En declaraciones realizadas en Comodoro Rivadavia, Torres sostuvo que su espacio tiene una composición amplia y dejó explícitamente abierta la incorporación de dirigentes libertarios. “Quien coincida en que nosotros tenemos que construir en Chubut en base a una agenda de desarrollo común, sea libertario, peronista o radical, bienvenido sea a nuestro frente”, afirmó.

El gobernador viene construyendo una coalición que reúne a sectores del radicalismo, el PRO y dirigentes provenientes del peronismo. Ahora, la posibilidad de sumar formalmente a LLA abriría una nueva instancia de negociación política en la provincia, aunque todavía no existe un acuerdo electoral cerrado.

En paralelo, Torres también planteó diferencias con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien cuestionó por sus posicionamientos políticos. Estas definiciones forman parte de un escenario en el que el mandatario chubutense busca delimitar su espacio frente al peronismo y, al mismo tiempo, mantener abierta la discusión con sectores vinculados al Gobierno nacional.
 

Treffinger, en el centro de la negociación electoral de Chubut

La eventual incorporación de LLA modifica particularmente el escenario de César Treffinger, quien construyó su capital político provincial como principal referente libertario. La conducción nacional del espacio analiza la posibilidad de resignar una candidatura propia a gobernador y acompañar a Torres, según trascendió en las últimas horas.

En ese esquema, una de las alternativas que comenzó a circular es que Treffinger pueda competir por una banca en el Senado de la Nación, aunque esa posibilidad todavía depende de las negociaciones entre la conducción nacional de LLA y el oficialismo provincial. No existe, por ahora, una definición formal sobre el destino electoral del diputado.

Mientras tanto, Treffinger mantuvo su habitual bajo perfil. Tras conocerse las versiones sobre el posible acuerdo, publicó en sus redes sociales una frase acompañada por la imagen de un hombre junto a un león: “Cuando vences tus miedos te conviertes en el miedo de alguien más”.
 

Ávila puso un límite al acuerdo entre Torres y los libertarios

El movimiento político encontró una respuesta desde el sector petrolero. El diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, ratificó su entendimiento político con Torres, pero advirtió que su organización no acompañaría una eventual alianza con La Libertad Avanza.

Ávila, además, confirmó que el sector petrolero prepara una candidatura propia para disputar la intendencia de Comodoro Rivadavia en 2027. Según explicó, trabajan sobre dos posibles postulaciones, una masculina y otra femenina, aunque todavía no revelaron los nombres.

La posición del dirigente gremial introduce una tensión dentro del armado que busca consolidar Torres. Mientras el gobernador pretende ampliar su frente y no descarta sumar a libertarios, uno de sus aliados políticos plantea que esa incorporación podría modificar el acuerdo que mantiene con el sector petrolero.

Por ahora, la negociación entre Torres y LLA continúa abierta y no existe una alianza formalizada. El principal interrogante pasa por cómo se resolverá la candidatura de Treffinger y qué lugar ocupará el sector petrolero dentro de un eventual frente provincial para 2027.

El caso ANDIS, que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones de la ex Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión de Diego Spagnuolo, sumó un episodio ocurrido en Río Negro. Entre los expedientes revisados aparece el de un paciente amputado que necesitaba una prótesis y cuya documentación administrativa indicaba que el elemento había sido entregado, aunque el relevamiento posterior determinó que no había llegado al beneficiario.

La situación quedó incorporada a documentación remitida a la Justicia y corresponde al Ticket 150185850, asociado al expediente EX-2025-0090982360-APN-DNASS#AND. El informe califica el episodio como una “situación de gravedad” y señala que existía un remito suscripto por la madre del beneficiario. Sin embargo, el contacto directo con la familia permitió establecer que esa firma no representaba la recepción material de la prótesis.

Informe sobreprecios en la Andis by LPO

Río Negro: el remito firmado que no acreditaba la entrega de la prótesis

Según el informe, la rúbrica habría sido obtenida “bajo inducción a error al momento de la toma de medidas”. Es decir, la firma se habría producido durante una instancia previa a la entrega del elemento y luego quedó incorporada a la documentación como respaldo de la prestación. El reporte sostiene que, al momento del relevamiento, el paciente todavía no contaba con la prótesis.

El dato adquiere relevancia porque el remito constituía, en términos administrativos, una constancia de que la prestación había sido cumplida. La auditoría, sin embargo, contrastó esa documentación con la información proporcionada directamente por los particulares y detectó una diferencia entre lo asentado en el expediente y la situación concreta del beneficiario.

La documentación también incorpora a INDECOMM SRL dentro del circuito analizado. De acuerdo con el reporte, una firma tercerizada vinculada a la provisión habría informado que la prótesis no fue entregada debido a obligaciones de pago que INDECOMM no habría cumplido con el proveedor.

INDECOMM y la cadena de provisión bajo análisis

Ese aspecto abre otra línea de investigación: determinar cómo funcionó la cadena entre ANDIS, los proveedores, las empresas tercerizadas y el paciente. El informe plantea que la falta de entrega habría estado relacionada con la situación de pagos, aunque las responsabilidades concretas de cada participante deberán ser establecidas en el marco de la investigación judicial.

INDECOMM también aparece mencionada en otros relevamientos sobre las contrataciones de la ex ANDIS. Entre ellos figura una factura que, según informes incorporados a la causa, habría sido abonada dos veces por un monto de $28,7 millones. La existencia de esa observación administrativa no implica por sí misma responsabilidad por el caso de la prótesis rionegrina.

Los informes remitidos a la Justicia también detectaron diferencias de precios en distintas compras de insumos médicos y ortopédicos. Uno de los relevamientos comparó una adquisición realizada por ANDIS con una compra previa del PAMI y señaló diferencias que llegaron hasta el 1.972% en determinados productos.
 

Qué deberá determinar la Justicia sobre el caso rionegrino

En el expediente quedan abiertas varias preguntas: quién realizó la toma de medidas, quién hizo firmar el remito, qué empresa debía fabricar y entregar finalmente la prótesis y por qué una constancia que no acreditaría la recepción terminó incorporada al circuito administrativo como una prestación cumplida.

La documentación conocida permite ubicar el caso en Río Negro, pero no identifica públicamente la localidad ni el establecimiento sanitario donde se realizó la toma de medidas. Tampoco surge de la información difundida hasta ahora qué empresa tercerizada intervino específicamente en esa instancia.

El episodio forma parte de una investigación más amplia sobre las contrataciones realizadas durante la gestión de Diego Spagnuolo al frente de ANDIS. La Justicia deberá establecer si las irregularidades administrativas detectadas constituyen delitos y determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios, empresas y particulares involucrados.

En Río Negro, el caso deja expuesta una situación concreta: un paciente que necesitaba una prótesis figuraba administrativamente como destinatario de una prestación cumplida, mientras que el relevamiento posterior indicó que el insumo nunca había llegado a sus manos. La diferencia entre ambos registros quedó ahora bajo análisis judicial.

El espacio político impulsado por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa informó que reunió más de 3.000 fichas de afiliación en una sola jornada, una cifra que supera las 2.462 adhesiones requeridas para avanzar con el reconocimiento como partido de distrito en Río Negro.

El dato fue difundido por la propia agrupación y todavía no equivale a 3.000 afiliaciones válidas. Las fichas deberán ser controladas y registradas por el Juzgado Federal de Viedma, que tiene a su cargo el trámite de reconocimiento de Fuerza Rionegrina y Federal.


 

Rucci llevó la estructura petrolera al armado político

Marcelo Rucci, secretario general del sindicato e impulsor del espacio, atribuyó la velocidad de la convocatoria al trabajo realizado previamente y a la expectativa generada entre los trabajadores.

“Nosotros veníamos trabajando, la gente estaba con mucha expectativa”, sostuvo el dirigente en declaraciones a Mañana de Noticias, de Literal Radio.

Rucci explicó que en esta primera etapa buscaron personas que no estuvieran afiliadas a otros partidos políticos. Según planteó, eso permitió evitar los tiempos administrativos vinculados con las desafiliaciones. “No había tiempo para mandar el telegrama, esperar que aprueben la desafiliación”, señaló.

Las fichas fueron reunidas en Catriel, Cipolletti, Allen, Fernández Oro, General Roca, Barda del Medio, Campo Grande, Cordero y Cinco Saltos, localidades vinculadas con la actividad petrolera y la estructura territorial del sindicato.
 

El piso legal y el peso del sindicato

Las 2.462 afiliaciones exigidas no son una cifra definida por la agrupación. El requisito surge del artículo 7 de la Ley 23.298, que establece una cantidad equivalente al cuatro por mil del padrón electoral del distrito.

El volumen de la estructura sindical ayuda a explicar la capacidad de convocatoria. En julio de 2025, más de 20.000 afiliados ratificaron a Rucci al frente del sindicato, con mandato hasta 2029. El piso requerido para el partido representa poco más del 10% de ese universo gremial.

La presidencia de Fuerza Rionegrina y Federal quedó en manos de Fernando Valenzuela, delegado regional del sindicato, con sede en Cinco Saltos. Durante la jornada realizada en esa localidad también participó Ernesto Inal, vicepresidente de la estructura partidaria creada en Neuquén.
 

Un mismo armado político a ambos lados de Vaca Muerta

El proyecto rionegrino tiene un antecedente directo en Neuquén. Fuerza Neuquina y Federal, también vinculado a la estructura sindical de Rucci, fue oficializado en enero de 2026 y previamente había informado miles de afiliaciones en localidades de la zona de Vaca Muerta.

Ambos espacios tienen un origen sindical común y despliegan su estructura en las dos provincias que integran buena parte de la cuenca hidrocarburífera. Río Negro y Neuquén, además, tendrán elecciones en 2027.

En Río Negro, el reconocimiento provisorio de Fuerza Rionegrina y Federal fue dispuesto el 18 de septiembre mediante una resolución del juez federal subrogante Gustavo Villanueva. El cronograma establece 60 días para presentar los libros partidarios, 150 días para acreditar las afiliaciones y 180 días para realizar elecciones internas.

Recién después de completar esas etapas podrá avanzar la constitución definitiva de las autoridades y el trámite de personería definitiva. Mientras tanto, el dato central del nuevo armado sigue pendiente de una instancia clave: cuántas de las más de 3.000 fichas informadas por el espacio son finalmente validadas por la Justicia Electoral.

Rucci, por ahora, tampoco anticipó alianzas políticas. “Nosotros no nos definimos ni de un lado ni del otro”, afirmó. El desafío para el nuevo espacio será transformar su fuerte presencia en el Alto Valle y la zona petrolera en una estructura con alcance en el resto de Río Negro.

La aprobación de la reforma del IPROSS dejó una denuncia que trasladó la tensión fuera de la Legislatura de Río Negro. El legislador del PRO Juan Murillo afirmó que dirigentes de UnTER lo rodearon e insultaron mientras cargaba combustible en una estación de servicio del acceso a Viedma, después de votar a favor de la iniciativa.

El episodio ocurrió tras una sesión en la que representantes del gremio docente siguieron el debate desde las bandejas del recinto, mientras otros manifestantes protestaban afuera. La ley, aprobada por 35 votos a favor y nueve en contra, permite a trabajadores estatales y jubilados optar por otra cobertura médica en lugar de permanecer obligatoriamente en el IPROSS.
 

Los cruces con UnTER durante el debate del IPROSS

La tensión dentro del recinto creció durante la intervención de Facundo López, presidente del bloque Juntos Somos Río Negro. El legislador defendió el proyecto y cuestionó a dirigentes de UnTER presentes en las bandejas. Ante los intercambios entre ambos sectores, el vicegobernador Pedro Pesatti, a cargo de la sesión, pidió silencio al público y a los legisladores, y reclamó respeto para quien tuviera la palabra.

López sostuvo que la reforma no quitará recursos centrales al IPROSS: el afiliado que elija otra cobertura podrá derivar su aporte personal, mientras que la contribución patronal del 7% seguirá ingresando a la obra social provincial. “No vamos a desfinanciar”, afirmó. UnTER, en cambio, advierte que la salida de afiliados podría debilitar el sistema solidario y reclama información sobre las cuentas y las prestaciones del Instituto.
 

Qué dijeron los legisladores sobre la libre elección de obra social

El proyecto también recibió críticas de legisladores que acompañaron su aprobación. Juan Martín, del PRO, sostuvo que la posibilidad de elegir quedó como “una puerta entreabierta”. Su compañera de bloque Martina Lacour cuestionó que la contribución patronal permanezca en el IPROSS cuando el trabajador pase a otra cobertura: “Liberamos a la persona pero retenemos el financiamiento”, resumió.

Desde la oposición, Magdalena Odarda pidió postergar la votación hasta contar con una auditoría y una evaluación del impacto sobre la obra social. Ayelén Sposito consideró que el aporte que podría derivar un trabajador difícilmente alcance para contratar una cobertura privada, mientras José Luis Berros advirtió sobre los costos que deberían afrontar los afiliados. Esas diferencias atravesaron el debate que UnTER siguió desde el recinto y las calles de Viedma.
 

La denuncia de Murillo y el repudio de Weretilneck

Después de retirarse de la Legislatura, Murillo aseguró que integrantes de UnTER lo increparon en una estación YPF. “Me rodearon, me insultaron y me patotearon”, relató. Según su testimonio, le reprocharon haber votado para que los trabajadores se quedaran sin obra social. El legislador sostuvo que mantendrá su postura sobre la reforma.

El bloque Juntos Somos Río Negro expresó su solidaridad con Murillo y repudió lo ocurrido. También se pronunció el gobernador Alberto Weretilneck, quien difundió un mensaje de respaldo al legislador: “La patota y el escrache son inadmisibles en la Argentina de hoy”. La descripción del encuentro en la estación de servicio corresponde, hasta ahora, al relato de Murillo.

El peronismo de Chubut comenzó a mostrar distintas estrategias de cara a 2027. Mientras el diputado nacional José Glinski compartió una actividad con Máximo Kirchner en la sede nacional del PJ para instalar la discusión sobre el futuro de Comodoro Rivadavia y la salida de YPF, el intendente de Dolavon, Dante Bowen, viajó a Río Negro y mantuvo una extensa reunión con el vicegobernador Pedro Pesatti.

Las dos movidas tienen un denominador común: ampliar el escenario de construcción política más allá de las fronteras chubutenses. Glinski puso el foco en una problemática estratégica para su provincia —la transición de la actividad petrolera— y la llevó al ámbito nacional. Bowen, en cambio, buscó intercambiar experiencias de gestión y explorar puntos de contacto con un dirigente rionegrino con fuerte presencia en la política patagónica.

Glinski llevó a Comodoro a la agenda nacional

Glinski participó junto a Máximo Kirchner de la presentación del microdocumental “No se puede amar lo que no se conoce”, centrado en la historia de YPF en Comodoro Rivadavia y las consecuencias del retiro de la empresa de yacimientos maduros de la Cuenca del Golfo San Jorge.

El diputado aprovechó el encuentro para plantear una discusión que busca instalar como política de Estado: qué ocurre con los trabajadores y los pasivos ambientales cuando una cuenca petrolera entra en una etapa de declive. “La transición petrolera tiene que generar trabajo y oportunidades para Comodoro”, sostuvo.

Glinski también propuso crear un fondo de remediación ambiental con aportes obligatorios de las empresas operadoras, bajo el principio de que los costos de los pasivos no terminen trasladándose al Estado. Además, reconoció que la recuperación de YPF en 2012 dejó pendiente la resolución de parte de esos pasivos.
 

Bowen buscó un puente con Río Negro

En paralelo, Bowen mantuvo durante más de tres horas una reunión con Pesatti en la Legislatura de Río Negro. El encuentro giró alrededor de la situación política, económica y social de ambas provincias y del intercambio de experiencias de gestión.

El intendente de Dolavon puso especial atención en la matriz productiva diversificada de Río Negro y en las posibilidades que genera la actividad energética de Vaca Muerta para la región. También valoró el papel de Viedma, Bariloche y el complejo tecnológico y productivo rionegrino como referencias para pensar políticas de desarrollo.

“Hablamos un mismo idioma”, sostuvo Bowen después del encuentro, al destacar las problemáticas compartidas entre ambas provincias y plantear la posibilidad de articular experiencias patagónicas.
 

Dos caminos dentro de una misma carrera

Las diferencias de agenda también muestran dos recorridos políticos dentro del peronismo chubutense. Glinski viene desarrollando una construcción vinculada a la discusión nacional del peronismo y ahora reforzó esa presencia junto a Máximo Kirchner, mientras utiliza el futuro de Comodoro como uno de sus principales ejes.

Bowen, por su parte, viene planteando la necesidad de definir la candidatura a gobernador mediante una interna partidaria y amplió sus vínculos hacia otros dirigentes patagónicos. Su encuentro con Pesatti se produjo en un contexto en el que también existen movimientos políticos dentro del peronismo rionegrino.

El escenario hacia 2027 todavía está abierto y ambos dirigentes deberán disputar espacios dentro del peronismo de Chubut. Por ahora, las señales son diferentes: Glinski busca nacionalizar una agenda centrada en Comodoro y el petróleo; Bowen empieza a tejer vínculos regionales y a mirar hacia Río Negro.

El Senado aprobó este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero introdujo cambios que obligan a que el proyecto regrese a la Cámara de Diputados para una nueva revisión. La votación en general terminó con 46 votos a favor y 22 en contra.

La modificación más relevante estuvo vinculada con el mecanismo para designar y remover a las autoridades del organismo. El texto que había llegado desde Diputados exigía una mayoría de dos tercios de ambas cámaras, mientras que el Senado estableció que el acuerdo para los nombramientos y la aprobación de las remociones queden en manos de la Cámara alta mediante mayoría absoluta.
 

El cambio que obliga a volver a Diputados

La modificación fue clave para reunir los votos durante el tratamiento en particular. Como el Senado alteró el texto que había aprobado Diputados, la iniciativa deberá regresar a la Cámara baja para definir si acepta la nueva versión o insiste con el proyecto original bajo las condiciones constitucionales correspondientes.

El nuevo esquema también mantiene al Senado como la cámara con atribución para intervenir en los nombramientos de las autoridades del Banco Central. Los cargos del directorio tendrán una duración de seis años, según el texto aprobado por la Cámara alta.

Más allá de ese cambio, la reforma mantiene uno de sus principales objetivos: establecer como misión primaria del BCRA la preservación del valor de la moneda y limitar el financiamiento del sector público por parte de la autoridad monetaria. El proyecto elimina los adelantos transitorios al Tesoro y restringe la compra directa de títulos públicos en el mercado primario.
 

El oficialismo defendió el nuevo esquema

Desde La Libertad Avanza, la jefa del bloque, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa y sostuvo que la reforma busca “cuidar el valor de nuestra moneda”. El senador Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, planteó que el objetivo es establecer reglas institucionales de largo plazo para el funcionamiento del Banco Central.

El oficialismo contó con el acompañamiento de la UCR, el PRO, Convicción Federal y distintos bloques provinciales. La votación permitió alcanzar los dos tercios de los presentes en la aprobación general.

Desde la oposición, el jefe del interbloque Popular, José Mayans, cuestionó el proyecto. El senador rionegrino Martín Soria puso el foco sobre las facultades y herramientas vinculadas con las reservas y el financiamiento, y cuestionó el alcance de la reforma impulsada por el Gobierno.
 

Soria cuestionó el alcance de la reforma

Durante el debate, Soria advirtió sobre los artículos relacionados con las operaciones financieras del Banco Central y sostuvo que algunas disposiciones podrían abrir un nuevo canal de endeudamiento externo. El legislador también cuestionó el esquema previsto para las autoridades del organismo.

“No vamos a permitir que con esto pretendan atornillar a Bausili en la presidencia del Banco Central”, afirmó Soria durante la discusión, en referencia al titular de la autoridad monetaria.

Con la aprobación del Senado, la reforma consiguió avanzar pero todavía no se convirtió en ley. Diputados tendrá ahora la última palabra sobre el texto modificado, en una discusión que volverá a poner bajo la lupa la autonomía del Banco Central, el financiamiento al Tesoro y el mecanismo para designar y remover a sus autoridades.

La transición de la obra social de las Fuerzas Armadas sumó este jueves un nuevo capítulo de tensión. Ariel Guzmán, coronel mayor retirado y responsable de la liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), dejó su cargo luego de mantener una reunión con el ministro de Defensa, Carlos Presti.

La salida se produjo mientras trabajadores de ATE ocuparon la sede de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), ubicada en Paso 551, en la Ciudad de Buenos Aires. El gremio rechaza la reestructuración del sistema y advierte por el riesgo de alrededor de 600 despidos.


 

 

 

 

 

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Renuncia en medio de una transición complicada

La salida de Guzmán se da en plena transformación del sistema. El IOSFA se encuentra en proceso de disolución y liquidación, mientras la nueva OSFA comienza a asumir las funciones vinculadas con la cobertura de salud de los afiliados.

El proceso arrastra además un fuerte pasivo. El organismo que está siendo liquidado mantiene deudas por unos $213.000 millones con prestadores, en un contexto en el que todavía debe garantizarse la atención de quienes dependen del sistema.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente los motivos de la renuncia de Guzmán ni quién quedará al frente de la liquidación. Su salida agrega incertidumbre a un proceso que ya enfrenta cuestionamientos gremiales y dificultades financieras.

ATE ocupó la sede y denunció despidos

Mientras se conocía la salida del liquidador, trabajadores de ATE ingresaron a la sede de la OSFA para reclamar contra la reestructuración. El sindicato cuestiona el futuro de los puestos de trabajo y advierte que el proceso podría derivar en cientos de despidos.

El reclamo también alcanza a la continuidad de distintos servicios. Desde el gremio señalaron preocupación por el futuro de farmacias, centros médicos y establecimientos turísticos vinculados con la obra social.

La protesta se produce en un momento particularmente sensible: mientras una estructura todavía debe cerrar sus cuentas y obligaciones, la nueva entidad tiene que comenzar a funcionar y definir su organización, sus recursos y su plantilla.
 

Presti, ante un frente abierto en Defensa

El conflicto quedó directamente bajo la órbita del Ministerio de Defensa, que conduce Presti. La cartera deberá resolver quién continúa con la liquidación del IOSFA, cómo se afrontarán las obligaciones pendientes y cuál será el esquema definitivo de funcionamiento de la OSFA.

La salida de Guzmán, además, se conoció inmediatamente después de su encuentro con el ministro, aunque no se informaron públicamente los motivos de la decisión ni si existe relación directa entre esa reunión y la renuncia.

Con una deuda millonaria con prestadores, una reestructuración en marcha y un conflicto gremial que ya llegó a la sede de la nueva obra social, la transición del IOSFA a la OSFA enfrenta ahora uno de sus momentos más delicados.

El legislador Daniel Sanguinetti, quien dejó Juntos Somos Río Negro junto a Marcela González Abdala, volvió a marcar distancia con el Gobierno provincial y esta vez puso el foco en uno de sus terrenos más sensibles: la comunicación política. El dirigente cuestionó la estrategia oficial y lanzó una fuerte crítica sobre la manera en que se construye el discurso del Ejecutivo.

“Hay asesores estrella y manipulación de la opinión pública”, sostuvo Sanguinetti al referirse al funcionamiento de la comunicación gubernamental. La frase apunta directamente a la estructura que rodea al Gobierno y abre un debate sobre el uso de los recursos de comunicación institucional para instalar determinados mensajes.
 

El cuestionamiento al relato oficial

La crítica de Sanguinetti no se limita a una diferencia sobre estilos de prensa o redes sociales. El planteo pone en discusión la existencia de una estrategia deliberada para instalar una determinada lectura sobre las decisiones del Gobierno y condicionar la percepción pública sobre sus resultados.

La Provincia cuenta con áreas de comunicación distribuidas entre los distintos ministerios y organismos, además de una estructura central de prensa. En ese esquema, el rol de los asesores y la definición de los mensajes oficiales adquieren especial relevancia para la construcción de la agenda pública.

La aparición de un dirigente que hasta hace pocos meses integraba el espacio oficialista agrega peso político al cuestionamiento. Sanguinetti conoce desde adentro el funcionamiento del Ejecutivo: ocupó distintos cargos durante los gobiernos de JSRN y fue secretario de Estado de Planificación.

 

 

 

 

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De dirigente oficialista a crítico del Gobierno

La ruptura política de Sanguinetti con JSRN se produjo en junio, cuando anunció junto a González Abdala su salida del partido. Ambos cuestionaron entonces el funcionamiento interno del espacio y la concentración de decisiones.

Desde entonces, sus intervenciones en la Legislatura fueron adquiriendo un tono cada vez más crítico. En septiembre, durante una sesión, Sanguinetti también cuestionó el trato recibido por los legisladores que habían abandonado el oficialismo y habló de “avasallamiento” y de diferencias en el acceso a oficinas, asesores y recursos.

Ahora el cuestionamiento se trasladó directamente a la comunicación. La acusación de “manipulación de la opinión pública” coloca el debate en torno a quién define el relato oficial, cuánto pesan los asesores en esa construcción y hasta dónde llega la comunicación institucional y dónde comienza la comunicación política.

La discusión se produce en un año atravesado por definiciones políticas en Río Negro. Con el Gobierno provincial desplegando anuncios, obras, medidas y posicionamientos públicos, la comunicación se convirtió también en un terreno central de la disputa política.

La venta de tierras en Península Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno, llegó este jueves a la Legislatura de Santa Cruz y abrió un fuerte debate sobre la decisión del Gobierno de Claudio Vidal. La diputada María Agostina Mora Doldán reclamó que el Ejecutivo entregue el Decreto 915/26 completo y toda la documentación que respaldó la autorización excepcional para transferir una parcela ubicada dentro del área protegida.

El planteo tomó fuerza durante la sesión y terminó derivando en una decisión institucional: los 18 diputados presentes aprobaron por unanimidad un pedido de informes para que el Gobierno remita el expediente completo y sus antecedentes. El requerimiento incluye informes técnicos, dictámenes jurídicos, actas, estudios, consultas y documentación producida por los organismos que intervinieron.


 

Qué quiere saber la Legislatura sobre el decreto de Vidal

Mora cuestionó que hasta ahora sólo se haya conocido una versión resumida del Decreto 915/26 y planteó la necesidad de analizar cómo se tomó la decisión. “Necesitamos traer al recinto el Decreto 915/26. Necesitamos analizar la legalidad de ese acto”, sostuvo durante el debate.

La legisladora también reclamó conocer qué controles se realizaron, qué organismos intervinieron y cuáles fueron los fundamentos para habilitar una excepción a las restricciones vigentes en la Península de Magallanes. Además, pidió que el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, concurriera a la Cámara para brindar explicaciones, aunque ese pedido puntual no consiguió el acompañamiento necesario.

El decreto firmado por Vidal permite, con carácter excepcional, la transferencia de la Fracción G, Matrícula 186, desde Lacustre del Sud S.A. hacia ASB Hospitality Calafate SAU, una sociedad argentina controlada por una compañía radicada en Dubai. La operación está vinculada al denominado Master Plan Ecocentro.
 

La excepción que abrió la discusión por las tierras

Uno de los puntos que quedó bajo la lupa es precisamente el mecanismo utilizado por el Ejecutivo. El Decreto 915/26 no elimina las restricciones generales existentes para la zona, sino que establece una excepción “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” para concretar esta transferencia.

Durante el debate, los legisladores también reclamaron conocer los estudios ambientales, las características concretas del emprendimiento y el encuadre de la operación dentro del régimen de protección de la Península. El decreto señala que el proyecto cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental y que su ejecución deberá ajustarse a la legislación ambiental, territorial y de conservación vigente.

Mora buscó dejar en claro que su cuestionamiento no apunta a rechazar las inversiones privadas. “No se trata de estar en contra de la inversión privada. Pero toda inversión debe realizarse dentro del marco de la ley, con información pública, participación y resguardo de nuestros recursos”, sostuvo.
 

La oposición a la operación no fue el único reclamo

El debate también expuso interrogantes sobre el proceso de participación y los controles previos. Otros legisladores plantearon la necesidad de determinar si se cumplieron todos los procedimientos previstos para una operación de estas características y qué participación tuvieron los organismos provinciales competentes.

La discusión llegó además al ámbito local de El Calafate, donde se reclamaron precisiones sobre la participación de la comunidad en el procedimiento ambiental y sobre las características del proyecto turístico previsto para la zona.

Con el pedido aprobado por unanimidad, la Legislatura puso formalmente bajo la lupa el Decreto 915/26. Ahora el Ejecutivo deberá remitir la documentación requerida para que los diputados puedan revisar los antecedentes de una autorización que abrió una nueva discusión sobre inversión privada, tierras, protección ambiental y capitales extranjeros en uno de los sectores más sensibles de Santa Cruz.

La Legislatura de Río Negro sesionó este jueves en Viedma con una agenda cargada de proyectos y con la reforma del IPROSS como uno de los principales focos de tensión. Mientras dentro del recinto avanzaron iniciativas vinculadas con municipios, infraestructura, salud y derechos sociales, en las inmediaciones del edificio se concentraron trabajadores estatales y organizaciones gremiales en rechazo al cambio en el régimen de afiliación de la obra social provincial.

La jornada estuvo marcada por una movilización que incluyó bombos, banderas, una carpa y un corte sobre calle San Martín. Participaron principalmente trabajadores de UnTER, la Coordinadora de Jubilados de Río Negro y ASSPUR, además de integrantes de otras organizaciones sindicales. Parte de los manifestantes siguió el debate desde los balcones de la Legislatura.

Compensación para 14 municipios y fondos para las rutas

Uno de los proyectos centrales aprobados fue la ratificación de los convenios de Compensación Financiera Transitoria para 14 municipios. La iniciativa obtuvo 35 votos a favor y 8 en contra y establece que los recursos serán aportados por el Tesoro provincial, sin modificar los índices de coparticipación del resto de las localidades.

El esquema contempla desembolsos mensuales por unos $1.028 millones y fue defendido por el oficialismo como una herramienta para acompañar a municipios que enfrentan un aumento de la demanda de servicios e infraestructura. Durante el debate, el legislador Lucas Pica sostuvo que el mecanismo no modifica la ley de coparticipación ni implica detraer recursos de otras ciudades.

La Cámara también aprobó, por 37 votos a favor y 7 en contra, el convenio entre la Provincia y Oleoductos del Valle S.A. para avanzar con el proyecto Duplicar Norte. El acuerdo contempla un aporte de US$4,64 millones por parte de la empresa, que deberá destinarse a obras de reparación urgente sobre las rutas nacionales 22 y 151.

Salud, discapacidad y nuevas leyes provinciales

En materia sanitaria, la Legislatura sancionó por unanimidad la adhesión de Río Negro a la denominada Ley Nicolás, que establece herramientas para fortalecer la seguridad de los pacientes y mejorar la calidad de la atención médica. El marco contempla protocolos, capacitación, auditorías y mecanismos para registrar eventos adversos.

También fueron aprobadas iniciativas vinculadas con la inclusión y la accesibilidad. La Cámara sancionó el marco regulatorio para promover la inserción laboral de personas con discapacidad en el sector privado y la denominada Ley Federico, que establece la instalación de tableros de comunicación aumentativa y alternativa en espacios públicos, educativos, sanitarios, culturales y turísticos.

Además, avanzaron proyectos vinculados con educación, cultura y patrimonio. Entre ellos se incluyó el reconocimiento por el 50° aniversario de INVAP y la incorporación del cancionero “San Martín de Todos. Biografía Musical del Padre de la Patria” como material pedagógico complementario para las escuelas primarias rionegrinas.
 

El homenaje a Oscar Meilán y el debate por el IPROSS

Otro de los momentos destacados de la sesión fue el reconocimiento a Oscar José Meilán, quien fue declarado Personalidad Destacada de Río Negro por su trayectoria docente, su compromiso con los Derechos Humanos y su trabajo por la memoria, la verdad y la justicia.

El proyecto, impulsado desde el bloque PJ-Nuevo Encuentro, también destacó su participación en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Viedma y su trayectoria dentro de organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos.

En paralelo, la reforma del IPROSS concentró buena parte de la atención política y sindical. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propone reemplazar el régimen de afiliación obligatoria de los trabajadores estatales y municipales, tanto activos como pasivos, por un sistema voluntario u optativo.

La iniciativa había avanzado previamente en comisión con modificaciones respecto del texto original. El debate generó un fuerte rechazo de organizaciones gremiales, que reclamaron precisiones sobre el funcionamiento futuro de la obra social y cuestionaron el cambio en el régimen de afiliación.

La protesta se desarrolló mientras la Legislatura llevaba adelante la sesión y se convirtió en la principal expresión de conflicto alrededor del temario parlamentario. Los sindicatos reclamaron mayor participación de los trabajadores en la discusión y advirtieron sobre las consecuencias que podría tener una modificación del actual esquema.

Con la sesión, la Legislatura dejó aprobados proyectos de impacto en distintos sectores de la provincia, entre ellos la compensación financiera para 14 municipios, el acuerdo con Oldelval, la adhesión a la Ley Nicolás, la regulación para la inclusión laboral de personas con discapacidad y la Ley Federico, además de iniciativas educativas, culturales y patrimoniales.

El tratamiento del IPROSS, en tanto, concentró la mayor tensión política de la jornada y dejó expuesta la distancia entre el Gobierno provincial y los gremios estatales en torno al futuro de la obra social.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, firmó un decreto que habilitó por única vez y con carácter excepcional la venta de una parcela ubicada en la región de Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno, a una empresa vinculada a capitales de Emiratos Árabes Unidos.

La operación fue autorizada mediante el Decreto 0915/2026, firmado el 1 de septiembre y publicado el 22 de septiembre en el Boletín Oficial provincial. La norma exceptúa específicamente la restricción establecida por el Decreto 0994/17 y permite la transferencia del inmueble desde Lacustre del Sud S.A. hacia ASB Hospitality Calafate SAU.
 

La excepción de Vidal para la Península de Magallanes

El terreno está identificado como la Parcela Fracción G, Matrícula 186 del departamento Lago Argentino, dentro de la región de Península de Magallanes. El propio decreto establece que la excepción alcanza exclusivamente a esa operación y al proyecto turístico denominado Master Plan Ecocentro, y que no podrá utilizarse como antecedente automático para futuras solicitudes.

ASB Hospitality Calafate SAU tiene como accionista a ASB Hospitality LLC, una sociedad vinculada a Emiratos Árabes Unidos y al grupo Albwardy Investment. La operación se conoce luego de que Vidal anticipara una inversión turística extranjera superior a los 90 millones de dólares en un punto estratégico de Santa Cruz.

La autorización no equivale por sí misma a una habilitación irrestricta para construir. El decreto señala que el proyecto ya cuenta con Declaración de Impacto Ambiental, pero establece que su ejecución y funcionamiento deberán ajustarse a la normativa ambiental, territorial y de conservación vigente, además de los controles y planes de manejo que establezcan los organismos provinciales.

Reclamos por el proyecto frente al glaciar

La decisión abrió un nuevo debate en El Calafate. La Asociación Civil de Alojamientos Turísticos de El Calafate (ACATEC) reclamó conocer los detalles del emprendimiento y solicitó información sobre la superficie que será intervenida, consumo de agua, tratamiento de efluentes, gestión de residuos y demanda energética. También pidió acceder a la documentación ambiental y a los dictámenes técnicos.

La entidad cuestionó además el impacto que podría tener la llegada de un nuevo desarrollo hotelero sobre el mercado turístico local. El planteo se suma a la discusión sobre cómo compatibilizar nuevas inversiones con la protección ambiental de un área de alto valor turístico y natural.

Desde la oposición provincial también surgieron pedidos para conocer el expediente completo de la operación. La Cámara de Diputados de Santa Cruz reclamó al Poder Ejecutivo la documentación vinculada con el Decreto 0915/2026 y los antecedentes administrativos de la venta.
 

Un proyecto millonario bajo la lupa

La operación coloca nuevamente a la Península de Magallanes en el centro de la discusión sobre inversiones, desarrollo turístico y protección ambiental. El decreto provincial establece que el emprendimiento deberá cumplir las restricciones y medidas de mitigación que determinen las autoridades competentes.

Mientras avanzan los pedidos de información, todavía resta conocer en detalle las características definitivas del Master Plan Ecocentro, su escala, las obras previstas y el impacto que tendrá sobre el área protegida.

La particularidad de la decisión de Vidal está en que el Gobierno provincial no modificó de manera general la restricción vigente: habilitó una excepción específica para concretar esta operación inmobiliaria. Ese punto es ahora uno de los principales focos del debate político y ambiental en Santa Cruz.

Donald Trump volvió a tensar la relación con el Reino Unido por una cuestión territorial estratégica y, al mismo tiempo, habló de las Islas Malvinas con el primer ministro británico, Andy Burnham. El encuentro se produjo en Nueva York, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, y dejó una combinación incómoda para Londres pero también interrogantes para la Argentina.

El punto de mayor tensión fue el futuro de las islas Chagos, donde se encuentra la estratégica base militar de Diego García. Trump calificó de “terrible” el acuerdo por el cual el Reino Unido prevé transferir la soberanía del archipiélago a Mauricio, mientras Estados Unidos mantiene un papel central en la utilización militar de la base. Londres ya anunció que revisará el acuerdo ante las objeciones de Washington.


 

Trump, Chagos y una advertencia que también mira al Atlántico Sur

La discusión sobre Chagos no es un episodio menor. Diego García es una instalación militar estratégica para Estados Unidos y Reino Unido, y Trump dejó explícito que considera determinante preservar su posición allí. Su rechazo al acuerdo llegó incluso durante la primera reunión presencial con Burnham.

En paralelo, el primer ministro británico confirmó que durante el encuentro se habló de las Falklands, aunque no reveló detalles de la conversación. Trump se limitó a señalar que habían hablado sobre el tema y sostuvo que la relación entre ambos países atraviesa un buen momento.

El dato adquiere una dimensión particular para la Argentina porque el mismo gobierno de Javier Milei viene intentando reposicionar la cuestión Malvinas en su política exterior, mientras profundiza la cooperación militar con Estados Unidos.
 

Malvinas: la incógnita que deja el vínculo entre Trump y Milei

La situación plantea una pregunta incómoda para Buenos Aires: ¿qué lugar ocupa la Argentina en la estrategia de Washington para el Atlántico Sur? Trump mostró que está dispuesto a presionar a Londres cuando considera que una decisión británica afecta intereses militares estadounidenses, pero eso no significa que haya respaldado la posición argentina sobre la soberanía de Malvinas.

De hecho, durante la reunión con Burnham, Trump no hizo público ningún cambio respecto de la posición estadounidense sobre las islas. El primer ministro británico, por su parte, había defendido la posición del Reino Unido sobre las Falklands en el marco de las conversaciones bilaterales.

La diferencia resulta relevante para el Gobierno de Milei: una eventual coincidencia entre Washington y Buenos Aires en materia de cooperación militar no equivale necesariamente a un respaldo estadounidense al reclamo argentino de soberanía.


 

Ushuaia vuelve al centro del tablero militar

El interrogante cobra mayor peso por la reciente presencia de militares estadounidenses en Ushuaia. Ocho integrantes de la Infantería de Marina de Estados Unidos realizaron durante septiembre ejercicios junto al Batallón de Infantería de Marina N.º 4 de la Armada Argentina, con actividades en condiciones de montaña y frío extremo.

Los ejercicios se produjeron después de que Milei anunciara la reactivación del proyecto para construir una Base Naval Integrada en Ushuaia, ubicada a unos 700 kilómetros de las Islas Malvinas. El Gobierno argentino prevé iniciar las obras en enero de 2027.

Así, la sucesión de movimientos —la disputa de Trump con Londres por una base estratégica en Chagos, la conversación sobre Malvinas y el aumento de la cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos en Tierra del Fuego— vuelve a poner al Atlántico Sur bajo la lupa. Por ahora no existe evidencia pública suficiente para afirmar que Washington busque tutelar militarmente las Malvinas desde Ushuaia, pero la combinación de estos hechos alimenta ese interrogante geopolítico.

El Gobierno nacional confirmó la continuidad del régimen de Zona Fría para toda la Patagonia, luego de las reuniones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y Neuquén, Rolando Figueroa. La definición despeja, por ahora, las versiones que durante las últimas semanas habían instalado la posibilidad de cambios en el esquema de subsidios al gas.

Para los usuarios residenciales de Río Negro, la confirmación implica que se mantendrán las condiciones actuales del beneficio. El régimen establece una bonificación sobre el componente de gas de las facturas para los hogares alcanzados, aunque la continuidad de Zona Fría no implica que el valor final de las boletas quede congelado.


 

Zona Fría: qué cambia para los usuarios de Río Negro

La confirmación de Nación llega en medio de una discusión más amplia sobre la política de subsidios energéticos. El Gobierno nacional viene planteando una reformulación del sistema para concentrar la asistencia en determinados sectores, mientras las provincias patagónicas reclamaban preservar las condiciones diferenciales vinculadas con las bajas temperaturas y las mayores necesidades de consumo.

En ese escenario, la continuidad de Zona Fría mantiene uno de los principales mecanismos de alivio para los usuarios residenciales de la región. La bonificación alcanza al componente de gas, mientras que otros conceptos incluidos en las facturas pueden continuar sujetos a las actualizaciones tarifarias que disponga Nación.

La definición no surgió únicamente de las reuniones de esta semana. El 15 de septiembre, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, ya habían transmitido a Figueroa que el régimen continuaría vigente en Neuquén y en el resto de la Patagonia.
 

Torres y Figueroa presionaron para sostener el beneficio

Después de reunirse con Santilli en Casa Rosada, Ignacio Torres calificó la continuidad del esquema como “muy importante para toda la Patagonia” y sostuvo que la decisión permite despejar las versiones sobre una eventual eliminación del beneficio.

El gobernador de Chubut también destacó las gestiones realizadas para sostener el régimen y mencionó el trabajo de la senadora nacional Edith Terenzi y de su bloque en las negociaciones con el Gobierno nacional.

Figueroa, por su parte, había planteado ante Nación la necesidad de preservar el esquema diferencial para los usuarios neuquinos. El reclamo tenía además un componente político: Neuquén es una de las principales provincias productoras de gas y petróleo del país, pero sus usuarios residenciales también afrontan las condiciones climáticas que dieron origen al régimen.
 

Nación mantiene Zona Fría pero prepara cambios en los subsidios

La confirmación para la Patagonia se produce mientras el Gobierno nacional avanza con una revisión integral de los subsidios energéticos. La propuesta oficial apunta a focalizar la asistencia y redefinir los criterios con los que se aplican los beneficios en las facturas.

Por ahora, la Zona Fría queda afuera de una modificación. Para Río Negro y las demás provincias patagónicas, eso significa que los usuarios alcanzados conservarán la bonificación vigente, aunque seguirán expuestos a las variaciones que puedan producirse en los restantes componentes de la tarifa.

La discusión, de todos modos, no está cerrada. La decisión de mantener el régimen despeja la incertidumbre inmediata sobre el beneficio, pero la política energética nacional continúa en proceso de revisión y cualquier modificación futura deberá definir cómo convivirá el esquema patagónico con el nuevo modelo de subsidios que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, confirmó que quiere ser gobernador de Río Negro y puso su nombre sobre la mesa en un escenario que comienza a abrirse dentro de Juntos Somos Río Negro (JSRN). La definición llega mientras Alberto Weretilneck todavía no resolvió si buscará un nuevo mandato en 2027.

“Quiero ser gobernador de la provincia de Río Negro”, afirmó Pogliano durante una conferencia de prensa en la que también repasó temas de gestión municipal, aunque aclaró que no tiene definido qué lugar ocupará en las próximas elecciones.




 

Pogliano confirmó su aspiración mientras Weretilneck mantiene el misterio

La declaración adquiere peso político porque Weretilneck viene dejando abierta la posibilidad de que JSRN tenga otro candidato para la Gobernación. El mandatario provincial reconoció públicamente que dentro del espacio existen otros dirigentes con aspiraciones y evitó cerrar por ahora su propio futuro electoral.

Pogliano, en tanto, buscó ubicar su proyecto dentro del espacio oficialista y no planteó una ruptura con el gobernador. Su planteo es de proyección política y deja abierta una discusión que hasta ahora giraba principalmente alrededor de la continuidad o no de Weretilneck.

El intendente de El Bolsón también sostuvo que no piensa necesariamente en el corto plazo y mencionó la posibilidad de construir su proyecto hacia futuras elecciones. De todos modos, su definición instala desde ahora su nombre entre quienes aspiran a tener protagonismo en la sucesión del liderazgo provincial.
 

Más fondos para El Bolsón y una paritaria todavía abierta

La conferencia también estuvo atravesada por cuestiones de gestión. Pogliano explicó que El Bolsón recibirá un 27% adicional de recursos a partir del esquema de compensación acordado con la Provincia para corregir parcialmente el desfasaje generado por los actuales índices de coparticipación.

Según indicó, esos fondos deberán utilizarse para obras y no podrán ser destinados al pago de salarios. El acuerdo forma parte del esquema impulsado por el Gobierno de Weretilneck para reforzar los recursos de distintos municipios sin modificar los índices de coparticipación del resto de las localidades.

En materia salarial, Pogliano señaló que el Municipio ofreció una recomposición de $160.000, aunque persisten diferencias con los gremios por una suma de $50.000 prevista para diciembre. El Ejecutivo pretende que ese monto sea no remunerativo y quede a cuenta de futuros aumentos.
 

Transporte público y el desafío de construir hacia 2027

El intendente también reconoció que continúa sin resolverse la situación del transporte público en algunos barrios de El Bolsón. En ese sentido, anunció la creación de una mesa de trabajo con los sectores involucrados para analizar alternativas y buscar una solución.

La agenda municipal convive así con una definición que trasciende la gestión local. Con su frase, Pogliano confirmó públicamente una aspiración que hasta ahora formaba parte de las especulaciones sobre el futuro de JSRN.

Mientras Weretilneck mantiene abierta la incógnita sobre su candidatura, Pogliano ya dejó en claro cuál es su objetivo político: quiere llegar a la Gobernación. Ahora resta saber cuánto pesa esa decisión en el armado oficialista y qué lugar tendrá finalmente el actual gobernador en la definición del candidato de JSRN para 2027.

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) abrió el período de inscripción para el ciclo lectivo 2027, con una oferta de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas entre sus tres sedes regionales y ocho localidades de la provincia. El trámite comenzó el 21 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 29 de enero de 2027.

La principal excepción es la carrera de Medicina, que se dicta en San Carlos de Bariloche, en la Sede Andina. Para esa carrera el período de inscripción comenzó el 31 de agosto y finalizará el 16 de octubre de 2026, por lo que quienes estén interesados deberán completar el trámite antes de esa fecha.


 

Inscripción UNRN 2027: cómo hacer el trámite online

La preinscripción para las carreras de la UNRN se realiza de manera digital. Los nuevos aspirantes deben ingresar al Sistema de Pre-inscripción, crear un usuario y completar el formulario correspondiente. Para finalizar la solicitud deben adjuntar el DNI, una foto tipo carnet con fondo blanco y el título secundario o, en caso de no contar todavía con él, un certificado de título en trámite o de estudiante regular.

Una vez completada la carga de información, se debe descargar y conservar la Ficha de Inscripción. La confirmación del trámite llega posteriormente por correo electrónico, al igual que cualquier observación relacionada con la documentación presentada.

En el caso de quienes ya son estudiantes de la UNRN, se inscribieron anteriormente en alguna carrera o tienen su DNI registrado en el sistema, el procedimiento es diferente: deben ingresar al SIU Guaraní y realizar la preinscripción desde la sección de trámites correspondiente.
 

Qué carreras ofrece la UNRN en sus tres sedes

La propuesta académica se distribuye entre las sedes Alto Valle-Valle Medio, Andina y Atlántica. En el Alto Valle y Valle Medio se encuentran, entre otras opciones, Odontología, Arquitectura, Diseño Industrial, Geología, Paleontología, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Biotecnología, Medicina Veterinaria, Administración de Empresas y Comercio Exterior.

La Sede Andina, con presencia en Bariloche y El Bolsón, incluye carreras como Medicina, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Computación, Ingeniería en Telecomunicaciones, Economía, Turismo, Letras, Arte Dramático y distintos profesorados. También cuenta con propuestas vinculadas con la producción vegetal, la agroecología y la gestión de emergencias.
 

Viedma también concentra una amplia oferta universitaria

En la Sede Atlántica, con sede en Viedma, la oferta para 2027 incluye Abogacía, Contador Público, Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Ciencias del Ambiente, Comunicación Social, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición y Licenciatura en Sistemas. También se ofrecen las tecnicaturas universitarias en Periodismo Deportivo y Producción de Contenidos en Comunicación.

Además, la sede cuenta con ciclos de complementación a distancia en áreas como Educación, Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Física y Deporte y Gestión de Políticas Públicas. La UNRN también dispone de becas, actividades deportivas y culturales, movilidad estudiantil y espacios de acompañamiento para quienes comienzan sus estudios.
 

El ingreso tendrá dos instancias obligatorias

Después de confirmar la inscripción, todos los ingresantes deberán realizar el Curso de Ingreso de la UNRN. El primer módulo, denominado Introducción a la Vida Universitaria (IVU), es virtual y autogestionado y puede comenzar una vez confirmada la inscripción.

El segundo módulo corresponde a una introducción específica a la carrera elegida y se desarrollará durante febrero. Las fechas y modalidades particulares dependen de cada sede y carrera.

La legisladora provincial Magdalena Odarda, integrante del bloque Vamos con Todos, salió al cruce de una información difundida en las últimas horas que señalaba que había propuesto revisar la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que beneficia a la actividad frutícola.

Odarda aseguró que esa versión es falsa y atribuyó su origen a Alejandro Palmieri, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro y dirigente de Juntos Somos Río Negro, quien participó de la reunión de comisiones en representación del Poder Ejecutivo provincial.

“Lo que comenzó como una chicana barata y mentirosa de Palmieri dentro de una comisión legislativa terminó siendo amplificado por medios afines y convertido en una fake news”, sostuvo la legisladora. Según planteó, la difusión de esa versión buscó generar un conflicto entre ella y el sector frutícola, al que aseguró haber defendido durante toda su trayectoria pública.


 

Odarda aclaró su postura sobre Ingresos Brutos y la fruticultura

La legisladora explicó que durante el tratamiento del esquema de compensaciones financieras impulsado por el Gobierno provincial mantuvo la misma posición que había expresado públicamente días antes. Su planteo, indicó, estuvo relacionado con los criterios utilizados para determinar el aporte económico de los municipios y no con la exención tributaria de la fruticultura.

En ese sentido, Odarda acompañó la propuesta de la Municipalidad de General Roca para revisar la forma en que se calcula el aporte económico de cada localidad. Argumentó que tomar la recaudación de Ingresos Brutos como uno de los parámetros puede distorsionar la medición en ciudades con fuerte actividad frutícola, debido precisamente a la exención vigente para esa producción.

“Es absolutamente falso que haya propuesto revisar o eliminar la exención. Lo que pedimos revisar es el criterio de cálculo de las compensaciones, no la exención a la fruticultura”, afirmó Odarda, quien mencionó como posibles indicadores alternativos el empleo registrado, las habilitaciones comerciales y la superficie productiva.
 

Críticas de Odarda a Palmieri y Valeri

La legisladora también cuestionó el desarrollo de la reunión de comisión y apuntó contra Carlos Valeri, quien ejerce la Presidencia de ese ámbito legislativo. Odarda consideró que durante el encuentro se permitieron intervenciones que, según su interpretación, tergiversaron el sentido de sus planteos y la obligaron a realizar aclaraciones en reiteradas oportunidades.

“Una comisión legislativa debe ser un ámbito institucional de debate serio y respetuoso”, sostuvo. En ese marco, pidió públicamente que Valeri se aparte de la Presidencia de la comisión y calificó como “de una bajeza impropia de ese ámbito” las chicanas y bromas que, según afirmó, se produjeron durante el debate.

Odarda anticipó además que solicitará las versiones taquigráficas de la reunión para dejar constancia formal de sus expresiones. La legisladora vinculó el episodio con el escenario electoral provincial y cuestionó la utilización de información que, según sostuvo, distorsiona las posiciones de los dirigentes.

Odarda pedirá explicaciones por la difusión de noticias falsas

Por otra parte, Odarda adelantó que impulsará un pedido de interpelación al secretario general de la Gobernación, Nelson Cides, cuya órbita incluye a la Secretaría de Medios provincial. El objetivo, explicó, será solicitar explicaciones sobre la difusión de contenidos que considera falsos y sobre una eventual articulación para amplificarlos.

“Queremos saber si existen recursos, estructuras o mecanismos vinculados al Estado provincial que estén siendo utilizados para amplificar información falsa y atacar a quienes pensamos distinto”, afirmó. También mencionó la posibilidad de que existan medios afines, trolls o granjas de bots utilizados para instalar operaciones políticas, aunque presentó estas cuestiones como interrogantes que pretende esclarecer mediante el control legislativo.

Finalmente, la legisladora insistió en que la defensa de la actividad frutícola constituye una posición sostenida por su espacio político. “La defensa de la fruticultura y de las economías regionales ha sido y seguirá siendo para nosotros una política de Estado”, expresó.

El deterioro de las finanzas familiares llegó a la Legislatura de Río Negro. La legisladora Martina Lacour, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto para crear un Programa Provincial de Normalización y Desendeudamiento Familiar, una herramienta que busca renegociar deudas de consumo sin que el Estado provincial ponga dinero para cancelarlas. La iniciativa, presentada como Proyecto de Ley 1115/26, cuenta con el acompañamiento de Marcela González Abdala y César Domínguez.

El proyecto aparece en un escenario que encendió las alarmas: 101.275 rionegrinos registran deudas en situación irregular. La morosidad provincial alcanza el 15,4%, apenas por debajo del 15,7% nacional, pero el problema se vuelve más severo cuando se analiza cuánto debe cada persona. La deuda morosa promedio llega a $2.736.315, lo que ubica a Río Negro entre las jurisdicciones con mayores montos por deudor en problemas.
 

Más de 63 mil rionegrinos tienen deudas consideradas irrecuperables

El dato más delicado está en la profundidad de la mora. 63.921 rionegrinos se encuentran en Situación 5 del Banco Central, categoría correspondiente a créditos considerados irrecuperables. Además, el 72,5% de las personas morosas tiene entre 25 y 54 años, por lo que el problema se concentra principalmente en trabajadores en plena edad laboral que deben afrontar alquileres, servicios y gastos cotidianos.

“Que Río Negro tenga una tasa de morosidad apenas inferior al promedio nacional no significa que el problema sea menor. Hay proporcionalmente menos personas en mora, pero cuando caen en ella deben montos más altos”, sostuvo Lacour. La situación también golpea con fuerza en el financiamiento no bancario y las billeteras virtuales: allí la deuda promedio en mora alcanza $1.527.495 en Río Negro, frente a $1.199.936 a nivel nacional.
 

Lacour propone bajar impuestos a cambio de mejores refinanciaciones

La propuesta tiene una particularidad: la Provincia no prestaría dinero ni asumiría las deudas de las familias. En cambio, utilizaría Ingresos Brutos como incentivo para bancos, financieras, emisoras de tarjetas y otros proveedores de crédito. Las entidades podrían adherir voluntariamente y obtener una reducción del 50% del impuesto correspondiente a los intereses efectivamente percibidos por las refinanciaciones. En planes de 60 meses o más, el beneficio podría alcanzar el 100%, siempre que el mayor plazo reduzca efectivamente la cuota mensual.

A cambio, los acreedores deberán mejorar las condiciones ofrecidas al deudor. El proyecto establece una tasa nominal anual al menos 30% inferior al promedio para préstamos personales publicado por el Banco Central, un plazo mínimo de 24 meses y operaciones exclusivamente en pesos, a tasa fija y sin indexación. Además, la cuota resultante no podrá superar el 30% de los ingresos mensuales del hogar. “No estamos proponiendo premiar al que no pagó ni que los contribuyentes paguen las deudas de otros”, explicó Lacour.
 

Una salida antes de que las familias caigan en deudas irrecuperables

El programa apunta a intervenir antes de que la situación financiera resulte prácticamente irreversible. Podrían ingresar las deudas de consumo que al 30 de junio de 2026 estuvieran clasificadas en Situaciones 2, 3 o 4 de la Central de Deudores del Banco Central. Cada persona podría utilizar el régimen una sola vez y una refinanciación posteriormente incumplida no podría volver a incorporarse al programa.

La iniciativa también contempla a quienes acumulan obligaciones con distintos acreedores. Cada entidad deberá informar cómo está compuesta la deuda —capital, intereses, punitorios, capitalizaciones, comisiones y otros cargos— y, cuando una nueva financiación permita cancelar varias obligaciones, el dinero será transferido directamente a los acreedores originales. El objetivo es convertir distintas cuotas y vencimientos en una refinanciación más ordenada y compatible con la capacidad de pago del hogar.

El proyecto busca utilizar una herramienta tributaria provincial para intervenir sobre un problema financiero que excede las competencias directas de Río Negro: menos Ingresos Brutos para el acreedor a cambio de mejores condiciones para el deudor. Las entidades que incumplan perderán el beneficio fiscal y deberán ingresar los montos que dejaron de pagar, con intereses, mientras que las faltas graves o reiteradas podrán derivar en su exclusión del programa.

La discusión quedará ahora en manos de la Legislatura. La propuesta de Lacour intenta encontrar un punto de equilibrio entre familias que ya no pueden sostener el peso de sus cuotas y acreedores interesados en recuperar créditos deteriorados. “No se trata de regalar nada ni de borrar deudas. Se trata de hacer que vuelvan a ser pagables”, sintetizó la legisladora.