El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro rechazó la apelación de una trabajadora del Ministerio de Salud que buscaba evitar la aplicación del sistema obligatorio de control de asistencia mediante biometría facial y geolocalización. De esta manera, confirmó el rechazo del amparo presentado contra la Secretaría de la Función Pública y la cartera sanitaria provincial.

La empleada cuestionó que el mecanismo exigiera proporcionar datos vinculados con su identidad física y ubicación sin contemplar una alternativa para registrar el ingreso y egreso laboral. En su presentación, sostuvo que la medida podía afectar derechos constitucionales relacionados con la privacidad y la protección de datos personales, además de advertir sobre las posibles consecuencias disciplinarias por incumplimiento.



 

Por qué el STJ rechazó el amparo por el control biométrico

La acción había sido desestimada inicialmente por un juez de la Cámara del Trabajo de Cipolletti, quien consideró que no estaban acreditadas las condiciones excepcionales necesarias para habilitar la vía del amparo. En particular, entendió que no se había demostrado una urgencia extrema ni un daño inminente que justificara una intervención judicial inmediata.

La trabajadora apeló esa resolución y argumentó que no era necesario esperar a que se concretara una vulneración de sus derechos. Según su planteo, la implementación del registro biométrico ya estaba en marcha y su carácter obligatorio justificaba una medida preventiva.

Al revisar el expediente, el STJ consideró que no se había probado que el sistema estuviera instalado o próximo a entrar en funcionamiento en el establecimiento sanitario donde se desempeñaba la empleada. También señaló que no se había acreditado que las vías administrativas y judiciales ordinarias fueran insuficientes para analizar el reclamo.



 

Privacidad y datos personales: qué dijo el Tribunal

En su resolución, el máximo tribunal provincial indicó que la normativa cuestionada fue dictada en el marco de las facultades legales de la Administración y contempla disposiciones relacionadas con la protección de los datos personales. Sin embargo, aclaró que esa circunstancia no resuelve por sí sola la discusión sobre la legalidad constitucional de la implementación concreta del sistema.

El fallo sostuvo que analizar la proporcionalidad de la medida, las condiciones de recolección y almacenamiento de la información y la existencia de métodos alternativos para controlar la asistencia requiere un debate más amplio. En ese sentido, señaló que “la discusión acerca de la proporcionalidad de la medida adoptada y de la existencia de medios alternativos idóneos que permitirían igualmente alcanzar la finalidad requiere un ámbito de conocimiento amplio”.

La precisión es central para interpretar el alcance de la decisión: el STJ no declaró constitucional ni inconstitucional el reconocimiento facial aplicado al personal estatal. Su pronunciamiento se limitó a determinar que no estaban reunidos los requisitos necesarios para resolver la controversia mediante un amparo.
 

El control de asistencia en Salud sigue bajo discusión

Con el rechazo de la apelación, quedó firme la desestimación del amparo presentado por la trabajadora. No obstante, la resolución no clausura la discusión judicial sobre el uso de datos biométricos y geolocalización para registrar la asistencia del personal de Salud.

La empleada conserva la posibilidad de cuestionar la medida por las vías ordinarias correspondientes, donde podrá plantear con mayor amplitud sus argumentos sobre privacidad, protección de datos y alternativas de control laboral. Por lo tanto, el fallo no constituye una validación definitiva del sistema, sino una decisión sobre la vía procesal utilizada para impugnarlo.

La negociación salarial entre el Gobierno de Río Negro y la UnTER quedó abierta después de que la conducción sindical cuestionara la oferta presentada en la paritaria del miércoles. El aumento del 4,18% fue considerado insuficiente para recuperar el poder adquisitivo y ahora deberá ser evaluado por las asambleas docentes durante la próxima semana.

La propuesta oficial contempla una actualización del 4,18% correspondiente a agosto y septiembre, que se abonaría con los haberes de noviembre. Para octubre, el Ejecutivo prevé incorporar un nuevo ajuste en los salarios de diciembre, una vez conocido el índice de inflación. El esquema es el mismo que el Gobierno presentó a los gremios estatales ATE y UPCN.


 

La oferta salarial, bajo análisis de las seccionales

La secretaria general de UnTER, Laura Ortiz López, sostuvo que el ofrecimiento no responde a las demandas de los trabajadores de la educación y reclamó una recomposición que contemple el costo de vida en la provincia. La definición final quedará sujeta al debate interno del sindicato, que deberá resolver si acepta o rechaza la propuesta y qué pasos seguir en la negociación.

El secretario adjunto, Mauricio Ovadilla, explicó que el Gobierno se comprometió a entregar las nuevas grillas salariales, con el detalle del impacto del porcentaje en los distintos cargos y escalafones. Esa información será uno de los elementos que analizarán los docentes antes de fijar una posición.

Además del monto ofrecido, el gremio reclama que los incrementos tengan carácter remunerativo y repercutan en los ingresos de los trabajadores próximos a jubilarse. La discusión sobre la composición del salario sigue siendo uno de los puntos de tensión con el Ejecutivo provincial.


 

Reclamos por escuelas, reformas y descuentos por paro

La negociación también incluyó planteos por las condiciones edilicias de los establecimientos, las auditorías médicas, las situaciones críticas en distintas escuelas y las reformas educativas impulsadas por la Provincia en los diferentes niveles y modalidades.

En ese marco, el Ejecutivo asumió compromisos para avanzar durante noviembre con mesas de trabajo por nivel y modalidad. También acordó emitir una resolución para otorgar puntaje al Congreso Pedagógico Político-Sindical de UnTER, previsto para el 29 y 30 de octubre, y avanzar en propuestas de capacitación docente.

Otro de los reclamos centrales apunta a la estructura de los haberes. El sindicato exige que los conceptos no remunerativos se incorporen al salario básico y advierte que el peso de esas sumas afecta los aportes previsionales, el financiamiento de la obra social IPROSS y la caja jubilatoria.

Por último, UnTER reiteró el pedido de devolución de los descuentos aplicados por días de paro, al considerar que vulneran el derecho a huelga. Con esos reclamos todavía pendientes y una oferta salarial que no conformó a la conducción sindical, la próxima semana será clave para conocer la respuesta de las asambleas y el rumbo de la negociación con el Gobierno.

El Gobierno de Río Negro oficializó la convocatoria a la audiencia pública por el proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF, que busca avanzar con la evaluación ambiental de la infraestructura prevista en la provincia. La instancia de participación ciudadana se realizará el lunes 16 de noviembre, a las 8, en Sierra Grande, según la resolución publicada este jueves 15 de octubre en el Boletín Oficial.

El encuentro tendrá lugar en el gimnasio Vuta Mahuida, ubicado en la calle 28 de Octubre sin número. Allí, las personas inscriptas podrán presentar observaciones y aportes sobre uno o varios de los cuatro estudios ambientales que forman parte del procedimiento, cada uno correspondiente a un componente específico del proyecto.


 

Cuatro estudios para evaluar la infraestructura del GNL

La convocatoria comprende el estudio ambiental de la exportación de gas natural licuado (GNL) y sus instalaciones asociadas, el gasoducto dedicado, el poliducto y el complejo industrial. Aunque cada componente cuenta con su propio expediente, la Provincia resolvió reunirlos en una misma instancia de participación pública.

El proyecto Argentina LNG contempla una cadena de infraestructura para transportar gas natural y condensados desde Neuquén hasta la costa rionegrina. El esquema incluye el tratamiento y fraccionamiento de los hidrocarburos en el Complejo Industrial Río Negro, la licuefacción del gas mediante unidades flotantes —conocidas como FLNG— y su posterior exportación por vía marítima, tanto en forma de GNL como de líquidos.

La audiencia constituye una instancia del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Permitirá que la ciudadanía inscripta formule planteos sobre las obras y sus posibles efectos, aunque la convocatoria por sí misma no implica una aprobación ambiental definitiva del conjunto de las instalaciones.


 

Cómo consultar los expedientes y participar

La documentación de los cuatro estudios estará disponible en el sitio web de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y en una carpeta digital habilitada para ese fin. También podrá consultarse en formato físico en la Delegación Alto Valle del organismo, ubicada en Belgrano 448, en Cipolletti, o de manera virtual a través de la sede central de Viedma, en Colón 275, segundo piso.

Quienes quieran intervenir deberán completar el formulario correspondiente a cada estudio ambiental sobre el que deseen expresarse. La inscripción estará abierta hasta el miércoles 11 de noviembre a las 8, es decir, 72 horas hábiles antes de la audiencia, conforme al plazo establecido por la normativa provincial.

La participación no se limita a un único componente: cada persona podrá inscribirse para realizar aportes sobre uno, varios o los cuatro estudios, siempre que complete los formularios respectivos. Las exposiciones tendrán un límite de cinco minutos por participante y por estudio seleccionado.
 

Quién presidirá la audiencia ambiental

La audiencia será presidida por la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, María Judith Jiménez. La acompañarán autoridades y representantes legales del organismo, que cumplirán funciones de secretaría durante el encuentro.

La convocatoria abre una instancia formal para que los ciudadanos interesados conozcan la documentación técnica y expresen sus observaciones sobre la infraestructura proyectada para la cadena de exportación de GNL. Los aportes se incorporarán al procedimiento de evaluación ambiental de los distintos componentes de Argentina LNG.

El Gobierno de Javier Milei consiguió evitar que la Cámara de Diputados debatiera la derogación del DNU 70/23. La oposición reunió 121 legisladores y quedó a ocho del quórum necesario para abrir la sesión. El resultado favoreció al oficialismo y dejó bajo la lupa el papel de varios gobernadores cuyos diputados no se presentaron, en un escenario de negociaciones abiertas con la Casa Rosada.

No hubo una posición común de todos los mandatarios provinciales. Mientras los espacios vinculados a algunos gobernadores no aportaron al quórum, otros sí enviaron legisladores al recinto. La diferencia quedó expuesta en el comportamiento de los bloques provinciales y mostró que la relación con Milei combina acuerdos, tensiones y estrategias distintas según cada distrito.


 

Las ausencias que favorecieron al oficialismo

Entre los gobernadores señalados por la oposición aparecen Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Rolando Figueroa, de Neuquén; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; e Ignacio Torres, de Chubut. La falta de quórum de sus espacios parlamentarios contribuyó a frustrar la sesión, aunque eso no significa que todos hayan actuado bajo un acuerdo común ni que sus posiciones sean idénticas.

El contraste más visible se produjo dentro de Provincias Unidas. El cordobés Martín Llaryora aportó cinco de sus seis diputados, mientras que el espacio de Pullaro no contribuyó a reunir el número necesario. Por Córdoba se presentaron Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo y Juan Brügge. Alejandra Torres se ausentó, en línea con sus reparos frente a la estrategia de derogar el decreto completo.

En Salta, dos de los tres diputados vinculados al gobernador Gustavo Sáenz, Bernardo Biella y Pablo Outes, sí dieron quórum. El dato también mostró los límites de cualquier lectura lineal sobre el alineamiento de los mandatarios: las decisiones de sus legisladores no respondieron a un comportamiento homogéneo y hubo diferencias incluso entre dirigentes que mantienen diálogo con el Gobierno nacional.


 

Presupuesto 2027 y negociaciones con las provincias

Las ausencias se produjeron mientras Nación y las provincias negocian distintos asuntos, entre ellos el Presupuesto 2027, la suspensión de las PASO y posibles acuerdos políticos y electorales. Esos temas forman parte del vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores dialoguistas, aunque no permiten afirmar por sí solos que haya existido un pacto específico para bloquear la sesión.

La oposición cuestionó a los mandatarios y legisladores que, sin integrar La Libertad Avanza, terminaron favoreciendo al oficialismo con su ausencia. Natalia De la Sota sostuvo que algunos dirigentes buscan “congraciarse con el Gobierno nacional”, mientras que otros referentes opositores denunciaron acuerdos políticos que, a su entender, condicionan las decisiones parlamentarias.

Del lado oficialista, Martín Menem celebró el fracaso de la sesión con un mensaje en redes sociales: “Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento”. La publicación fue compartida por Milei y reflejó el alivio del Gobierno tras evitar un debate que podía poner en discusión uno de los decretos centrales de su gestión.
 

La Ley de Tierras también entró en la negociación

La disputa por el DNU quedó atravesada por un cambio de posición del oficialismo sobre la Ley de Tierras. En el dictamen del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, el Gobierno y sus aliados reincorporaron límites a la venta de tierras rurales a extranjeros y propusieron dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23, que había derogado la Ley Nacional de Tierras Rurales 26.737.

La modificación abrió una nueva instancia de negociación, pero no implica la derogación del decreto en su conjunto. El proyecto todavía debe avanzar en el Congreso y, si recibe aprobación en Diputados, volverá al Senado, donde su sanción no está garantizada.

La oposición cuestionó el cambio de estrategia y sostuvo que la única forma de resguardar la legislación sobre tierras era rechazar el DNU. Mientras tanto, la discusión judicial sobre la aplicación de la Ley de Tierras continúa abierta y mantiene otro frente de incertidumbre sobre el alcance de las modificaciones impulsadas por el Gobierno.
 

El Gobierno ganó tiempo, pero el conflicto sigue abierto

La caída de la sesión permitió que La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y el MID evitaran una votación sobre la derogación del DNU. Sin embargo, el resultado no constituye una ratificación parlamentaria del decreto: simplemente impidió que la Cámara iniciara el debate.

El oficialismo convocó a una nueva sesión para el 21 de octubre, con proyectos vinculados a discapacidad y morosidad, mientras busca sostener su agenda legislativa y preservar los canales de negociación con las provincias.

La jornada dejó en evidencia que los gobernadores dialoguistas no conforman un bloque uniforme frente a Milei. Algunos espacios provinciales contribuyeron a frustrar el debate y otros se presentaron para habilitarlo. Esa diversidad de posiciones será central para entender las próximas votaciones y el margen de negociación que tendrá la Casa Rosada con cada mandatario.

La comunidad universitaria se moviliza este jueves 15 de octubre en distintos puntos del país para reclamar al Gobierno de Javier Milei respuestas por el financiamiento de las casas de estudio. La quinta Marcha Federal Universitaria tendrá una concentración central frente al Congreso de la Nación y buscará volver a instalar en la agenda pública la situación presupuestaria de las universidades nacionales.

La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, graduados y organizaciones sociales participarán de una jornada que tendrá réplicas en diferentes ciudades.



 

La aplicación de la ley, eje de la protesta

El principal reclamo apunta al cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Las organizaciones convocantes exigen que el Ejecutivo garantice los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de las universidades públicas y del sistema científico y tecnológico nacional.

A esa demanda se suman la recomposición de los salarios docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y mayores partidas para mantener las actividades académicas y de investigación. El deterioro de los ingresos y las dificultades presupuestarias se mantienen entre los principales puntos de conflicto con la administración libertaria.

La movilización se desarrolla en un escenario de tensión por las negociaciones salariales y la falta de respuestas que denuncian los sectores universitarios. La protesta busca reunir a distintos actores de la sociedad en defensa de la educación superior pública, gratuita y de calidad.
 

El Presupuesto 2027 suma presión sobre el Gobierno

El debate por el Presupuesto 2027 agrega otro factor de preocupación para las universidades, que buscan garantías sobre los fondos destinados al sistema educativo y científico. La discusión presupuestaria será clave para conocer las prioridades del Gobierno nacional y las partidas previstas para el funcionamiento de las instituciones.

Además del financiamiento universitario, la convocatoria pone el foco en la continuidad de proyectos científicos y tecnológicos, que requieren recursos para sostener equipos de trabajo, infraestructura y programas de investigación.

En los días previos, distintas universidades y organizaciones gremiales reforzaron la convocatoria con clases públicas y campañas en redes sociales. Las actividades apuntaron a ampliar la participación y mantener visible un conflicto que continúa abierto entre el sector universitario y el Ejecutivo.

Habrá movilizaciones en todo el país

La jornada tendrá concentraciones y recorridos organizados por las comunidades universitarias de cada ciudad. En la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso será uno de los principales puntos de encuentro, mientras que en las provincias se preparan columnas para trasladar los reclamos a las calles.

La de este jueves será la quinta gran Marcha Federal Universitaria desde abril de 2024, cuando las universidades protagonizaron una movilización masiva contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional. Desde entonces, el presupuesto, los salarios y las condiciones de funcionamiento de las instituciones permanecen en el centro de la disputa.

La convocatoria busca renovar la presión sobre la Casa Rosada en una jornada que combina reclamos salariales, defensa del financiamiento educativo y cuestionamientos a las prioridades presupuestarias. La respuesta oficial y el alcance de las movilizaciones marcarán un nuevo capítulo del conflicto universitario.

La polémica por la venta de tierras en la Reserva Provincial Península de Magallanes, cerca del glaciar Perito Moreno, sumó nuevos capítulos en Santa Cruz. Mientras una presentación judicial busca impedir que se concrete la transferencia, un grupo de diputados impulsa una ley para derogar el decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal que autorizó la operación de manera excepcional.

A esos dos frentes se agregó la posición del intendente de El Calafate, Javier Belloni, quien manifestó su preocupación por el destino de los terrenos y abrió la puerta a una audiencia pública. La controversia ya no se limita a la operación inmobiliaria: también involucra las facultades del Ejecutivo, las normas de protección ambiental y la participación de la comunidad en el desarrollo turístico de la zona.

Diputados buscan derogar el decreto de Claudio Vidal

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados y tomó estado parlamentario durante la sesión de la semana pasada. La iniciativa fue firmada por Carlos Alegría, Agostina Mora Doldán, Daniel Peralta, Carlos Godoy y Ramón Bodlovic, y propone dejar sin efecto el Decreto 915/2026, dictado el 1 de septiembre.

La norma provincial habilitó, por única vez y con carácter excepcional, una operación inmobiliaria entre Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate S.A.U. La compradora es una sociedad constituida en Argentina cuyo único accionista es ASB Hospitality LLC, radicada en Emiratos Árabes Unidos. La transferencia comprende las parcelas G2 y G3, vinculadas al proyecto turístico conocido como Master Plan Ecocentro.

El texto opositor también propone declarar nulos los actos administrativos, permisos, autorizaciones y otros instrumentos que se hayan realizado como consecuencia del decreto. Para avanzar, deberá ser analizado por las comisiones de Asuntos Constitucionales, Recursos Naturales, Asuntos Municipales, Presupuesto y Hacienda y Legislación General.


 

La disputa por las tierras y las normas ambientales

Uno de los puntos centrales del proyecto es darle rango de ley al Decreto 994/2017, que estableció restricciones para la adquisición extranjera de inmuebles ubicados total o parcialmente en áreas protegidas, reservas y parques provinciales. Los impulsores sostienen que una regulación de esa relevancia no debería quedar sujeta a excepciones particulares dispuestas por el Poder Ejecutivo.

Los legisladores también cuestionan la validez constitucional del Decreto 915 y plantean que una decisión de esas características requería intervención legislativa. Entre sus argumentos mencionan la Ley Provincial 3466, vinculada con la afectación, modificación o desafectación de áreas protegidas, y el Plan de Gestión vigente desde 2022.

La discusión se desarrolla, además, en un escenario atravesado por los cambios normativos nacionales sobre tierras rurales. El amparo presentado ante el Juzgado Federal de Río Gallegos cuestiona la validez constitucional del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley Nacional de Tierras Rurales 26.737, y solicita una medida cautelar para suspender los efectos del decreto provincial.
 

El amparo busca frenar la transferencia

La presentación judicial fue impulsada por los diputados Agostina Mora Doldán, Carlos Alegría, Eloy Echazú y Carlos Godoy, junto con el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS). La demanda apunta contra el Estado nacional y busca evitar que la operación se consolide antes de que exista una resolución sobre la controversia.

Entre las medidas solicitadas figuran la suspensión de la escrituración, la inscripción registral, la entrega de posesión y la ejecución del proyecto comercial sobre las parcelas involucradas. Los demandantes también cuestionan presuntas irregularidades administrativas y sostienen que debieron intervenir autoridades vinculadas con el régimen federal de zonas de seguridad y la protección ambiental.

Por ahora, la cautelar solicitada no equivale a una suspensión judicial confirmada. La operación permanece bajo discusión y su situación dependerá de las decisiones que adopte la Justicia, además del avance que tenga el proyecto legislativo.
 

Belloni abrió la puerta a una audiencia pública

En paralelo, el intendente de El Calafate expresó su preocupación por la operación y afirmó que el municipio no había sido informado previamente. “No sabemos nada, para nosotros es una sorpresa. Estamos muy preocupados, no tan solo por la venta de tierras a extranjeros, la preocupación más grande que tenemos los calafateños es el fin para el cual se compran las tierras”, sostuvo.

Belloni también manifestó su disposición a acompañar una audiencia pública si las organizaciones de la localidad impulsan la convocatoria. “Para nosotros es importante que los actores principales, que son las instituciones, se expresen, y nosotros seguramente vamos a acompañar”, señaló. Y agregó: “Si quieren hacer una audiencia pública, ahí va a estar el municipio de El Calafate”.

Hasta el momento no hay una convocatoria confirmada. La posibilidad, sin embargo, incorpora otro ámbito de discusión sobre el proyecto y sus consecuencias para la localidad, en particular por la escala del desarrollo turístico y su ubicación en un área protegida.
 

Ecocentro, el proyecto turístico en el centro de la controversia

El Master Plan Ecocentro contempla un complejo con cabañas, un edificio central, caminos, senderos y miradores. Según la información difundida sobre la iniciativa, el desarrollo general prevé 86 cabañas, aunque la autorización otorgada corresponde a una primera etapa.

El conflicto no se limita al origen de los capitales involucrados. También abarca el uso futuro de los terrenos, las condiciones para construir infraestructura en una reserva provincial y el alcance de la participación pública en decisiones que pueden modificar el entorno natural.

Con la discusión abierta en la Legislatura, el expediente judicial en trámite y la posibilidad de una audiencia pública, el futuro de la operación todavía no está definido. El decreto de Vidal continúa vigente mientras no sea derogado o suspendido por una decisión competente, y la transferencia no puede considerarse frenada judicialmente sin una resolución que así lo establezca.

Luis Caputo recibió nuevas señales de respaldo internacional durante la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se desarrolla en Bangkok, Tailandia. El ministro de Economía mantuvo reuniones con representantes del Tesoro de Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en una agenda orientada a sostener el apoyo financiero a la Argentina.

El acercamiento con Washington se produjo después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, manifestara su disposición a volver a asistir financieramente al país si fuera necesario. Para el Gobierno de Javier Milei, esas señales apuntan a reforzar la confianza de los mercados y reducir la incertidumbre cambiaria de cara a 2027.



 

Caputo busca respaldo del Tesoro de Estados Unidos

Durante la segunda jornada de actividades, Caputo se reunió con Erin Browne, subsecretaria de Asuntos Internacionales del Tesoro estadounidense. El encuentro se sumó a los contactos previos entre ambos gobiernos y al respaldo expresado por Bessent, una señal relevante para la estrategia financiera argentina.

El ministro también mantuvo reuniones con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, y con Ilan Goldfajn, titular del BID. En ambos casos, las conversaciones estuvieron vinculadas con los préstamos ya acordados y los proyectos cuyo financiamiento se encuentra sujeto a desembolsos por etapas.

La agenda internacional busca fortalecer el vínculo con los organismos multilaterales y mostrar que la Argentina conserva canales de financiamiento externo. Sin embargo, el respaldo político y financiero convive con exigencias sobre el rumbo de la política económica y la capacidad del Estado para sostener sus ingresos.
 

El FMI reclama eliminar exenciones y actualizar impuestos

La otra señal llegó desde el propio FMI. Después de destacar la disciplina fiscal del Gobierno, el organismo reclamó avanzar con una reforma tributaria destinada a mejorar la eficiencia de la recaudación y reducir las distorsiones del sistema impositivo.

El planteo fue formulado por Dabla-Norris, subdirectora del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo, quien señaló la necesidad de adoptar nuevas medidas. Entre las prioridades mencionó la eliminación de gastos tributarios, incluidas las exenciones del impuesto al valor agregado (IVA).

La funcionaria también pidió actualizar el impuesto sobre los combustibles, cuyos aumentos fueron postergados por el Gobierno en los últimos meses para amortiguar el impacto sobre la inflación. Una modificación de ese gravamen podría tener efectos sobre los precios y los costos de transporte, según cómo se instrumente.
 

La presión por cambiar el sistema tributario

El reclamo del Fondo incluye, además, la eliminación gradual de impuestos considerados distorsivos y su reemplazo por un esquema tributario más sólido y sostenible. El objetivo planteado es mejorar la estructura de ingresos públicos sin depender de mecanismos que dificulten la actividad económica.

La discusión abre un frente sensible para la administración de Milei. Mientras el Gobierno busca sostener el equilibrio fiscal y contener la inflación, una reforma que reduzca exenciones o actualice impuestos puede generar costos para distintos sectores económicos y trasladarse, según cada medida, a consumidores y empresas.

Así, la agenda de Caputo en Bangkok combina dos objetivos: asegurar respaldo externo para sostener la estabilidad financiera y responder a las demandas del FMI sobre la estructura tributaria. Las reuniones con Estados Unidos y los organismos de crédito refuerzan los canales de apoyo, pero el debate impositivo anticipa nuevas definiciones sobre cómo el Gobierno pretende financiar al Estado y sostener su programa económico.

La oferta de un campo de 2.943 hectáreas en Río Pico, Chubut, quedó bajo análisis por haber sido promocionada durante el breve período de incertidumbre jurídica en torno a la Ley de Tierras. El establecimiento incluye un lago privado, una laguna y 16 kilómetros de costa sobre el río Pico, características que la inmobiliaria destacó como parte de su potencial productivo, forestal y turístico.

El caso fue relevado por el Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reconstruyó publicaciones difundidas por Loma Alta Propiedades entre fines de septiembre y los primeros días de octubre. La oferta también fue presentada en inglés, con el objetivo de llegar a potenciales compradores del exterior.


 

La oferta inmobiliaria coincidió con la disputa por la Ley de Tierras

La promoción se difundió durante el período en que estuvo vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba restricciones de la Ley de Tierras a la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros. El 9 de octubre, la Corte Suprema dejó sin efecto el cambio normativo, al revertir la decisión judicial que había suspendido la aplicación de la norma.

El campo anunciado cuenta, según la descripción comercial relevada, con unas 2.943 hectáreas, un lago privado de aproximadamente 16 hectáreas, cursos de agua permanentes y una cascada. La ubicación en una zona cordillerana y fronteriza agrega relevancia al análisis sobre las condiciones legales que pueden alcanzar a este tipo de propiedades.

La Ley de Tierras establece límites a la titularidad extranjera sobre inmuebles rurales y contempla restricciones específicas para determinadas áreas de frontera y terrenos vinculados con cuerpos de agua. Por eso, las características del establecimiento y el contexto judicial en el que fue ofrecido concentraron la atención del Observatorio.
 

Qué se sabe sobre una posible venta del campo en Río Pico

Uno de los puntos centrales del relevamiento es que no hay información suficiente para confirmar que la operación se haya concretado durante ese período. El Observatorio de Tierras señaló que no cuenta con registros que permitan establecer si hubo una transferencia de dominio ni si la oferta derivó en una compraventa.

La publicación comercial, por sí sola, no demuestra que se haya producido una venta ni que se haya vulnerado la legislación vigente. Para determinarlo sería necesario conocer si existió una operación, quiénes fueron sus eventuales participantes y cuáles eran las condiciones jurídicas aplicables al inmueble.

La falta de información sobre posibles transferencias también expone una dificultad para reconstruir qué ocurrió con las operaciones inmobiliarias durante la breve ventana de incertidumbre normativa. Sin documentación registral suficiente, no es posible establecer si el cambio introducido por el DNU llegó a utilizarse para concretar ventas de tierras alcanzadas por restricciones.
 

El debate por las tierras rurales y los recursos naturales

El caso vuelve a poner en discusión los controles sobre la adquisición de grandes extensiones rurales, especialmente cuando están ubicadas en zonas de frontera o incluyen recursos hídricos. La dimensión del campo y sus características naturales fueron parte de los argumentos comerciales utilizados para promocionarlo.

La cuestión excede el anuncio inmobiliario: el alcance de las restricciones a la propiedad extranjera depende del marco legal vigente y de las condiciones particulares de cada inmueble. La existencia de una oferta no alcanza, por sí misma, para determinar si una operación estaba permitida o prohibida.

El desenlace sobre la situación de este campo dependerá de la información que pueda verificarse sobre su titularidad y eventuales transferencias. Mientras tanto, el relevamiento del Observatorio de Tierras aporta un caso concreto al debate sobre los efectos de la derogación temporal de la Ley de Tierras y los mecanismos para controlar las operaciones rurales.

El Gobierno de Chubut intimó a Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia Explotación de Petróleo S.A. a reactivar la explotación en cuatro áreas hidrocarburíferas, bajo apercibimiento de perder los derechos sobre esos yacimientos. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1478, firmado el 21 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial, que otorga a la empresa un plazo de seis meses para acreditar los niveles mínimos de actividad exigidos por la Provincia.

La decisión alcanza a las minas San Jorge, Sol de Mayo, Germán Burmeister y George Stephenson. Para cada una, el Ejecutivo aprobó un Plan Mínimo de Reactivación con metas productivas, tareas específicas y mecanismos de seguimiento destinados a comprobar que la compañía cumpla con sus obligaciones de explotación.
 

Chubut exige producción en cuatro áreas petroleras

La intimación se apoya en el artículo 21 del Apéndice del Código de Minería, que establece la obligación de mantener una intensidad razonable de explotación en las minas de petróleo e hidrocarburos fluidos, de acuerdo con la productividad comprobada de cada concesión.

El Ministerio de Hidrocarburos será responsable de fiscalizar los planes y evaluar los resultados. Para ello, la empresa deberá presentar información detallada por pozo, registros de producción y documentación técnica que permita verificar las tareas realizadas y el cumplimiento de las metas establecidas.

El plazo de seis meses comenzará a correr desde la notificación de la medida. Al finalizar ese período, si no se acreditan los niveles de actividad requeridos, el Gobierno podrá avanzar con la caducidad de las concesiones, siempre que el incumplimiento esté respaldado por una evaluación técnica.

Una petrolera histórica frente al riesgo de perder sus concesiones

Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia tiene más de un siglo de trayectoria vinculada a la actividad petrolera. Sin embargo, su escala actual contrasta con la de los principales operadores de la Cuenca del Golfo San Jorge, entre ellos Pan American Energy, PECOM, CGC y Crown Point.

La medida se conoce en un escenario de transformación de la actividad hidrocarburífera regional, marcado por el declino natural de los yacimientos convencionales y el desplazamiento de inversiones hacia Vaca Muerta. En ese contexto, la Provincia busca que las concesiones vigentes mantengan una actividad efectiva y acorde con su capacidad productiva.
 

La presión sobre la cuenca convencional y las inversiones

Uno de los principales movimientos de inversión en la región es el plan anunciado por Pan American Energy para Cerro Dragón, por unos 1.200 millones de dólares, orientado a recuperar producción mediante técnicas de recuperación terciaria. La iniciativa refleja los esfuerzos de los grandes operadores por extender la productividad de los yacimientos maduros.

El caso de las cuatro áreas intimadas plantea otra dimensión del desafío: la obligación de demostrar que los derechos de explotación se traducen en trabajos y resultados concretos. La empresa deberá cumplir con los objetivos definidos para cada mina y someterse al seguimiento del Ministerio de Hidrocarburos.

La intimación no elimina las obligaciones ambientales, de seguridad, integridad de las instalaciones, abandono de pozos y remediación, que continuarán vigentes de manera independiente. El desenlace dependerá de la documentación que presente la compañía y de la evaluación técnica provincial. Si no logra acreditar el cumplimiento de los planes, Chubut podrá declarar la caducidad de las concesiones involucradas.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, comenzó a presentar los lineamientos del Presupuesto 2027 ante intendentes y presidentes de comisiones de fomento, con el objetivo de discutir las prioridades de inversión en cada región antes de enviar el proyecto a la Legislatura. El primer encuentro se realizó en Chos Malal y estuvo centrado en las necesidades de infraestructura del Alto Neuquén.

La planificación contempla 147 intervenciones para la región: 106 incorporadas al presupuesto del próximo año y otras 41 que continuarán en ejecución. La cartera incluye obras viales, hospitales, centros de salud, viviendas, escuelas, servicios de agua y saneamiento, infraestructura energética y proyectos turísticos.


 

Presupuesto 2027 en Neuquén: las obras viales previstas para el Alto Neuquén

Entre las principales inversiones anunciadas figuran trabajos de pavimentación y mejoras en distintos corredores provinciales. El plan incluye la ruta 6 hasta el paso fronterizo Pichachén, la ruta 21 entre Loncopué y El Huecú y su continuidad hacia El Cholar, además de intervenciones en las rutas 43 y 54.

También se proyecta la repavimentación de la ruta 26 entre su empalme con la ruta 21 y Caviahue, con una inversión estimada en 11.500 millones de pesos. Para el tramo de la ruta 21 entre Loncopué y El Huecú, el monto previsto asciende a 8.000 millones de pesos.

La agenda busca mejorar la conectividad entre localidades del norte neuquino y facilitar el acceso a servicios, actividades productivas y circuitos turísticos. La incorporación de estas obras al presupuesto, no obstante, deberá distinguirse de su ejecución efectiva, que dependerá de los plazos administrativos y financieros correspondientes.


 

Hospitales, escuelas y servicios básicos: qué inversiones anunció Figueroa

El paquete de infraestructura sanitaria contempla un nuevo hospital en Las Ovejas y ampliaciones en los establecimientos de Chos Malal, El Cholar y Tricao Malal. Además, se proyectan nuevos centros de salud en Andacollo, Guañacos, Huinganco y Varvarco.

En materia de agua y saneamiento, el plan incluye sistemas cloacales para Huinganco y Taquimilán, una planta potabilizadora en Caviahue-Copahue y ampliaciones del abastecimiento de agua potable en Chos Malal, junto con obras para el tratamiento de líquidos cloacales. La planificación también incorpora lotes con servicios, programas habitacionales y nuevas intervenciones educativas, entre ellas edificios escolares en Chos Malal y Los Miches.

La infraestructura energética y turística completa la agenda regional. Entre los proyectos figuran la interconexión en 33 kilovoltios de la central hidroeléctrica Nahueve y la primera etapa del cierre del Anillo Norte, con un tendido de 160 kilómetros entre Las Lajas y Chos Malal. También se prevén senderos, miradores, paseos costeros y obras vinculadas con el entorno del Domuyo y el parque Colomichicó.
 

Regionalización y presupuesto: la estrategia política de Figueroa

El secretario del Interior, Gustavo Coatz, explicó que las reuniones buscan mostrar cómo las previsiones de ingresos se traducen en decisiones de inversión. “Una provincia para funcionar necesita definir el año previo cuánto dinero va a haber, cuánto se calcula y qué se va a hacer con ese dinero. Eso es presupuesto”, sostuvo.

Coatz vinculó el esquema con la regionalización impulsada por Figueroa, que divide la provincia en siete regiones con distintas necesidades. Según planteó, la distribución de los recursos debe contemplar las particularidades territoriales y no depender exclusivamente de la cantidad de habitantes. “Esto nos obliga a pensar a la provincia como un territorio único, en donde todo tiene que crecer en forma proporcional, pero en forma equilibrada”, afirmó.

Durante la presentación, el funcionario también señaló que el déficit de infraestructura provincial había sido estimado al inicio de la gestión en unos 4.000 millones de dólares y que, según los cálculos oficiales, se redujo a aproximadamente 1.800 millones a partir de las obras ejecutadas y proyectadas. El Gobierno utilizó esa comparación para respaldar la continuidad de las inversiones en rutas, hospitales, escuelas, viviendas y servicios esenciales.

Tras la reunión en Chos Malal, el Ejecutivo neuquino prevé continuar la ronda de consultas con representantes de las regiones de la Confluencia y los Lagos del Sur. El recorrido por las siete regiones permitirá exponer la distribución territorial de las obras y recibir planteos de los gobiernos locales antes de avanzar con el tratamiento legislativo del Presupuesto 2027.

La inflación de septiembre fue del 1,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y registró una aceleración respecto del 1,7% de agosto. Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un aumento del 23,6% entre enero y septiembre, mientras que la variación interanual llegó al 33,4%.

El dato volvió a poner el foco sobre los gastos cotidianos de los hogares, especialmente los servicios públicos, la educación y los alimentos. Aunque el índice mensual se mantuvo por debajo del 2%, la evolución de los precios mostró que la desaceleración no fue sostenida durante los últimos meses: en julio había sido del 2,1% y en marzo alcanzó el máximo de 2026, con un 3,4%.


 

Inflación de septiembre: vivienda y educación encabezaron las subas

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró el mayor incremento mensual, con un 3,1%. En segundo lugar quedó Educación, con una suba del 3%, de acuerdo con el informe oficial del Indec.

Entre los factores que presionaron sobre el índice se destacaron los aumentos de las tarifas de gas y electricidad, las cuotas de medicina prepaga y los precios de las verduras, los tubérculos y las legumbres. Estos movimientos incidieron sobre el presupuesto familiar y explicaron parte de la evolución de los precios durante el mes.

En el otro extremo, Restaurantes y hoteles tuvo una variación del 1,1%, mientras que Prendas de vestir y calzado aumentó un 1,4%. Ambos rubros quedaron por debajo del nivel general de inflación de septiembre.



 

Precios regulados y estacionales: los factores que presionaron al IPC

Por categorías, los precios regulados aumentaron un 2,3% durante septiembre, mientras que los estacionales avanzaron un 2,9%. La inflación núcleo, que excluye estos dos componentes y permite observar una parte más estable de la evolución de los precios, fue del 1,7%.

Dentro de la inflación núcleo incidieron, entre otros factores, las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos. La diferencia entre las categorías muestra que los aumentos vinculados con factores estacionales y con precios regulados tuvieron una incidencia superior a la del componente núcleo.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron el rubro de mayor incidencia en la mayoría de las regiones del país. En el Gran Buenos Aires, en cambio, el principal impacto correspondió a los gastos relacionados con la vivienda y los servicios públicos.
 

Inflación acumulada en 2026: el costo de vida sigue bajo presión

Con el registro de septiembre, la inflación acumulada llegó al 23,6% en los primeros nueve meses del año y la variación interanual se ubicó en el 33,4%. La evolución mensual, sin embargo, mostró oscilaciones, con una baja en agosto y una nueva aceleración en septiembre.

El comportamiento de los precios regulados y estacionales será clave para seguir la evolución del índice en los próximos meses. Mientras tanto, los aumentos en servicios esenciales, educación y alimentos continúan siendo variables centrales para medir el impacto de la inflación sobre los ingresos y el consumo de los hogares.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre, con movilizaciones en las principales ciudades del país. La protesta tendrá como eje el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, cuya derogación completa reclama el sindicato que conduce Rodolfo Aguiar.

En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria será frente al Congreso de la Nación a partir de las 13.30. La medida también se replicará en las provincias, con modalidades y alcances que serán definidos por cada jurisdicción. La jornada coincidirá con la Marcha Federal Universitaria, que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para docentes y trabajadores del sector.
 

ATE busca derogar el DNU 70/23 y endurece sus críticas a Milei

“Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita”, afirmó Aguiar, secretario general de ATE Nacional, al fundamentar la convocatoria.

El dirigente cuestionó el uso de decretos para impulsar reformas y sostuvo que el Gobierno pretende avanzar sobre facultades legislativas. “No podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto”, expresó.

Aguiar también calificó al DNU como “un delivery para las grandes corporaciones” y señaló que abarca más de 300 leyes. Entre los puntos que cuestiona mencionó la derogación de la Ley de Tierras, la Ley de Góndolas y la Ley de Alquileres, además de las disposiciones que habilitan procesos de privatización de empresas públicas y modifican las reglas del comercio exterior.
 

Paro nacional de ATE: qué servicios se verán afectados

La huelga alcanzará a distintas áreas de la administración pública y los servicios estatales. Entre los sectores afectados se encuentran la recolección de residuos, los auxiliares de educación, la Guardia Urbana, Migraciones, los controles sanitarios del Senasa en puertos y aduanas, los medios públicos y el personal dedicado al manejo de incendios forestales.

También se prevén interrupciones en actividades vinculadas con el tránsito, el control aéreo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el mantenimiento de plantas nucleares y distintos servicios públicos provinciales y municipales. El alcance concreto dependerá de las decisiones adoptadas en cada jurisdicción.

Durante la jornada se garantizarán guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en centros asistenciales destinados a niños, adolescentes y adultos mayores. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) mantendrá únicamente vuelos sanitarios y de Estado, mientras que el PAMI y la ANSES atenderán emergencias.
 

Marcha Federal Universitaria: salarios y financiamiento en el centro del reclamo

La protesta de ATE coincidirá con una nueva movilización del sector universitario, que reclama la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de las casas de estudio públicas.

La coincidencia de ambas convocatorias reunirá reclamos sindicales contra las políticas del Gobierno nacional y las restricciones presupuestarias. En ese escenario, ATE buscará ampliar la presión para que el Congreso avance con la derogación del DNU 70/23, mientras el sector universitario exigirá respuestas a la crisis salarial y financiera.

“Desde que asumió Milei nunca existió ni necesidad ni urgencia”, sostuvo Aguiar, quien consideró que el decreto debe ser declarado nulo. El paro nacional del jueves pondrá en escena el nivel de adhesión a la protesta estatal y la capacidad de coordinación entre los gremios que cuestionan las políticas de la administración de Javier Milei.

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) atraviesa una nueva controversia por su administración de personal, las remuneraciones y las relaciones políticas que rodean a su conducción. Denuncias recogidas por REALPOLITIK apuntan contra la gestión de Gerardo Blanes, en un escenario marcado por reclamos gremiales, despidos y cuestionamientos a los mecanismos de designación.

Según las fuentes citadas por ese medio, durante 2026 habrían ingresado más de 100 trabajadores, algunos con categorías salariales elevadas. Los señalamientos conviven con denuncias por desvinculaciones y sumarios administrativos, aunque la cantidad de incorporaciones y sus condiciones deben contrastarse con las resoluciones oficiales y los registros de personal.
 

IUPA: los sueldos millonarios y las denuncias por nuevas designaciones

La documentación salarial difundida por el medio REALPOLITIK, incluye dos recibos correspondientes a agosto de 2025 con haberes brutos de $3.810.140,42 y $3.713.707,77. Los importes netos consignados son de $3.455.479,39 y $3.433.788,45, respectivamente. Ambos corresponden a personal identificado con la categoría SEEX y dedicación EXCL.

Los comprobantes permiten dimensionar algunas remuneraciones dentro del instituto, pero no prueban por sí solos irregularidades ni permiten vincular esos salarios con las incorporaciones denunciadas para 2026. El cuestionamiento central pasa por conocer los criterios utilizados para asignar categorías, dedicaciones y adicionales, en medio de reclamos por mejoras salariales y condiciones laborales.

El Sindicato de Trabajadores del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (SITRAIUPA), encabezado por Marina Cepeda, denunció incrementos millonarios para las autoridades y cuestionó la falta de negociación paritaria. La Asociación de Docentes del IUPA (ADIUPA), conducida por Rocío Encina, también impulsó reclamos salariales y medidas de fuerza. Las organizaciones mantienen cuestionamientos sobre la política laboral de la conducción.








 

La secretaria de Ariel Bernatene y sus funciones en la universidad

Otro de los puntos señalados involucra a Angélica Torres, identificada como secretaria del legislador provincial Ariel Bernatene. Según la información publicada, Torres tendría una relación laboral con la Legislatura de Río Negro y, al mismo tiempo, aparecería vinculada al IUPA bajo una clasificación docente, aunque realizaría tareas de comunicación institucional y administración de redes sociales.

Segun fuentes cercanas, Bernatene defendió la conducción de Blanes y reconoció que su secretaria administra las redes sociales del instituto. Sin embargo, la información difundida no permite establecer por sí sola si existe una incompatibilidad entre ambos empleos, qué funciones contempla su designación universitaria ni bajo qué condiciones se desarrolla esa actividad.

La relación entre Bernatene y Blanes también quedó expuesta en iniciativas institucionales compartidas, como el desarrollo de un portal de empleo impulsado desde la universidad. Para los sectores críticos, estos vínculos justifican revisar los mecanismos de incorporación de personal y determinar si los nombramientos responden a necesidades académicas y administrativas debidamente fundamentadas.




 

Gerardo Blanes, los gremios y la responsabilidad política de Weretilneck

Las diferencias entre la conducción y los trabajadores se profundizaron durante el proceso de normalización institucional y las elecciones del Consejo Superior de marzo de 2026. Los gremios y sectores opositores cuestionaron decisiones de la Junta Electoral y promovieron presentaciones judiciales. Según el medio que difundió la información, parte de las actuaciones llegó a la Justicia Federal, mientras que tribunales provinciales se declararon incompetentes en determinadas impugnaciones.

A esos conflictos se sumaron denuncias por presunta violencia laboral, desplazamientos arbitrarios y sumarios administrativos. Mientras los sectores críticos cuestionan el trato hacia quienes expresan diferencias con las autoridades, la conducción sostiene que avanzó en la regularización de cargos y el ordenamiento institucional. La evaluación de cada caso requiere conocer los expedientes y los fundamentos de las decisiones administrativas.

La controversia también alcanza al gobernador Alberto Weretilneck, quien designó a Blanes como rector normalizador mediante el decreto 136/2025. Esa decisión vincula al Ejecutivo provincial con el proceso de normalización del IUPA y coloca bajo observación política el funcionamiento de la institución. En este contexto, la discusión sobre la gestión de los recursos públicos exige distinguir las denuncias de los hechos acreditados y conocer las respuestas de las autoridades involucradas.

El conflicto deja una serie de interrogantes sobre la cantidad de ingresos y desvinculaciones, las remuneraciones, las categorías laborales y los procedimientos de designación. La publicación de las resoluciones de personal, la ejecución presupuestaria y los criterios de contratación permitiría determinar el alcance de los cuestionamientos y aportar transparencia a una institución financiada con recursos públicos.

El dirigente Alejo Ramos Mejía, de Bariloche Sumar Sur, propuso incorporar una cláusula específica a la nueva Carta Orgánica Municipal para obligar a todos los gobiernos a sostener y financiar una política de Estado destinada al cierre definitivo del vertedero de Bariloche.

La iniciativa, denominada “Cláusula Vertedero”, busca evitar que el tratamiento de los residuos quede sujeto a las decisiones de cada gestión municipal. El proyecto establece obligaciones de continuidad, financiamiento y responsabilidad institucional, con etapas, plazos concretos y mecanismos de control ciudadano.

 

Bariloche: una obligación constitucional para cerrar el vertedero

“Durante años escuchamos promesas, anuncios y fechas de cierre que nunca se cumplieron. Los gobiernos pasan, pero el vertedero sigue ahí. Queremos terminar con esa historia”, sostuvo Ramos Mejía al fundamentar la propuesta.

El primer eje establece que ninguna administración municipal podrá abandonar, suspender injustificadamente o retroceder en la política pública orientada al cierre definitivo. La intención es fijar compromisos verificables que trasciendan los cambios de gobierno y permitan controlar el avance de las medidas previstas.
 

El proyecto prevé destinar el 5% del presupuesto municipal

El segundo punto propone crear un fondo de financiamiento anual obligatorio, mediante una partida equivalente al 5% del presupuesto municipal, destinada a ejecutar las obras, acciones y programas necesarios para concretar el cierre. Según el planteo, los recursos no deberían depender de la voluntad política del intendente de turno.

La tercera obligación apunta a establecer responsabilidades institucionales ante incumplimientos graves e injustificados. La cláusula contempla que esas situaciones puedan constituir una causal de remoción de las autoridades responsables, mediante el procedimiento institucional correspondiente y con pleno respeto del derecho de defensa.

“No queremos otra promesa electoral. Queremos una obligación constitucional municipal. Que cerrar el vertedero deje de depender de quién gobierna y pase a ser una responsabilidad que nadie pueda eludir”, afirmó el dirigente de Bariloche Sumar Sur.


 

Un sistema regional de residuos y la alternativa ferroviaria

La propuesta también plantea avanzar hacia un sistema regional de tratamiento y disposición final de residuos, con participación de las jurisdicciones involucradas. El objetivo es abordar el problema más allá de los límites de Bariloche y establecer una alternativa para la gestión de los desechos que no puedan recuperarse.

En ese marco, la iniciativa incorpora el análisis del transporte ferroviario para trasladar los residuos no recuperables hacia un sitio de disposición final ambientalmente habilitado. La viabilidad de esa alternativa y la articulación regional forman parte de los aspectos que deberán evaluarse para avanzar hacia una solución definitiva.

La propuesta de Ramos Mejía busca que el cierre del vertedero quede establecido como una obligación de largo plazo en la nueva Carta Orgánica Municipal. Su eventual incorporación deberá traducirse en compromisos presupuestarios, plazos de ejecución y mecanismos de control que permitan medir el cumplimiento de esa política ambiental.

La posibilidad de que Electrofueguina implemente un plan de retiros acordados encendió la preocupación en Río Grande, en un contexto de fuerte retroceso de la industria electrónica de Tierra del Fuego. Según versiones que circulan en el sector, la compañía comenzaría durante octubre a convocar individualmente a trabajadores para ofrecerles acuerdos de desvinculación.

Por el momento, la eventual medida no cuenta con confirmación oficial de la empresa, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ni los gremios que representan al personal jerárquico. Tampoco trascendieron cifras sobre la cantidad de empleados involucrados ni los montos que podrían ofrecerse.


 

La industria fueguina perdió casi 3.500 empleos

Los últimos datos sectoriales citados muestran la magnitud del deterioro. En agosto de 2026, la industria promovida de Tierra del Fuego registraba 6.564 puestos de trabajo, frente a los 10.033 del mismo mes de 2025. La diferencia representa una pérdida de 3.469 empleos, equivalente a una caída cercana al 34,6%.

El retroceso es todavía más pronunciado en la actividad electrónica, que concentra la mayor parte del empleo industrial promovido de la provincia. En ese rubro, la cantidad de trabajadores descendió a 5.091, un 37,7% menos que un año atrás. A la vez, la producción de bienes electrónicos registró una contracción interanual del 30,8%.

La retracción del consumo y la debilidad del mercado interno aparecen entre los principales factores detrás de la caída. En Río Grande, donde la actividad fabril tiene un peso significativo, la pérdida de puestos industriales también repercute sobre el comercio, los proveedores y los servicios vinculados al sector.
 

Producción activa y dudas sobre el futuro del plantel

La situación de Electrofueguina presenta señales que, por ahora, no permiten anticipar un freno generalizado de sus operaciones. La planta habría mantenido su ritmo habitual de producción durante las últimas semanas e incluso difundió búsquedas laborales, de acuerdo con la información que circula en el sector.

Ese escenario convive con las versiones sobre posibles retiros. Si las convocatorias se concretan, la empresa podría avanzar en una modificación de su dotación sin detener la actividad, aunque por ahora no hay elementos confirmados que permitan establecer si existe una decisión formal de reestructuración.

La atención está puesta en los próximos días y en una eventual respuesta de los trabajadores y sus representantes. La UOM local no había comunicado públicamente una posición sobre el posible plan, mientras que tampoco se conocían precisiones acerca de su alcance.


 

Un ajuste que se inscribe en la crisis manufacturera

La situación fueguina se desarrolla en un contexto nacional adverso para distintos segmentos de la industria. Según los datos del INDEC citados en la información disponible, la actividad manufacturera acumuló una caída del 2,7% durante los primeros ocho meses de 2026, con retrocesos en sectores vinculados a maquinaria, equipos y bienes durables.

La electrónica de consumo forma parte de las actividades más expuestas a la evolución del mercado interno. La contracción de la demanda impacta sobre los niveles de producción y agrega presión sobre las plantillas laborales de las empresas radicadas en la provincia.

El eventual plan de Electrofueguina todavía debe superar la instancia de los trascendidos. Sin confirmación oficial, la cantidad de trabajadores alcanzados y las condiciones de una posible salida siguen siendo desconocidas. Sin embargo, la fuerte reducción del empleo industrial durante el último año explica la preocupación que genera cualquier nueva señal de ajuste en Tierra del Fuego.

La apertura de una ruta marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas sumó un nuevo foco de tensión entre Argentina y Chile. El canciller Pablo Quirno salió a desmentir las versiones sobre una supuesta estrategia jurídica de Buenos Aires para modificar los límites de soberanía en el Estrecho de Magallanes, en medio de advertencias sobre el impacto político y estratégico del futuro enlace comercial.

La controversia se intensificó después de que Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario chileno, advirtiera que la Argentina estaría preparando argumentos legales para cuestionar la soberanía de Chile sobre el paso marítimo. Quirno respondió con una negativa tajante en sus redes sociales: “No”.

El episodio se produce mientras se prepara el viaje del buque comercial Danstar, operado por la empresa chilena Easter Island, que tiene previsto conectar Punta Arenas con las Malvinas a partir de noviembre. La iniciativa abrió interrogantes sobre las condiciones de navegación, el alcance de las obligaciones internacionales y el posible apoyo logístico a proyectos hidrocarburíferos en aguas disputadas.

El buque que reavivó la disputa por la soberanía

La advertencia de Kaiser se apoyó en declaraciones de funcionarios militares argentinos sobre la proyección de soberanía nacional en el extremo austral y en la vigencia del Decreto 256/2010, que establece requisitos para la navegación de buques hacia las Malvinas por aguas que Argentina considera bajo su jurisdicción.

El dirigente chileno trazó un paralelo con la disputa marítima entre Chile y Perú, resuelta por la Corte Internacional de Justicia, y planteó que Buenos Aires podría recurrir a argumentos de derecho internacional para respaldar un eventual reclamo. Sin embargo, no se presentó en el material difundido evidencia de que el Gobierno argentino esté preparando una acción de ese tipo.

Las alertas atribuidas a fuentes de inteligencia chilenas agregaron otro elemento de incertidumbre. Según esas versiones, el viaje del Danstar podría derivar en un incidente si las autoridades argentinas consideran que la navegación o la carga del buque infringen las normas aplicables. También se indicó que Chile no tendría previsto asignarle una escolta militar, dado que se trata de una operación comercial privada.


 

La ruta comercial y el trasfondo petrolero

El nuevo enlace marítimo busca reducir las distancias logísticas para el abastecimiento de las islas y disputar parte del negocio que actualmente se canaliza desde Uruguay. Desde las autoridades de Malvinas sostienen que el barco transportará alimentos, gas licuado y materiales de construcción para consumo local.

La preocupación argentina se concentra en la posibilidad de que la conexión facilite indirectamente operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas sujetas a la disputa de soberanía. Entre los proyectos bajo observación está Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que prevé avanzar con la producción petrolera en los próximos años.

La discusión jurídica gira, entre otras normas, en torno a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y al Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile de 1984. Especialistas chilenos citados en el debate sostienen que esos instrumentos protegen la libre navegación y limitan las posibilidades de detener una embarcación por el solo hecho de dirigirse a las islas.

La eventual intervención argentina dependerá de las características concretas del viaje, la carga, la ruta y las normas que resulten aplicables. Por ahora, las advertencias sobre una posible interceptación no equivalen a una decisión oficial de detener el buque.
 

Argentina evalúa respuestas económicas y busca evitar una ruptura

La controversia también llegó al Congreso argentino. El diputado Guillermo Michel presentó un proyecto para suspender beneficios impositivos a empresas chilenas que operan en el país y propuso revisar acuerdos bilaterales de inversiones y de doble imposición. El legislador argumentó que Chile no debería recibir ventajas económicas si sus compañías participan en actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Malvinas sin autorización argentina.

En paralelo, la relación bilateral quedó atravesada por declaraciones de funcionarios chilenos que defendieron la actividad económica desde sus puertos y plantearon argumentos vinculados con la situación de hecho y la voluntad de los habitantes de las islas. Esas posiciones chocan con el reclamo histórico argentino de soberanía.

Quirno, sin embargo, buscó separar la controversia comercial de una ruptura diplomática. El canciller recordó la declaración conjunta firmada el 3 de septiembre por Javier Milei y el presidente chileno José Antonio Kast, en la que ambos países rechazaron el apoyo logístico ilegal en la zona disputada.

“Todo lo que sea apoyo logístico para explotación de recursos naturales no se va a hacer desde Chile, actuaremos en la medida de nuestro espacio jurídico, legal y diplomático”, sostuvo el funcionario argentino.

El desafío para Buenos Aires será sostener su reclamo sobre Malvinas y evitar que la nueva ruta derive en un conflicto con Santiago. La evolución del viaje del Danstar, las condiciones de su operación y las decisiones que adopten ambos gobiernos marcarán el próximo capítulo de una disputa donde confluyen soberanía, comercio y recursos energéticos.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, volvió a apuntar contra el kirchnerismo a partir de las demoras detectadas en cinco juzgados de primera instancia de Río Gallegos. El relevamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) expuso acumulación de expedientes, sentencias pendientes y escritos sin tramitar, en un nuevo capítulo de la disputa política por el funcionamiento del Poder Judicial provincial.

“La Justicia era la última trinchera del kirchnerismo”, sostuvo Vidal en una publicación en redes sociales. El mandatario vinculó los problemas detectados con el funcionamiento del sistema judicial durante las gestiones anteriores y defendió los cambios institucionales que impulsa desde su llegada al gobierno.

La resolución judicial que originó la controversia fue emitida el 7 de octubre por el presidente del TSJ, Gabriel Contreras Agüero. El tribunal ordenó adoptar medidas urgentes para normalizar el trabajo de los juzgados observados y estableció un plazo máximo de dos meses para corregir las demoras.


 

Expedientes acumulados y plazos vencidos en Río Gallegos

Entre las situaciones más relevantes, el Juzgado de Familia N.º 2 registraba 96 sentencias pendientes y 15 resoluciones interlocutorias sin dictar, con expedientes demorados desde febrero de 2025. En el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N.º 1 se detectaron 1.155 escritos acumulados sin asignar ni proveer en sus tres secretarías, además de resoluciones fuera de plazo.

El relevamiento también identificó demoras en el Juzgado de Familia N.º 3 y en las tres secretarías del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N.º 2. En contraste, el Juzgado de Familia N.º 1 mantenía al día el despacho diario y tenía sus resoluciones pendientes dentro de los plazos legales.

El informe del TSJ mencionó factores que contribuyen a las dificultades, entre ellos las medidas de fuerza del gremio judicial, los problemas de infraestructura y las deficiencias en los insumos informáticos. Sin embargo, consideró que la antigüedad y la magnitud de algunos atrasos excedían las dificultades coyunturales y requerían una intervención correctiva.
 

Vidal reivindica la restitución de Eduardo Sosa

En su mensaje, el gobernador sostuvo que detrás de cada expediente paralizado hay personas que esperan una respuesta judicial. También cuestionó los más de 30 años de gobiernos kirchneristas en Santa Cruz y afirmó que su gestión busca una Justicia que “no responda al poder político, sino a la ley”.

Entre las medidas que reivindicó mencionó la restitución de Eduardo Sosa como procurador general, la ampliación del Tribunal Superior de Justicia y la implementación de concursos para fiscales y defensores. De esa manera, vinculó las reformas institucionales con su objetivo declarado de modificar el funcionamiento del sistema judicial.

Sosa había sido apartado de su cargo en 1995, luego de una reforma provincial que eliminó la figura del procurador general que ocupaba. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó en distintas oportunidades su restitución, pero las decisiones no tuvieron cumplimiento efectivo durante décadas.

En junio de 2026, la Legislatura santacruceña aprobó su restitución y Vidal la formalizó mediante el Decreto 0644. Sosa asumió en julio, después de más de tres décadas de reclamos judiciales. Para el gobernador, ese antecedente representa uno de los principales símbolos de las transformaciones que busca impulsar en la provincia.
 

El desafío institucional: corregir las demoras

La resolución del TSJ, sin embargo, no atribuyó los atrasos a una fuerza política ni estableció responsabilidades partidarias. El documento se concentró en las falencias administrativas detectadas y ordenó a la Cámara de Apelaciones elaborar un plan de regularización.

La Cámara deberá informar, dentro de los primeros 15 días, las medidas adoptadas y el cronograma previsto para resolver los problemas. Los juzgados alcanzados tendrán un máximo de dos meses para corregir las demoras señaladas.

El cumplimiento de esos plazos será clave para determinar si las medidas permiten reducir la acumulación de expedientes y normalizar el despacho judicial. Mientras Vidal utiliza el diagnóstico para reforzar sus cuestionamientos al kirchnerismo, la respuesta concreta del Poder Judicial será el principal indicador para evaluar el alcance de las correcciones.

La estrategia del Gobierno de Javier Milei para obtener rendimientos financieros de las reservas de oro del Banco Central quedó bajo cuestionamiento por las pérdidas asociadas a contratos de cobertura, las dudas sobre los controles y los reclamos para conocer el destino de los lingotes trasladados al exterior.

Según los datos atribuidos a la Auditoría General de la Nación (AGN), las operaciones con derivados financieros dejaron un resultado negativo de aproximadamente US$960,2 millones durante 2025, al que se sumaron US$62,8 millones en primas. El saldo conjunto asciende a US$1.023 millones y puso bajo presión al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del BCRA, Santiago Bausili.

El dato requiere una precisión: esa cifra no representa la desaparición física de oro, sino el resultado negativo de determinadas operaciones financieras. El Banco Central, por su parte, sostiene que la valorización del metal permitió cerrar el año con un resultado neto positivo de US$2.505 millones. La discusión pasa por determinar cómo se llegó a ese balance y qué costos implicó la estrategia.


 

Caputo defendió el traslado del oro y ahora debe justificar la estrategia

En 2024, Caputo defendió públicamente la decisión de trasladar parte de las reservas de oro al exterior con el argumento de que mantener el activo inmovilizado no permitía aprovechar todas sus posibilidades financieras. La iniciativa buscaba ampliar las alternativas de administración de las reservas.

Sin embargo, el resultado de las coberturas durante 2025 abrió interrogantes sobre la conveniencia de las operaciones. Mientras el precio internacional del oro aumentaba, los contratos financieros generaron pérdidas que redujeron el beneficio asociado a la suba del metal.

El Gobierno debe explicar qué riesgos buscaba cubrir, cuáles fueron las condiciones pactadas y qué alternativas se evaluaron antes de avanzar. La existencia de un resultado negativo no demuestra por sí sola una irregularidad, pero sí vuelve relevante conocer los fundamentos económicos y los controles aplicados.

La responsabilidad política de Caputo está vinculada con su defensa pública de la estrategia. La atribución de responsabilidades por contratos específicos, en cambio, requiere conocer la documentación que permita reconstruir quién tomó cada decisión y bajo qué autorizaciones.


 

Bausili, la AGN y las dudas sobre las auditorías

La controversia sumó un frente institucional tras la exposición de Bausili ante el Senado, el 9 de septiembre de 2026. El titular del Central sostuvo que los movimientos del oro habían sido auditados, mientras que la AGN aclaró posteriormente que no había concluido una auditoría específica sobre la trazabilidad de los lingotes.

La diferencia es relevante porque una auditoría de estados contables no equivale necesariamente a una verificación integral de la ubicación física del metal, sus condiciones de custodia y su disponibilidad.

A esto se agregan las demoras superiores a un año que, según los antecedentes citados, se registraron en la entrega de información solicitada por los organismos de control. La falta de respuestas oportunas alimenta las dudas sobre el acceso a documentación relacionada con las reservas.

Bausili deberá precisar qué alcance tenían las auditorías a las que hizo referencia y qué información estaba disponible cuando compareció ante los legisladores. Para determinar si existió una falsedad deliberada, sin embargo, sería necesario acreditar qué conocía el funcionario y cuál fue su intención.
 

El Banco Central defiende el balance global y crecen los reclamos judiciales

La defensa oficial se apoya en el resultado neto de la posición en oro. El BCRA sostiene que durante 2025 la valorización del metal permitió obtener un resultado positivo de US$2.505 millones, aun después de considerar el impacto de las coberturas financieras.

Ambas cifras corresponden a componentes distintos de la estrategia y no deben compararse como si fueran conceptos equivalentes. Para evaluar la conveniencia de las operaciones, es necesario establecer cuánto habría ganado el Central sin esos contratos y qué protección concreta ofrecieron frente a una eventual caída del precio del oro.

El caso también llegó al Congreso y a los tribunales. Los senadores Martín Soria, Juliana Di Tullio y Florencia López impulsaron denuncias y pedidos de información para esclarecer el destino de las reservas, las autorizaciones y las responsabilidades de las autoridades.

El 9 de octubre, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra Caputo, Bausili y Juan Curuchet. La presentación quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. La investigación deberá establecer si existieron incumplimientos legales o conductas ilícitas en la administración de los recursos públicos.

Una pérdida financiera no constituye automáticamente un delito. Pero tampoco excluye la posibilidad de investigar si las decisiones se adoptaron conforme a las normas y si existieron perjuicios derivados de eventuales irregularidades.
 

El oro en el exterior y los riesgos para la Argentina

El traslado de las reservas también generó interrogantes en el plano internacional. En el litigio por la expropiación de YPF, los demandantes solicitaron información sobre activos del Banco Central y la ubicación de sus tenencias de oro.

La posición argentina sostiene que los bienes pertenecen a una entidad autárquica y que están protegidos por las inmunidades aplicables a los activos de los bancos centrales. No obstante, conocer la titularidad, la custodia y las condiciones contractuales resulta importante para evaluar cualquier exposición jurídica.

No hay elementos suficientes para afirmar que el oro trasladado pueda ser embargado automáticamente. El riesgo depende de las circunstancias jurídicas y contractuales concretas, así como de las decisiones que adopten los tribunales competentes.

El desafío para la conducción económica es responder con documentación verificable sobre las operaciones, sus costos y los controles realizados. Mientras esas explicaciones no despejen las dudas, la administración del oro seguirá siendo un foco de presión política y judicial para el Gobierno de Milei.

Gustavo Gennuso anunció que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cuestionar la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en la causa Techo Digno. El exintendente de Bariloche sostuvo que detrás del trámite judicial existe una intención política de impedir su participación en las elecciones de 2027 y vinculó esa situación con su distanciamiento de Juntos Somos Río Negro.

El STJ confirmó su absolución por peculado, pero ordenó que el Tribunal de Impugnación, con una integración diferente, evalúe si los hechos investigados pueden configurar malversación de caudales públicos. La resolución mantiene abierto el proceso, aunque no constituye una condena. En una entrevista con Mañana de Noticias, por Literal Radio, Gennuso afirmó que buscan “proscribirme, para poder sacarme del juego”.
 

Techo Digno y el cuestionamiento de Gennuso al STJ

El principal planteo del exjefe comunal apunta al cambio de figura penal que deberá analizar el Tribunal de Impugnación. “Nosotros nunca nos defendimos de malversación, nunca nos dijeron que ese era el delito. Entonces nosotros nos defendimos de peculado”, expresó. Su cuestionamiento se centra en que la defensa y las pericias del proceso estuvieron orientadas a responder a la acusación original, por la que fue absuelto en primera instancia en noviembre de 2025.

La investigación se originó en el traslado de recursos del programa federal Techo Digno desde una cuenta municipal hacia un plazo fijo en otra entidad financiera durante 2016 y 2017. Gennuso defendió esa decisión como una medida para preservar el dinero frente a la inflación y aseguró que los fondos permanecieron en cuentas del municipio, fueron restituidos a su destino y permitieron avanzar con unas 870 viviendas. La eventual aplicación de la figura de malversación tiene relevancia política porque puede implicar una inhabilitación para ejercer cargos públicos.
 

La apelación a la Corte y la discusión por la prescripción

Gennuso también puso en duda los tiempos de la resolución provincial. Afirmó que la lectura del fallo estaba prevista para el 5 de noviembre y que fue adelantada casi un mes, una modificación que relacionó con la proximidad de los plazos de prescripción de una eventual acusación por malversación. “Están corriendo porque hay una prescripción”, sostuvo. Esa interpretación forma parte de sus cuestionamientos al tribunal y deberá discutirse en el expediente.

Frente a ese escenario, confirmó que su defensa buscará llevar el caso a la Corte Suprema. “Lo vamos a cuestionar”, anticipó, aunque reconoció que los tiempos de una eventual intervención del máximo tribunal nacional podrían superar las próximas definiciones electorales. La controversia judicial queda así atravesada por el calendario político de Río Negro, donde el exintendente mantiene aspiraciones de participación para 2027.
 

Elecciones 2027, Tortoriello y la ruptura con JSRN

El actual vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica expresó que le gustaría ocupar un lugar en la política provincial, aunque no confirmó una candidatura. Dijo que trabaja con colaboradores en un programa de gobierno y mantiene conversaciones con distintos sectores. Entre esos contactos mencionó a Aníbal Tortoriello, con quien se reunió en Bariloche a principios de octubre. “Con Aníbal compartimos un montón de cuestiones”, señaló, sin anunciar un acuerdo electoral ni una incorporación partidaria.

Sus declaraciones también profundizaron la distancia con Juntos Somos Río Negro. “La animosidad es conmigo claramente, porque yo siempre que pienso distinto lo digo, porque siempre fui muy independiente”, manifestó, y afirmó que en el oficialismo “están ensañados” con él. Además, interpretó que su situación funciona como una advertencia hacia otros dirigentes que temen sufrir represalias por sus posiciones políticas. “O sea, es gobernar con el terror”, concluyó, en una acusación que eleva la tensión entre su futuro electoral, la conducción provincial y el desarrollo de la causa Techo Digno.

El crecimiento de Vaca Muerta abre oportunidades para la industria energética, pero las pequeñas y medianas empresas de Neuquén advierten que el desarrollo de la actividad no garantiza su participación en los nuevos negocios. Por eso, reclaman que las grandes operadoras las incorporen a sus procesos de licitación y les permitan competir por contratos en igualdad de condiciones.

El planteo fue formulado por Mauricio Uribe, presidente de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE), una entidad que agrupa a unas 640 empresas. El sector busca ampliar su participación en la cadena de proveedores de una industria en expansión, con procedimientos de contratación transparentes y sin exclusiones por el origen de las compañías.
 

Vaca Muerta: el acceso a los contratos, el principal reclamo de las pymes

Desde FECENE sostienen que las empresas neuquinas destinan recursos a equipamiento, tecnología y capacidad operativa para responder a las exigencias de la actividad hidrocarburífera. Sin embargo, advierten que esas inversiones necesitan perspectivas concretas de contratación para sostenerse en el tiempo.

Uribe destacó que existen proveedores locales con experiencia en el sector y antecedentes para prestar servicios a compañías multinacionales. En ese entramado conviven empresas vinculadas con la producción convencional y otras que buscan ampliar su presencia en el desarrollo no convencional.

La federación no plantea limitar la participación de firmas de otras provincias, sino garantizar que los proveedores neuquinos puedan presentar presupuestos y competir en procedimientos regulados y auditados. El objetivo es que el crecimiento de la actividad energética también se traduzca en oportunidades para el entramado empresarial radicado en la región.


 

Parque Industrial Capital: expectativas por nuevas inversiones

El reclamo se produce mientras Neuquén impulsa infraestructura para acompañar la expansión productiva. Entre las iniciativas figura el Parque Industrial Capital, presentado por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Neuquén, Mariano Gaido.

El proyecto recibió solicitudes de 606 empresas interesadas en instalarse en el predio, con requerimientos de superficie que alcanzaron las 1.372,5 hectáreas, por encima de las 1.000 previstas inicialmente. Ante esa demanda, el municipio anunció una ampliación de la iniciativa y una nueva inscripción para febrero de 2027.

Para FECENE, la disponibilidad de suelo industrial puede facilitar la ampliación de las empresas y la incorporación de equipamiento. No obstante, Uribe advirtió que la infraestructura debe traducirse en actividad concreta y oportunidades comerciales para los proveedores locales.


 

Impuestos, capacitación y empleo: los desafíos de la cadena energética

El dirigente también señaló que los costos impositivos nacionales representan una parte importante de las dificultades que enfrenta el sector. En una industria que requiere inversiones permanentes en personal, maquinaria y capacidad técnica, la previsibilidad económica resulta determinante para planificar nuevas operaciones.

Otro de los puntos centrales es la formación de trabajadores. Uribe mencionó el trabajo conjunto con los gobiernos provincial y municipal en escuelas de oficio y en las becas Gregorio Álvarez, con el propósito de acompañar la demanda laboral vinculada al crecimiento energético.

El desafío, según el planteo empresario, es doble: contar con personal capacitado y fortalecer a las compañías locales para que puedan responder a las exigencias de las operadoras. En ese escenario, el reclamo de FECENE apunta a que la expansión de Vaca Muerta no se mida únicamente por las inversiones y la producción, sino también por la capacidad de incorporar proveedores neuquinos a los contratos que genera la actividad.