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Cerro Catedral: lanzan plan y niegan privatización de tierras

Austral News — Fri, 15 May 2026 11:00:00 -0300

La Municipalidad de Bariloche presentó el Plan Director para Cerro Catedral, una iniciativa que busca ordenar el desarrollo territorial del principal centro de esquí del país y avanzar hacia la construcción de un polo turístico de escala internacional. El proyecto contempla nuevas áreas de infraestructura, servicios, hotelería y residencias sobre tierras municipales concesionadas a Catedral Alta Patagonia S.A., empresa del Grupo Trappa.

El anuncio llega en medio de un debate de alto impacto local: el uso futuro de tierras que forman parte del patrimonio inalienable de la ciudad. Frente a las advertencias de vecinos y sectores de la oposición, el gobierno de Walter Cortés buscó despejar dudas y afirmó que el plan “no privatiza” el suelo del cerro.

Un plan para ordenar el futuro del Catedral

Según el documento difundido por el Ejecutivo municipal, el Plan Director de Desarrollo Sustentable fue diseñado como una herramienta para fijar parámetros urbanísticos, ordenar las intervenciones y establecer reglas claras para el crecimiento del cerro.

Desde el municipio sostienen que la iniciativa no aprueba obras específicas ni habilita construcciones de manera automática. Según la explicación oficial, cualquier desarrollo futuro deberá atravesar las instancias regulares de planeamiento, control municipal y cumplimiento de los códigos de edificación vigentes.

El argumento central de la gestión es que el plan no entrega la tierra, sino que define límites, usos permitidos y condiciones para futuras inversiones.

La promesa oficial: “no existe privatización”

Uno de los puntos más controvertidos es el dominio de la tierra. El municipio remarcó que las 1.920 hectáreas del Cerro Catedral pertenecen y seguirán perteneciendo al patrimonio municipal.

“El plan es contundente: las tierras son de dominio municipal. No existe ningún tipo de privatización”, sostuvo la gestión local, en un intento por contener las críticas que vinculan el proyecto con un avance inmobiliario sobre suelo público.

La aclaración apunta a separar dos discusiones: por un lado, la propiedad de la tierra, que el municipio asegura que seguirá en manos públicas; por otro, el desarrollo turístico y urbanístico que podría ejecutar la concesionaria dentro del marco fijado por el Plan Director.

CAPSA, el Grupo Trappa y el proyecto turístico

El desarrollo estará vinculado a Catedral Alta Patagonia S.A., firma que tiene la concesión del cerro por 30 años. El proyecto contempla la posibilidad de construir un centro turístico de mayor escala, con hotelería, áreas residenciales y servicios asociados.

Ese punto abre el costado más delicado del debate: cómo compatibilizar inversión privada, explotación turística, protección ambiental y control público sobre un activo estratégico para Bariloche.

Para el municipio, mantener las inversiones en el Catedral resulta clave porque el cerro funciona como motor económico y social de la ciudad. La actividad turística, deportiva y comercial sostiene una amplia cadena regional de hoteles, restaurantes, comercios y puestos de trabajo directos e indirectos.

Infraestructura a cargo de la concesionaria

Otro de los ejes del plan es el financiamiento de las obras de infraestructura. Según el documento oficial, toda obra vinculada a energía, saneamiento y agua deberá ser financiada en un 100% por la empresa concesionaria, sin costo para la comunidad.

El municipio presenta ese punto como una garantía de que el desarrollo no trasladará al Estado local el peso económico de nuevas redes y servicios.

La discusión, sin embargo, no queda cerrada en el financiamiento. También habrá que observar cómo se controlará la ejecución, qué capacidad tendrá el municipio para fiscalizar y qué obligaciones concretas asumirá la empresa ante cada etapa de desarrollo.

El punto ambiental: intervención reducida al 4%

El Ejecutivo municipal informó que se realizó un Informe de Sensibilidad Ambiental para definir qué se puede hacer y en qué zonas. Según el municipio, ese estudio permitió reducir el área potencial de intervención en la base del cerro: del 9% inicial a solo el 4% de la superficie concesionada.

La gestión sostiene que, con esa reducción, la mayor parte del cerro permanecerá bajo protección y que el desarrollo urbano y turístico se concentrará principalmente en zonas ya intervenidas o de baja sensibilidad ambiental.

Ese punto será uno de los más observados por vecinos, ambientalistas y sectores críticos. La diferencia entre un Informe de Sensibilidad Ambiental y un Estudio de Impacto Ambiental aparece como una discusión técnica pero también política: define el nivel de exigencia, control y evaluación previa sobre un proyecto de gran escala.

Turismo, ambiente y control público

El lanzamiento del Plan Director abre una nueva etapa en la disputa por el futuro del Cerro Catedral. Para el municipio, se trata de una herramienta para ordenar, limitar y dar previsibilidad a un desarrollo que considera necesario para modernizar la oferta turística de Bariloche.

Para los sectores que miran con desconfianza el proyecto, el punto central será garantizar que la promesa de no privatizar la tierra se traduzca en controles reales, límites verificables y protección efectiva del ecosistema.

El cerro no es solo un negocio turístico. Es patrimonio público, identidad local, ambiente de montaña y una de las principales fuentes económicas de la ciudad. Por eso, el Plan Director no solo deberá ordenar inversiones: también tendrá que demostrar que el desarrollo prometido no avance sobre aquello que dice proteger.

Neuquén suma pistolas Byrna y cámaras corporales a la Policía

Austral News — Fri, 15 May 2026 10:31:00 -0300

El gobierno de Neuquén avanzará con un nuevo plan de modernización para reforzar el equipamiento de la Policía provincial. La gestión de Rolando Figueroa incorporará 1.200 pistolas Byrna y 200 cámaras corporales para el personal policial, en una apuesta por ampliar el uso de tecnologías menos letales, mejorar el registro de los procedimientos y fortalecer la presencia territorial.

La presentación oficial se realizará este miércoles y marcará una nueva etapa en la estrategia de seguridad provincial. El Ministerio de Seguridad busca equipar a la fuerza con herramientas intermedias entre la intervención física y el uso de armas de fuego, en línea con protocolos de uso progresivo de la fuerza.

Qué son las pistolas Byrna

Las Byrna son dispositivos que funcionan con aire comprimido y cartuchos de CO₂. No utilizan pólvora ni munición tradicional, sino proyectiles cinéticos o químicos irritantes, con un alcance efectivo estimado de entre 10 y 20 metros.

Están diseñadas para situaciones donde la Policía necesita intervenir sin recurrir de manera directa al arma reglamentaria. Pueden utilizarse en procedimientos urbanos, control de personas agresivas, disturbios de baja intensidad o intervenciones en espacios cerrados.

Su objetivo central es reducir el riesgo de lesiones graves o fatales, ofreciendo una herramienta de contención previa al uso de fuerza letal.

Una herramienta intermedia para la intervención policial

La incorporación de las Byrna se suma a otras tecnologías menos letales ya adquiridas por la provincia, entre ellas 100 pistolas Taser 10, consideradas de última generación por su capacidad de múltiples disparos y registro audiovisual.

Con este esquema, Neuquén busca ubicarse entre las provincias que avanzan con sistemas policiales más tecnificados, orientados a la prevención, la trazabilidad de los operativos y la reducción de riesgos durante las intervenciones.

La clave estará en la capacitación y en el protocolo de uso. El equipamiento por sí solo no define una política de seguridad: su eficacia dependerá de cómo se utilice, cuándo se habilite y qué controles acompañen cada procedimiento.

Bodycams para registrar los operativos

El plan también contempla la incorporación de 200 cámaras corporales, conocidas como bodycams, que permitirán registrar en tiempo real las intervenciones policiales.

Estos dispositivos podrán activarse automáticamente al desenfundar el arma reglamentaria o las herramientas menos letales. Algunas versiones permiten incluso transmisión en vivo, lo que abre la posibilidad de monitorear procedimientos desde centros de control.

El Gobierno provincial sostiene que las cámaras buscarán fortalecer la transparencia institucional, proteger tanto a los efectivos como a los ciudadanos y mejorar la calidad de las pruebas judiciales.

El argumento del Gobierno provincial

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, afirmó que la adquisición forma parte de una estrategia diseñada por el gobernador Figueroa para fortalecer la seguridad en toda la provincia.

“Esta nueva adquisición es parte de la estrategia trazada por el gobernador Rolando Figueroa, con una planificación clara, objetivos concretos y una decisión política firme de fortalecer la seguridad en toda la provincia”, señaló.

El funcionario adelantó además que en las próximas semanas se entregará más equipamiento a grupos tácticos, Bomberos y al conjunto de la fuerza.

Neuquén se prepara para crecer

Nicolini vinculó la modernización policial con el crecimiento demográfico proyectado para Neuquén. Según planteó, la provincia debe recuperar capacidad operativa, infraestructura y presencia territorial porque en poco tiempo podría duplicar su población.

“Hoy estamos recuperando capacidad operativa, infraestructura y presencia territorial porque entendemos que Neuquén en muy poco tiempo va a duplicar su población y tenemos que estar preparados para ese crecimiento”, sostuvo.

El planteo apunta a una discusión de fondo: cómo debe prepararse una provincia atravesada por la expansión energética, el crecimiento urbano y nuevas demandas de seguridad asociadas al desarrollo económico.

Seguridad, control y uso progresivo de la fuerza

El nuevo equipamiento comenzará a utilizarse progresivamente a partir de junio. La apuesta oficial combina tres objetivos: modernizar a la Policía, reducir el uso de fuerza letal y generar registros audiovisuales de los procedimientos.

La incorporación de Byrna y bodycams puede marcar un cambio en la forma de intervenir en la calle, pero también abrirá una etapa de control sobre el propio accionar policial. Las cámaras corporales, en particular, funcionan como una herramienta de doble vía: respaldan a los efectivos frente a denuncias infundadas, pero también documentan abusos, errores o intervenciones mal ejecutadas.

En ese equilibrio se jugará buena parte del resultado del plan. Neuquén no solo suma tecnología policial; también se prepara para discutir cómo se usa, bajo qué reglas y con qué nivel de supervisión pública.

Abuelas de Plaza de Mayo alertó por el Banco Nacional de Datos Genéticos

Austral News — Fri, 15 May 2026 10:12:00 -0300

Abuelas de Plaza de Mayo advirtió, a través de un comunicado oficial publicado en su página institucional, que el Banco Nacional de Datos Genéticos atraviesa una situación crítica por falta de presupuesto y podría entrar en riesgo de parálisis si el Gobierno nacional no garantiza una ampliación urgente del crédito necesario para su funcionamiento.

La organización sostuvo que el BNDG es una herramienta central para la identificación de nietos y nietas apropiados durante la última dictadura y para la protección del derecho a la identidad. Por eso, alertó que cualquier interrupción en sus servicios puede generar consecuencias irreversibles sobre investigaciones judiciales, pericias genéticas y muestras biológicas reconstruidas durante más de cuatro décadas.

Un organismo clave para el derecho a la identidad

El Banco Nacional de Datos Genéticos cumple un rol único dentro del sistema argentino de derechos humanos. Su tarea permite conservar, procesar y comparar perfiles genéticos de familiares, personas desaparecidas, hombres y mujeres que dudan de su origen y madres que buscan a sus hijos e hijas.

Según el comunicado de Abuelas, el organismo reúne alrededor de 32.000 muestras ingresadas, en su mayoría vinculadas con delitos de lesa humanidad e identificación de personas desaparecidas. También cuenta con más de 1.000 perfiles genéticos de madres que buscan a hijos e hijas arrebatados en condiciones de vulnerabilidad.

La magnitud de ese archivo convierte al BNDG en mucho más que un organismo técnico: es una pieza institucional de memoria, justicia y reparación.

El riesgo de parálisis por falta de presupuesto

Abuelas citó la advertencia de la directora del BNDG, Mariana Herrera Piñero, quien informó a la Justicia que el organismo enfrenta una situación crítica de operatividad por insuficiencia de crédito presupuestario.

La falta de fondos compromete servicios esenciales como limpieza, vigilancia y mantenimiento del edificio. Pero el impacto puede ser mucho más profundo: demoras en pericias genéticas, dificultades para cumplir mandas judiciales, alteración de condiciones técnicas indispensables y riesgo sobre la preservación de muestras biológicas que constituyen prueba judicial.

En un organismo de estas características, la continuidad operativa no es un detalle administrativo. La conservación, refrigeración, climatización, bioseguridad y monitoreo ambiental son condiciones necesarias para proteger evidencia genética que puede definir causas judiciales y restituciones de identidad.

Abuelas denunció un nuevo ataque al BNDG

En su comunicado, Abuelas sostuvo que el Banco viene siendo atacado desde la llegada del Gobierno de La Libertad Avanza. Primero, señaló el intento de modificar o disolver organismos autónomos y autárquicos durante el debate de la Ley Bases. Luego, mencionó el Decreto 351/2025, que —según la organización— buscó avanzar sobre el organismo mediante una intervención de hecho.

La entidad recordó que esas medidas fueron revertidas, pero advirtió que ahora el riesgo aparece por otra vía: el ahogo presupuestario. Para Abuelas, si no se garantizan los recursos necesarios, la consecuencia puede ser la parálisis de uno de los engranajes fundamentales para la búsqueda de los desaparecidos vivos.

Una herramienta reconocida en el mundo

El Banco Nacional de Datos Genéticos es reconocido internacionalmente y su ley fue modelo para la creación de bancos similares en otros países. A lo largo de su historia permitió resolver 140 casos de niños desaparecidos y también reunir familias en búsquedas no vinculadas directamente con el terrorismo de Estado.

Ese recorrido explica la gravedad institucional de la advertencia. El BNDG no solo forma parte de la política pública argentina de memoria, verdad y justicia: también integra los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de derechos humanos.

Abuelas recordó que el incumplimiento de esas obligaciones puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino, especialmente en casos de desaparición forzada y derecho a la identidad.

Reclamo al Poder Judicial y al Congreso

Frente a esta situación, Abuelas pidió al Poder Judicial que intime al Gobierno nacional a garantizar de manera urgente el funcionamiento normal del BNDG. También reclamó a ambas cámaras del Congreso que asuman un rol activo e inmediato en defensa del organismo.

La organización advirtió que una eventual parálisis del Banco no solo afectaría su propio trabajo, sino también la labor de otros organismos estatales vinculados a la búsqueda de bebés robados durante la dictadura, como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado.

“Aún nos falta encontrar a 300 nietos y nietas”

El comunicado cierra con una definición política y humana: Abuelas recordó que todavía falta encontrar a 300 nietos y nietas apropiados durante la última dictadura. Por eso, reclamó que el Estado sostenga las políticas públicas que permiten continuar esas búsquedas.

El riesgo sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos vuelve a colocar en primer plano una discusión que excede cualquier ajuste presupuestario. Cuando se desfinancia una institución encargada de preservar pruebas, reconstruir identidades y acompañar causas de lesa humanidad, lo que queda en juego no es solo una partida estatal: es la continuidad de una política histórica de memoria, verdad y justicia.

Extraños gusanos marinos aparecieron en una playa de Comodoro

Austral News — Fri, 15 May 2026 09:28:00 -0300

Una vecina de Comodoro Rivadavia encontró dos organismos marinos poco habituales mientras caminaba con sus perros por la costanera de Kilómetro 3, en la zona norte de la ciudad. El hallazgo llamó rápidamente la atención por la apariencia de los animales: uno era un gusano marino conocido popularmente como “pez pene” y el otro, un “ratón de mar”.

La mujer los fotografió, los filmó y luego los devolvió al agua con ayuda de un alga, sin manipularlos directamente. Las imágenes se viralizaron por el aspecto extraño de los ejemplares, aunque especialistas aclararon que no se trata de una mutación ni de una especie peligrosa, sino de organismos que suelen vivir enterrados o asociados a fondos arenosos y fangosos.

Qué encontró la vecina en la costa de Comodoro

El episodio ocurrió después de jornadas de fuerte movimiento del mar. En ese contexto, la aparición de especies que normalmente permanecen ocultas bajo el sedimento no resulta excepcional, aunque sí genera sorpresa cuando llegan a la superficie.

Uno de los organismos fue identificado como un gusano marino del género Urechis, popularmente llamado “pez pene” por su forma. Especialistas locales lo vinculan con Urechis chilensis, una especie de equiuro registrada en el Atlántico sudoccidental.

El segundo ejemplar corresponde a un ratón de mar, nombre común que reciben ciertos gusanos poliquetos cubiertos por cerdas o filamentos que les dan una apariencia peluda.

Por qué el “pez pene” no es un pez

Aunque su nombre popular puede confundir, el llamado “pez pene” no es un pez. Es un invertebrado marino del grupo de los equiuros, actualmente incluido dentro de los anélidos o poliquetos según registros taxonómicos especializados.

Estos organismos suelen vivir enterrados en sedimentos de arena, por debajo de la línea de baja marea. En condiciones normales, permanecen ocultos y rara vez son vistos por quienes caminan por la costa.

Por eso, cuando aparecen varados, la reacción suele ser de desconcierto. No es que hayan surgido de manera repentina ni que representen una amenaza: simplemente fueron desplazados desde su hábitat habitual.

La explicación científica detrás de la aparición

La clave del fenómeno estaría en la marejada. De acuerdo con especialistas, las olas de gran altura remueven el fondo marino, levantan sedimentos y arrastran hacia la costa organismos bentónicos, es decir, especies que viven asociadas al fondo.

En ese movimiento pueden aparecer gusanos marinos, almejas, caracoles, navajas y otros animales que normalmente no llegan a la superficie. El impacto visual es fuerte porque muchas de estas especies son desconocidas para la mayoría de la población.

La aparición del “pez pene” en Comodoro, entonces, no indicaría una rareza biológica ni un fenómeno alarmante, sino una consecuencia del movimiento del mar sobre el fondo costero.

Qué es el ratón de mar

El otro organismo hallado fue un ratón de mar, un tipo de gusano poliqueto cubierto de cerdas o filamentos. Su aspecto “peludo” le da el nombre común y lo vuelve particularmente llamativo cuando aparece en la arena.

Al igual que el equiuro, suele vivir en fondos arenosos o fangosos y puede quedar expuesto después de tormentas, marejadas o movimientos intensos del agua.

En estos casos, la recomendación es no manipularlo directamente, evitar el consumo y devolverlo al agua si está vivo, siempre sin contacto directo y con cuidado.

Antecedentes en Chubut y Tierra del Fuego

No es la primera vez que aparecen organismos similares en la Patagonia. En 2021 ya se habían registrado ejemplares parecidos en playas de la zona norte de Comodoro Rivadavia y también en Rada Tilly.

En 2023, además, hubo una aparición masiva en Río Grande, Tierra del Fuego, también vinculada a tormentas o fuerte oleaje.

Estos antecedentes muestran que el fenómeno no es aislado. La costa patagónica alberga una biodiversidad mucho más amplia de lo que suele verse a simple vista, y los temporales pueden exponer por unas horas especies que normalmente permanecen bajo el fondo marino.

Qué recomiendan los especialistas

Aunque algunos organismos marinos pueden ser comestibles si están frescos y vivos, los especialistas recomiendan no recolectarlos ni consumirlos, especialmente si aparecieron después de un evento climático y llevan tiempo varados.

También aconsejan evitar la manipulación directa y dar aviso a especialistas, guardavidas o autoridades ambientales si aparecen en cantidad.

El hallazgo en Comodoro Rivadavia deja una postal curiosa, pero también una advertencia útil: la costa no solo muestra lo que ocurre sobre la superficie. A veces, después de una marejada, también revela la vida silenciosa que permanece enterrada bajo el mar.

Paritarias en Río Negro: Weretilneck busca sostener salarios y desactivar los conflictos

Austral News — Thu, 14 May 2026 20:51:00 -0300

El Gobierno de Río Negro retomó este jueves las negociaciones salariales con los gremios estatales y docentes con una propuesta orientada a sostener la actualización automática de salarios frente a la inflación y avanzar en la regularización de deudas históricas vinculadas a recategorizaciones.

Durante la reunión de la Mesa de la Función Pública, el Ejecutivo provincial presentó un esquema que extiende hasta septiembre de 2026 el mecanismo del IPC híbrido, calculado a partir del promedio entre la inflación nacional y el índice de Viedma-Patagones. Según detallaron desde la Provincia, las actualizaciones salariales se liquidarán en junio y agosto de acuerdo al comportamiento inflacionario de cada bimestre.

El Gobierno ratificó el esquema salarial atado al IPC híbrido

Desde la administración provincial señalaron que el objetivo central es garantizar previsibilidad salarial en un contexto económico complejo y evitar que los ingresos estatales queden rezagados frente al aumento del costo de vida. El mecanismo ya había sido utilizado en acuerdos anteriores y se consolidó como uno de los principales instrumentos de actualización salarial del Gobierno rionegrino.

La propuesta también incorporó mejoras específicas para determinados sectores de la administración pública. Entre ellas aparece un incremento del 20% en el plus destinado a operadores de la SENAF y una suba del 50% en adicionales correspondientes al personal de servicio de apoyo de Educación, especialmente porteros y auxiliares escolares.

Río Negro presentó un plan para pagar recategorizaciones adeudadas

Otro de los puntos centrales de la negociación fue la presentación de un esquema destinado a cancelar recategorizaciones pendientes, una demanda que alcanza a cerca de 4.000 trabajadores estatales, principalmente del área de Salud. Según datos oficiales, la deuda acumulada supera los 1.600 millones de pesos.

La iniciativa contempla pagos escalonados según el monto adeudado en cada caso. Las sumas más bajas serían abonadas en una sola cuota hacia fines de junio, mientras que los importes más elevados se cancelarían mediante cuotas distribuidas hasta diciembre.

ATE mantuvo el diálogo y UPCN cuestionó la negociación

Durante la jornada, la Asociación Trabajadores del Estado mantuvo abierta la negociación con el Ejecutivo y volvió a insistir en la necesidad de sostener mecanismos automáticos de actualización salarial para evitar una pérdida frente a la inflación.

La postura de UPCN fue diferente. El sindicato decidió no participar de la reunión y cuestionó el funcionamiento de la Mesa de la Función Pública. Desde la conducción gremial rechazaron el esquema del IPC híbrido, criticaron el pago en cuotas de las recategorizaciones y volvieron a reclamar el pase a planta permanente de trabajadores contratados.

En paralelo, el Gobierno provincial avanzó también con la convocatoria a la paritaria docente con UNTER. La oferta mantuvo el criterio de actualización salarial por inflación, aunque quedó condicionada al normal desarrollo del ciclo lectivo y a la ausencia de medidas de fuerza.

La conducción sindical docente expresó malestar por la convocatoria realizada con escaso margen de anticipación y reclamó una mejora salarial superior. El gremio ya había concretado un paro de 48 horas en los últimos días y advirtió que analizará nuevas medidas si no existen cambios en la propuesta oficial.

A pesar de las diferencias planteadas por algunos sectores sindicales, en el Gobierno provincial consideran que la propuesta permite sostener una política de recomposición salarial en un escenario nacional marcado por la caída de recursos y la desaceleración económica.

María Emilia Soria abrió diálogo con radicales y le agita el tablero al Gobierno de Weretilneck

Austral News — Thu, 14 May 2026 20:36:00 -0300

La jefa comunal María Emilia Soria comenzó a profundizar en las últimas semanas una serie de movimientos políticos que reactivaron especulaciones sobre una eventual proyección provincial. Mientras mantiene una fuerte agenda institucional desde General Roca, la dirigente peronista empezó a ampliar vínculos con sectores extrapartidarios y a instalar temas de gestión con impacto regional.

En paralelo, la jefa comunal roquense elevó un pedido formal de audiencia al gobernador Alberto Weretilneck para reclamar definiciones sobre obras consideradas estratégicas para la ciudad. Entre los planteos aparecen el Plan Director de Agua Potable, el derivador de acceso al Parque Industrial II y la ampliación de la Ruta Nacional 22 en el tramo urbano roquense, un tema históricamente sensible para el Alto Valle.

María Emilia Soria presiona por obras y marca diferencias con Weretilneck

Desde el municipio remarcan que las obras reclamadas son claves para sostener el crecimiento urbano y productivo de la ciudad. “Queremos obtener precisiones sobre el avance de estas obras que son fundamentales para que Roca siga creciendo”, sostuvo la intendenta al justificar el pedido de reunión con el mandatario provincial.

El reclamo también volvió a poner sobre la mesa la situación de la Ruta Nacional 22, especialmente después del traspaso de la traza a la órbita provincial. En distintos sectores políticos y empresariales del Alto Valle persiste la presión para avanzar con la ampliación del tramo que atraviesa General Roca, una demanda que atraviesa desde hace años a gobiernos municipales, provinciales y nacionales.

La intendenta de Roca abrió conversaciones con sectores de la UCR

En paralelo a la agenda institucional, María Emilia Soria comenzó a mostrar señales de acercamiento hacia dirigentes por fuera del Partido Justicialista. Días atrás mantuvo un encuentro con referentes de la Unión Cívica Radical de Cipolletti, donde analizaron la situación económica provincial, problemáticas regionales y posibles coincidencias políticas hacia adelante.

La reunión tomó relevancia luego de las declaraciones de Facundo Tapia Blanco, quien confirmó que quedó abierto un canal de diálogo con la dirigente peronista. “Está pensando en ser gobernadora de todos los rionegrinos más allá del PJ”, afirmó el dirigente radical, dejando entrever que empiezan a construirse puentes políticos impensados hasta hace pocos meses.

El PJ busca ordenarse mientras crece la discusión por 2027

El acercamiento con sectores radicales apareció acompañado por otro movimiento relevante dentro del propio peronismo rionegrino. En los últimos días, el presidente del PJ provincial, Sergio Hernández, difundió una reunión con María Emilia Soria donde ambos coincidieron en la necesidad de fortalecer la estructura partidaria de cara al próximo ciclo electoral.

“Tenemos un gran desafío y una gran responsabilidad: volver a gobernar Río Negro”, expresó Sergio Hernández tras el encuentro, donde además se confirmó una convocatoria partidaria prevista para junio en Choele Choel.

La combinación entre reclamos institucionales, instalación de agenda provincial y apertura de canales de diálogo por fuera del PJ empieza a consolidar a María Emilia Soria como una de las figuras que busca posicionarse en la discusión política de Río Negro rumbo a 2027.

La Corte Suprema avaló la ampliación del TSJ en Santa Cruz

Austral News — Thu, 14 May 2026 20:32:00 -0300

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió dejar sin efecto la sentencia que había declarado inconstitucional la ampliación del Tribunal Superior de Justicia santacruceño y validó la incorporación de los nuevos magistrados designados por la Legislatura provincial. La decisión representa un fuerte respaldo político e institucional para la gestión de Claudio Vidal en medio de una extensa disputa judicial.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes revocaron la resolución dictada previamente por el propio Tribunal Superior de Justicia provincial y rechazaron la demanda presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales.

La Corte cuestionó el fallo del TSJ de Santa Cruz

En la sentencia, la Corte sostuvo que el gremio judicial no contaba con legitimación suficiente para impugnar la Ley 3949 y consideró arbitrarios varios de los argumentos utilizados por el máximo tribunal santacruceño para declarar la inconstitucionalidad de la norma.

Los ministros señalaron que no existía una afectación concreta sobre los derechos laborales de los trabajadores judiciales y calificaron como “dogmáticos” algunos planteos vinculados al eventual impacto presupuestario de la ampliación del cuerpo judicial. Además, remarcaron la existencia de una situación de “gravedad institucional” alrededor del funcionamiento del Poder Judicial provincial.

Quiénes integrarán el nuevo Tribunal Superior de Justicia

Con esta resolución judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz quedará conformado por nueve integrantes. Continuarán en funciones Paula Ludueña, Fernando Basanta, René Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau y Daniel Mariani, quienes ya integraban el cuerpo antes de la reforma impulsada por el oficialismo provincial.

A ellos se sumarán ahora los nuevos vocales incorporados mediante la ampliación: Sergio Acevedo, José González Nora, Juan Lucio Ramón de la Vega y Gabriel Nolasco Contreras Agüero. Sus designaciones habían quedado frenadas tras la resolución del TSJ provincial durante 2025.

Claudio Vidal logra cerrar una crisis institucional en Santa Cruz

El conflicto comenzó el año pasado, cuando el Tribunal Superior de Justicia declaró inválida la ampliación y bloqueó la asunción de los nuevos jueces. La disputa derivó en una fuerte crisis institucional dentro del Poder Judicial santacruceño y abrió un enfrentamiento directo entre sectores judiciales y el gobierno provincial.

En uno de los tramos más relevantes del fallo, la Corte Suprema afirmó que “no advierte que existan impedimentos para que los jueces designados según la ley 3949 asuman inmediatamente el cargo” y dejó expresamente aclarado que el Tribunal Superior de Justicia “se encuentra integrado con el número legal de nueve miembros”.

Además, el máximo tribunal recordó que el gobierno federal tiene la obligación constitucional de garantizar el funcionamiento regular de las instituciones provinciales y preservar el orden republicano, un punto que terminó inclinando la balanza en favor de la postura impulsada por la administración de Claudio Vidal.

Chubut oficializó el Comando Unificado y podrá sumar fuerzas federales

Austral News — Thu, 14 May 2026 20:29:00 -0300

El Gobierno de Chubut oficializó este jueves la entrada en vigencia de la Ley XIX N°103, una herramienta legal que habilita al Ejecutivo provincial a requerir el auxilio de fuerzas de seguridad federales para reforzar operativos de prevención del delito en distintos puntos del territorio chubutense.

La norma había sido aprobada por la Legislatura provincial el pasado 7 de mayo y ahora quedó formalmente promulgada tras su publicación en el Boletín Oficial. El esquema permitirá sostener durante un año la continuidad de los llamados “Comandos Unificados”, estructuras de coordinación entre fuerzas provinciales y nacionales que ya venían funcionando en zonas consideradas estratégicas o con mayores índices de conflictividad.

Chubut refuerza la seguridad con apoyo de fuerzas federales

El texto legal establece que el principal objetivo será “garantizar la continuidad operativa” de los dispositivos conjuntos de seguridad y fortalecer tareas preventivas vinculadas al combate del delito. Bajo ese esquema, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut mantendrá la conducción estratégica de los operativos dentro de la jurisdicción provincial.

Al mismo tiempo, las fuerzas federales actuarán bajo el marco de la Ley Nacional de Seguridad Interior y en articulación con las autoridades locales. La ley también habilita al Ejecutivo provincial a firmar convenios complementarios con el Ministerio de Seguridad de la Nación para asegurar financiamiento logístico, equipamiento y sostenimiento operativo de los efectivos desplegados.

La ley prohíbe usar fuerzas federales en protestas

Uno de los puntos centrales del articulado es la limitación expresa sobre el uso de las fuerzas nacionales. La norma indica que la intervención tendrá “únicamente fines preventivos” y prohíbe de manera taxativa su utilización para tareas de “disuasión y/o represión de manifestaciones, protestas y movilizaciones públicas”.

Ese apartado fue incorporado como una cláusula clave dentro del debate legislativo y buscó delimitar el alcance operativo de los despliegues interfuerzas en el territorio provincial, en medio de discusiones políticas sobre el rol de las fuerzas federales en conflictos sociales.

Chubut deberá publicar estadísticas mensuales de seguridad

La nueva legislación también ratifica la continuidad de la denominada “Mesa de Análisis y Estadísticas”, un órgano técnico encargado de monitorear resultados operativos, indicadores delictivos y desempeño de los operativos conjuntos entre fuerzas provinciales y federales.

Según la ley, ese espacio deberá enviar informes mensuales a la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura de Chubut, con estadísticas desagregadas por localidad y evaluaciones sobre las estrategias implementadas. Además, los datos deberán publicarse en una plataforma oficial del Ministerio de Seguridad para garantizar acceso público a la información.

Por último, el texto legal convalida todas las actuaciones realizadas desde el vencimiento de la normativa anterior hasta la entrada en vigencia de esta nueva autorización, otorgando respaldo jurídico a los operativos y procedimientos desarrollados durante ese período.

Río Negro: el triángulo libertario por el liderazgo en camino al 2027

Austral News — Thu, 14 May 2026 20:17:00 -0300

La incorporación de Claudio Doctorovich a La Libertad Avanza en Río Negro terminó de confirmar un movimiento político que se venía cocinando desde hacía meses dentro del tablero libertario provincial. El pase del exlegislador del PRO no sólo achicó el margen político de Aníbal Tortoriello, sino que además fortaleció el esquema de construcción territorial que encabeza el senador Enzo Fullone junto al vice del partido, Damián Torres. En el espacio reconocen que el movimiento tiene lectura interna y nacional.

El ingreso de Doctorovich dejó expuesta la nueva correlación de fuerzas dentro de La Libertad Avanza rionegrina. Aunque formalmente la conducción continúa en manos de Lorena Villaverde, la diputada perdió centralidad luego de los conflictos internos y del desgaste político derivado de los escándalos que impactaron sobre su figura durante el último año. En paralelo, Fullone empezó a consolidar volumen político propio con respaldo de sectores alineados a la conducción nacional libertaria.

La discusión ya no pasa únicamente por el control partidario. En el oficialismo libertario provincial empiezan a proyectar el armado electoral de 2027 y allí aparecen nombres, alianzas y disputas que todavía se manejan en voz baja. La estrategia de Fullone apunta a ampliar el espacio incorporando dirigentes con estructura territorial y experiencia legislativa. El objetivo es construir una base competitiva antes de que se acelere la pelea por la gobernación.

Fullone mueve piezas y amplía el armado libertario

La llegada de Claudio Doctorovich funcionó como una señal política hacia distintos sectores del PRO y del radicalismo rionegrino. El dirigente, con pasado en la UCR y posterior paso por el macrismo, había abandonado meses atrás el bloque que conduce Juan Martín en la Legislatura. Su desembarco libertario terminó de confirmar un proceso de acercamiento que venía siendo seguido de cerca por la dirigencia provincial.

Dentro de La Libertad Avanza interpretan la incorporación como parte de una estrategia más amplia impulsada por Enzo Fullone para consolidar músculo político propio. El senador viene recorriendo municipios, fortaleciendo vínculos con concejales y dirigentes regionales, mientras busca construir una estructura capaz de competir electoralmente sin depender exclusivamente del arrastre nacional de Javier Milei. La apuesta es llegar a 2027 con armado territorial consolidado.

“El objetivo es continuar sumando dirigentes que compartan la visión del presidente”, sostuvo Fullone al explicar el desembarco de Doctorovich. La frase expone el intento de ampliar la base libertaria en Río Negro captando sectores desencantados del PRO y de partidos tradicionales. En paralelo, el senador busca mostrarse como uno de los dirigentes provinciales con mayor conexión política con la mesa nacional que integran Karina Milei y los Menem.

Villaverde quedó debilitada y Torres gana poder

Aunque Lorena Villaverde conserva la presidencia formal del partido en Río Negro, en la estructura libertaria admiten que el control político empezó a correrse hacia otros actores. La diputada quedó golpeada después de los conflictos internos que atravesó el espacio y perdió capacidad de conducción sobre parte de la dirigencia que originalmente respondía a su armado político.

En ese escenario creció la figura de Damián Torres, vicepresidente partidario y uno de los operadores con mayor influencia sobre el funcionamiento interno de La Libertad Avanza en la provincia. Torres no sólo mantiene control sobre sectores de la estructura partidaria, sino que además tiene fuerte inserción legislativa a partir de su vínculo con el parlamentario César Domínguez y con dirigentes nacionales del espacio.

La interna quedó expuesta durante la discusión por la oficialización institucional del bloque libertario en la Legislatura provincial. El proceso generó resistencias políticas y demoras que terminaron exhibiendo las diferencias internas dentro del espacio. Mientras algunos sectores buscaban acelerar la formalización, otros intentaban preservar márgenes de negociación política dentro de un esquema todavía atravesado por tensiones de liderazgo.

El acuerdo tripartito entra en zona de tensión

La conducción libertaria en Río Negro funciona actualmente bajo un esquema de equilibrio delicado entre Lorena Villaverde, Enzo Fullone y Damián Torres. Ninguno controla de manera absoluta la estructura partidaria y las decisiones relevantes requieren acuerdos internos permanentes. Sin embargo, la convivencia política empezó a mostrar señales de desgaste frente al crecimiento de las ambiciones electorales.

Fuentes del espacio describen el funcionamiento interno como un “acuerdo tripartito” sostenido más por necesidad que por afinidad política. Fullone y Torres avanzan sobre la construcción territorial y legislativa, mientras Villaverde conserva resortes institucionales importantes dentro del partido. Ese equilibrio obliga a negociar cada movimiento sensible y explica por qué la tensión todavía no terminó de romper la estructura.

En el entorno libertario reconocen que la discusión de fondo ya está atravesada por la carrera hacia 2027. Fullone empezó a ser mencionado como posible candidato a gobernador, mientras Torres trabaja un armado propio con eje en Viedma y en la rosca legislativa. Villaverde, por ahora, eligió el silencio político, aunque nadie dentro del espacio cree que haya renunciado definitivamente a disputar el liderazgo provincial.

Tortoriello observa y la pelea entra en otra etapa

La reconfiguración libertaria también impacta sobre el esquema político de Aníbal Tortoriello, que mantiene intactas sus aspiraciones provinciales desde su sello CREO Río Negro. El diputado llegó al Congreso bajo el paraguas libertario, pero conserva estructura y armado propio. Su relación con sectores de La Libertad Avanza atraviesa un momento de cautela y especulación mutua.

En distintos sectores libertarios no descartan que pueda reeditarse algún entendimiento electoral con Tortoriello de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, tanto Fullone como Torres intentan despegarse públicamente de cualquier acuerdo prematuro. La prioridad actual pasa por consolidar la estructura interna antes de abrir negociaciones que puedan alterar el equilibrio partidario.

“El objetivo es construir un proyecto serio de cambio desde ahora”, repiten cerca de Torres para evitar definiciones anticipadas sobre alianzas. Detrás de esa postura aparece una lectura política concreta: cualquier movimiento antes de tiempo podría profundizar las tensiones internas y acelerar una disputa de poder que, aunque todavía silenciosa, ya empezó dentro de La Libertad Avanza de Río Negro.

Hantavirus en Bariloche: confirmaron la cepa Andes

Austral News — Thu, 14 May 2026 10:15:00 -0300

El Instituto Malbrán confirmó que el paciente internado en Bariloche contrajo hantavirus cepa Andes, la variante asociada a la región patagónica y con evidencia de transmisión interpersonal en determinadas condiciones. Se trata de un hombre de 45 años que permanece en el Hospital Zonal Ramón Carrillo, bajo aislamiento, seguimiento médico y evolución favorable.

La confirmación reactivó la vigilancia sanitaria en la zona, no porque implique por sí sola un brote, sino porque la cepa Andes obliga a un seguimiento más estricto de los contactos estrechos. El paciente había ingresado con síntomas compatibles con hantavirus, entre ellos fiebre, dolores corporales y diarrea, lo que activó el protocolo mientras se aguardaban los estudios enviados al Malbrán.

Qué confirmó el Malbrán sobre el caso en Bariloche

El resultado del laboratorio nacional permitió identificar que el cuadro corresponde a virus Andes, una de las variantes de hantavirus con circulación en el sur argentino y Chile. Desde el centro de salud informaron que el paciente continúa bajo monitoreo permanente y con signos de mejoría clínica.

La información sanitaria es clave para ordenar el mensaje público: se trata de un caso confirmado que requiere aislamiento, control y trazabilidad epidemiológica, pero hasta el momento no se informó la existencia de un brote local.

Por qué preocupa la cepa Andes

La cepa Andes tiene una particularidad que la diferencia de otros hantavirus: existe evidencia de transmisión de persona a persona, especialmente en contextos de contacto estrecho o prolongado. Esa posibilidad fue documentada en brotes previos de la Patagonia, como el registrado en Epuyén y localidades vinculadas durante 2018 y 2019.

Sin embargo, esa característica no debe leerse como una transmisión masiva o comparable a virus respiratorios de alta circulación. La precisión importa: la cepa Andes puede transmitirse entre personas en determinadas condiciones, pero la vía habitual del hantavirus sigue estando asociada al contacto con secreciones de roedores infectados.

Cómo se transmite el hantavirus

El Ministerio de Salud de la Nación explica que el contagio suele ocurrir al inhalar partículas virales presentes en orina, saliva o heces de roedores infectados, especialmente en áreas rurales, silvestres, periurbanas, galpones, depósitos o espacios cerrados con presencia de ratones.

Por eso, la prevención se concentra en evitar el contacto con roedores y sus secreciones, ventilar ambientes cerrados antes de limpiarlos, no barrer en seco zonas potencialmente contaminadas y consultar de inmediato ante síntomas compatibles luego de una exposición de riesgo.

Síntomas y vigilancia epidemiológica

El hantavirus puede comenzar con fiebre, dolores musculares, cefalea, malestar general, náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea. En los casos graves, puede evolucionar hacia compromiso respiratorio, por lo que la detección temprana y la atención médica rápida son decisivas. El Boletín Epidemiológico Nacional también remarca que, ante la circulación del virus Andes, debe relevarse el antecedente de contacto estrecho con casos confirmados.

En Bariloche, el diagnóstico activó el seguimiento sanitario correspondiente. La confirmación de la cepa no cambia solo el nombre del virus: modifica la intensidad de la vigilancia, porque obliga a reconstruir contactos, posibles exposiciones y escenarios de riesgo.

El contexto internacional: el brote del MV Hondius

El caso local aparece en un contexto de mayor atención internacional por el brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius. La Organización Mundial de la Salud informó 11 casos reportados al 13 de mayo, con infecciones asociadas al virus Andes y tres muertes.

Hasta ahora, no se informó ningún vínculo entre el caso de Bariloche y el episodio del crucero. Por eso, la referencia al MV Hondius debe leerse como contexto sanitario internacional, no como una conexión epidemiológica comprobada.

Una alerta que exige precisión

La confirmación de la cepa Andes no habilita alarmismo, pero sí exige vigilancia. En una región donde el hantavirus forma parte del mapa sanitario, cada caso confirmado obliga a actuar con rapidez, información clara y seguimiento estricto.

La frase central es esta: la cepa Andes no implica por sí sola un brote, pero sí requiere extremar la vigilancia epidemiológica por tratarse de una variante con capacidad de transmisión interpersonal limitada. En salud pública, la diferencia entre alertar y alarmar está en la precisión.

Hantavirus en Argentina: ya son 102 los casos confirmados

Austral News — Wed, 13 May 2026 11:06:00 -0300

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que Argentina ya registra 102 casos de hantavirus durante la temporada 2025-2026. El dato fue publicado en el último Boletín Epidemiológico Nacional, que actualiza la situación sanitaria entre la semana epidemiológica 27 de 2025 y la semana 17 de 2026.

El informe suma un nuevo caso en la provincia de Buenos Aires y vuelve a poner en agenda una enfermedad que, aunque tiene circulación focalizada, mantiene alto impacto sanitario por su gravedad y por la necesidad de vigilancia permanente en zonas de riesgo.

Un nuevo caso en Buenos Aires

De acuerdo con el reporte oficial, en las últimas dos semanas se notificó un solo contagio nuevo, correspondiente a una persona con residencia en territorio bonaerense.

La región Centro concentra actualmente el 54% de los casos registrados en el país. Dentro de ese grupo, la provincia de Buenos Aires aparece como el principal foco, con 43 contagios confirmados.

El dato confirma que el hantavirus no es un problema exclusivo de zonas cordilleranas o rurales del sur argentino. Su circulación también exige atención epidemiológica en áreas densamente pobladas, donde la detección temprana y la comunicación sanitaria son claves.

El NOA registra la mayor incidencia

Aunque la región Centro concentra la mayor cantidad de casos en términos absolutos, la tasa de incidencia más alta se encuentra en el NOA, con 0,60 casos cada 100.000 habitantes.

En esa región se registraron 36 casos confirmados, y el 83% corresponde a la provincia de Salta. La diferencia entre cantidad total e incidencia muestra una lectura importante: el riesgo sanitario no siempre se mide solo por el volumen de casos, sino también por el peso que esos contagios tienen sobre la población expuesta.

El brote del crucero MV Hondius

El Boletín Epidemiológico también actualizó la situación del brote detectado a bordo del crucero MV Hondius. Hasta el momento, se identificaron ocho casos vinculados al barco: seis fueron confirmados y dos permanecen como probables.

El episodio tuvo además un desenlace grave: tres personas fallecieron. Por eso, el caso quedó bajo seguimiento sanitario nacional e internacional.

Las autoridades informaron que las pruebas de PCR y los estudios de secuenciación genómica realizados en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los contagios corresponden a la cepa Andes, presente en el sur de Argentina y Chile.

La cepa Andes y una investigación todavía abierta

La ANLIS-Malbrán indicó que la secuencia genética del virus detectado en el crucero presenta un alto grado de similitud con cepas identificadas en Neuquén durante 2018.

Sin embargo, el origen del brote todavía no pudo ser determinado con certeza. Según los investigadores, el caso índice no habría permanecido en zonas endémicas de la cepa Andes durante el período estimado de contagio, lo que mantiene abierta la investigación epidemiológica.

Ese punto vuelve especialmente sensible el seguimiento del caso: no se trata solo de confirmar la cepa, sino de reconstruir cómo se produjo la exposición, dónde ocurrió el contagio y si existieron otros posibles contactos de riesgo.

Vigilancia sanitaria y cooperación internacional

Mientras avanza la investigación, el Ministerio de Salud continúa trabajando junto a las autoridades provinciales involucradas y mantiene canales de cooperación internacional mediante envío de insumos, asistencia técnica y articulación con los países afectados.

El hantavirus exige una respuesta sanitaria precisa: vigilancia epidemiológica, diagnóstico oportuno, seguimiento de contactos y comunicación clara a la población. La confirmación de 102 casos en el país y el brote asociado al MV Hondius muestran que la enfermedad sigue siendo un riesgo activo, con capacidad de generar cuadros graves y episodios de alto impacto público.

ATE y CTA paran cinco días en áreas clave de Chubut

Austral News — Wed, 13 May 2026 10:18:00 -0300

La tensión salarial en Chubut escaló con una nueva medida de fuerza en sectores sensibles de la administración pública. La Asociación Trabajadores del Estado y la CTA Autónoma iniciaron un paro de cinco días que afecta a trabajadores de Salud, Educación y Desarrollo Humano, tras considerar insuficientes las propuestas de recomposición ofrecidas por el Gobierno provincial.

La medida comenzó a las 0 del lunes 11 de mayo y se extenderá hasta las 24 del viernes 15. El plan de lucha incluye además asambleas y movilizaciones, en medio de una pulseada paritaria que vuelve a poner bajo presión a la gestión provincial.

Un paro que alcanza a tres áreas sensibles

La protesta impacta sobre personal que presta funciones en la Secretaría de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Humano, tres áreas donde el reclamo salarial se cruza con servicios esenciales y con una demanda social creciente.

En las notas enviadas al secretario de Trabajo de Chubut, Nicolás Zárate, los gremios notificaron formalmente la medida de acción directa y señalaron que la decisión responde a la falta de respuestas concretas en materia salarial.

Tanto ATE como la CTA Autónoma coincidieron en calificar como “exiguos” los porcentajes de recomposición ofrecidos hasta el momento. Para los sindicatos, la propuesta oficial no logra compensar el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

La paritaria estatal entra en zona de conflicto

El paro se da en medio de negociaciones salariales abiertas entre el Gobierno provincial y distintos gremios de la administración pública. La discusión dejó de ser estrictamente sectorial y empezó a convertirse en un frente político más amplio para la gestión de Chubut.

La decisión de extender la medida durante cinco días muestra el nivel de malestar acumulado en áreas donde los salarios vienen tensionados por la inflación, el ajuste presupuestario y la falta de acuerdos que permitan ordenar la relación entre el Ejecutivo y los trabajadores.

El reclamo gremial apunta a una recomposición que alcance a cubrir la pérdida salarial y que reconozca el peso de sectores que sostienen servicios públicos centrales para la provincia.

Salud, Educación y Desarrollo Humano bajo presión

La elección de las áreas alcanzadas por el paro no es menor. Salud, Educación y Desarrollo Humano concentran una parte decisiva de la presencia estatal en el territorio. Cuando el conflicto salarial se profundiza en esos sectores, el impacto excede la discusión gremial y empieza a sentirse en la organización cotidiana de servicios públicos.

Los sindicatos advierten que la falta de una recomposición adecuada deteriora las condiciones laborales y afecta la capacidad de sostener equipos en áreas de alta demanda.

La protesta también funciona como una advertencia política: sin una mejora salarial considerada suficiente, el conflicto puede extenderse y condicionar la agenda provincial durante toda la semana.

ATECH también rechazó la propuesta oficial

El clima de conflictividad se amplió con la decisión de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut de convocar a un paro docente de 48 horas. El gremio rechazó por mayoría la propuesta presentada por el Gobierno en el marco de la conciliación obligatoria y reclamó la reapertura de paritarias.

ATECH informó que la medida fue resuelta tras analizar los mandatos escolares y sostuvo que continuará exigiendo una recomposición del salario.

Además, el sindicato anticipó que acompañará las acciones de las universidades en defensa de la educación pública, en un contexto nacional atravesado por marchas, reclamos presupuestarios y cuestionamientos al ajuste sobre el sistema educativo.

Un conflicto que desafía al Gobierno provincial

El paro de ATE, CTA y ATECH deja a la administración provincial frente a una encrucijada. Por un lado, el Gobierno busca sostener el equilibrio de sus cuentas en un escenario fiscal ajustado. Por otro, los gremios presionan por una actualización salarial que consideran urgente frente al deterioro de los ingresos.

La discusión salarial en Chubut vuelve a mostrar una tensión que atraviesa a muchas provincias: cómo administrar recursos limitados sin trasladar el peso del ajuste sobre trabajadores que sostienen áreas críticas del Estado.

El conflicto seguirá abierto durante la semana y tendrá un termómetro claro: la capacidad del Gobierno para mejorar la oferta y evitar que el malestar gremial se consolide en una crisis política mayor.

Patagones avanza por el cupo de agua del Río Negro

Austral News — Wed, 13 May 2026 10:03:00 -0300

El municipio de Patagones volvió a poner en agenda una discusión estratégica para el desarrollo del distrito: la definición del cupo de agua del Río Negro que le corresponde legalmente como parte bonaerense de la cuenca. El planteo busca ordenar el uso del recurso tanto para consumo humano como para fines productivos, en un contexto donde la infraestructura hídrica aparece como una necesidad cada vez más urgente.

El intendente Ricardo Marino recibió al asesor del Ministerio de Infraestructura bonaerense y coordinador de Cuencas Hídricas de la provincia, Alberto Gelene, en una reunión donde se analizaron proyectos clave para la región. Entre ellos, se destacó la posibilidad de avanzar con un acueducto de agua potable para la villa marítima 7 de Marzo, una obra considerada vital para mejorar el abastecimiento y proyectar el crecimiento de la localidad.

Un reclamo histórico por el agua

Durante el encuentro, Gelene explicó que su visita tuvo como objetivo acompañar las gestiones del intendente Marino y evaluar iniciativas vinculadas al acceso al agua, un recurso central para todo el distrito.

“Venimos a acompañar al intendente Marino, quien nos ha manifestado su interés por sumar soluciones a este recurso tan vital e importante para todo el distrito”, señaló el funcionario provincial. Además, confirmó que existen proyectos con avances técnicos relevantes, entre ellos el acueducto para Villa 7 de Marzo.

La discusión no se limita a una obra puntual. El eje de fondo es la necesidad de que Patagones logre una definición formal sobre el caudal que le corresponde dentro de la cuenca del Río Negro, una demanda que el distrito bonaerense arrastra desde hace años.

La AIC y la definición del cupo para Patagones

Gelene anticipó que participará en Cipolletti de una reunión del comité de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, donde comenzarán las conversaciones para avanzar en el ordenamiento y administración del recurso hídrico.

El objetivo será discutir el cupo correspondiente a Patagones como integrante bonaerense de la cuenca, ya sea para consumo humano o para usos productivos. Se trata de un punto sensible porque el manejo del agua involucra intereses territoriales, productivos, ambientales y políticos entre distintas jurisdicciones.

La secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios de Patagones, Pamela Baffoni, remarcó que el municipio viene trabajando de manera coordinada en los análisis técnicos y en la factibilidad de los proyectos.

El acueducto para Villa 7 de Marzo

Uno de los proyectos más relevantes sobre la mesa es la construcción de un acueducto para abastecer de agua potable a la Villa 7 de Marzo, una localidad marítima que necesita infraestructura básica para sostener su crecimiento y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

La iniciativa aparece como una respuesta concreta a una problemática de fondo: sin acceso ordenado y planificado al agua, el desarrollo urbano, turístico y productivo queda limitado.

Marino agradeció la visita de Gelene y también destacó el trabajo de Ariel Zvenger, representante bonaerense ante la AIC, quien acercó el proyecto. El intendente afirmó que es la primera vez que los integrantes de la cuenca se sientan a discutir “lo que por derecho le pertenece y beneficia a Patagones”.

Una mesa con actores clave

Del encuentro participaron funcionarios municipales y representantes vinculados al manejo hídrico. Estuvieron el coordinador de Control y Políticas Públicas, Cristian Duarte; el secretario de Hacienda, Franco Balcarce; el secretario de Gobierno, Matías Pérez; la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios, Pamela Baffoni; el representante bonaerense de la AIC, Ariel Zvenger; el secretario técnico de la Autoridad de Cuencas, Horacio Collado; y el exintendente Ricardo Curetti.

La presencia de estos actores muestra que el tema dejó de ser una demanda aislada para convertirse en una agenda institucional más amplia, con impacto directo sobre la planificación territorial del distrito.

Bahía Blanca, el punto de tensión

El reclamo de Patagones también se inscribe en una discusión más compleja dentro de la AIC. Desde hace tiempo, el distrito bonaerense busca acceder a un caudal oficial del Río Negro, pero las definiciones quedaron trabadas por desacuerdos interjurisdiccionales.

Uno de los puntos más sensibles es el pedido de Bahía Blanca, que pretende un cupo considerado excesivo por otros actores de la cuenca. Esa demanda abrió resistencias, especialmente frente a la posibilidad de derivar agua del Río Negro hacia el Río Colorado.

En años anteriores, el histórico representante neuquino en la AIC, Elías Sapag, rechazó con firmeza esa pretensión. Sus argumentos se apoyaron en la defensa de la soberanía provincial sobre el recurso y en el respeto del marco legal vigente.

Agua, soberanía y desarrollo regional

La discusión por el cupo de agua del Río Negro no es solo técnica. También es política. Define quién accede al recurso, bajo qué condiciones, con qué prioridad y para qué modelo de desarrollo.

Para Patagones, avanzar en una definición formal permitiría planificar obras, fortalecer el abastecimiento humano y proyectar actividades productivas con mayor previsibilidad. Para el resto de las jurisdicciones, el desafío será equilibrar demandas locales, límites ambientales y derechos históricos sobre una cuenca estratégica.

El agua vuelve así al centro de la agenda regional. En un escenario de presión climática, expansión urbana y necesidades productivas crecientes, ordenar su administración ya no aparece como una opción administrativa, sino como una condición básica para el futuro de Patagones y de toda la cuenca.

Mala praxis en Viedma: avanza la causa por la muerte de una niña

Austral News — Wed, 13 May 2026 09:44:00 -0300

La causa judicial por la muerte de una niña de seis años atendida en el Hospital Zatti de Viedma avanzó hacia una suspensión de juicio a prueba contra la médica pediátrica Norellys María de Rosario Amaya Sosa, imputada por homicidio culposo tras una atención de guardia ocurrida en junio de 2023.

El caso, marcado por el dolor familiar y por cuestionamientos a la atención médica recibida, podría evitar el juicio oral luego de un acuerdo entre las partes. La resolución final será emitida por escrito por el juez Ignacio Gandolfi en los próximos días.

La atención médica que derivó en la causa

Según la acusación, la médica estaba de guardia el 12 de junio de 2023, cuando ingresó al hospital una niña con problemas respiratorios. Un médico generalista había recomendado su internación y la realización de estudios ante la presunción de una neumonía, pero la pediatra otorgó el alta y no dispuso la internación.

La fiscalía sostuvo durante la audiencia que la profesional “desoyó la recomendación de internación” y no ordenó una tomografía computada de tórax, pese a que la paciente presentaba taquicardia y un proceso inflamatorio.

Tras regresar a su casa, la niña sufrió un fuerte desmejoramiento. Sus padres volvieron a llevarla a la guardia, pero el cuadro no pudo ser estabilizado y finalmente murió en el centro de salud.

Una audiencia atravesada por el dolor familiar

La audiencia se realizó en el Anexo del Poder Judicial y fue presidida por el juez Ignacio Gandolfi. Participaron la fiscal Paula De Luque, el abogado querellante Damián Torres, en representación de la familia, y el defensor Oscar Pineda, quien siguió el proceso por Zoom, al igual que la imputada.

El clima estuvo atravesado por la tensión y por el dolor de los padres de la víctima, quienes acompañaron el acuerdo al considerar que una eventual condena no implicaría prisión efectiva y que no querían someterse a un juicio oral donde deberían revivir lo ocurrido.

Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que “la no intervención provocó la muerte” de la niña, mientras que la querella remarcó que existió “un error de diagnóstico” que derivó en una ausencia de tratamiento médico.

Suspensión de juicio a prueba y reparación económica

El acuerdo contempla una suspensión de juicio a prueba con condiciones específicas para la médica imputada. Entre ellas, fijar domicilio en Tierra del Fuego y presentarse una vez por mes ante el Patronato de Liberados de esa provincia.

Además, deberá realizar un curso universitario superior en medicina familiar, cumplir 200 horas de trabajo comunitario y afrontar una reparación económica total de 46 millones de pesos.

De ese monto, 19 millones serán cubiertos por la aseguradora y los 27 millones restantes deberán ser abonados por la propia médica. El esquema de pago prevé un desembolso inicial de 7 millones de pesos y luego diez cuotas mensuales consecutivas de 2 millones.

La médica no será inhabilitada para ejercer

Uno de los puntos que generó mayor repercusión fue que la pediatra no será inhabilitada para ejercer la profesión. Desde la acusación explicaron que la realización del curso universitario fue incorporada como una pauta destinada a evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

El abogado de la querella, Damián Torres, sostuvo que los padres actuaron con “claridad y criterio” al aceptar condiciones específicas que, según planteó, buscan resolver la cuestión de fondo sin avanzar hacia un debate oral que podría resultar emocionalmente devastador para la familia.

Por su parte, la médica tomó la palabra ante el juez y expresó: “Ya sé que no es suficiente y lamento mucho lo que tuvo que transitar la familia. Mi compromiso es para que no vuelva a pasar nunca más”.

Un caso que podría tener nuevos capítulos

Durante la audiencia también se resolvió pedir el sobreseimiento por un segundo hecho vinculado al presunto incumplimiento de deberes de funcionario público. La fiscal explicó que la evidencia en ese tramo “no tiene la misma fortaleza” que en la acusación principal.

Aunque el acuerdo podría cerrar la instancia penal sin juicio oral, desde la querella aclararon que la suspensión de juicio a prueba no impide eventuales acciones civiles contra el hospital o contra el Ministerio de Salud.

El caso vuelve a poner en discusión la responsabilidad médica, los protocolos de guardia, la organización hospitalaria y los límites entre el error profesional, la omisión y la reparación judicial. En el centro, queda la muerte de una niña y una familia que decidió aceptar una salida penal posible sin renunciar a seguir reclamando por otras vías.

Universidades pidieron a la Corte frenar a Milei

Austral News — Wed, 13 May 2026 09:09:00 -0300

En una nueva demostración de fuerza política y social, la comunidad universitaria volvió a ocupar las calles para reclamar contra el ajuste del Gobierno de Javier Milei y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Durante la Cuarta Marcha Federal Universitaria, docentes, no docentes, estudiantes, investigadores y organizaciones gremiales leyeron un duro documento en el que apuntaron contra el Poder Ejecutivo y elevaron un pedido directo a la Corte Suprema de Justicia.

El mensaje fue contundente: las universidades reclamaron que el máximo tribunal no permita que el Gobierno “siga incumpliendo” una ley aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia. El planteo llevó el conflicto universitario a una dimensión institucional más profunda: ya no se discute solo presupuesto, sino también el cumplimiento de la ley, la división de poderes y el rol del Estado frente a la educación pública.

Una marcha masiva contra el ajuste universitario

La movilización tuvo epicentro en Plaza de Mayo, pero se replicó en distintos puntos del país. Las organizaciones convocantes denunciaron que el sistema universitario atraviesa una situación crítica por la caída de fondos, el deterioro salarial, el congelamiento de becas y la pérdida de condiciones básicas para sostener la enseñanza, la investigación y la extensión.

Según el Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Para las autoridades universitarias, ese recorte compromete el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio y afecta todas sus funciones centrales.

El documento leído durante la marcha sostuvo que el financiamiento del sistema universitario nacional es “crítico” y atribuyó la causa principal al incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.

El pedido directo a la Corte Suprema

El reclamo más fuerte estuvo dirigido a la Corte Suprema, que deberá definir el futuro judicial de la ley tras la estrategia del Gobierno para frenar su aplicación. Las universidades pidieron que el máximo tribunal escuche “el clamor de las plazas” y garantice el cumplimiento de la norma.

La frase condensó el sentido político de la jornada: para el sistema universitario, el problema excede la discusión presupuestaria. Cuando un Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, advirtieron, no solo se afecta el financiamiento educativo, sino el contrato democrático que sostiene al Estado de derecho.

Ese punto busca instalar una lectura más amplia del conflicto. La universidad pública se presenta no solo como un área afectada por el ajuste, sino como un límite institucional frente al avance del Poder Ejecutivo sobre leyes aprobadas por el Congreso.

Salarios universitarios en mínimos históricos

El documento también puso el foco sobre la situación salarial. Según las cifras expuestas, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumuló 293,30%, mientras que los salarios universitarios aumentaron 147,30%. Esa diferencia implica una pérdida de poder adquisitivo del 37,13%.

Las organizaciones señalaron que el deterioro equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período analizado. Además, advirtieron que los sueldos universitarios se ubican en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia y entre los peores del Estado nacional.

El impacto no se limita al ingreso mensual. La pérdida salarial deriva en renuncias de cuadros formados, reducción de dedicaciones, pluriempleo, deterioro de las obras sociales y dificultades crecientes para sostener equipos docentes y de investigación.

Becas congeladas y estudiantes en riesgo

Otro punto central del reclamo fue el deterioro de las políticas de acceso, permanencia y graduación. Las universidades denunciaron que becas como Progresar y Manuel Belgrano perdieron capacidad de acompañamiento frente a la inflación, afectando especialmente a estudiantes de sectores populares y carreras estratégicas.

También alertaron por la suspensión o desfinanciamiento de becas vinculadas a vocaciones científicas, una herramienta clave para sostener el ingreso temprano de jóvenes al sistema de investigación.

La lectura del documento fue clara: cuando se reducen becas, salarios y funcionamiento, no solo se ajusta una partida. Se empuja a estudiantes, docentes e investigadores fuera del sistema.

El deterioro del funcionamiento universitario

Las partidas destinadas a gastos de funcionamiento tampoco escaparon al deterioro. Según el documento, su poder adquisitivo no superó en ningún mes de la actual gestión el 64% del nivel que tenían en enero de 2023. La tendencia, además, se intensificó y ya representa la pérdida equivalente a casi nueve meses de transferencias.

Ese recorte impacta en cuestiones concretas: mantenimiento edilicio, servicios básicos, laboratorios, insumos, infraestructura, investigación, extensión y condiciones mínimas para dictar clases.

La universidad pública, remarcaron las organizaciones, no se sostiene solo con aulas abiertas. Necesita salarios, becas, investigación, edificios, equipamiento y presupuesto real para cumplir su función social.

Una defensa política de la universidad pública

El documento buscó recuperar una idea histórica: la universidad argentina como herramienta de movilidad social, producción de conocimiento y desarrollo nacional. Las organizaciones recordaron que el sistema público universitario permitió formar profesionales, científicos, artistas, técnicos e investigadores de excelencia, y que esa construcción fue el resultado de generaciones.

En ese marco, el ajuste aparece como una amenaza no solo educativa, sino estratégica. Para las universidades, desfinanciar el sistema implica debilitar la capacidad del país para producir conocimiento, agregar valor, sostener industria, formar profesionales y responder a problemas colectivos desde lo público.

La marcha dejó una consigna de fondo: la universidad pública no es un gasto más dentro del presupuesto. Es una de las pocas instituciones argentinas que todavía organiza futuro, movilidad social y soberanía científica.

El conflicto entra en una etapa decisiva

Con la Corte Suprema en condiciones de intervenir, el conflicto universitario ingresa en una fase clave. El Gobierno sostiene su estrategia fiscal y resiste la aplicación plena de la ley de Financiamiento Universitario. Las universidades, en cambio, buscan transformar la presión social en un límite judicial e institucional.

La pregunta que queda abierta ya no es únicamente cuánto dinero recibirá el sistema universitario. Es qué valor tendrá una ley aprobada por el Congreso si el Ejecutivo puede postergar su cumplimiento.

En esa tensión entre presupuesto, legalidad y calle, la universidad pública volvió a ocupar el centro de la escena política nacional. Y dejó un mensaje directo: sin financiamiento, salarios y becas, no solo se vacían aulas. Se vacía una parte decisiva del futuro argentino.

Fred Machado se declara culpable de fraude y lavado de dinero ante la fiscalía de Texas

Austral News — Tue, 12 May 2026 15:44:00 -0300

El nombre de Federico “Fred” Machado volvió a impactar de lleno sobre el ecosistema libertario. El empresario aeronáutico, señalado durante años por la justicia de Estados Unidos como pieza clave de una compleja estructura financiera internacional, se declaró culpable de lavado de dinero y fraude ante la fiscalía federal del distrito Este de Texas. El acuerdo judicial fue presentado este martes ante el juzgado federal de Sherman y representa un giro central en una causa que durante años combinó negocios aéreos, transferencias millonarias y conexiones políticas argentinas.

La admisión de culpabilidad llega después de seis meses de prisión en Oklahoma y tras una larga negociación con el fiscal federal Jay Combs. El dato político no es menor, ya que el acuerdo dejaría afuera la acusación por narcotráfico, el delito más grave del expediente original abierto en 2020. A cambio, Machado reconoce haber participado de operaciones destinadas a ocultar el origen y el control de fondos millonarios mediante maniobras financieras y estructuras societarias.

El caso vuelve a colocar bajo tensión a José Luis Espert, quien recibió aportes económicos del empresario durante la campaña presidencial de 2019. La relación entre ambos, negada durante años por el economista libertario, quedó expuesta tras la aparición de transferencias bancarias y documentación comercial que derivaron en una investigación judicial en Argentina. El acuerdo firmado en Texas amenaza ahora con ampliar el alcance político y judicial del expediente.

El acuerdo judicial que evita el juicio oral

La estrategia de Machado fue clara desde el inicio de las negociaciones, que es evitar un juicio oral en Estados Unidos que lo exponía a enfrentar décadas de prisión. El expediente acumuló más de 20 terabytes de pruebas, incluyendo transferencias internacionales, registros financieros, correos electrónicos y operaciones comerciales desplegadas en distintos países. El escenario judicial se había vuelto cada vez más riesgoso para el empresario argentino.

En el acuerdo presentado ante el tribunal texano, Machado admite haber integrado una asociación destinada al lavado de activos mediante transacciones diseñadas para esconder la procedencia real del dinero. También reconoce haber cometido fraude financiero. La fiscalía sostiene que utilizó estructuras vinculadas al negocio aeronáutico para mover fondos y operar bajo esquemas fiduciarios que permitían registrar aeronaves con licencia estadounidense.

La homologación final depende ahora del juez federal Amos Mazzant, aunque en el sistema judicial estadounidense este tipo de pactos entre fiscalía y acusado suelen ser aceptados. La expectativa del entorno del financista es lograr una reducción significativa de la condena y obtener el reconocimiento del tiempo transcurrido bajo arresto domiciliario en Río Negro. En ese esquema, Machado podría recuperar la libertad en pocos meses o en algunos años y regresar luego a la Argentina.

El financista que orbitó cerca del poder libertario

Durante años, Machado construyó una red de vínculos empresariales y políticos alrededor del negocio de la aviación privada. Desde su firma South Aviation operó como intermediario en la compra y venta de aeronaves para empresarios, gobernadores y figuras del espectáculo. En el sector aeronáutico era conocido como un jugador con acceso directo a altos niveles del poder económico argentino.

Su relación con José Luis Espert quedó bajo la lupa luego de que saliera a la luz una transferencia de US$200.000 realizada en enero de 2020. La documentación terminó desmoronando la versión pública del entonces diputado, que había negado durante años cualquier vínculo comercial con el empresario. Más tarde reconoció un supuesto contrato de consultoría vinculado a un proyecto minero en Guatemala por un monto total cercano al millón de dólares.

El problema judicial para Espert es que la investigación federal argentina no logró encontrar evidencia concreta de que aquella consultoría se hubiera realizado efectivamente. La hipótesis del fiscal Fernando Domínguez apunta a posibles maniobras de lavado de activos y enriquecimiento injustificado. Con la confesión de Machado sobre operaciones de blanqueo financiero, la transferencia hacia el economista libertario adquiere ahora una dimensión mucho más delicada dentro del expediente.

La causa que amenaza con escalar en Argentina

En los tribunales federales de San Isidro, el expediente contra Espert sigue abierto y bajo análisis del juez Lino Mirabelli. La investigación avanzó sobre movimientos patrimoniales, adquisición de propiedades y transferencias bancarias consideradas inconsistentes con los ingresos declarados por el exdiputado. La causa tomó velocidad luego de la detención de Machado en Bariloche y de la posterior difusión de la documentación financiera.

El exlegislador intentó trasladar el expediente hacia Comodoro Py, donde esperaba un escenario judicial más favorable y políticamente administrable. Sin embargo, la maniobra fue rechazada por el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, lo que dejó la investigación radicada fuera del circuito habitual de las grandes causas federales porteñas. Ese detalle preocupa dentro del entorno libertario.

La declaración de culpabilidad de Machado podría abrir además otra instancia sensible: la cooperación judicial. En este tipo de acuerdos, la fiscalía estadounidense suele exigir información sobre otros participantes de las estructuras financieras investigadas. En los tribunales argentinos crece ahora la expectativa sobre posibles nombres, operaciones y circuitos de dinero que puedan emerger del expediente texano. Para Espert, el problema ya dejó de ser únicamente político.

Enzo Fullone afilió al legislador Claudio Doctorovich y fortalece a La Libertad Avanza en Río Negro

Austral News — Tue, 12 May 2026 13:17:00 -0300

La llegada de Claudio Doctorovich se produjo luego de una reunión entre ambos dirigentes y marca un nuevo paso en el crecimiento del espacio libertario en Río Negro. El exintegrante del PRO había abandonado meses atrás el bloque de Cambia Río Negro que conduce el legislador Juan Martín en la Legislatura provincial.

Fullone sostuvo que el objetivo del armado político es “continuar sumando dirigentes que compartan la visión del presidente, con el propósito de conformar un equipo de trabajo orientado a la integración política de la provincia y a la implementación de las ideas de la libertad en Río Negro”.

La Libertad Avanza busca ampliar su estructura en Río Negro

La incorporación de Doctorovich se da en un contexto donde La Libertad Avanza intenta consolidar presencia territorial en distintos puntos de la provincia. El senador viene realizando recorridas y encuentros políticos con referentes locales, intendentes y dirigentes que se muestran cercanos al proyecto encabezado por el presidente Javier Milei.

En ese marco, Fullone remarcó que existe un creciente interés de distintos sectores políticos por acercarse al espacio libertario. “Hay muchos dirigentes que comparten el trabajo que viene haciendo el presidente a nivel nacional y que quieren trabajar en el proyecto de provincia que queremos a partir de 2027 para todos los rionegrinos”, afirmó.

Doctorovich, por su parte, posee una extensa trayectoria vinculada al ámbito educativo. Es docente jubilado y desarrolló tareas de formación y acompañamiento en distintas instituciones de la región. En el plano político, tuvo participación reciente dentro de Cambia Río Negro, donde intervino en debates y actividades relacionadas con la realidad provincial.

Celebramos la incorporación del legislador provincial @claudoctorovich a La Libertad Avanza en Río Negro.

Seguimos consolidando el proyecto político de la libertad de cara al 2027, sumando dirigentes comprometidos con transformar la provincia y acompañar el rumbo de @JMilei 🇦🇷💪🏻 pic.twitter.com/hW1MenQfxp
— Enzo Fullone (@FulloneEnzo) May 12, 2026

Fullone se posiciona para la carrera electoral de 2027

Dentro del escenario político rionegrino, el nombre de Fullone comenzó a sonar como uno de los posibles candidatos a gobernador para las elecciones de 2027. La estrategia del senador apunta a fortalecer una estructura propia dentro de la provincia antes de discutir eventuales acuerdos electorales.

En un comunicado difundido tras el encuentro con Doctorovich, el legislador aclaró que actualmente trabaja “sin pensar por el momento en una alianza electoral de cara a 2027”. La definición surge mientras crecen las especulaciones sobre posibles acuerdos entre La Libertad Avanza y sectores cercanos al diputado nacional Aníbal Tortoriello.

Las posibles alianzas que se analizan en el espacio libertario

En el escenario político provincial también aparece el partido CREO, liderado por Tortoriello, como uno de los espacios que podría converger con el armado libertario en el futuro. El dirigente llegó al Congreso con el respaldo de La Libertad Avanza, aunque actualmente mantiene una construcción política propia en Río Negro.

Pese a las versiones sobre eventuales acuerdos, Fullone insistió en que la prioridad inmediata es consolidar un proyecto político provincial. “El objetivo actual es construir un proyecto serio de cambio desde ahora, sin pensar en alianzas por el momento”, concluyó el senador, al tiempo que anticipó que podrían producirse nuevas incorporaciones al espacio en las próximas semanas.

Las provincias patagónicas sufren la paralización de las obras destinada al abastecimiento de agua

Austral News — Tue, 12 May 2026 12:16:00 -0300

El gobierno de Javier Milei volvió a encender alarmas en la Patagonia tras avanzar con un fuerte recorte presupuestario sobre una de las infraestructuras más sensibles del sur argentino. La administración libertaria eliminó más de 4.121 millones de pesos destinados al Acueducto Sarmiento–Comodoro Rivadavia, el sistema que abastece de agua a ciudades estratégicas de Chubut y Santa Cruz.

La medida quedó formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por Manuel Adorni y Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial. El recorte impacta sobre el Programa 82 de Infraestructura Hidráulica y elimina prácticamente la totalidad de los recursos nacionales previstos para este año. En términos políticos, el movimiento vuelve a exponer el criterio del Gobierno nacional respecto de la obra pública: ajuste fiscal incluso en áreas consideradas críticas.

El impacto no es menor. El acueducto abastece a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Caleta Olivia y otras localidades atravesadas históricamente por problemas de abastecimiento, cortes y baja presión. En una región marcada por sequías persistentes, crecimiento urbano y expansión petrolera, la decisión nacional vuelve a colocar a la infraestructura hídrica en el centro de la disputa entre la Casa Rosada y las provincias patagónicas.

El ajuste golpea una obra estratégica para la Patagonia

El Acueducto Sarmiento–Comodoro Rivadavia no es una obra secundaria dentro del esquema patagónico. Se trata del principal sistema de transporte de agua potable para buena parte del sur de Chubut y el norte santacruceño. Desde hace décadas funciona bajo niveles de exigencia crecientes y con una infraestructura deteriorada que requiere mantenimiento permanente y obras de repotenciación.

La eliminación de más de 4.100 millones de pesos deja prácticamente sin respaldo presupuestario nacional a trabajos considerados esenciales para sostener el servicio. En la región interpretan que el ajuste compromete tanto tareas de mantenimiento como futuras ampliaciones necesarias para responder al crecimiento poblacional y al consumo industrial vinculado al sector energético.

La preocupación aumentó porque el proyecto está asociado a un financiamiento internacional de la CAF por 150 millones de dólares destinado a renovar los 41 kilómetros más críticos del sistema. Aunque el crédito sigue vigente, distintas fuentes técnicas admiten que sin contraparte presupuestaria nacional se vuelve muy difícil avanzar con licitaciones, obras complementarias y ejecución integral del plan.

La Patagonia vuelve a quedar en tensión con la Casa Rosada

El recorte reavivó un viejo malestar político entre los gobernadores patagónicos y la administración libertaria. En las provincias del sur interpretan que el Gobierno nacional aplica una lógica de ajuste uniforme sin contemplar particularidades estructurales de regiones donde la infraestructura básica depende históricamente del financiamiento federal.

La situación adquiere mayor sensibilidad porque el agua se convirtió en un tema estratégico para el desarrollo productivo de la Patagonia. La expansión petrolera en la Cuenca del Golfo San Jorge, el crecimiento urbano y las sequías prolongadas incrementaron la presión sobre sistemas que ya muestran signos de agotamiento operativo. En ese contexto, cualquier freno presupuestario adquiere impacto político inmediato.

Aunque hasta ahora no hubo una reacción pública coordinada de los gobernadores, en distintos sectores provinciales crece la expectativa de nuevos reclamos hacia Nación. La relación entre las provincias patagónicas y la Casa Rosada atraviesa una etapa de tensión permanente, marcada por disputas por obras públicas, coparticipación, energía y financiamiento de infraestructura estratégica.

También hubo recortes sobre rutas nacionales

La decisión administrativa no sólo impactó sobre el sistema hídrico. El Gobierno nacional también aplicó recortes en obras viales vinculadas a la Patagonia, particularmente sobre la Ruta Nacional 3, uno de los corredores más importantes del sur argentino. El ajuste supera los 290 millones de pesos para tareas de conservación en el tramo que conecta Chubut y Santa Cruz.

En una región donde las distancias son extensas y la conectividad depende casi exclusivamente de las rutas nacionales, la reducción de mantenimiento genera preocupación entre sectores productivos, transportistas y gobiernos locales. La Ruta 3 cumple un rol central para la actividad petrolera, la logística regional y el abastecimiento comercial de las ciudades patagónicas.

Los ajustes menores también alcanzaron partidas vinculadas a Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Aunque de menor magnitud, forman parte de una tendencia más amplia de retracción de la inversión pública nacional en infraestructura. El mensaje político del Gobierno es claro: priorizar el equilibrio fiscal aun cuando eso implique ralentizar o paralizar obras consideradas estratégicas en distintas regiones del país.

Milei sostiene el ajuste y redefine el rol del Estado

La decisión sobre el acueducto expone además el núcleo ideológico del programa económico libertario. Desde su llegada al poder, Javier Milei planteó que el Estado debe retirarse progresivamente de la obra pública y que muchas inversiones deberán quedar bajo responsabilidad privada o provincial. El problema aparece cuando se trata de infraestructura básica difícilmente rentable para capitales privados.

En el oficialismo sostienen que el ajuste es necesario para consolidar el superávit fiscal y estabilizar la macroeconomía. Bajo esa lógica, el Gobierno prioriza reducir gasto aun en áreas sensibles. La administración libertaria considera que el esquema histórico de financiamiento estatal de infraestructura generó desequilibrios fiscales crónicos y dependencia política de las provincias respecto de Nación.

Sin embargo, el caso del acueducto vuelve a mostrar los límites de esa estrategia en territorios donde el Estado nacional sigue siendo actor central para garantizar servicios esenciales. En la Patagonia, el debate ya dejó de ser exclusivamente económico. La discusión empieza a girar alrededor de la capacidad real del Gobierno para sostener infraestructura crítica en regiones estratégicas para la energía, el petróleo y el desarrollo futuro del país.

ATECH endurece el conflicto y monta un acampe frente a Educación

Austral News — Tue, 12 May 2026 11:01:00 -0300

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) rechazó la última oferta salarial del gobierno de Ignacio Torres por considerarla “insuficiente” y profundizó el plan de lucha con un acampe frente al Ministerio de Educación en Rawson. Además, docentes realizaron movilizaciones en distintas ciudades, entre ellas Comodoro Rivadavia, en medio de un paro de 48 horas.

El conflicto docente volvió a escalar en Chubut y amenaza con tensar aún más el vínculo entre el Ejecutivo provincial y uno de los sectores sindicales más combativos del sistema educativo. Mientras el Gobierno busca cerrar acuerdos salariales con la mayoría de los gremios, ATECH se mantiene firme en el rechazo y advierte que la situación “recién empieza”.

La protesta comenzó el lunes con una “ocupación pacífica” y un acampe frente a la sede del Ministerio de Educación en Rawson. Los docentes autoconvocados se acercaron inicialmente para acompañar una reunión paritaria que debía realizarse con representantes de auxiliares docentes, aunque finalmente el encuentro fue suspendido en el marco del paro de cinco días impulsado por ATE y la CTA Chubut.

ATECH rechazó la oferta salarial y profundiza las medidas

ATECH quedó aislado entre los cinco gremios docentes de la provincia al convertirse en el único sindicato que no aceptó la última propuesta salarial del Gobierno de Chubut. El ofrecimiento oficial contemplaba actualizaciones mensuales atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, más un adicional de cuatro puntos porcentuales en mayo, un punto extra en junio y otro en julio.

Desde el sindicato consideraron que la oferta resulta insuficiente frente al deterioro salarial acumulado y remarcaron que el incremento real “apenas representa 23 mil pesos de bolsillo por cargo”. En ese contexto, resolvieron mantener las medidas de fuerza y sostener la protesta frente al edificio público para visibilizar el reclamo.

El acampe en Rawson también buscó unificar la protesta con la jornada prevista por docentes universitarios, en una señal de articulación gremial que podría ampliar el nivel de conflictividad en la provincia durante las próximas semanas.

Marchas en Comodoro y advertencias al Gobierno provincial

En paralelo al acampe, docentes se movilizaron por el centro de Comodoro Rivadavia para reclamar una recomposición salarial urgente y denunciar el estado del sistema educativo provincial. Durante la manifestación, referentes sindicales aseguraron que el conflicto “recién empieza” y apuntaron directamente contra la gestión provincial.

“No queremos que sea el 2013 otra vez, no queremos llegar a piquetes ni a tomar escuelas”, expresaron durante la protesta, en referencia a uno de los períodos de mayor tensión social y educativa que atravesó Chubut en los últimos años.

Las declaraciones encendieron señales de alerta dentro del Ejecutivo provincial, que busca evitar una escalada del conflicto en pleno ciclo lectivo. Sin embargo, la falta de acuerdo con ATECH mantiene abierto un frente gremial sensible para la administración de Torres.

El conflicto docente amenaza con extenderse en Chubut

Desde el sector docente recordaron que el plan de lucha no comenzó esta semana, sino que viene acumulando medidas progresivas con paros regionales de 24 y 72 horas. El rechazo a la oferta salarial terminó por consolidar un escenario de mayor confrontación entre el gremio y el Gobierno.

En ese marco, la conducción provincial enfrenta el desafío de contener un conflicto que ya impacta en las aulas y que podría agravarse si no aparecen nuevas propuestas salariales en los próximos días. Mientras tanto, el acampe frente al Ministerio de Educación se convirtió en el símbolo más visible del malestar docente en Chubut.

ANDIS: investigan compras con sobreprecios millonarios

Austral News — Mon, 11 May 2026 12:00:00 -0300

La Agencia Nacional de Discapacidad volvió a quedar bajo la lupa judicial luego de que una auditoría del Ministerio de Salud detectara presuntos sobreprecios millonarios en la compra de insumos ortopédicos. Según el informe oficial, algunas operaciones habrían registrado diferencias de hasta 4.239% respecto de los valores de mercado.

El documento, incorporado a la causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi, advierte sobre un universo de 505 expedientes que comprometen más de $18.368 millones. La investigación apunta a determinar si existieron maniobras de defraudación contra el Estado dentro de la ANDIS, organismo cuyo extitular Diego Spagnuolo se encuentra imputado.

Una auditoría detectó desvíos críticos

El informe fue firmado por la asesora médica María Celeste Díaz y dirigido a la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos. Allí se identificaron “desvíos críticos y sobreprecios” en facturaciones presentadas por distintas firmas proveedoras de insumos ortopédicos.

Entre las empresas mencionadas aparecen Ortopedia Bernat S.R.L., Farma Salud S.R.L., Artrobone Ortopedia S.A., Cirugía y Ortopedia Imnova S.A., BYMAX Medical y Expo Trauma S.A.

Según el relevamiento, el mayor volumen de fondos quedó concentrado en pocas compañías. Farma Salud S.R.L. aparece como la firma con mayor participación, con un monto superior a los $11.000 millones, seguida por Ortopedia Bernat y por el grupo vinculado a Artrobone e Imnova.

Compras con diferencias millonarias

Uno de los casos señalados involucra a Farma Salud S.R.L.. En un expediente, la ANDIS habría pagado $425 millones por una válvula bicaval transcatéter, mientras que el PAMI había adquirido el mismo producto mediante licitación pública por $124,2 millones. La diferencia fue de $300,8 millones por unidad, equivalente a un incremento del 242%.

El informe también apunta a una endoprótesis aortobílica adjudicada por $369,8 millones. Como referencia, el PAMI había pagado previamente $17,85 millones por el mismo insumo. La diferencia ascendió a $351,95 millones, lo que representaría un incremento del 1.972%.

Otro expediente analizado incluye la compra de una válvula pulmonar autoexpandible por $295,1 millones, frente a un precio de referencia de $36,4 millones. En ese caso, el presunto sobreprecio detectado fue de $258,7 millones, equivalente a un 711% más.

Ortopedias bajo la lupa

En el rubro ortopédico, las observaciones sobre Ortopedia Bernat fueron especialmente severas. La auditoría afirma que la empresa habría facturado equipos estándar a precios que duplican, triplican y hasta multiplican por cien los valores de mercado.

Entre los ejemplos aparece una factura por $12,15 millones que, según el informe, implicaría un sobreprecio del 4.239% frente al valor de referencia. También se detectaron desvíos superiores al 800% en otros expedientes.

El relevamiento enumera además facturas de entre $17 millones y $19 millones por sillas y equipos ortopédicos cuyo valor de referencia nacional sería sustancialmente menor.

La sospecha sobre una red de empresas vinculadas

La auditoría también puso el foco en la relación entre distintas proveedoras. El informe describe una posible “red de interconexión” entre Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A., compañías que comparten domicilio legal en San Nicolás de los Arroyos y cuyos directivos tendrían vínculos familiares directos.

El documento menciona al denominado “Grupo Belgrano 609” y advierte sobre una relación que, según los auditores, podría vulnerar principios básicos de la contratación pública. Allí se señala que Evangelina Ileana García preside Artrobone y que su hijo, Martim Gonçalo Armella, encabeza Imnova y además participa societariamente en la empresa de su madre.

De acuerdo con el informe, ambas firmas concentran 153 expedientes por más de $3.042 millones.

Posible simulación de competencia

Los técnicos también advirtieron sobre una posible “simulación de competencia”. Según esa hipótesis, distintas firmas vinculadas entre sí habrían presentado presupuestos para dar apariencia de legalidad a procesos de compra ya direccionados.

El escrito sostiene que ese mecanismo habría impedido que el organismo accediera a valores competitivos. La auditoría menciona expedientes por más de $7.000 millones bajo esta modalidad.

Respecto de Imnova, el análisis señala casos de sillas posturales facturadas en $18 millones cuando el valor de mercado rondaría los $945 mil. Allí se calculó un desvío del 1.904%. También se detectaron sillas ultralivianas con sistema Tilt facturadas entre $19 millones y $21 millones, con diferencias superiores al 2.000% frente a alternativas nacionales.

BYMAX Medical y Expo Trauma, también observadas

El informe también apunta contra BYMAX Medical, donde se detectó un “sobreprecio consolidado” de $84,1 millones. Uno de los casos citados corresponde a una silla estándar de acero facturada en $11,5 millones, pese a que, según la auditoría, el mismo insumo no superaría los $500 mil en el mercado nacional.

En paralelo, se describió una situación considerada de gravedad vinculada a una prótesis para amputación destinada a un beneficiario de Río Negro. Aunque el expediente contenía un remito firmado, la auditoría sostuvo que la madre del paciente habría firmado la documentación “bajo inducción a error” y que el insumo nunca fue entregado.

Sobre Expo Trauma S.A., el Ministerio de Salud detectó facturaciones de hasta $18 millones por sillas posturales que en el mercado costarían menos de $1 millón. En otro caso, una silla activa fue facturada en $15 millones cuando existía una opción equivalente de $2,8 millones. El informe calculó allí una diferencia total de $122,7 millones, equivalente al 1.188%.

La causa judicial suma un nuevo capítulo

El documento concluye que los requerimientos terapéuticos analizados podrían ser cubiertos con equipamiento nacional y cuestiona el uso de módulos importados con valores superiores sin sustento clínico ni financiero suficiente.

En ese contexto, la auditoría recomendó remitir las actuaciones a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para denunciar los hechos como “hecho nuevo” dentro de la causa judicial.

Esta semana comenzarán las indagatorias a empresarios vinculados a las contrataciones investigadas. La causa ANDIS suma así un nuevo capítulo, con el foco puesto en compras públicas, proveedores concentrados, posibles sobreprecios y el uso de fondos destinados a personas con discapacidad.