El reclamo de Río Grande por los fondos que debe girarle la Provincia llegó a la Legislatura de Tierra del Fuego con un pedido de juicio político contra el gobernador Gustavo Melella. El periodista Carlos Roberto Muzón presentó la denuncia el miércoles 11 de noviembre y sostuvo que las demoras en las transferencias podrían constituir un incumplimiento de las obligaciones constitucionales del mandatario.

Muzón solicitó que se conforme una comisión investigadora y que intervenga la Sala Acusadora de la Legislatura. También pidió la destitución y la inhabilitación de Melella para ejercer cargos públicos si se acredita su responsabilidad. Hasta el jueves 12, el trámite se encontraba en la etapa de presentación de la denuncia. 
 

Río Grande reclama más de $17.294 millones a Tierra del Fuego

La Municipalidad de Río Grande, que conduce el intendente Martín Pérez, intimó a la Provincia a regularizar las transferencias. Según los registros municipales, al 30 de septiembre estaban pendientes más de $17.294 millones en concepto de coparticipación, regalías y otros fondos. La cifra corresponde al saldo informado por el municipio a esa fecha.

El 3 de noviembre, el ministro de Economía provincial, Alejandro Barrozo, se reunió en Ushuaia con representantes de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. Según el municipio riograndense, el encuentro terminó sin un cronograma para cancelar los pagos pendientes. El miércoles, la presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, sostuvo que la demora "profundiza las restricciones financieras del Municipio y condiciona nuestra capacidad de respuesta". 
 

El antecedente de Jorge Colazo y los reclamos de Melella como intendente

En su presentación, Muzón citó el caso de Jorge Colazo, destituido como gobernador de Tierra del Fuego en 2005 tras un juicio político. Entre los cargos que se discutieron en aquel proceso figuraba la retención de fondos coparticipables que correspondían a Río Grande. 

El denunciante también recordó que Melella había reclamado al gobierno provincial por demoras en el envío de esos recursos cuando era intendente de Río Grande. La disputa por los giros vuelve ahora a enfrentar al municipio con la Provincia, con Melella al frente del Ejecutivo fueguino.
 

Qué debe resolver la Legislatura sobre el juicio político a Melella

La Constitución de Tierra del Fuego permite que cualquier persona en pleno ejercicio de sus derechos presente una denuncia de juicio político. El procedimiento prevé que una comisión investigadora examine los hechos y que la Sala Acusadora decida, con el voto de dos tercios de la totalidad de sus integrantes, si corresponde llevar al gobernador a juicio.

Si la Sala Acusadora reúne esa mayoría, Melella quedaría suspendido en sus funciones mientras la Sala Juzgadora tramita el caso. La primera decisión legislativa pendiente es el tratamiento de la presentación de Muzón. 

La Provincia todavía no pudo determinar qué ocurrió con las colecciones del Museo Histórico y Arqueológico Gobernador Eugenio Tello después del incendio que destruyó un depósito de Guardatodo, en el Parque Industrial de Viedma. El secretario de Cultura de Río Negro, Martín Fraile, confirmó que no recibieron información del prestador que tenía a cargo la guarda de los bienes y que, ante ese silencio, solicitó la intervención del Ministerio Público Fiscal.

“Nosotros no hemos recibido un informe por parte del prestador que hacía la guarda del patrimonio del Tello. Me presenté ante el Ministerio Público Fiscal solicitando su intervención porque no hemos recibido notificación alguna”, explicó el funcionario, en una definición que deja en evidencia la falta de comunicación entre la Provincia y la empresa responsable de custodiar piezas que, en algunos casos, tienen miles de años de antigüedad.

Qué se sabe del incendio y qué investiga la Justicia

El siniestro ocurrió durante la tarde del jueves 5 de noviembre, en un galpón ubicado en la intersección de las calles 207 y 206, dentro del Parque Industrial de Viedma. Dos dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas, pero las pérdidas materiales en el depósito fueron totales; no se registraron personas heridas en el hecho.

Fraile señaló que todavía no pueden determinar el estado de las colecciones ni establecer el alcance de las posibles pérdidas, y que para avanzar en esa evaluación deberán esperar el trabajo pericial de Bomberos y las actuaciones judiciales. Según indicó, primero deberá establecerse cómo se originó el incendio y determinar si fue intencional; a partir de los resultados de esas pericias, la investigación continuará bajo la intervención de la fiscalía correspondiente.
 

Una licitación de $71 millones para resguardar el patrimonio

En agosto de 2026, el Gobierno de Río Negro había publicado la Licitación Pública N.º 65/2026 para alquilar un inmueble en Viedma durante 12 meses, destinado justamente a la guarda, custodia y conservación de los bienes del Museo Tello, con un presupuesto estimado de $71.117.000 (unos US$45.300). El llamado, publicado en el Boletín Oficial N.º 6516 y a cargo de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, fijó el 24 de agosto como fecha de apertura de ofertas.

La Provincia recibió dos propuestas: Gestión Global Patagónica S.A.S. ofreció $50.160.000 ($4.180.000 mensuales), mientras que la oferta de Magalí Canosa, por $30.000.000 ($2.500.000 por mes), resultó la adjudicada. El pliego exigía un inmueble con al menos 250 metros cúbicos cubiertos, cerramiento, control estable de temperatura y humedad, acceso restringido, autoelevador, estanterías reforzadas, alarma, cámaras de videovigilancia, elementos de protección contra incendios y una póliza de seguro que cubriera específicamente daños por incendios, inundaciones y robos.
 

Una institución sin sede propia desde hace 16 años

El incendio reabrió un reclamo que viene de arrastre. La concejala Vanessa Cacho Devincenzi, del bloque Patria y Futuro – MDF, expresó su preocupación por la posible pérdida del patrimonio y anunció que su bloque trabaja en una presentación para pedirle explicaciones al intendente y que este, a su vez, requiera información al Gobierno provincial. “Da mucha bronca y tristeza pensar que gran parte o todo el patrimonio histórico del Museo Tello podría haberse perdido para siempre en el incendio de Guardatodo. Es inadmisible haber llegado a esta situación”, sostuvo.

La concejala también apuntó contra el prolongado derrotero institucional del museo: “Hace 16 años que el museo atraviesa cierres, traslados y promesas incumplidas. Y hoy estamos frente a la posibilidad de haber perdido parte irremplazable de nuestra historia”. El Tello, fundado en 1971 con un acervo de más de 5.000 piezas arqueológicas, históricas y paleontológicas, dejó su sede histórica en 2010 y pasó siete años cerrado antes de reabrir en 2017 en un inmueble alquilado; a fines de 2024 volvió a quedar sin espacio propio, y el proyecto para trasladarlo a la antigua Escuela N.º 1 de Varones, anunciado en diciembre de ese año, terminó descartado por evaluaciones técnicas que determinaron que el edificio no reunía las condiciones para conservar las piezas.

La Subsecretaría de Compras y Suministros de Río Negro llevó a cabo este martes, en Viedma, la apertura de sobres de la licitación para contratar vuelos privados destinados al gobernador Alberto Weretilneck. El presupuesto oficial fijado para el servicio anual del jet y la aeronave biturbohélice fue de $1.900 millones, equivalentes a unos US$1,2 millones, aunque las cuatro propuestas presentadas mostraron una gran variedad de precios según el alcance de cada servicio.

El contrato en cuestión no es menor en términos de uso: según el pliego, la Provincia busca garantizar traslados aéreos para el gobernador durante un plazo de 12 meses o hasta completar 200.000 kilómetros recorridos, lo que da la pauta de la intensidad de viajes que maneja la gestión provincial a lo largo de un año.
 

Dos módulos: un jet y un biturbohélice

El pliego establece la contratación de dos tipos de aeronaves, ambas con capacidad para al menos siete pasajeros y una antigüedad máxima de 30 años: un avión jet, que deberá prestar un servicio estimado de 150.000 kilómetros, y una aeronave biturbohélice, con un tope de 50.000 kilómetros, ambos módulos dentro del mismo plazo de un año. La suma de ambos recorridos es la que explica el total de 200.000 kilómetros previstos en el llamado.

De las cuatro empresas que se presentaron, tres apuntaron exclusivamente al módulo del jet, que por sí solo representa el 76% del presupuesto oficial, mientras que solamente una ofreció cubrir la totalidad de ambos módulos. Esa diferencia en el tipo de oferta presentada es, en los hechos, la que determinará cómo se compara cada propuesta a la hora de evaluar el servicio completo que necesita la Gobernación.
 

Cuatro empresas, ofertas dispares

Para el módulo del jet, las cotizaciones más bajas fueron las de Just Flight S.A., vinculada a la empresa Royal Class, con una oferta de $1.550 millones (unos US$987.000), y Baires Fly S.A., cuya propuesta resultó unos US$34.000 inferior a la de su competidora. Servicios Aéreos Patagónicos S.A. (Sapsa), por su parte, presentó la oferta más alta de las tres enfocadas solo en el jet, por $2.100 millones (unos US$1,3 millones).

La cuarta empresa, Aerovida S.A., fue la única que cotizó los dos módulos juntos —jet y biturbohélice— con una propuesta total de $2.285.118.000, equivalente a unos US$1,46 millones. Esa cifra supera en un 19% al presupuesto oficial de $1.900 millones fijado por la Provincia para el conjunto del servicio, lo que la convierte en la oferta más costosa de todo el proceso licitatorio, aunque también en la única que cubre ambas aeronaves exigidas por el pliego.
 

Cómo sigue el proceso de licitación

Tras la apertura de sobres, las cuatro ofertas deberán atravesar dos instancias adicionales antes de una eventual adjudicación: una evaluación técnica y otra de admisibilidad formal. Según explicó el equipo técnico de Nelson Cides, secretario general de la Gobernación, ese análisis podría demandar entre 20 y 30 días.

La revisión técnica tendrá que determinar si las aeronaves y los servicios ofrecidos por cada empresa cumplen efectivamente con las especificaciones fijadas en el pliego, a partir del análisis de la documentación presentada por las firmas. En caso de detectarse faltantes o errores subsanables en alguna de las propuestas, el proceso prevé la posibilidad de que esas empresas corrijan la documentación antes de que la Provincia avance con la adjudicación definitiva del servicio.

La Municipalidad de Viedma presentó la decimosexta edición de la Feria Municipal del Libro, que se llevará a cabo del 13 al 15 de noviembre en la Manzana Histórica, con entrada libre y gratuita. Oportunamente, el intendente Marcos Castro encabezó el anuncio junto a autoridades locales y provinciales, bajo el lema “La experiencia de habitar mundos”, y planteó la necesidad de estimular el pensamiento y la participación activa de la comunidad en un contexto marcado por los avances tecnológicos y la inteligencia artificial.

En esa línea, el jefe comunal sostuvo que el municipio viene trabajando fuertemente sobre un concepto vinculado con el “sedentarismo cognitivo”, al que describió como “la otra cara de la moneda” frente al avance de la tecnología y que, a su criterio, requiere también de estimulación cognitiva. Castro fue específico sobre el objetivo de la Feria: “Lo que buscamos es no solamente que haya más lectores, sino que también haya más escritores y derribar algunos mitos que existen respecto a la literatura, respecto a quién puede escribir y cómo puede escribir”.
 

43 presentaciones de libros y un recorrido por cinco espacios de la ciudad

La programación de este año se desplegará en cinco puntos de la ciudad: la Biblioteca Mitre, el Patio Salesiano, la capilla María Auxiliadora, la plaza seca Misiones Salesianas y el propio Concejo Deliberante. En total habrá 43 presentaciones de libros, 8 talleres, 6 espectáculos de narración, 4 espectáculos musicales, 4 charlas y 3 encuentros, además de un Café con Ciencia, un planetario abierto al público, una muestra de arte contemporáneo y una feria con más de 45 stands de exposición y venta.

Las universidades con sede en la ciudad tendrán un rol central en esta edición. En paralelo a la Feria se realizará el Congreso de Literatura, Arte y Sociedad (CORALIS), organizado por el CURZAS de la Universidad Nacional del Comahue en su décimo aniversario, y el VII Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, a cargo de la Universidad Nacional de Río Negro. También se desarrollará la tercera Jornada Regional de Profesionales de la Información, bajo el lema “Tejer memorias, construir comunidad”.

El Mismo Río presenta cinco títulos en un contexto difícil para el sector

La directora de la Editorial Municipal “El Mismo Río”, Cintia Úbeda, subrayó el trabajo anual de producción y curaduría de la editorial y reconoció las dificultades del sector: “Se sigue escribiendo y se siguen publicando libros, más allá del contexto complejo para las editoriales y para las librerías. Producir, escribir, diagramar, publicar y vender libros es un lugar difícil en este momento en nuestro país”. Para Úbeda, quienes siguen apostando a la edición hacen “un aporte fundamental para sostener la actividad cultural” y realizan “una apuesta sumamente generosa” para la cultura de la ciudad, la comarca y el país.

En esta edición, El Mismo Río presentará cinco títulos: tres surgidos de la convocatoria editorial 2026, de Romina Calderón, Pablo Tagliani y Carlos Espinosa; la antología poética “Nuevas voces de un mismo río”, con autoras y autores locales sin publicaciones impresas previas; y “Piedra libre para el monte 2”, un libro para colorear sobre flora y fauna del monte que se distribuirá de manera gratuita entre las infancias que visiten la Feria.
 

Autores invitados y el regreso de la Feria a la Manzana Histórica

Entre los invitados de esta edición figuran Cristina Rafanelli, Lorena Cid, Tamara Tenenbaum, María Marta Paz, Fabián Casas, Mariana Rizzuto, Claudio García, Ana María Destéfanis y REP, quien presentará “Charly Absoluto” y además dará un taller específico sobre cómo escribir un libro ilustrado. La programación combina autores de Viedma, la comarca, la Patagonia y otras provincias, con actividades pensadas para infancias y juventudes y cruces entre artistas nacionales y locales.

El subsecretario de Cultura, Fernando Mántaras, destacó el regreso de la Feria a la Manzana Histórica en el marco de las obras que se desarrollan en el Centro Cultural: “Volvemos a la Manzana Histórica, un lugar que se está poniendo en valor. Tenemos baños, una capilla con calefacción y un espacio que se recupera constantemente”, señaló. La Feria cuenta además con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Río Negro, la Lotería de Río Negro, el Concejo Deliberante de Viedma, ambas universidades y la Biblioteca Mitre. Castro cerró el anuncio con una definición y una convocatoria: “Estamos convencidos de que si la cultura no es popular, no es cultura”, dijo, e invitó a vecinos y visitantes a recorrer la Manzana Histórica “por más lectura, por más escritores, por más lectores”.

El proyecto Argentina LNG tiene prevista para este lunes 9 de noviembre una instancia clave: la competencia económica por la provisión de tuberías, una contratación estimada en US$2.000 millones. El consorcio integrado por YPF, la italiana Eni y XRG, vinculada a la emiratí Adnoc, busca asegurar parte de la infraestructura necesaria para transportar gas desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro. La presentación de ofertas no implicará una adjudicación automática, ya que después deberán completarse las evaluaciones correspondientes.

La magnitud de la operación trasciende la compra de materiales. La contratación pondrá en discusión cuánto espacio tendrá la fabricación argentina, qué proveedores accederán al negocio y cómo se distribuirán las oportunidades de una inversión orientada a la exportación. Para Río Negro, que ocupa un lugar estratégico como salida al mar, también aparece el desafío de convertir los anuncios en empleo, actividad económica e infraestructura para las comunidades involucradas.
 

Techint vuelve a competir y se reabre el debate industrial

La participación de Tenaris, del Grupo Techint, concentra parte de la atención por el antecedente de otra contratación vinculada al GNL. La derrota del conglomerado frente a la india Welspun en la provisión de tubos para Southern Energy derivó en cuestionamientos públicos de Javier Milei contra Paolo Rocca. Aquella disputa expuso diferencias sobre los precios de los insumos, la competencia internacional y el lugar de los proveedores nacionales en los grandes proyectos energéticos.

En esta nueva compulsa, el origen de los materiales será un dato central para medir el impacto industrial. Según la información publicada sobre el proceso, Tenaris podría abastecer los tubos de 24 pulgadas desde su planta de Valentín Alsina, mientras que los de 48 pulgadas requerirían producción en el exterior. Por eso, una eventual adjudicación a una compañía con presencia en Argentina no significa que la totalidad del suministro se fabrique en el país ni que genere el mismo efecto sobre el empleo local.
 

Una compra dividida para evitar demoras

La estrategia del consorcio contempla distribuir la provisión entre distintas empresas y tramos, con el objetivo de reducir la dependencia de un único abastecedor. Una demora en la fabricación o el transporte de los caños podría afectar el cronograma general, por lo que el reparto busca limitar ese riesgo. Al mismo tiempo, obligará a coordinar entregas, embarques y controles de calidad entre proveedores que deberán responder a las necesidades de una misma obra.

El mecanismo previsto es una subasta inversa, en la que las compañías que superan las exigencias técnicas, legales y financieras compiten mediante rondas de precios descendentes. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, impulsa este procedimiento para mejorar las condiciones económicas de las contrataciones. El resultado deberá evaluarse tanto por el precio obtenido como por la capacidad de las adjudicatarias para cumplir con la calidad y los plazos comprometidos.
 

Qué puede quedar en Río Negro del negocio exportador

La salida por el Golfo San Matías abre oportunidades para la construcción, el transporte, los servicios y la actividad portuaria, pero también plantea nuevas exigencias sobre las localidades rionegrinas. Para la gestión de Alberto Weretilneck, el desafío será precisar qué participación tendrán las empresas regionales, cómo se preparará a los trabajadores y qué infraestructura acompañará el desarrollo. Los puestos temporales del montaje y los empleos permanentes de la operación deberán distinguirse para dimensionar el alcance real del proyecto.

La decisión final de inversión aparece como el próximo hito previsto hacia fines de noviembre, aunque todavía quedan acuerdos y condiciones de financiamiento por cerrar. La compra de tuberías representa un avance, pero no garantiza por sí sola el cumplimiento del calendario. Tampoco las futuras exportaciones equivalen automáticamente a ingresos para el presupuesto provincial: el beneficio para Río Negro deberá medirse en contrataciones, salarios, compras locales, recursos fiscales y obras concretas que permanezcan en el territorio.

El crecimiento de los barrios populares coloca a Río Negro y Neuquén frente a un problema que atraviesa sus principales centros urbanos: las dificultades para acceder a terrenos, viviendas y servicios básicos. Un relevamiento de la Fundación Tejido Urbano señala que, entre 2016 y 2025, la superficie ocupada por estos barrios aumentó un 35,8% en la Patagonia, por encima del 18,2% registrado en el conjunto de los 34 aglomerados urbanos argentinos analizados.

Dentro de ese escenario sobresalen dos casos que involucran al territorio rionegrino. En Viedma-Carmen de Patagones, la superficie de los barrios populares creció un 112%, mientras que el aglomerado Neuquén-Cipolletti concentró aproximadamente la mitad del incremento territorial registrado en toda la región patagónica. Los resultados exponen la dimensión del desafío habitacional, aunque no permiten calcular por sí solos cómo varió la cantidad de personas en situación de pobreza.
 

Viedma y Patagones registraron una expansión del 112%

El aumento del 112% en Viedma-Carmen de Patagones significa que la superficie ocupada por los barrios populares más que se duplicó respecto de su extensión inicial. El dato corresponde al aglomerado que integran ambas ciudades y no permite atribuir todo ese crecimiento a la capital rionegrina. Aun con esa precisión, ubica a la comarca entre los casos destacados del relevamiento y pone bajo análisis las respuestas estatales frente a la demanda de suelo urbano.

La expansión abre una discusión que compromete a los municipios y a las administraciones provinciales: cómo acompañar el crecimiento de las ciudades con terrenos accesibles, infraestructura y alternativas habitacionales. Cuando el acceso al mercado formal resulta insuficiente, las dificultades se acumulan en sectores donde la regularización de la tenencia y la conexión a los servicios básicos siguen pendientes. El porcentaje describe esa transformación territorial, aunque no identifica por sí mismo las causas particulares de cada asentamiento.
 

Neuquén y Cipolletti concentran el avance regional

En el aglomerado Neuquén-Cipolletti, los barrios populares ya representan el 11% de la superficie urbana. Además, el área concentró aproximadamente la mitad del crecimiento registrado en la Patagonia durante los nueve años estudiados. Su peso regional convierte al acceso a la vivienda y a la integración urbana en un asunto central para dos ciudades que comparten una dinámica metropolitana, aunque pertenecen a provincias diferentes.

Ese escenario convive con el desarrollo energético de Vaca Muerta y con las expectativas de inversión y empleo que genera la actividad hidrocarburífera. El contraste plantea una pregunta sobre la distribución de los beneficios del crecimiento: de qué manera la expansión económica se traduce en posibilidades concretas de acceder a una vivienda y a servicios. El relevamiento no establece que la actividad petrolera haya causado el avance de los asentamientos, pero muestra que el dinamismo productivo coexiste con un déficit habitacional persistente.

La dimensión compartida del problema también exige coordinación entre Río Negro y Neuquén. El acceso al suelo, el transporte y las redes de infraestructura forman parte de una realidad urbana que supera los límites administrativos. Por eso, los datos del aglomerado deben leerse como una advertencia para ambos gobiernos provinciales y para los municipios involucrados, sin adjudicar a una sola ciudad cifras que corresponden al conjunto.
 

Una deuda habitacional que atraviesa distintas gestiones

En los 34 aglomerados relevados, la superficie de los barrios populares pasó de 314 a 371 kilómetros cuadrados entre 2016 y 2025: una expansión de 57 kilómetros cuadrados. La Patagonia creció proporcionalmente más que el promedio de ese universo. Sin embargo, los resultados destacados de Viedma-Patagones y Neuquén-Cipolletti no equivalen a una medición de todo Río Negro o de toda la provincia de Neuquén, sino que describen situaciones específicas dentro de esos territorios.

El período comprende distintas administraciones nacionales, provinciales y municipales, por lo que el resultado acumulado no puede atribuirse exclusivamente a una gestión. Para Río Negro y Neuquén, el desafío consiste en dar respuesta a una demanda que ya tiene expresión territorial: barrios que se expanden y necesitan obras, regularización y servicios. La discusión excede la construcción de viviendas e incluye las condiciones en las que las familias pueden incorporarse a la ciudad.

La Fundación Tejido Urbano comparó imágenes satelitales de 2016 y 2025 y utilizó como referencia los polígonos del Registro Nacional de Barrios Populares de 2023. El análisis incluyó más de 7.500 polígonos y detectó también situaciones de estabilidad y reducción de superficie. El saldo general fue expansivo y, en los casos de Río Negro y Neuquén señalados por el estudio, deja planteada una exigencia concreta: que las políticas de suelo, vivienda e infraestructura acompañen el crecimiento urbano.

El deterioro de los ingresos previsionales afecta a miles de hogares de Río Negro. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos oficiales a septiembre de 2026, la pérdida acumulada estimada entre quienes cobran una jubilación mínima con bono o menos alcanzó aproximadamente los $161.886 millones en la provincia.

Río Negro cuenta con 121.812 personas jubiladas, equivalentes al 16,2% de su población, y 88.572 beneficiarias del PAMI. El estudio analizó el impacto del congelamiento del bono extraordinario y la evolución del poder adquisitivo de los haberes, además de señalar las consecuencias de la discontinuidad del reintegro del IVA.
 

Ajuste previsional en Río Negro: más de 60 mil personas afectadas

Para calcular el alcance provincial, el CEPA tomó la proporción nacional de jubilaciones mínimas, que representa el 49,74% del total, y la aplicó sobre la cantidad de personas jubiladas de Río Negro. Así, estimó que 60.587 perciben una jubilación mínima con bono o un ingreso inferior.

Según el informe, la pérdida acumulada por jubilación entre abril de 2024 y septiembre de 2026 fue de $2.671.956. Al trasladar ese cálculo al universo provincial estimado, el organismo determinó una merma conjunta cercana a los $161.886 millones durante el período.
 

Jubilación mínima: el bono de $70.000 sigue congelado

El bono extraordinario previsional permanece congelado en un máximo de $70.000 desde marzo de 2024. La ausencia de actualizaciones reduce progresivamente su valor frente a la inflación y afecta especialmente a quienes dependen de ese complemento para afrontar sus gastos cotidianos.

El CEPA utilizó el Índice de Precios al Consumidor de la región Patagonia del INDEC para medir esa evolución. El promedio de la jubilación mínima con bono entre julio y septiembre de 2026 se ubicó un 18,9% por debajo del promedio de septiembre a noviembre de 2023. Sin considerar el bono, la caída real del haber fue del 1,1%.
 

El fin del reintegro del IVA golpea el consumo de los jubilados

El informe también señaló que la discontinuidad del reintegro del IVA eliminó una herramienta de alivio para los hogares de menores ingresos. Ese mecanismo permitía recuperar parte del dinero destinado al consumo y complementaba los recursos disponibles para las compras habituales.

Como referencia del alcance nacional, el CEPA indicó que 5.079.954 jubilados y pensionados percibían hasta tres haberes mínimos a septiembre de 2026, equivalentes al 84,96% del total consignado en el estudio. En Río Negro, la combinación del bono congelado y la pérdida de mecanismos de reintegro profundiza las dificultades de quienes cuentan con ingresos previsionales más bajos.

El bloque Cambia Río Negro presentó un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial que rechazó el mandamiento de ejecución que el espacio había promovido para garantizar su funcionamiento pleno dentro de la Legislatura rionegrina. El recurso fue presentado por los cinco integrantes del bloque —Patricia McKidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti— e ingresó ante el propio STJ, al que le pidieron que lo conceda y eleve las actuaciones al máximo tribunal nacional.

El planteo apunta contra un fallo del STJ del 14 de octubre de 2026 que, según describe el propio bloque, reconoció la legitimación de los legisladores y la afectación de su derecho de función, pero aun así rechazó la acción judicial y convalidó las restricciones que, a criterio de Cambia Río Negro, limitan su actividad parlamentaria dentro de la Legislatura.
 

Los argumentos del bloque: arbitrariedad y límites a la función legislativa

Entre los argumentos centrales del recurso, Cambia Río Negro sostiene que la sentencia del STJ incurre en arbitrariedad judicial al reducir la función legislativa a la sola asistencia al recinto y la emisión del voto, sin reconocer el derecho de sus integrantes a participar en las reuniones de Labor Parlamentaria y en las comisiones de la Legislatura. El bloque también plantea una afectación del principio republicano y de la soberanía popular derivada de la suspensión de la Resolución N.º 460/2025, que había reconocido formalmente su conformación como bloque.

A esos planteos se suma otro agravio vinculado con lo que el espacio opositor describe como una vulneración de la buena fe constitucional, a partir de la reiteración de mecanismos de Juntos Somos Río Negro que, según sostienen, desconocen límites fijados por la Constitución provincial. El recurso incorpora además cuestionamientos por un supuesto trato desigual respecto de otros espacios políticos y advierte sobre la gravedad institucional de la situación, al considerar comprometidos los derechos de las minorías, el pluralismo político y la división de poderes.
 

El antecedente de Weretilneck y la lectura de McKidd

La presidenta del bloque, Patricia McKidd, vinculó la presentación con un antecedente de la Corte Suprema de 2019, cuando el máximo tribunal declaró inhabilitada la candidatura de Alberto Weretilneck para una nueva reelección. “Ese fallo dejó en claro que nadie está por encima de la Constitución. Hoy volvemos a discutir algo esencial: el respeto por las instituciones y los límites al poder”, expresó la legisladora.

McKidd sostuvo que el reclamo no apunta a defender una prerrogativa de los cinco integrantes del espacio, sino a garantizar la representación política de quienes los eligieron, y afirmó que Cambia Río Negro representa el voto de más de 86.000 rionegrinos. En esa línea, reclamó que se respete el derecho de la oposición a desarrollar plenamente su tarea parlamentaria: “Ninguna mayoría circunstancial puede estar por encima de la Constitución”, agregó.
 

Qué pide el bloque a la Corte Suprema

A través del recurso, Cambia Río Negro solicita específicamente que la Corte Suprema revoque la sentencia del STJ y ordene el cumplimiento inmediato e íntegro de la Resolución N.º 460/2025, la norma que había reconocido formalmente la conformación del bloque dentro de la Legislatura. Es decir, no se trata solo de un pedido de revisión judicial sino de una exigencia concreta de restitución de las condiciones de funcionamiento que, según el espacio, le fueron restringidas.

Desde Cambia Río Negro remarcaron que la discusión excede la situación interna de un bloque legislativo puntual y compromete las condiciones de funcionamiento de la representación opositora dentro del Parlamento provincial. “La democracia no se agota en ganar una elección. También exige respetar a quienes piensan distinto, garantizar la representación de las minorías y poner límites al poder. La Constitución no puede quedar sometida a la voluntad de una mayoría circunstancial”, señalaron desde el bloque.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, envió a la Legislatura un proyecto para reformar el Código Fiscal provincial de cara a 2027. La iniciativa modifica nueve artículos de la ley 2680 e incluye cambios en el régimen de sanciones, el impuesto inmobiliario, Ingresos Brutos, Sellos y las tasas por servicios administrativos. Las modificaciones deberán ser debatidas y aprobadas por los diputados provinciales para entrar en vigencia.

Entre los principales puntos, el Ejecutivo propone ampliar los beneficios para los contribuyentes que mantienen sus obligaciones al día y facilitar la regularización de deudas tributarias. También incorpora exenciones para determinadas operaciones de financiamiento y ajustes en el tratamiento de inmuebles estatales. El argumento oficial es favorecer el cumplimiento voluntario y el ingreso efectivo de recursos, frente a sanciones que pueden dificultar el pago.
 

Impuesto inmobiliario en Neuquén y bonificaciones de hasta el 25%

Uno de los cambios centrales consiste en elevar del 10% al 25% el límite de las bonificaciones especiales que el Poder Ejecutivo puede otorgar sobre el impuesto inmobiliario. La propuesta amplía así el margen disponible para reconocer a los contribuyentes cumplidores, aunque no implica que ese descuento se aplique automáticamente a todos los casos. En paralelo, se plantea eliminar restricciones del régimen de multas que actualmente limitan el acceso a reducciones para quienes buscan regularizar sus deudas.

El proyecto también revisa las exenciones del inmobiliario para propiedades estatales. El beneficio se mantendría cuando los inmuebles sean utilizados por el propio Estado para cumplir funciones públicas, incluso si allí se desarrollan actividades comerciales o industriales, pero no cuando sean cedidos a terceros para su explotación económica. Además, reemplaza la expresión “personas indigentes” por “personas en situación de vulnerabilidad social”, sin modificar los requisitos de informe socioeconómico, vivienda única y destino habitacional exigidos para acceder a esa exención.
 

Ingresos Brutos y cambios en las exenciones tributarias

En Ingresos Brutos, la iniciativa propone que los honorarios de directores, síndicos y consejos de vigilancia pasen del apartado de ingresos no gravados al de ingresos exentos. Según la fundamentación oficial, la modificación busca ordenar su encuadre dentro del Código Fiscal ante los cambios en los mecanismos de facturación impulsados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

También se incorpora una exención para los intereses y rendimientos financieros que generen los recursos destinados a los Fondos de Asistencia Laboral creados por la ley nacional 27.802. El beneficio quedaría limitado a los fondos afectados a ese régimen y no alcanzaría a las comisiones ni a los honorarios cobrados por las entidades administradoras, una distinción que delimita el alcance de la propuesta tributaria.
 

Impuesto de Sellos y beneficios para créditos en Neuquén

En materia de Sellos, el proyecto incorpora una exención para préstamos personales y contratos de mutuo, crédito y microcrédito otorgados por las entidades y los medios contemplados en la norma, siempre que el destinatario tenga domicilio o residencia en Neuquén. El alcance incluye operaciones tradicionales y las realizadas mediante plataformas digitales, billeteras virtuales e intermediarios tecnológicos. Para los contratos de leasing, además, precisa cómo calcular la base imponible durante el pago de los cánones y al ejercer la opción de compra, y permite computar lo abonado como pago a cuenta para evitar superposiciones.

Por último, la reforma modifica la exención de la tasa administrativa que corresponde a los pedidos de devolución de impuestos. Actualmente, ese beneficio depende de que la solicitud tenga una resolución favorable; la propuesta elimina esa condición para que no quede sujeto al resultado del trámite. Con estos cambios, el Ejecutivo busca actualizar distintos procedimientos tributarios y reducir costos en operaciones específicas, mientras la Legislatura deberá definir el alcance final del nuevo esquema fiscal.

Los mercados argentinos comenzaron noviembre con una nueva jornada negativa, que extendió las pérdidas registradas durante el cierre de octubre. El lunes 2, las acciones y los bonos soberanos volvieron a retroceder, mientras el riesgo país alcanzó los 808 puntos básicos, su nivel más elevado de los últimos doce meses. La primera rueda del mes terminó sin señales de recuperación para los principales activos nacionales.

En paralelo, el dólar oficial aumentó cinco pesos y cerró a $1.565 para la venta en el Banco Nación, con una variación del 0,3% respecto de la jornada anterior. El movimiento llevó a la divisa estadounidense a un nuevo máximo nominal y completó una rueda desfavorable para el mercado argentino, que volvió a combinar presión cambiaria con bajas en los títulos públicos y en las empresas que cotizan en bolsa.
 

El riesgo país superó los 800 puntos y marcó un máximo anual

El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 20 unidades durante la jornada y terminó en 808 puntos básicos, su mayor registro desde el 24 de octubre de 2025. La suba acompañó un nuevo retroceso de los bonos soberanos y dejó al riesgo país por encima de una barrera que volvió a concentrar la atención del mercado, después de varias jornadas de deterioro en las cotizaciones de la deuda argentina.

El resultado prolongó el escenario adverso que había marcado la última semana de octubre y confirmó que el cambio de mes no alcanzó para modificar la tendencia. Los títulos públicos volvieron a perder valor y el riesgo soberano cerró en niveles que no se observaban desde hacía un año, consolidando otro balance negativo para los activos financieros nacionales.
 

Las acciones argentinas acumularon seis ruedas consecutivas de caídas

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street volvieron a cerrar con pérdidas, en una jornada que mantuvo el tono negativo de las operaciones anteriores. El mercado bursátil nacional acumuló así su sexta rueda consecutiva de retrocesos, una secuencia que profundizó la desvalorización de las compañías argentinas y dejó atrás otro intento de recuperación tras el cierre desfavorable de octubre.

Los bonos soberanos en dólares también terminaron en baja, con una caída promedio del 1,2% entre los Bonares y los Globales. El retroceso alcanzó tanto a los títulos emitidos bajo legislación argentina como a los regidos por legislación extranjera, por lo que las pérdidas se extendieron entre las principales referencias de la deuda nacional que se negocian en el exterior.
 

El dólar oficial cerró a $1.565 y extendió la tensión cambiaria

En las ventanillas del Banco Nación, el dólar oficial minorista terminó a $1.565 para la venta, cinco pesos por encima del cierre previo. Aunque la variación porcentual de la jornada fue moderada, el incremento volvió a elevar el máximo nominal de la cotización y sumó otro movimiento alcista a una rueda en la que los principales indicadores financieros argentinos mostraron resultados negativos.

El comienzo de noviembre dejó, de esta manera, un panorama similar al que había dominado las últimas operaciones de octubre. La combinación de un dólar más alto, bonos en retroceso y seis jornadas consecutivas de pérdidas bursátiles mantuvo la presión sobre los activos argentinos, mientras el riesgo país terminó de consolidar su escalada hasta el nivel más elevado de los últimos doce meses.

El grupo italiano Benetton vendió sus activos agropecuarios en la Argentina y cerró una etapa de 35 años en el negocio rural del país. La operación comprende más de 900.000 hectáreas distribuidas entre Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Buenos Aires, junto con establecimientos ganaderos, explotaciones forestales e instalaciones industriales.

Los compradores son un grupo de accionistas y directivos de Adecoagro encabezado por Mariano Bosch. La adquisición se realizó a título personal, por lo que Adecoagro no participa como empresa en la transacción. El acuerdo incluye a la Compañía de Tierras Sud Argentino (CTSA) y Ganadera Cóndor, mientras que Agustín Dranovsky continuará al frente de la conducción operativa de CTSA.
 

La venta de Benetton concentra sus tierras en la Patagonia

Según los datos de la compañía, el 60% de las hectáreas se encuentra en Santa Cruz, el 33% en Chubut, el 5% en Río Negro y el 2% restante en Buenos Aires. Esa distribución refleja el peso de la Patagonia dentro del patrimonio rural que el grupo italiano transfirió a los nuevos propietarios.

La actividad de CTSA se concentra en la ganadería ovina y bovina y en la producción de lana. Sus establecimientos cuentan con alrededor de 260.000 ovejas y 22.000 vacunos, con presencia en la zona cordillerana entre Esquel y Bariloche, en campos santacruceños y en el partido bonaerense de Balcarce.
 

Producción de lana, agricultura y frigoríficos incluidos en la operación

La compañía produce cerca de un millón de kilos de lana por año y también desarrolla actividades agrícolas. Cuenta con unas 7.500 hectáreas destinadas a cultivos como maíz, trigo, soja y girasol, además de superficies utilizadas para producir forraje y sostener la alimentación del ganado.

El conjunto de activos incluye unas 10.000 hectáreas forestadas, principalmente con pinos, y una estructura industrial propia. Entre esas instalaciones se encuentra el frigorífico Faimali, con dos plantas de procesamiento de cordero y liebre en Río Gallegos y una capacidad informada de faena de aproximadamente 2.500 animales diarios.
 

Benetton cierra una etapa de 35 años en el campo argentino

La historia de CTSA se remonta a 1889, cuando fue fundada con capitales británicos bajo el nombre The Argentine Southern Land Company. Después pasó a manos de empresarios argentinos y, en 1991, fue adquirida en su totalidad por Benetton, que la incorporó a su conglomerado familiar Edizione.

Durante la gestión del grupo italiano, la producción lanera de sus establecimientos patagónicos estuvo vinculada al abastecimiento de su negocio textil, identificado con la marca United Colors of Benetton. Con la transferencia de ambas compañías, el holding deja la explotación agropecuaria argentina y los nuevos propietarios asumen la conducción de un negocio con actividades ganaderas, agrícolas, forestales e industriales.

YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar el proyecto Bajo del Toro, en el norte de Vaca Muerta. La iniciativa contempla una inversión estimada de US$8.729 millones durante toda su vida útil y apunta a ampliar la producción de petróleo no convencional.

El proyecto comprende las áreas Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte, cuya titularidad corresponde a YPF, con una participación del 65%, y Vista Energy Argentina, con el 35% restante. La operación está a cargo de la petrolera estatal.

La propuesta incluye un desarrollo de largo plazo, con la perforación prevista de 440 pozos y la construcción de infraestructura para el tratamiento y la evacuación de petróleo y gas.

Una producción proyectada de 80.000 barriles diarios

De acuerdo con las estimaciones difundidas por la compañía, el proyecto podría alcanzar una producción de aproximadamente 80.000 barriles de petróleo por día y 3 millones de metros cúbicos diarios de gas asociado.

Ese nivel de producción se proyecta para el período comprendido entre 2033 y 2040. La iniciativa también estima exportaciones acumuladas por alrededor de US$25.000 millones entre 2027 y 2055.
 

El impacto esperado en empleo e infraestructura

El desarrollo contempla la construcción de instalaciones necesarias para procesar y evacuar la producción de crudo y gas. Se trata de obras clave para sostener el crecimiento de la actividad y conectar los nuevos volúmenes con los sistemas de transporte.

En materia laboral, YPF calcula que el proyecto generará alrededor de 2.900 puestos de trabajo directos durante las etapas de construcción y producción.

La presentación al RIGI constituye el primer paso para acceder a los beneficios del régimen. La magnitud de la inversión y los plazos previstos ubican a Bajo del Toro entre los desarrollos de largo alcance proyectados para Vaca Muerta.

El Gobierno de Alberto Weretilneck abrió una licitación pública por $1.913.592.250 para contratar vuelos privados destinados al traslado del gobernador y de las personas que él autorice. El servicio tendrá una duración de hasta doce meses o 200.000 kilómetros recorridos, según cuál de las dos condiciones se cumpla primero. La apertura de ofertas está prevista para el 10 de noviembre.

La cifra vuelve a poner sobre la mesa una discusión que excede la logística de los viajes oficiales: qué prioridades establece el Gobierno cuando asigna los recursos públicos. Mientras hospitales enfrentan dificultades, las escuelas arrastran necesidades edilicias y distintos sectores reclaman respuestas, la Provincia reserva casi $1.914 millones para garantizar traslados aéreos privados del mandatario.

No se trata de un gasto ya ejecutado ni de una adjudicación concretada, sino del presupuesto oficial previsto para la contratación. Sin embargo, la decisión política de avanzar con ese servicio y el volumen de recursos comprometidos abren interrogantes sobre la oportunidad y la necesidad de semejante erogación.

Casi $1.914 millones para garantizar los viajes del gobernador

La convocatoria corresponde a la Licitación Pública 96/2026 y fue tramitada por la Subsecretaría de Compras y Suministros, dependiente del Ministerio de Hacienda, con intervención de la Secretaría General de la Gobernación. El contrato será exclusivo para Weretilneck y las personas que designe, sin rutas ni frecuencias previamente establecidas.

El pliego exige que las empresas dispongan de dos aeronaves: un avión jet y otro biturbohélice, ambos con capacidad para al menos siete pasajeros y una antigüedad máxima de 30 años. La combinación permitiría operar tanto en aeropuertos convencionales como en pistas cortas o no pavimentadas de localidades como San Antonio Oeste, Choele Choel, Ingeniero Jacobacci y El Bolsón.

Desde el Gobierno justificaron la contratación por las distancias entre las localidades rionegrinas, las necesidades de la agenda oficial y la seguridad del mandatario. El secretario general de la Gobernación, Nelson Cides, señaló que hasta ahora Weretilneck realizaba sus traslados por vía terrestre o mediante vuelos comerciales. También reconoció que la contratación no se había impulsado anteriormente porque la Provincia atravesaba una etapa en la que debía equilibrar el gasto.
 

La austeridad, frente a las prioridades del gasto público

La explicación oficial vuelve inevitable una pregunta: ¿por qué el Estado puede comprometer casi $1.914 millones para vuelos privados mientras persisten necesidades básicas en distintas áreas de la administración provincial? La discusión no pasa solamente por la disponibilidad presupuestaria, sino por las decisiones que toma el Ejecutivo al definir qué gastos considera prioritarios.

La contratación se produce en un contexto de reclamos por el funcionamiento del sistema de salud, las condiciones de los establecimientos educativos, la infraestructura y los servicios públicos. Frente a esas demandas, la decisión de garantizar durante un año una flota aérea privada para el gobernador expone una contradicción política que difícilmente pueda resolverse con argumentos vinculados exclusivamente a la comodidad o la organización de la agenda oficial.

Además, el monto licitado es un techo presupuestario y no necesariamente el desembolso final. La Provincia deberá evaluar las ofertas y el costo efectivo dependerá de los servicios contratados y de los traslados realizados. Pero incluso antes de conocer la adjudicación, la magnitud de la previsión ya instala el debate sobre el destino de los recursos de todos los rionegrinos.
 

El antecedente de los vuelos privados y la venta del avión provincial

La nueva licitación también tiene un antecedente reciente. En julio, el Gobierno contrató un vuelo privado por $35.785.000 para trasladar a Weretilneck a Catamarca, donde participó de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y desarrolló actividades institucionales. El gasto generó cuestionamientos de dirigentes opositores, que contrastaron el costo del viaje con las dificultades que atraviesan los servicios públicos.

La decisión actual también llega después de la venta del avión Cessna Citation V Ultra que pertenecía a la Provincia. La operación se concretó en enero de 2025, luego de que el Gobierno argumentara que los costos de mantenimiento y funcionamiento hacían inconveniente conservar la aeronave. Como parte del acuerdo, el pago se estableció mediante servicios aéreos destinados a Salud Pública, Ipross y Horizonte Seguros.

Ahora, en lugar de recuperar una aeronave propia, el Ejecutivo busca contratar un servicio privado por un período de hasta doce meses. La apertura de ofertas será el 10 de noviembre y permitirá conocer cuánto están dispuestas a cobrar las empresas por los traslados.

La discusión de fondo, sin embargo, ya está planteada: en una provincia donde se acumulan reclamos por prestaciones esenciales y necesidades de infraestructura, el Gobierno decidió avanzar con una contratación millonaria para garantizar la movilidad aérea del gobernador. La pregunta sobre las prioridades del gasto público queda abierta.

A dos días de las elecciones constituyentes de Bariloche, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció una inversión estimada en $1.400 millones destinada a los estudios para desarrollar un sistema regional de gestión de residuos que incluya al vertedero de Bariloche. La presentación se realizó a dos días de las elecciones de convencionales constituyentes, junto al intendente Walter Cortés, con quien comparte el respaldo a la alianza Estamos Haciendo Bariloche.

Durante el encuentro, el mandatario entregó al jefe comunal una carta de la Agencia Francesa de Desarrollo que declaró elegible el financiamiento de los estudios necesarios para diseñar el proyecto. El avance corresponde a una instancia de planificación y no implica que se encuentre asegurada la totalidad de los recursos para construir la infraestructura.
 

Vertedero de Bariloche y financiamiento para los estudios

“Después de 30 años de promesas, de mentiras, de ideas que nunca se cumplieron, hoy vamos a dar una solución definitiva”, sostuvo Weretilneck. La declaración ubicó al anuncio como una respuesta a un problema ambiental que atraviesa a Bariloche desde hace décadas, aunque su concreción dependerá de las etapas técnicas y financieras que todavía deben completarse.

Los estudios deberán establecer las características del nuevo sistema, las instalaciones necesarias y las alternativas para la disposición final de los residuos. Entre los puntos pendientes se encuentran la localización del sitio definitivo y el presupuesto de las obras, aspectos centrales para determinar los plazos y el alcance de la intervención.
 

Weretilneck y Cortés comparten lista en las elecciones de Bariloche

La presentación tuvo lugar en el tramo final de la campaña para las elecciones del domingo 1 de noviembre. Los espacios políticos de Weretilneck y Cortés integran Estamos Haciendo Bariloche, la alianza que reúne a los oficialismos provincial y municipal para competir por las bancas de convencionales encargados de reformar la Carta Orgánica.

En ese contexto, el anuncio permitió a ambos mandatarios mostrar una agenda de trabajo conjunta sobre uno de los principales reclamos de la ciudad. Cortés destacó las celdas sanitarias y las tareas de separación de residuos impulsadas por el municipio, mientras que la presentación se sumó a otros compromisos provinciales recientes, como la finalización de 155 viviendas del Procrear e intervenciones en servicios.
 

El proyecto regional de residuos y las obras pendientes

La iniciativa comprende también a Dina Huapi, Pilcaniyeu y Comallo, con una planificación que abarcará la recolección, la separación, el tratamiento y la disposición final. El enfoque regional busca coordinar la gestión de los residuos entre las localidades involucradas, aunque las soluciones específicas deberán surgir de los estudios.

La Provincia deberá gestionar el financiamiento para ejecutar la infraestructura que resulte del proyecto. Por ese motivo, los $1.400 millones anunciados para la instancia de estudios deben distinguirse de la inversión que demandarán las obras. La respuesta al problema del vertedero dependerá de que esa planificación se traduzca en recursos, plazos de ejecución y resultados verificables.

La Feria del Libro 2026 de General Roca llega a su octava edición con cuatro días de actividades gratuitas para todas las edades, del jueves 1 al domingo 4 de octubre. Organizada por el Municipio de Roca, este año se presenta bajo la consigna “Leer entre bardas” y vuelve a convertir al Predio Ferial Municipal, en calle Cerro Tronador 260, en el epicentro cultural de la región durante todo un fin de semana largo.

La propuesta combina charlas, presentaciones de libros, talleres y un recorrido permanente por los stands desplegados en el predio, con horarios que varían según la jornada: el jueves y el viernes el predio abre de 9 a 23, el sábado de 10 a 23 y el domingo de 14 a 23. La grilla se reparte entre tres espacios simultáneos —el Auditorio “Jorge Luis Borges” y las carpas “Juan Raúl Rithner” y “Paola Kaufmann”—, lo que multiplica la cantidad de propuestas disponibles en cada franja horaria.

 

Cuatro días de autores nacionales en el escenario central

El Auditorio Jorge Luis Borges concentra buena parte de las figuras de alcance nacional que pasarán por la Feria. El jueves, la apertura oficial a las 14 da lugar a un espectáculo musical para las infancias de Luis Pescetti y, por la noche, a la presentación de “La extranjera”, de Gonzalo Heredia. El viernes es el turno de María O’Donnell, que presenta “Montoneros, una historia visual”, mientras que Lala Pasquinelli expone sus libros sobre feminidad y maternidad.

El fin de semana cierra con dos de los nombres más convocantes de la grilla: el sábado, Pedro Saborido presenta “Una historia de la felicidad”, y el domingo, Hernán Casciari sube al escenario con su recital literario “Puro Cuento”. Entre uno y otro, el sábado también hay espacio para la escritora Viviana Rivero, que presenta dos títulos propios, en una programación que intercala a autores de proyección nacional con cierres musicales y de espectáculo en el mismo auditorio.
 

Talleres con cupo completo para chicos y grandes

Las carpas Juan Raúl Rithner y Paola Kaufmann concentran la mayor parte de los talleres, pensados tanto para chicos como para adultos, y buena parte de ellos ya figura con el cupo completo antes incluso de que arranque la Feria. La oferta incluye desde talleres de iniciación a la escritura y la poesía hasta propuestas más específicas como introducción al podcast, creación de personajes para historieta, musicoterapia para personas con discapacidad y arteterapia.

Esa variedad temática muestra una apuesta de la organización por ir más allá de la presentación de libros tradicional: hay talleres de ilustración, de producción de audiolibros y de escritura de historias para contar con la voz, entre otros. El alto nivel de inscripción anticipado en la mayoría de estas actividades —marcadas como “cupo completo” desde antes del inicio del evento— refleja el interés que generó la convocatoria entre familias y grupos escolares de la región.
 

Una vidriera para autores y editoriales locales

Más allá de los nombres de proyección nacional, la Feria del Libro de Roca funciona también como vidriera para la producción literaria local y regional. A lo largo de los cuatro días se presentan títulos de autores de la zona como Francisco Galeano, Cobi Zucchini, Hedy Bernardini, Natalia Corbould, Anahí Almuna y Matías Stiep, entre muchos otros, con historias que van del relato patagónico al policial y la narrativa de terror.

El sábado, además, el Fondo Editorial Municipal presenta dos producciones propias: la antología de literatura infantil y juvenil “Una bandada de peces” y la entrega de los premios Quiero Decir 2025, un concurso de cuentos, microrrelatos y poesía para adolescentes. Ambas iniciativas confirman que la Feria no solo trae autores de otros puntos del país, sino que también funciona como plataforma de lanzamiento para la escritura que se produce en el propio Alto Valle.

El gobierno de Rolando Figueroa presentó el proyecto de Presupuesto 2027 de Neuquén, con ingresos previstos por $11,4 billones y erogaciones cercanas a los $11,1 billones. Las proyecciones oficiales arrojan un superávit de $234.000 millones y vuelven a ubicar a la actividad hidrocarburífera como uno de los pilares de las cuentas provinciales.

El proyecto también plantea una inversión real directa de alrededor de $1,7 billones para obras públicas, en un esquema que busca sostener la infraestructura mientras crecen los recursos vinculados con Vaca Muerta. Sin embargo, los números exponen una doble dependencia: de las regalías para financiar el Estado y de una masa salarial que concentra la mayor parte del gasto.
 

Regalías: el motor de los ingresos neuquinos

El Ejecutivo estima que las regalías petroleras, gasíferas e hidroeléctricas aportarán unos $5,2 billones durante 2027, cerca del 45% de los recursos totales. La previsión refleja el peso que adquirió la actividad energética en las finanzas de Neuquén y la influencia que tendrán la producción y los precios de los hidrocarburos sobre el resultado fiscal.

En comparación con este año, el Gobierno proyecta un crecimiento del 51% en los ingresos provinciales. Las regalías tendrían una suba del 73%, de acuerdo con las estimaciones oficiales, que contemplan un barril de petróleo a US$ 68 y un precio del gas de US$ 3,2 por millón de BTU.

Las proyecciones productivas también apuntan hacia arriba. Neuquén calcula un promedio de 806.278 barriles diarios de petróleo, un 23,4% más que en 2026, y una extracción de gas de 105,3 millones de metros cúbicos por día, con un incremento estimado del 3,3%. El cumplimiento de esas previsiones será determinante para sostener los recursos presupuestados.
 

Obras públicas frente al peso de los salarios

La inversión real directa rondará los $1,7 billones, una partida equivalente a cerca del 14% del gasto total. El monto permitirá financiar proyectos de infraestructura, rutas y servicios, en línea con la estrategia provincial de sostener la obra pública como herramienta de desarrollo.

Pero el principal componente de las erogaciones seguirá siendo el pago de salarios estatales. El presupuesto contempla unos $6,3 billones para ese rubro, alrededor del 57% del gasto total. La distribución muestra el peso de la estructura estatal dentro de las cuentas públicas y el margen que queda para otras políticas y obras.

En materia de empleo público, el Ejecutivo proyectó una planta de 71.548 trabajadores para los tres poderes del Estado. De ese total, 68.885 serían empleados permanentes y 2.663 temporarios. Solo el Poder Ejecutivo concentraría 65.996 agentes de planta permanente.
 

Impuestos y regalías hidroeléctricas, entre las otras fuentes de recursos

El proyecto prevé además $4,9 billones provenientes de impuestos provinciales y nacionales. Según las estimaciones oficiales, el 65% correspondería a tributos locales y el 35% restante a fondos coparticipables de Nación. La proyección se elaboró en un escenario de expansión de la actividad energética, aunque también contempla un contexto nacional de desaceleración económica.

Otro componente relevante será el de las regalías hidroeléctricas, para las que se calcularon ingresos por $62.302 millones, un 98% más que en 2026. El Gobierno prevé que esos recursos puedan percibirse también en especie, mediante energía, en un rubro que cobró mayor relevancia tras el vencimiento de las concesiones de las represas.

El superávit proyectado dependerá de que los ingresos y las variables productivas evolucionen según lo previsto. Aunque el presupuesto anticipa cuentas positivas y una inversión significativa en infraestructura, la concentración de recursos en el sector energético deja a las finanzas provinciales expuestas a cambios en la producción, los precios y las condiciones económicas.

Río Negro dio un nuevo paso legislativo para ampliar la protección ambiental de su costa atlántica. El proyecto para crear el Corredor de los 5 Grandes obtuvo dictamen favorable en comisiones de la Legislatura y avanzó hacia una posible aprobación que permitiría establecer la mayor área marina protegida de la provincia.

La iniciativa contempla preservar 2.730 kilómetros cuadrados de superficie marina y más de 130 kilómetros de costa en el Golfo San Matías. De concretarse, también representaría la creación de una nueva reserva costero-marina después de más de dos décadas, con un esquema de conservación que abarcaría distintos ambientes de la costa rionegrina.
 

Qué zonas abarcará el Corredor de los 5 Grandes

El corredor conectará las áreas protegidas Punta Bermeja y Caleta de los Loros, Pozo Salado y Punta Mejillón. Además, incorporará sectores del estuario del río Negro y tendrá vinculación con la reserva municipal Acantilado de los Loros, en Viedma.

El objetivo es establecer una red de conservación que permita proteger ambientes marinos y costeros, además de mejorar las herramientas de control y monitoreo frente al crecimiento de las actividades humanas en la región.

El proyecto propone distintas categorías de manejo para ordenar los usos del territorio. La intención es compatibilizar la preservación de los ecosistemas con actividades como la pesca, el turismo, la navegación y la recreación, aunque el alcance de las restricciones dependerá de la regulación que se establezca para cada sector.


 

Orcas, tiburones, ballenas y otras especies bajo protección

El nombre del corredor hace referencia a cinco especies emblemáticas del Mar Argentino: orcas, tiburones, delfines, ballenas y lobos marinos. Estos animales utilizan los ambientes de la costa rionegrina para alimentarse, reproducirse, descansar y desplazarse.

La propuesta cuenta con aportes científicos de la Fundación Cethus y del Grupo Condros, vinculado al Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS). Sus investigaciones sobre la fauna marina de la región respaldan la importancia de preservar estos espacios.

La creación de un área protegida de esta magnitud permitiría avanzar en una estrategia de conservación a largo plazo. El desafío será traducir los objetivos ambientales en medidas concretas de seguimiento, fiscalización y manejo de las actividades que se desarrollan en el golfo.


 

El proyecto seguirá su recorrido en la Legislatura

La presentación ante las comisiones legislativas estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y de representantes de la Fundación Por el Mar. El dictamen favorable constituyó un avance en el trámite parlamentario, pero no implica que la reserva ya haya sido creada: la iniciativa todavía debe completar el proceso legislativo correspondiente.

Si obtiene la aprobación definitiva, el Corredor de los 5 Grandes se convertirá en una herramienta central para la protección de la biodiversidad marina y costera de Río Negro. También podría incidir en la planificación del turismo y de las economías locales, al establecer criterios para el uso y la conservación de un extenso sector del litoral.

La discusión que se abre es cómo sostener esa protección en el tiempo, con controles efectivos y reglas claras para los distintos actores que utilizan el Golfo San Matías. Por ahora, el dictamen favorable acercó el proyecto a esa instancia, aunque su implementación dependerá de las decisiones legislativas y de la capacidad de gestión posterior.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, firmará este jueves a las 16, en la sede central de Vialidad Nacional en Buenos Aires, las actas para asumir la posesión parcial de 337,62 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151. El acuerdo busca habilitar la intervención provincial en distintos tramos que presentan problemas de conservación.

La transferencia comprende cuatro sectores de la Ruta 22 y dos de la Ruta 151. Sin embargo, no todos quedarán automáticamente bajo administración provincial: dos tramos del Alto Valle todavía dependen de la resolución de contratos de obra pendientes.
 

Qué tramos de la Ruta 22 pasarán a la Provincia

El acuerdo incluye el sector de la Ruta 22 comprendido entre el puente sobre el río Colorado y Choele Choel, con una extensión de 138,35 kilómetros. También contempla otros 141,36 kilómetros entre Choele Choel y Chichinales, dos tramos que concentran buena parte de la extensión prevista para el traspaso.

En el Alto Valle, se incorporaron los sectores que van desde la calle Salto, en Cipolletti, hasta el puente que conecta con Neuquén, y desde el acceso a Fernández Oro hasta el Parque Industrial de Cipolletti. La inclusión definitiva de ambos permanece condicionada por la situación contractual de las obras pendientes.

La toma de posesión será parcial y se enmarca en el entendimiento entre los gobiernos nacional y provincial para que Río Negro pueda intervenir en rutas nacionales con necesidades de mantenimiento. El alcance efectivo de la transferencia dependerá de las condiciones previstas para cada tramo.


 

Los sectores de la Ruta 151 incluidos en el acuerdo

En la Ruta 151, el traspaso abarca los 3,4 kilómetros entre el empalme con la Ruta 22 y el Tercer Puente, en Cipolletti. También comprende un tramo de 40,98 kilómetros entre el yacimiento Medanito y el puente sobre el río Negro, en el límite con La Pampa.

La Provincia busca asumir la conservación de estos sectores para avanzar con reparaciones y mejorar las condiciones de circulación. El acuerdo no supone, sin embargo, que la totalidad de las rutas nacionales involucradas quede bajo jurisdicción provincial.

La firma formalizará el entendimiento entre Nación y Río Negro, mientras se mantienen pendientes las definiciones sobre los dos tramos del Alto Valle vinculados a contratos de obra. Esa situación será clave para determinar el alcance concreto de las intervenciones provinciales.

Un plan de obras por casi siete millones de dólares

En paralelo al traspaso, el Gobierno rionegrino prepara un plan de reparación para sectores críticos de las rutas 22 y 151. La iniciativa prevé una inversión de 6,98 millones de dólares y un plazo de ejecución de 120 días.

El financiamiento combinará aportes de la empresa Oldelval y recursos provinciales. Los trabajos contemplados incluyen bacheo, repavimentación y mejoras en banquinas y accesos, con el objetivo de atender los puntos más deteriorados.

Con la firma del acuerdo, la Provincia buscará avanzar en la ejecución de esas tareas y asumir un papel directo en el mantenimiento de los tramos transferidos. La situación de los contratos pendientes, no obstante, seguirá siendo un factor determinante para definir qué sectores podrán incorporarse efectivamente.

Claudio Vidal combinó anuncios económicos con fuertes críticas políticas durante la presentación de la Ley de Promoción Industrial en Santa Cruz. El gobernador puso en marcha un régimen de incentivos para atraer inversiones privadas, adelantó proyectos vinculados con la actividad petrolera y lanzó acusaciones contra el kirchnerismo por el manejo de tierras fiscales durante las gestiones anteriores.

La Ley 4011 actualiza las herramientas de promoción industrial mediante exenciones tributarias, beneficios en los costos de los servicios y estabilidad fiscal para las empresas que inviertan en la provincia. El objetivo oficial es ampliar la actividad privada, incorporar nuevos sectores productivos y generar empleo en una economía históricamente vinculada con la explotación de hidrocarburos y la minería.

Entre las actividades contempladas aparecen la economía del conocimiento, los servicios y las energías renovables. La apuesta de la administración provincial es utilizar los incentivos para diversificar la matriz productiva y atraer capitales, aunque el impacto dependerá de las inversiones que finalmente se concreten y de los puestos de trabajo que generen.


 

Un proyecto petrolero de más de US$ 600 millones

Uno de los principales anuncios de Vidal fue el avance de un proyecto petrolero que demandaría una inversión superior a los US$ 600 millones y que el Gobierno provincial buscará incorporar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El mandatario también mencionó otras dos iniciativas vinculadas con la actividad no convencional, con participación de empresas de Estados Unidos y Canadá. Según explicó, una de las áreas ya fue licitada y el proceso correspondiente a la otra continúa en marcha.

Los anuncios se inscriben en la estrategia provincial de recuperar la actividad hidrocarburífera y ampliar las inversiones en un sector clave para la economía santacruceña. La incorporación al RIGI, sin embargo, dependerá del cumplimiento de los requisitos del régimen y de la evaluación correspondiente.




 

Vidal apuntó contra el kirchnerismo por las tierras

La presentación de la ley también funcionó como escenario para una nueva confrontación política. Vidal cuestionó a sus adversarios por las críticas a los proyectos privados impulsados por su administración y acusó a las gestiones anteriores de haber utilizado su posición en el Estado para favorecer intereses particulares.

En ese marco, afirmó que durante gobiernos anteriores se habría presionado a productores rurales para que vendieran sus campos y sostuvo que unas 400.000 hectáreas terminaron concentradas en manos de dirigentes vinculados al kirchnerismo. Se trata de acusaciones formuladas por el gobernador, que requieren documentación específica para establecer las responsabilidades correspondientes.

Vidal también cuestionó operaciones con tierras fiscales en El Calafate. Según su planteo, algunos terrenos fueron adquiridos a valores fiscales y posteriormente quedaron vinculados con negocios inmobiliarios de gran magnitud. En ese contexto, calificó de “caraduras” a dirigentes de ese espacio y los acusó de tener “memoria selectiva”. Además, sostuvo que se habían “metido el Estado en el bolsillo”.

El mandatario extendió sus críticas a la venta de más de 130.000 hectáreas a empresas canadienses, operaciones que, según aseguró, no habrían cumplido con las inversiones previstas. También mencionó al empresario Fabián de Sousa al referirse a la cesión de tierras para emprendimientos privados. Las afirmaciones formaron parte de su cuestionamiento político a las administraciones anteriores.
 

Más controles para la contratación de trabajadores locales

Vidal anunció, además, que su gobierno reforzará las inspecciones vinculadas con el cumplimiento de la Ley 90/10, que establece prioridades para la contratación de trabajadores santacruceños.

El gobernador anticipó que se duplicarán los controles y que se difundirá un informe sobre la composición de la fuerza laboral en los yacimientos mineros. La medida busca verificar qué proporción de los puestos de trabajo está ocupada por residentes de la provincia y determinar si las empresas cumplen con las exigencias vigentes.

Con el lanzamiento del régimen industrial, los anuncios petroleros y las nuevas inspecciones, Vidal buscó mostrar una agenda centrada en la inversión y el empleo. Pero la presentación también dejó en evidencia que el desarrollo productivo continúa atravesado por una disputa política con el kirchnerismo, especialmente alrededor del uso de los recursos públicos y la administración de las tierras fiscales.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) envió una advertencia al Congreso en medio de las discusiones por una eventual reforma política. A través de la Acordada Extraordinaria 155, fechada el 8 de septiembre, el tribunal reclamó que cualquier modificación del sistema electoral respete los estándares internacionales y se apruebe con suficiente anticipación a las elecciones de 2027.

El pronunciamiento se produjo mientras distintas iniciativas vinculadas con el régimen electoral, los partidos políticos y el financiamiento de las campañas permanecen en condiciones de ser debatidas en el Parlamento. Aunque la Justicia no cuestionó el contenido de los proyectos, puso el foco en los tiempos necesarios para reglamentar y aplicar los cambios sin comprometer la organización de los comicios.

Los jueces Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas aclararon que la acordada no constituye una evaluación sobre la conveniencia política de las propuestas, una atribución que corresponde a los poderes constitucionalmente habilitados. El mensaje, sin embargo, fue concreto: las decisiones legislativas deben contemplar los plazos que requiere la administración electoral.
 

La advertencia por los plazos de la reforma electoral

La Cámara recordó que los organismos internacionales recomiendan mantener reglas electorales claras y estables, especialmente a medida que se aproxima una elección. Como referencia, citó el manual de observación de sistemas de justicia electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que aconseja introducir modificaciones entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso electoral.

También mencionó el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral de la Comisión de Venecia, que recomienda no modificar los elementos fundamentales del derecho electoral durante el año previo a los comicios.

El planteo tiene una dimensión práctica. Los cronogramas electorales incluyen plazos perentorios que no pueden extenderse libremente. Cambios en las categorías de cargos, los requisitos para los partidos, la selección de candidaturas, las boletas o los controles sobre el financiamiento pueden obligar a modificar procedimientos, reglamentos y sistemas de fiscalización.

Por eso, la CNE necesita contar con tiempo para coordinar la implementación con los juzgados federales electorales de todo el país, las agrupaciones políticas y las distintas autoridades involucradas. Una reforma aprobada cerca de los comicios podría generar dificultades administrativas y obligar a adaptar procedimientos sobre la marcha.


 

El antecedente de las PASO y la selección de candidatos

Uno de los principales antecedentes que recuperó el tribunal fue la suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para los comicios nacionales de 2025, dispuesta por la Ley 27.783.

En aquella oportunidad, la Cámara emitió la Acordada 37/2025 y pidió a los partidos que adecuaran sus estatutos para garantizar mecanismos de democracia interna ante la ausencia de las primarias. La experiencia posterior mostró las dificultades de esa transición: de las 626 agrupaciones políticas que participaron, todas salvo una alianza recurrieron a mecanismos de designación de candidatos sin el voto directo de sus afiliados, según consignó el tribunal.

El antecedente cobra relevancia frente a una nueva discusión sobre las PASO. La eventual eliminación o suspensión del mecanismo no solo implica una decisión legislativa: también exige definir cómo se elegirán las candidaturas y qué procedimientos deberán aplicar los partidos para cumplir con las normas vigentes.

La Cámara también recordó un seminario realizado en marzo junto con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), en el que magistrados, autoridades electorales, dirigentes y especialistas analizaron los desafíos de la organización electoral. Entre los temas abordados estuvo la implementación de la Boleta Única de Papel, utilizada por primera vez en las elecciones nacionales de 2025.
 

El Congreso conserva la decisión, pero el calendario presiona

La acordada fue comunicada al Congreso y a organismos vinculados con la administración electoral, entre ellos la Vicejefatura de Gabinete del Interior, la Dirección Nacional Electoral, los juzgados federales con competencia electoral y el Consejo Consultivo de Partidos Políticos.

La intervención judicial no impide que los legisladores debatan y sancionen una reforma. La advertencia apunta a que las decisiones se adopten con margen suficiente para su reglamentación, la adecuación de los partidos y la preparación de las autoridades electorales.

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, el tiempo se convirtió en una variable central de la discusión. Las definiciones sobre las PASO, las reglas para seleccionar candidatos y el financiamiento de las campañas deberán avanzar sin perder de vista una exigencia institucional: que las nuevas disposiciones puedan aplicarse de manera efectiva y que los competidores conozcan las reglas antes de que comience la carrera electoral.