La crisis económica también llegó al reciclado de materiales. El Consorcio GIRSU advirtió que la caída del precio de los productos recuperados impacta de lleno en el funcionamiento del sistema, que depende no sólo de la separación y el tratamiento de residuos, sino también de la posibilidad de vender esos materiales en condiciones sostenibles.

El problema no es menor. Cuando baja el valor del cartón, el plástico, el vidrio o los metales, todo el circuito pierde capacidad de financiamiento. La separación en origen, la clasificación, el traslado y el trabajo de recuperación siguen teniendo costos, pero los ingresos por la venta de materiales reciclables se reducen.
 

Un sistema ambiental atado al mercado
 

La situación deja expuesta una contradicción de fondo: el reciclado cumple una función ambiental y social, pero su continuidad muchas veces queda atada a los precios del mercado. Si los materiales recuperados valen poco, el sistema se vuelve más difícil de sostener.

Desde esa mirada, la crisis no sólo afecta a quienes trabajan en la recuperación, sino también a las políticas públicas de gestión de residuos. El reciclado necesita planificación, infraestructura y acompañamiento estatal para no depender únicamente de la rentabilidad inmediata de los materiales.
 

El desafío de sostener el reciclado
 

El escenario obliga a repensar cómo se financian los sistemas de gestión de residuos. Sin incentivos, campañas sostenidas y una estructura económica más estable, el reciclado corre el riesgo de quedar debilitado justo cuando debería ocupar un lugar central en la agenda ambiental.

La advertencia del Consorcio GIRSU marca un punto sensible: reciclar no puede ser una política que funcione sólo cuando los precios acompañan. Si el objetivo es reducir basura, recuperar materiales y cuidar el ambiente, el sistema necesita respaldo permanente, incluso en contextos de crisis.

El Consejo Agrario Provincial avanzó en Lago Posadas con el proceso para entregar chacras a futuros productores de la localidad. La iniciativa apunta a ordenar la adjudicación de tierras y acompañar proyectos productivos que puedan generar arraigo, trabajo y desarrollo local.

Durante una reunión con vecinos interesados, las autoridades provinciales informaron que en los próximos días se aprobarán los requisitos que deberán cumplir quienes quieran acceder a una chacra. Una vez presentadas las iniciativas, los proyectos serán evaluados por el directorio del Consejo Agrario Provincial en articulación con la Comisión de Fomento.
 

Tierras para producir y arraigar
 

El presidente del organismo, Hugo Garay, destacó que el objetivo es dar respuesta a las necesidades de los vecinos y priorizar a quienes viven en la localidad. Según explicó, hay familias interesadas en invertir y poner en marcha emprendimientos vinculados a la producción local.

Del encuentro también participaron los vocales Facundo Kaschewski y Miguel O’Byrne; el delegado de Lago Posadas, Román Vidal; el comisionado de Fomento, Rubén Guzmán; y la directora General de Tierras, Guadalupe Roldán.
 

Infraestructura, el punto clave
 

Las autoridades recorrieron la zona prevista para el desarrollo de las chacras y analizaron las obras necesarias para que los proyectos puedan funcionar. Entre las prioridades aparecen la apertura de caminos, el acceso al agua y la construcción de canales de riego.

El avance del programa deja planteado un desafío central para Santa Cruz: no alcanza con adjudicar tierras si no se garantizan condiciones reales para producir. La entrega de chacras puede convertirse en una herramienta de desarrollo para Lago Posadas, siempre que llegue acompañada por infraestructura, planificación y asistencia técnica para los futuros productores.

El gobernador Claudio Vidal firmó el decreto que formaliza la restitución de Eduardo Emilio Sosa como procurador general ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, luego de una disputa judicial e institucional que se extendió durante más de tres décadas.

La medida fue oficializada mediante el Decreto N.º 0644, fechado el 26 de junio de 2026, y completa el último paso administrativo después del aval otorgado por la Cámara de Diputados provincial.
 

Una deuda institucional de tres décadas
 

El conflicto comenzó en 1995, cuando una ley provincial eliminó el cargo de procurador general. Esa decisión implicó, en los hechos, el apartamiento de Sosa, quien desde entonces reclamó su restitución.

Años después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el Estado santacruceño debía devolverlo al cargo, al considerar que la supresión de la función no podía utilizarse como mecanismo para desplazar a un funcionario judicial protegido por garantías constitucionales.
 

El cierre político de un caso histórico
 

Con la firma de Vidal y de la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, la Provincia dejó formalmente restituido a Sosa en el cargo. El Gobierno presentó la decisión como un gesto de respeto a la ley, a las instituciones y a los fallos judiciales.

La restitución también tiene un peso simbólico para Santa Cruz: cierra un expediente que atravesó gobiernos, tensiones políticas y años de incumplimiento. En una provincia marcada por disputas de poder prolongadas, el regreso de Eduardo Sosa al cargo aparece como una señal institucional fuerte y como un intento del actual Gobierno de mostrar distancia con una deuda heredada.

El norte de la Patagonia atraviesa un cambio brusco de tiempo por el ingreso de aire frío desde el Pacífico. El fenómeno provocará un marcado descenso de la temperatura en el Alto Valle, además de viento y condiciones inestables en la cordillera de Neuquén y Río Negro.

Según el pronóstico semanal, el momento más sensible llegará entre el martes y el miércoles, cuando las temperaturas bajen con fuerza y las precipitaciones puedan convertirse en nieve en zonas bajas. En ciudades como Neuquén, Cipolletti, General Roca y localidades cercanas, el miércoles aparece como el día clave para la posible llegada de nevadas durante la madrugada y la mañana.
 

El Alto Valle espera el pico de frío
 

La semana comenzará con jornadas frías, pero todavía estables. El cambio más fuerte se sentirá desde el martes, con más nubosidad, ráfagas de viento y mínimas cercanas a los cero grados.

Para el miércoles se espera el mayor impacto del aire polar, con temperaturas bajo cero y probabilidad de nieve en las primeras horas del día. El frío continuará hacia el jueves y viernes, con máximas bajas y nuevas heladas.
 

La cordillera, con nieve y marcas bajo cero
 

En Bariloche y la zona andina rionegrina, el invierno se instalará con más fuerza. El pronóstico anticipa nevadas, cielo cubierto, ráfagas intensas y temperaturas bajo cero durante buena parte de la semana.

En la cordillera neuquina, especialmente en San Martín de los Andes y zonas cercanas, también se esperan nevadas, heladas fuertes y registros que podrían caer varios grados bajo cero hacia el final de la semana.

El panorama obliga a circular con precaución en rutas de montaña, sobre todo por la presencia de nieve, hielo y viento. Para quienes viajen por la cordillera, será clave consultar el estado de los caminos antes de salir y llevar los elementos obligatorios para transitar en condiciones invernales.

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé salió al cruce de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas luego de que el organismo resolviera archivar la denuncia por la venta del avión oficial de Río Negro.

La FIA había descartado irregularidades en la operación y sostuvo que no existió daño fiscal. Sin embargo, Delgado Sempé cuestionó con dureza la resolución y afirmó que el organismo “decidió no investigar”.
 

La venta que sigue bajo sospecha
 

La polémica gira en torno al Cessna Citation V Ultra 560, adquirido durante la gestión de Arabela Carreras y vendido en 2024 a la empresa Aerovida por 2,6 millones de dólares.

El Gobierno provincial defendió la operación al sostener que mantener la aeronave era antieconómico y que parte del pago se realizaría mediante vuelos sanitarios para la Provincia.

Pero el legislador insiste en que el punto central no era sólo el valor del avión, sino si Río Negro recibió efectivamente una contraprestación conveniente. También cuestionó el mecanismo de pago, los costos de los vuelos vacíos desde y hacia Buenos Aires y la transparencia del procedimiento licitatorio.
 

Críticas al rol de control de la FIA
 

Delgado Sempé acusó a la FIA de basar su decisión en informes del propio Gobierno denunciado, sin pedir pericias independientes, sin convocarlo para ampliar la denuncia y sin analizar los puntos principales de la presentación.

“El problema no es que hayan rechazado la denuncia, sino que no investigaron”, planteó el legislador, al remarcar que un organismo de control no debería limitarse a validar la documentación del Ejecutivo.

También apuntó contra la titular de la Fiscalía, Dolores Cardell, a quien acusó de proteger al poder político en lugar de controlarlo.

El archivo del expediente no cierra la discusión política. Por el contrario, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta sensible para la administración provincial: si la venta del avión oficial fue realmente conveniente para Río Negro o si todavía quedan aspectos económicos y administrativos sin explicar.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, hizo pública una felicitación institucional destinada a Diego Santilli, con motivo de su reciente designación como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación tras la dimisión presentada por Manuel Adorni. El respaldo del mandatario patagónico se formalizó a través de sus canales oficiales de comunicación digital, donde destacó el perfil del hasta ahora ministro del Interior.

“Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad, que demanda diálogo, gestión y una enorme vocación de trabajo para afrontar los desafíos del país”, expresó el titular del Poder Ejecutivo rionegrino. Asimismo, Weretilneck ratificó la vocación cooperativa de su administración: “Desde Río Negro seguiremos trabajando con el mismo compromiso de siempre. Contás con todo nuestro acompañamiento para fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y nuestra provincia”.

Antecedentes de gestión y la agenda estratégica con Río Negro

La sintonía manifestada por el gobernador rionegrino no es un hecho aislado, sino que se sustenta en la fluida agenda bilateral que ambos funcionarios venían consolidando en la Casa Rosada. A principios de este mes, Weretilneck y Santilli mantuvieron un cónclave clave que sentó las bases de los reclamos prioritarios de la provincia ante la administración federal.

Entre los principales ejes técnicos y políticos que se reactivarán bajo la nueva jefatura ministerial se destacan:

• Traspaso de rutas nacionales: El estado de las negociaciones para que las Rutas Nacionales 22 y 151 pasen a la órbita de administración del Estado rionegrino, una medida orientada a destrabar obras viales urgentes y disminuir los índices de siniestralidad.

• Tren del Valle: El análisis técnico y de infraestructura para reactivar y potenciar las frecuencias del servicio ferroviario de cercanía, considerado estratégico para la conectividad urbana de los trabajadores de la región.

• Desarrollo productivo: El fomento logístico para blindar la competitividad de las economías regionales y el circuito de comercialización hidrocarburífera de la provincia.

Con el ascenso de Santilli a la coordinación ministerial, el Gobierno de Río Negro proyecta agilizar los canales de resolución de estos expedientes históricos, apostando a que el rodaje y la vocación de articulación territorial del flamante jefe de Gabinete funcionen como un puente efectivo para las demandas de la Patagonia.

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete abrió una nueva discusión dentro de la Casa Rosada: quién ocupará el espacio político que deja vacante y cómo quedará ordenado el nuevo esquema de poder del Gobierno. En ese tablero, el nombre de Ignacio Devitt empezó a ganar fuerza.

Fuentes oficiales señalan que el actual secretario de Asuntos Estratégicos aparece entre las alternativas que analiza el presidente Javier Milei para reforzar la articulación política. Las opciones sobre la mesa son dos: ubicarlo al frente del Ministerio del Interior o convertirlo en vicejefe de Gabinete, con peso propio en la coordinación legislativa y territorial.
 

Un funcionario de bajo perfil, pero cada vez más influyente
 

Aunque evita la exposición pública, Devitt se consolidó en los últimos meses como una figura relevante dentro del círculo de confianza de Karina Milei. Desde su cargo, asumió parte de la coordinación entre la Casa Rosada, el Congreso, gobernadores y distintos sectores del oficialismo.

Su crecimiento político acompañó el fortalecimiento de la secretaria general de la Presidencia. Hoy integra una mesa de decisiones donde también aparecen Santiago Caputo, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, un núcleo que concentró poder durante la crisis que terminó con la salida de Manuel Adorni.

En Balcarce 50 destacan su capacidad para negociar con legisladores, ordenar la agenda parlamentaria y sostener vínculos con dirigentes aliados. Esa construcción silenciosa explica por qué ahora aparece como uno de los nombres con más chances de ascender en el gabinete nacional.
 

Interior o Vicejefatura, las dos opciones en estudio
 

La primera posibilidad es que Devitt asuma en el área de Interior, una cartera clave para la relación con las provincias. Quienes impulsan esa alternativa sostienen que ya conoce el funcionamiento político del Ejecutivo y mantiene diálogo con gobernadores y bloques legislativos.

La segunda opción es que permanezca dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete, pero como vicejefe, concentrando la coordinación política y absorbiendo parte de las funciones que hasta ahora ejercía Santilli desde Interior.

Por ahora no hay una definición oficial. La decisión dependerá del diseño final que termine de aprobar Milei después de la asunción de Santilli. En paralelo, dentro del Gobierno también circula la posibilidad de que el Ministerio del Interior sea reconvertido en Secretaría del Interior, un área que podría quedar bajo la conducción de Gustavo Coria.

Más allá del cargo formal, en el oficialismo ya dan por hecho que Ignacio Devitt será una pieza central de la nueva etapa. La salida de Adorni modificó los equilibrios internos y aceleró una reorganización del poder alrededor del Presidente, Karina Milei y el nuevo jefe de Gabinete.

La convocatoria a diputados y senadores de La Libertad Avanza para esta semana también refleja ese cambio. Allí, Devitt tendrá un rol importante en la estrategia parlamentaria que el Gobierno buscará relanzar tras meses de desgaste político.

El ascenso del secretario de Asuntos Estratégicos aparece, así, como una señal del nuevo mapa libertario: menos exposición pública, más negociación interna y una Casa Rosada que intenta recuperar control político después de la crisis.

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé criticó la resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que dispuso el archivo de la denuncia presentada por la venta del avión oficial de la Provincia de Río Negro. Según sostuvo, el organismo de control no llevó adelante una investigación propia y optó por validar la información aportada por el Gobierno sin producir pruebas independientes.

A través de un comunicado, el referente del bloque Vamos Con Todos afirmó que la resolución "no es producto de una investigación, sino de la decisión de no investigar". En ese sentido, cuestionó que la FIA no haya solicitado documentación adicional, realizado pericias técnicas ni convocado al denunciante para ampliar la presentación, limitándose —según su versión— a aceptar la explicación oficial sobre la operación.
 

Delgado Sempé cuestionó la investigación de la FIA

El legislador sostuvo que la denuncia presentada contemplaba cuatro ejes centrales: el precio de venta de la aeronave, la modalidad de pago mediante vuelos sanitarios, el costo de los vuelos vacíos desde y hacia Buenos Aires y la transparencia del procedimiento licitatorio. A su entender, ninguno de esos puntos fue analizado en profundidad por el organismo de control.

"La FIA no analizó ninguno de los puntos centrales de la denuncia. No pidió pruebas independientes, no realizó pericias propias, no convocó al denunciante para ampliar la presentación y se limitó a aceptar la versión del propio Gobierno denunciado", expresó Delgado Sempé al cuestionar el contenido de la resolución.

El dirigente también remarcó que el debate nunca estuvo centrado en el valor de mercado del avión, sino en las condiciones económicas concretas de la operación. "El Gobierno anunció que vendía el avión a cambio de vuelos sanitarios, pero ocultó que también les cobra a los rionegrinos los costos operativos y los vuelos vacíos que el avión realiza desde y hacia Buenos Aires. Esa diferencia económica jamás fue analizada por la FIA", afirmó.
 

Críticas al archivo del expediente

Otro de los cuestionamientos del legislador apuntó al argumento utilizado por la Fiscalía para archivar la causa, al considerar que se apoyó en un supuesto error formal de la presentación. Según explicó, si existía información incompleta correspondía requerirla antes de cerrar el expediente.

"Si faltaba información, la obligación de la Fiscalía era pedirla e investigar, no cerrar el caso. Un organismo de control no puede esconder su inacción detrás de un error de transcripción", manifestó el dirigente opositor.

Además, sostuvo que toda la resolución se encuentra sustentada en informes elaborados por dependencias del propio Poder Ejecutivo. "La FIA no produjo una sola prueba independiente. Cuando un organismo de control se limita a validar los papeles del Ejecutivo, deja de controlar y pasa a defender al poder", aseguró.
 

Duras críticas a la conducción del organismo

En el tramo final del comunicado, Delgado Sempé cuestionó el desempeño de la titular de la FIA y vinculó su actuación con una supuesta falta de independencia respecto del oficialismo provincial.

"Se ve que la doctora Cardell habla de pesca porque hace dos años que está de vacaciones en la Fiscalía. En lugar de investigar los actos del Gobierno, decidió archivarlos", sostuvo el legislador, quien además agregó: "Se nota demasiado el cambio de rol de Cardell. Pasó de ser asesora de Juntos Somos Río Negro a tapar los negocios de JSRN. Los organismos de control están para controlar al poder, no para protegerlo".

Finalmente, el representante de Vamos Con Todos afirmó que continuará impulsando el tema y reclamó que se esclarezcan las condiciones de la operación. "Los rionegrinos merecen saber si la venta del avión fue realmente conveniente para la Provincia o para otros intereses. Esa respuesta la FIA decidió no buscarla. Nosotros no vamos a dejar de exigirla", concluyó.

En lo que representa la crisis institucional más profunda en lo que va de la administración libertaria, Manuel Adorni renunció a su cargo como Jefe de Gabinete de la Nación. La dimisión del funcionario se precipitó este viernes tras una serie de escándalos por presunta corrupción e investigaciones judiciales por irregularidades administrativas, un desgaste que se volvió insostenible para el entorno presidencial tras el regreso de Javier Milei de su viaje a España.

En su reemplazo, el Gobierno nacional designó a Diego Santilli, el actual ministro del Interior, quien asumirá la conducción de la Jefatura de Gabinete con el complejo desafío de reconstruir los lazos parlamentarios con los bloques dialoguistas y encapsular el impacto político de cara al segundo semestre.

El descargo de Adorni: denuncia de "carnicería mediática"

La misiva de renuncia, redactada en la intimidad de la Quinta de Olivos, adoptó un marcado tono de victimización. El exjefe de ministros centró su defensa discursiva en el impacto que las revelaciones periodísticas provocaron sobre su círculo familiar primario, desmarcándose de la culpabilidad administrativa y caracterizándose como un cuadro técnico independiente eyectado por el barro de la política tradicional.

"No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática. Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas" — Manuel Adorni, fragmento de su carta de renuncia.

En el texto, el exfuncionario también buscó desmentir las versiones de la oposición sobre un presunto control extorsivo de su parte hacia el "triángulo de hierro" de la Casa Rosada, intentando licuar la densidad de las pruebas que hoy analiza el fiscal federal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py.

Las investigaciones que cercaron al funcionario

La permanencia de Adorni en el Gobierno comenzó a resquebrajarse debido al avance de expedientes judiciales y periodísticos que pusieron bajo la lupa decisiones de su órbita:

• Evolución patrimonial: Presentaciones judiciales de la oposición cuestionaron su enriquecimiento e inversiones.

• Contrataciones polémicas: Auditorías sobre la compra de sábanas de lujo destinadas a dependencias oficiales.

• Equipamiento tecnológico: La adquisición de un monitor gamer y otros dispositivos informáticos con fondos del Estado que derivaron en denuncias por malversación.

A pesar de que Javier Milei ensayó defensas públicas de su colaborador en semanas previas, el Presidente fijó un límite tajante que terminó por acelerar el desenlace: "Si la Justicia demuestra que es culpable, le doy una patada en el culo".

El quórum en Diputados no logró frenar la crisis

La salida del jefe de Gabinete se concretó apenas unos días después de que el oficialismo lograra sortear una fuerte embestida en el Congreso de la Nación. Los bloques opositores habían convocado a una sesión especial en la Cámara de Diputados con el objetivo de interpelar formalmente al funcionario.

Aquel intento legislativo naufragó debido a la falta de quórum, gracias al respaldo estratégico que el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales le brindaron a la fuerza de gobierno. Sin embargo, en la Casa Rosada interpretaron rápidamente que esa victoria parlamentaria era puramente transitoria y que el costo político acumulado amenazaba con trasladarse y opacar la agenda económica del Poder Ejecutivo.

Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro busca poner bajo revisión el modo en que los municipios cobran las tasas de alumbrado público. La iniciativa propone que las comunas instalen sistemas de medición homologados, individualizados y sectorizados para conocer el consumo real de sus redes.

El texto fue impulsado por el legislador César Domínguez, de La Libertad Avanza, y apunta a evitar que los cargos municipales se calculen con porcentajes sobre el consumo domiciliario, coeficientes generales o estimaciones sin respaldo técnico.
 

La discusión por el costo real del servicio
 

El planteo abre un debate sensible para los contribuyentes rionegrinos: cuánto se paga efectivamente por alumbrado público y si ese monto guarda relación con el servicio prestado.

Según los fundamentos del proyecto, la falta de mediciones verificables puede generar distorsiones en las facturas y convertir una tasa municipal en una herramienta de recaudación indirecta. Por eso, la propuesta exige que los cargos tengan una proporcionalidad razonable con el costo real del servicio.

La iniciativa también sostiene que la tecnología disponible permite medir consumos en tiempo real, detectar pérdidas, identificar fallas, optimizar horarios de encendido y administrar luminarias de manera remota. En ese punto, el proyecto combina dos ejes: transparencia tributaria y eficiencia energética.
 

El EPRE audita las tasas municipales
 

La discusión legislativa aparece en paralelo a una auditoría que ya realiza el Ente Provincial Regulador de la Electricidad sobre las tasas incluidas en las facturas de luz. El relevamiento busca determinar si los cargos que aplican los municipios tienen relación con los costos de los servicios que dicen financiar.

Desde el EPRE advirtieron que existe una fuerte diferencia entre comunas y que, en algunos casos, las tasas pueden representar hasta el 50% del valor total de la factura. El organismo, presidido por Juan Justo, analiza información de municipios y distribuidoras eléctricas para construir un diagnóstico más preciso.

El proyecto deja planteada una pregunta de fondo: si el alumbrado público es un servicio concreto, el cobro también debería responder a datos concretos. En tiempos de facturas cada vez más pesadas, la transparencia en las tasas municipales se vuelve una discusión política, tributaria y social.

La comunidad de la Escuela Primaria 168 de General Roca volvió a reclamar respuestas por la presencia de murciélagos dentro del edificio escolar. Las familias aseguran que el problema lleva años sin una solución de fondo y anticiparon que desde el lunes impedirán el dictado de clases hasta que se garanticen condiciones seguras.

El establecimiento, ubicado en la zona de Tucumán y Misiones, ya había sido intervenido por Educación, pero los padres sostienen que la situación no mejoró. Según relataron, los animales continúan apareciendo en distintos sectores de la escuela durante la jornada escolar, incluso cerca de las aulas.
 

Un reclamo que ya lleva años
 

Las familias afirman que la problemática no es nueva y que la presencia de murciélagos se intensificó en el último tiempo. También cuestionan la falta de información precisa sobre los trabajos realizados y la ausencia de un informe técnico que explique el estado real del edificio.

Uno de los padres, David, sostuvo que no pueden seguir enviando a sus hijos a clases sin certezas sobre las condiciones sanitarias y edilicias. El reclamo apunta no sólo a retirar los murciélagos, sino también a impedir que vuelvan a ingresar.
 

Educación anunció una nueva intervención
 

Desde el Consejo Escolar Alto Valle Este I, la coordinadora Fernanda Curuchet informó que una empresa contratada realizará tareas de repelimiento y cerramiento de posibles puntos de acceso. La Provincia remarcó que los murciélagos son fauna silvestre protegida, por lo que las acciones deben orientarse a alejarlos del edificio y evitar su reingreso.

El conflicto también fue acompañado por Unter Roca. Su secretaria general, Carolina Elisandro, advirtió que se trata de un reclamo de larga data y vinculó el caso con problemas más amplios de infraestructura escolar.

El caso deja expuesta una tensión sensible para el sistema educativo: no alcanza con sostener la normalidad de las clases si las familias y docentes no perciben condiciones mínimas de seguridad. La respuesta oficial deberá mostrar resultados concretos, porque el problema ya no se mide sólo por la presencia de murciélagos, sino por la pérdida de confianza de la comunidad escolar.

El Gobierno nacional aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones del proyecto Gasoducto San Matías, una obra estratégica para conectar la producción de gas de Vaca Muerta con el Golfo San Matías, en Río Negro.

La inversión prevista asciende a USD 1.300 millones y permitirá transportar hasta 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural desde Neuquén hacia la costa rionegrina. El objetivo central es abastecer los proyectos de exportación de Gas Natural Licuado, uno de los principales pilares de la agenda energética del país.
 

Río Negro gana peso en el mapa exportador
 

La aprobación del nuevo RIGI consolida a Río Negro como una pieza cada vez más relevante en la salida exportadora de los hidrocarburos no convencionales. La provincia ya había quedado en el centro de otros proyectos clave, como el Oleoducto Vaca Muerta Sur y las unidades flotantes de licuefacción previstas en el Golfo San Matías.

El gasoducto funcionará como una infraestructura de enlace: llevará el gas desde la cuenca neuquina hasta las plantas donde será convertido en GNL para su venta al exterior. Según las estimaciones oficiales, la obra permitirá habilitar exportaciones por unos USD 2.500 millones anuales.
 

El desafío: inversiones, territorio y control público
 

El avance del proyecto refuerza el perfil de Río Negro como plataforma energética de exportación, pero también abre una discusión política de fondo. La provincia aporta territorio, costa, infraestructura y recursos estratégicos para proyectos de escala global; por eso, el impacto local de esas inversiones será una de las claves del debate.

El punto sensible no está sólo en atraer capitales, sino en garantizar que la renta, el empleo, la infraestructura y los beneficios asociados no pasen por la provincia sin dejar desarrollo sostenido. El RIGI ofrece estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera a las grandes inversiones; la pregunta es cómo se equilibrará ese incentivo con controles ambientales, participación local y beneficios concretos para las comunidades rionegrinas.

Con esta nueva aprobación, el Golfo San Matías vuelve a quedar en el centro de la estrategia energética argentina. El Gobierno nacional busca acelerar el ingreso de divisas por exportaciones de gas, mientras Río Negro se consolida como territorio clave para una apuesta que puede redefinir su matriz productiva, pero que también exigirá planificación, transparencia y capacidad estatal para ordenar el desarrollo.

Un grupo de intendentes de Chubut presentó notas formales en la Legislatura para pedir la derogación o modificación de la llamada Ley Caminoa, la norma que limitó las reelecciones consecutivas de intendentes y concejales en municipios sin Carta Orgánica propia.

El objetivo político es claro: recuperar la posibilidad de reelección indefinida en buena parte del interior provincial. El planteo tomó fuerza tras una reunión del gobernador Ignacio Torres con jefes comunales en la Cordillera, en un escenario marcado por el armado territorial rumbo a las elecciones de 2027.
 

Una ley que incomoda a varios intendentes
 

La Ley Caminoa fue impulsada para poner un freno a la permanencia indefinida en los municipios y evitar que los intendentes se “atornillen” al poder local. El próximo turno electoral sería el primero en el que la norma tendría impacto pleno, dejando fuera de carrera a varios mandatarios que ya acumulan dos o más períodos consecutivos.

Entre los intendentes interesados en modificar el esquema aparecen nombres con fuerte peso territorial, como Miguel Ángel Gómez, de Gobernador Costa; Jorge Seitune, de Tecka; y Silvio Boudargham, de Cholila.

El argumento de los jefes comunales es que la modificación anterior se hizo sin suficiente consulta a los municipios y que la decisión final debería quedar en manos de los votantes. Sin embargo, el debate de fondo es más incómodo: si se habilita nuevamente la reelección indefinida, el poder local recupera una herramienta que puede fortalecer liderazgos, pero también consolidar estructuras difíciles de renovar.
 

La pelea por los votos
 

La discusión central ahora está en la cantidad de votos necesarios para aprobar el cambio. Desde el oficialismo sostienen que bastaría con una mayoría simple, ya que se trataría de una modificación a la ley orgánica de municipios. En cambio, desde el peronismo advierten que el cambio tiene impacto electoral y debería requerir una mayoría agravada de 21 votos.

La diferencia no es menor. El oficialismo no llegaría hoy a los 21 votos, pero sí podría alcanzar los 14 legisladores necesarios para una mayoría simple, incluso con las tensiones internas y la ruptura de algunos integrantes del bloque.

El constitucionalista Edgardo Hughes, consultado por La Tecla Patagonia, se manifestó en contra de las reelecciones indefinidas por considerarlas contrarias al sistema republicano. Aun así, advirtió que, desde el punto de vista técnico, al no tratarse estrictamente de una ley electoral, la modificación podría aprobarse con mayoría simple.

La pulseada deja expuesta una tensión clásica de la política provincial: la diferencia entre legalidad y legitimidad. Aunque el oficialismo consiga los votos para avanzar, la pregunta seguirá abierta: si la renovación periódica de autoridades es un principio republicano, volver a habilitar reelecciones indefinidas difícilmente pueda presentarse como una mejora institucional.

El debate ya excede a los intendentes. También involucra al proyecto territorial de Ignacio Torres, que necesita sostener alianzas municipales para consolidar poder en el interior. En ese tablero, la reforma puede funcionar como gesto de contención hacia los jefes comunales, pero al costo de abrir una discusión sensible sobre perpetuación política, reglas electorales y calidad democrática.

La apertura del Foro Austral de La Libertad Avanza en Río Gallegos quedó atravesada por un clima de fuerte tensión política. Antes del inicio formal del encuentro, manifestantes, referentes gremiales y vecinos se concentraron frente al salón para expresar su rechazo a la actividad libertaria.

Los incidentes se produjeron durante el ingreso de dirigentes, legisladores y militantes de La Libertad Avanza, en una convocatoria pensada para fortalecer la estructura del espacio en la Patagonia de cara al próximo calendario electoral.
 

Reclamos contra el ajuste nacional
 

La protesta estuvo marcada por críticas a las políticas del Gobierno nacional. Entre los principales reclamos aparecieron el ajuste presupuestario, la caída de la actividad económica, el aumento de la desocupación y el impacto de las medidas libertarias sobre Santa Cruz.

Durante la concentración, algunos manifestantes arrojaron huevos hacia el ingreso del edificio y lanzaron consignas contra los referentes del espacio. En uno de los momentos de mayor tensión, también cedió parte del vallado de seguridad colocado en el lugar.
 

El foro siguió pese a los incidentes
 

Además de los huevazos, se registraron empujones y cruces entre manifestantes y militantes libertarios durante la acreditación de los asistentes. La situación obligó a reforzar la presencia del personal de seguridad para resguardar el acceso al salón.

Tras los incidentes, el referente libertario en Santa Cruz, Giovany Albea, cuestionó lo ocurrido y lamentó que una actividad convocada para debatir propuestas comenzara bajo un clima de violencia.

Del otro lado, algunos manifestantes defendieron la movilización como una forma de visibilizar el malestar social frente al rumbo económico nacional, aunque tomaron distancia de los hechos de violencia registrados.

Pese al clima de tensión, el Foro Austral de La Libertad Avanza comenzó según lo previsto y continuó con la participación de dirigentes nacionales y provinciales del espacio. El episodio dejó una postal clara del escenario político santacruceño: el armado libertario busca crecer en la región, pero su desembarco aparece cada vez más rodeado por conflicto social y resistencia sindical.

El Gobierno de Santa Cruz presentó este viernes en la Cámara de Diputados el informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2026, en cumplimiento de la ley que obliga al Poder Ejecutivo a rendir cuentas dos veces al año sobre el estado de la administración pública.

La exposición estuvo a cargo de la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, quien reemplazó al jefe de Gabinete, Pedro Luxen, ausente por motivos personales. La presentación se realizó durante una sesión extraordinaria encabezada por el vicegobernador Fabián Leguizamón, con la presencia de 20 legisladores.
 

Una ausencia que pesó en la sesión
 

La falta de Luxen no pasó inadvertida. Como jefe de Gabinete, era el funcionario naturalmente llamado a encabezar la rendición de cuentas ante la Legislatura, por lo que su reemplazo dejó una marca política sobre una instancia clave para medir la relación entre el Ejecutivo y los diputados.

Elmiger respondió consultas anticipadas por los legisladores y presentó un informe de más de 200 páginas, con datos sobre la administración central, organismos descentralizados y sociedades del Estado.
 

Seguridad y Economía, los ejes principales
 

Tras un acuerdo parlamentario impulsado por la oposición, la Cámara modificó la dinámica de la sesión para priorizar cuatro áreas consideradas centrales: Seguridad, Economía, Educación y Desarrollo. Sin embargo, por los tiempos previstos, la ministra sólo alcanzó a desarrollar los ejes de Seguridad y Economía.

La presentación estuvo acompañada por buena parte del gabinete provincial, entre ellos el ministro de Economía, Ezequiel Verbes; la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross; la ministra de Producción, Nadia Ricci; el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Georgion; la secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio; y la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido.

El encuentro cerró con el compromiso de trabajar en un mecanismo más ágil para futuras presentaciones del informe de gestión. La discusión dejó una señal clara: la Legislatura buscará mayor dinamismo en el control político, mientras el Gobierno de Claudio Vidal intenta ordenar su rendición de cuentas en medio de una agenda marcada por demandas económicas, sociales y administrativas.

El Gobierno de Neuquén extendió por otros seis meses la emergencia y el desastre agropecuario por sequía, una medida que confirma la gravedad de la crisis hídrica que atraviesa buena parte del territorio provincial.

La prórroga comenzará a regir el 1 de julio y mantendrá vigente el régimen excepcional declarado el año pasado. La medida alcanza a casi toda la provincia, con excepción de los valles irrigados de los departamentos Añelo y Confluencia.
 

El agua, el límite del campo neuquino
 

La decisión se apoya en informes técnicos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas y del INTA, que advierten sobre precipitaciones por debajo de los valores históricos, baja acumulación de nieve y caudales mínimos en ríos clave como el Neuquén, el Limay y el Collón Curá.

El impacto ya se siente en el campo. La falta de agua reduce la disponibilidad de pasturas naturales, deteriora la vegetación destinada a la alimentación del ganado y condiciona la continuidad de actividades como la ganadería, la agricultura de secano y la forestación.
 

Una emergencia que ya es estructural
 

Con la extensión de la emergencia, los productores afectados podrán mantener el acceso a los beneficios previstos por el sistema provincial de asistencia, siempre que cuenten con el certificado correspondiente. El objetivo oficial es aliviar obligaciones, sostener la actividad y coordinar medidas de mitigación frente a una sequía que dejó de ser un episodio aislado para convertirse en un problema estructural.

La medida expone una tensión de fondo para Neuquén: mientras la provincia concentra buena parte de su agenda pública en el desarrollo energético, el interior productivo sigue dependiendo de una variable cada vez más crítica: el agua. La emergencia agropecuaria no sólo habla del clima; también obliga a discutir infraestructura, planificación hídrica y futuro rural.

Por Pedro Pesatti 

Existe una sola crítica inapelable contra cualquier gobierno: la que surge de quienes lo conforman o son sus aliados. La Fundación Pensar, usina de ideas del PRO —el partido que acompaña a Javier Milei desde el pacto de Acasuso, desde la estoica vereda de la Casa de Tucumán y desde el Congreso, donde ha votado todas las leyes reclamadas por Milei—, acaba de publicar el documento Atrápame si puedes y, en el propósito de explicar los efectos del programa libertario, termina urdiendo, página por página, el texto más grave de una acusación insospechada. Leámoslo con esa clave: cada número, cada gráfico y cada juicio que invocamos a continuación proviene de la pluma del oficialismo, no de la nuestra ni del periodismo que no odiamos lo suficiente.

La tesis central la escribe el propio resumen ejecutivo, y la reproducimos porque pesa más en su literalidad que en la mejor paráfrasis: el modelo “no produjo una economía homogéneamente ganadora o perdedora”, sino que “produjo una economía partida”. La palabra “partida” es la confirmación exacta de aquello que venimos sosteniendo. Hoy convive un país que crece hacia arriba con otro que se hunde hacia abajo, separados por un cisma que el propio documento reconoce y bautiza apelando al concepto que venimos acentuando desde hace tiempo: enclave.

Los que ganan en esa economía partida son el capital, el dólar, las finanzas y la extracción de recursos naturales. El sector financiero creció 24,7% en 2025, más de cinco veces lo que avanzó el conjunto de la economía real, y el documento lo consagra como “ganador claro”, admitiendo en el mismo renglón que se trata de un crecimiento “con baja intensidad laboral”. La energía y la minería baten récords de exportación y, aun así, la propia Fundación insiste en una advertencia decisiva: la minería arrastra diecinueve meses consecutivos de caída del empleo y encabeza el retroceso laboral interanual con un 8,6%. Allí, en sus páginas, queda escrita con todas las letras la piedra angular de todo el programa: “El riesgo es que sea un enclave: muchos dólares, poca integración local y conflictividad territorial”.

Los que pierden ocupan la mayor parte del mapa, y para identificarlos alcanza con seguir los veredictos que el informe estampa al pie de cada capítulo. El sector de la construcción es “perdedor claro”: entre el corte de la obra pública y la recesión se evaporaron cerca de 88.000 puestos de empleo. El documento pinta la escena con una crudeza que nos ahorra el adjetivo, al hablar de “la motosierra sobre la obra pública” y de un modelo que “dejó rutas, viviendas, escuelas, hospitales, empresas y trabajadores en el camino”. El comercio es “perdedor transitorio”, el territorio donde “la macro se convierte en changuito, mostrador y persiana baja”. La industria es un “sector partido con muchas pymes perdedoras”, con casi 73.000 empleos fabriles menos desde septiembre de 2023 y salarios reales que se desplomaron 12,3% en el textil, 9,5% en el gastronómico y 8% en la alimentación. Y la educación pública, las universidades, la ciencia, la salud y la cultura encabezan la nómina de los sacrificados, dentro de un total de 304.000 empleos formales menos que en noviembre de 2023. A ese desgarro, la propia Fundación lo llama “la nueva grieta económica”.

A la fractura productiva, el documento le suma la asimetría fiscal que constituye el corazón de nuestra discrepancia con la política económica de Milei. La Fundación reconoce que la minería “compite con ventajas que otros sectores no tienen” y que más del 95% de los proyectos amparados por el RIGI se concentra en minería e hidrocarburos. Queda confesado el privilegio en su forma más nítida: megainversiones blindadas con estabilidad fiscal por décadas, mientras el trabajador, el jubilado y la pequeña empresa pagan la factura íntegra del ajuste más grande de la humanidad.

Lo revelador es que la propia opinión pública que mide el PRO percibe el mecanismo. El relevamiento muestra que la mayoría atribuye el éxito de los sectores ganadores a que “el Gobierno tomó medidas que los favorecieron” o a que “están más vinculados al dólar y al mercado externo”, y no a una competitividad genuina; y un 66% reclama que se proteja a los sectores que sostienen el empleo y que Milei dejó a la intemperie. El dato que corona la idea de los dos países lo aporta la encuestadora Mora Jozami: la brecha de confianza del consumidor en favor del interior alcanza la mayor distancia de los últimos veinticinco años. “Argentina, dos mundos”, titula su propio sondeo.

Pero la confesión más elocuente no radica en los números, sino en la incomodidad del aliado. El PRO se ve obligado a tomar distancia y a escribir, con todas las letras, que “no nos resignamos a creer que desde el Estado no podemos ayudar a aquellos sectores que hoy se están quedando atrás, como la industria y la construcción”. Y describe la respuesta libertaria como la pura “supervivencia del más apto”, la de un gobierno que todavía exhibe la ausencia de “un plan B para los perdedores”. Y, sin decirlo expresamente, reconoce la matriz de crueldad donde se está gestando la nueva Argentina.

El informe pretende cerrar con una pregunta esperanzada: la cuestión de fondo, explica, no reside en saber si habrá ganadores y perdedores, pues lo relevante es saber si el crecimiento podrá distribuirse desde los sectores dinámicos hacia el resto. Pero esa pregunta, que la Fundación inquiere como si fuera nueva, tiene más de setenta años y ya recibió su respuesta. La formuló Raúl Prebisch, el tucumano que, desde la CEPAL, le enseñó a América Latina a mirarse sin las anteojeras de los países dominantes. Prebisch demostró que la división internacional del trabajo no irradia los frutos del avance técnico hacia los pueblos exprimidos, sino que los concentra en quienes industrializan sus recursos, mientras los términos del intercambio se deterioran de manera sistemática contra el que sólo vende materias primas. De esa lúcida tradición estructuralista proviene la categoría que la propia Fundación se ve obligada a emplear: la economía de enclave, aquella en la que el sector exportador dinámico crece de espaldas al territorio que lo aloja y produce dólares que jamás se transforman en desarrollo nacional.

Lo que Atrápame si puedes denomina, con prudencia, un “riesgo”, Prebisch ya lo había nombrado como la condición misma del subdesarrollo latinoamericano: un país puede exportar cada vez más y desarrollarse cada vez menos. Esa es, con exactitud, la economía partida que el documento de la fuerza política fundada por Mauricio Macri expone con claridad meridiana. Por lo tanto, no estamos ante una novedad de estos días, sino ante la repetición —ahora acelerada con motosierra— de la trampa más antigua de nuestra historia económica. Un país que abraza a unos pocos y abandona a la mayoría no construye una nación ni un hogar común: levanta un enclave, una factoría próspera incrustada en un territorio condenado al empobrecimiento. La verdadera pregunta, entonces, ya no es si el modelo tiene ganadores. La pregunta de fondo —la de Prebisch, la nuestra— es si la Argentina aceptará, una vez más, ser el enclave, la góndola desde donde se llevarán toda su riqueza, dejando casi nada a cambio. Y lo novedoso es que, esta vez, la respuesta está implícita en los propios argumentos de la usina de ideas del PRO.

Por Gustavo Gennuso.

Dos chicos jovencitos rionegrinos de doce años no se conocen. Uno es del Alto Valle, de Allen, y hace unos meses, durante una bicicleteada con amigos, vio en el horizonte las máquinas que empezaron a tender el oleoducto más grande que cruza la Patagonia. Caños de 30 pulgadas, soldaduras automáticas, grúas que se movían sobre el paisaje. Real. Y ese chico entendió, sin que nadie se lo explique, que algo grande está pasando en su provincia.

El otro es de Bariloche. Su escuela lo llevó de visita al Centro Atómico, donde vio laboratorios increíbles y hasta un reactor nuclear de investigación, el RA6. Luego, fue a las instalaciones de INVAP, donde se diseñan y construyen reactores nucleares, satélites y radares que después funcionan en Argelia, Australia, Egipto y los Países Bajos, entre otros países. Vio ingenieros jóvenes trabajando frente a pantallas y prototipos. Le contaron que esos reactores salvan vidas, porque producen los radioisótopos que se usan para diagnosticar y tratar el cáncer. Y ese chico también entendió, sin que nadie se lo explique, que algo grande está pasando en su provincia.

Esos dos chicos observan paisajes distintos, pero forman parte de un mismo Río Negro, al que aún le cuesta una integración plena.

La pregunta que debemos hacernos no es cuál de esas realidades elegir. La verdadera incógnita es cómo hacer para que ambas convivan y se potencien, para construir un futuro verdadero. Un proyecto real de territorio activo y con oportunidades para todos.
 

Recursos naturales y conocimiento
 

Durante décadas, Río Negro construyó una identidad ligada a la producción, el turismo y el conocimiento. Hoy, además, se ha convertido en una pieza clave del desarrollo energético argentino.

El Gobierno Provincial presenta los grandes proyectos de exportación de hidrocarburos como el nuevo apalancamiento del desarrollo rionegrino. Los números son grandilocuentes: el conjunto de obras que incluye el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, el megaproyecto de GNL en el Golfo de San Matías y el gasoducto asociado concentran inversiones que superan los 30.000 millones de dólares. Es una cifra de impacto relativo. En sí, a Río Negro no le deja ningún tipo de margen alentador en el largo plazo.

El desafío no consiste solamente en acompañar esas inversiones y que se sigan multiplicando. También consiste en asegurar que parte de los beneficios permanezcan en la provincia y se traduzcan en mejoras concretas para los rionegrinos. Porque la provincia aporta su territorio, su costa, su golfo y su suelo para sostener un proyecto de exportación masiva que se instala en nuestra tierra.

No se trata de desconocer el trabajo que generan estas obras —generan trabajo, en un 80% a operarios rionegrinos durante la etapa de construcción del oleoducto; luego, no mucho más que eso—. Se trata de preguntarse si ese es el único modelo de desarrollo que queremos y tenemos como horizonte. Si la vocación de Río Negro es ser corredor de exportación de recursos no renovables, que no se transforman aquí y cuya renta principal tampoco se queda aquí. La vemos pasar, literalmente.
 

Lo que Bariloche construyó en décadas
 

Soy ingeniero nuclear, egresado del Instituto Balseiro. Trabajé en la Comisión Nacional de Energía Atómica y participé del desarrollo de los reactores nucleares de investigación que Argentina exportó, entre muchos otros, a Argelia, Egipto, Irán y Australia. Conozco de cerca lo que Bariloche produce cuando se apuesta por el conocimiento en lugar del facilismo extractivo. Claro, para eso, los que conducimos el Estado alguna vez –en cualquiera de sus dimensiones-, debemos estudiar y formarnos. No pensar en los negocios.

En Bariloche, conviven instituciones que pocas urbes del mundo de tamaño comparable pueden exhibir: el Instituto Balseiro, el Centro Atómico Bariloche, la Fundación Bariloche, ARSAT e INVAP, la empresa estatal rionegrina que diseña satélites y radares, y exporta reactores nucleares a cuatro continentes. INVAP cerró 2025 con exportaciones de alta tecnología que le reportaron una ganancia neta de casi 4.000 millones de pesos, con contratos internacionales activos que incluyen un proyecto de 300 millones de dólares con los Países Bajos. En la última década, acumuló exportaciones por más de 500 millones de dólares. No exporta recursos naturales: exporta inteligencia aplicada, la nuestra, la de acá, la que verdaderamente vale y hace la diferencia.

Esa diferencia no es semántica. Es estructural. Un reactor nuclear diseñado en Bariloche genera propiedad intelectual, empleo calificado, capacidad instalada y reputación internacional. Un barril de crudo enviado desde Punta Colorada, ¿qué genera? Un flete.

Detrás de cada uno de esos reactores hay años de formación universitaria, de investigación aplicada, de decisiones políticas que sostuvieron instituciones cuando hubiera sido más fácil abandonarlas. La educación no es el contexto del desarrollo tecnológico: es su condición. Sin el Balseiro, no hay INVAP. Sin INVAP no hay contratos con Holanda ni reactores en Australia. La cadena es tan clara como frágil: se rompe en el momento en que una sociedad decide que formar ingenieros nucleares es un lujo y exportar crudo es una necesidad, la de algunos.
 

La energía del futuro
 

El mundo entero está revisando su relación con la energía nuclear. Lo que durante décadas fue estigmatizado como símbolo de peligro, hoy es reconocido como fuente limpia, estable y sin emisiones de carbono. Europa la está recuperando. Asia la está expandiendo. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, lo dijo con precisión: el mundo se mueve aceleradamente hacia la energía nuclear para mitigar los efectos del cambio climático.

Argentina posee capacidades únicas en este campo. La experiencia acumulada por la Comisión Nacional de Energía Atómica y las empresas asociadas del conglomerado nuclear coloca al país en una posición privilegiada frente a una demanda internacional creciente. La tecnología nuclear argentina no solo genera divisas. También produce conocimiento, propiedad intelectual y empleos de alta calificación. Y, además, salva vidas. Los radioisótopos producidos por la actividad nuclear permiten realizar diagnósticos y tratamientos que millones de personas utilizan diariamente en todo el mundo.

Las proyecciones del sector indican que una participación mínima en el mercado mundial de reactores modulares podría representar exportaciones del orden de los 4.500 millones de dólares por central. Y, a diferencia del petróleo y el gas, cuyo precio fija un cartel internacional, los reactores los diseñamos, los construimos y los vendemos nosotros. Los rionegrinos, los argentinos.

La energía nuclear no fractura el suelo. No contamina las napas. No incendia los montes y las montañas. En Bariloche, donde la conciencia ambiental no es un eslogan sino una convicción construida por generaciones, esta distinción importa. Divide aguas. No hay que elegir entre desarrollo y ambiente: esa es exactamente la trampa del extractivismo. La tecnología nuclear permite las dos cosas al mismo tiempo.
 

Una provincia inteligente
 

No creo que Río Negro deba elegir entre el petróleo y el gas o la ciencia. Tampoco entre el desarrollo económico y el cuidado ambiental.

Las provincias que progresan son aquellas que logran transformar sus recursos naturales en oportunidades duraderas y, al mismo tiempo, sostener la educación, la investigación y la innovación.

Los recursos no renovables tienen un límite. El conocimiento, en cambio, se multiplica.

Por eso, aquel chico del Alto Valle que observa el comienzo de una gran obra energética y aquel otro chico de Bariloche que descubre un reactor de investigación no representan dos modelos enfrentados. Representan dos fortalezas de una misma provincia. Una provincia capaz de aprovechar sus recursos naturales y, al mismo tiempo, construir futuro a través de la ciencia y la tecnología.

Porque quizás la mayor oportunidad de Río Negro no sea elegir entre una cosa y la otra. Quizás la verdadera oportunidad sea hacer ambas cosas al mismo tiempo.

El Tren Patagónico habilitó la venta de pasajes para sus servicios de julio en el tramo Viedma–San Carlos de Bariloche, uno de los recorridos turísticos más emblemáticos de Río Negro. La reactivación llega después de una interrupción programada durante junio, destinada a tareas de mantenimiento y optimización del servicio de cara a la alta demanda de la temporada invernal.

El viaje atraviesa la estepa rionegrina hasta llegar a la cordillera, en una experiencia que combina transporte, turismo y conectividad para localidades de la Región Sur. Según la información oficial de la empresa, el servicio Viedma–Bariloche estará disponible nuevamente a partir de julio.

En paralelo, el Tren Expreso Rionegrino retomó sus frecuencias entre Ingeniero Jacobacci y San Carlos de Bariloche, con salidas los martes y jueves. Parte desde Jacobacci a las 4 y llega a Bariloche a las 8.40; el regreso sale a las 17 y arriba a Jacobacci a las 21.45.

La vuelta de los servicios ferroviarios refuerza una apuesta provincial: sostener el tren como herramienta de integración territorial, transporte accesible y atractivo turístico. En una región donde las distancias son largas y las alternativas muchas veces limitadas, el Tren Patagónico vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de invierno.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, confirmó que el Municipio envió una carta documento a YPF en medio de la disputa por el futuro de los bienes, tierras y pasivos vinculados a la petrolera en la ciudad.

El jefe comunal aclaró que la presentación no busca romper el diálogo con la empresa, sino dejar una posición institucional frente a información que, según indicó, llegó al Municipio de manera no oficial. “No es una declaración de guerra”, sostuvo, aunque remarcó que la ciudad “merece respeto”.
 

Activos, pasivos y una historia que pesa
 

El planteo municipal se da en un contexto sensible para Comodoro, una ciudad marcada por su historia petrolera y por el peso que YPF tuvo en su desarrollo urbano, social y económico.

Macharashvili advirtió que la discusión no se limita a los activos de la empresa, sino también a los pasivos que quedan en el territorio. En ese punto, el Municipio busca evitar que el futuro de esas tierras y bienes se defina sin participación local.

El intendente también señaló que existen instituciones que desde hace años funcionan en terrenos vinculados a YPF, por lo que pidió ordenar el debate y evitar que la discusión se convierta en una pelea política sin respuestas concretas para la comunidad.
 

El Municipio busca mostrarse firme, pero sin romper
 

La estrategia de Othar apunta a una línea delicada: endurecer la posición frente a YPF, pero sin cerrar la puerta a una negociación. Por eso insistió en que la carta documento busca preservar los trámites institucionales y sostener el diálogo.

El mensaje político, sin embargo, fue claro. Para el Municipio, el futuro de esos bienes no puede resolverse de espaldas a Comodoro Rivadavia. La ciudad reclama ser parte central de cualquier definición sobre un patrimonio que considera propio por historia, uso y pertenencia territorial.

“Acá se trata de historia y de derechos”, expresó el intendente, al pedir que las diferencias partidarias no tapen el eje del conflicto. En esa lectura, la defensa de los bienes de YPF aparece como una causa local que debería ordenar a todos los sectores políticos detrás de un mismo objetivo: que el destino del patrimonio petrolero no se decida lejos de la ciudad.