El Gobierno de Río Negro confirmó un aumento salarial del 4,21% para los trabajadores estatales, que se incorporará a los haberes correspondientes a agosto. Se trata del cuarto incremento del año y surge del esquema de actualización automática bimestral acordado en la Mesa de la Función Pública.

El porcentaje se calculó a partir de los índices de precios de junio y julio, tomando en cuenta tanto el IPC nacional como la medición correspondiente a Viedma. En junio, los registros fueron de 1,9% y 1,72%, respectivamente, mientras que en julio alcanzaron el 2,1% y el 2,61%. Los promedios mensuales se acumularon para determinar el incremento final.
 

El aumento salarial sigue la inflación, pero no necesariamente recupera el salario

Con el 4,21% de agosto, los aumentos otorgados durante 2026 llegan al 20,88%. La secuencia fue de 5,29% en febrero, 5,65% en abril, 4,28% en junio y 4,21% en agosto.

El Gobierno presenta el mecanismo como una herramienta destinada a preservar el poder adquisitivo. Sin embargo, hay una diferencia importante entre actualizar el salario por inflación y recuperar el poder de compra perdido. El esquema permite que los ingresos sigan la evolución de los precios de referencia, pero no implica automáticamente una mejora real para los trabajadores.

En otras palabras, que un empleado cobre un 20,88% más que al comienzo del año no significa que pueda comprar un 20,88% más de bienes y servicios. Para conocer si hubo una recuperación efectiva es necesario comparar ese incremento con la inflación acumulada en el mismo período y, además, observar qué ocurrió con los gastos que más pesan sobre los hogares.


 

El dato que queda fuera de la discusión: cuánto compra hoy el salario

La cuestión se vuelve especialmente relevante porque los índices utilizados para calcular la pauta son promedios. El mecanismo combina la inflación nacional con la medición de Viedma, pero el impacto sobre cada trabajador puede ser diferente según su estructura de gastos.

Alimentos, alquileres, servicios, transporte y otros consumos cotidianos pueden tener aumentos distintos al promedio general. Por eso, un trabajador que destina una parte importante de sus ingresos a esos rubros puede experimentar una pérdida de poder adquisitivo aunque su salario haya recibido actualizaciones periódicas.

Además, el aumento se aplica sobre los haberes de agosto para compensar la evolución de precios registrada durante junio y julio. Es decir, el salario corre detrás de una inflación que ya ocurrió. El sistema funciona como un mecanismo de actualización y previsibilidad, pero no constituye por sí mismo una política de recuperación salarial.
 

Cuatro aumentos y una discusión pendiente

La pauta de 2026 muestra una sucesión de incrementos relativamente similares a la evolución de los precios: 5,29% en febrero, 5,65% en abril, 4,28% en junio y 4,21% en agosto. El resultado es un aumento nominal acumulado de 20,88%.

El punto político y económico pasa ahora por determinar si este esquema alcanza para sostener el salario real o si, una vez estabilizada la inflación, debería abrirse una discusión diferente en las paritarias. El último incremento, por sí solo, no permite hablar de una recuperación del poder adquisitivo.

También existe un dato relevante en el plano sindical: el esquema vinculado a los índices de inflación fue respaldado por ATE, mientras que UPCN y Unter no aceptaron esas condiciones en las negociaciones paritarias.


 

El 4,21% llega al bolsillo, pero el debate continúa

El aumento comenzará a impactar en los haberes de agosto de los trabajadores alcanzados por el acuerdo. Para el Ejecutivo provincial, la actualización permite acompañar la evolución de los precios y mantener una pauta salarial previsible.

Pero para los estatales la pregunta central es otra: ¿el sueldo alcanza para comprar más, lo mismo o menos que a comienzos de 2026? Esa es la variable que determinará si el 20,88% acumulado representa una mejora concreta o simplemente el intento de que los salarios no pierdan todavía más terreno frente al costo de vida.

El gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, envió un contundente gesto político de sintonía hacia la administración de Javier Milei durante su presentación en el evento organizado por AmCham Energy en el Hotel Alvear. Las declaraciones públicas del mandatario patagónico se conocieron poco después de que tomara estado público el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO en su provincia, un movimiento de piezas que impacta en el esquema de poder local.

Ante un auditorio de empresarios e inversores del sector energético, Weretilneck fue consultado sobre el horizonte político nacional. Lejos de mantener una postura distante, el gobernador descartó que la oposición actual logre estructurar una alternativa competitiva para los próximos comicios ejecutivos, marcando una posición favorable a la previsibilidad y seguridad jurídica que busca transmitir el Gobierno nacional ante los mercados.
 

El reordenamiento en Bariloche y el pacto de centroderecha

El alineamiento de Weretilneck se produce en un contexto de alta ebullición política rionegrina, condicionada por el cierre de alianzas para las elecciones de convencionales constituyentes en San Carlos de Bariloche, programadas para el 1° de noviembre. En dicho comicio, la fuerza provincial que encabeza el gobernador —asociada localmente con el intendente Walter Cortés— deberá medirse contra un bloque opositor integrado por los libertarios, el PRO, el espacio CREO del diputado Aníbal Tortoriello y agrupaciones vecinalistas como Bariloche Unidos y el Movimiento de Apertura Democrática (MAD).

La consolidación de esa coalición cerró la puerta a los rumores que especulaban con un entendimiento directo entre el oficialismo rionegrino y el armado libertario. Al quedar desplazado de ese acuerdo, Juntos Somos Río Negro enfrenta un desafío directo en el principal distrito de la cordillera, cuya contienda es leída por el sistema político provincial como una prueba piloto con proyección hacia las elecciones generales de 2027.
 

El peronismo define su candidatura de cara al esquema de tercios

A la par de la convergencia entre la derecha tradicional y el ecosistema libertario, el tablero político rionegrino empieza a perfilar una disputa dividida en tres tercios para los comicios provinciales.

El Partido Justicialista de Río Negro ya dio muestras de ordenamiento interno al posicionar a la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, como la figura de unidad para competir por la gobernación. De esta manera, mientras el oficialismo provincial intenta mantener la iniciativa estratégica, tanto el peronismo unificado como el frente LLA-PRO ya mueven sus fichas para disputar la conducción de la provincia en 2027.

Más de 2.000 trabajadores municipales se movilizaron este jueves por las calles de Río Gallegos junto al intendente Pablo Grasso y al secretario general del SOEM, Pedro Mansilla. La protesta tuvo como eje el rechazo a la posibilidad de que el Gobierno provincial avance sobre fondos que corresponden al Municipio y afecte su capacidad para sostener salarios, obras y servicios.

La marcha comenzó en la zona de la costanera y culminó frente a las sedes de los distintos poderes del Estado, donde fueron entregados tres petitorios. La movilización contó además con el acompañamiento de los intendentes Aldo Aravena, de 28 de Noviembre, y Darío Menna, de Río Turbio, además del respaldo de Zulma Neira, de Los Antiguos, legisladores, concejales y dirigentes sociales.

El reclamo por la coparticipación y los recursos municipales

Uno de los documentos fue presentado ante el Tribunal Superior de Justicia, donde se solicitó que se resuelva la cuestión de fondo y se determine la constitucionalidad de la retención de recursos coparticipables que, según el Municipio, afecta la autonomía financiera de Río Gallegos.

En Casa de Gobierno, el reclamo estuvo dirigido al Ejecutivo provincial para que no avance sobre los fondos considerados esenciales para garantizar el funcionamiento de la ciudad. En tanto, ante la Cámara de Diputados se pidió terminar con el descuento del 20% destinado al Fondo de Sustentabilidad de la Caja de Previsión Social y permitir que el Municipio transfiera esos recursos de manera directa.

La nota presentada en la Legislatura fue recibida por diputados del bloque Unión por la Patria, quienes salieron del edificio para encontrarse con Grasso y los trabajadores, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Grasso apuntó contra el ajuste: “No vamos a permitir que le metan la mano en el bolsillo a los laburantes”

Durante el acto, Grasso destacó el rol de los empleados municipales y sostuvo que la movilización no estuvo atravesada por banderas partidarias. “El sueldo de los municipales no lo puede tocar nadie. Acá hay laburantes de todos los sectores, no hay bandera partidaria: está la bandera de los trabajadores a los que no les alcanza para llegar a fin de mes”, afirmó.

El intendente también cuestionó el impacto de la crisis económica y aseguró que el Municipio asumió responsabilidades que, según su planteo, fueron abandonadas por otros niveles del Estado. Mencionó entre ellas la atención primaria de salud para afiliados a la Caja de Servicios Sociales y reclamó que la Legislatura discuta una redistribución de los ingresos en lugar de avanzar con medidas de ajuste.

“Después de instalar que no hay plata, ahora dicen que tenemos. Pagamos los aguinaldos, los sueldos y bancamos todo el funcionamiento sin ayuda de nadie”, lanzó Grasso, quien también defendió la autonomía financiera de la capital santacruceña.
 

El SOEM advirtió que los trabajadores no serán “la variable de ajuste”

La protesta también tuvo un fuerte componente sindical. Pedro Mansilla, secretario general del SOEM, respaldó la movilización y cuestionó el escenario económico y laboral que atraviesa Santa Cruz, con especial preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de comercios.

“Los trabajadores sabemos cuándo salir a la calle para cuidar nuestro salario y no podemos ser la variable de ajuste”, afirmó el dirigente, quien pidió al Gobierno provincial que intervenga antes de que el conflicto escale.

Mansilla cerró con una advertencia directa: “No nos empujen al conflicto: no se metan con la plata de los trabajadores”. Tras los discursos, la movilización se desconcentró de manera pacífica.

Un equipo internacional de paleontólogos identificó una nueva especie de dinosaurio carnívoro en la provincia de Santa Cruz. Se trata de Kank australis, un raptor que vivió hace unos 70 millones de años y cuyos restos fueron encontrados en sedimentos de la Formación Chorrillo, cerca de El Calafate. La investigación fue desarrollada por científicos argentinos y japoneses y permitió ampliar el conocimiento sobre los dinosaurios que habitaron el extremo sur de Sudamérica.

El descubrimiento resulta particularmente relevante porque los raptores del hemisferio sur presentaban características diferentes de los famosos Velociraptor que popularizó el cine. Los restos recuperados pertenecen a un animal que habría alcanzado aproximadamente dos metros de longitud y comprenden vértebras, dientes y huesos del pie, con rasgos suficientes para determinar que se trata de una especie hasta ahora desconocida.


 

Un raptor patagónico diferente al Velociraptor

Según explicó Matías Motta, doctor en Ciencias Naturales y primer autor del trabajo, Kank australis pertenece al grupo de los unenlágidos, dinosaurios cercanos al origen evolutivo de las aves y registrados exclusivamente en el hemisferio sur. Estos animales se caracterizaban por sus hocicos alargados y una cantidad importante de dientes.

El investigador destacó que el hallazgo permite completar un vacío geográfico sobre la distribución de estos animales. “Este grupo estaba bien distribuido en Sudamérica durante el Cretácico Superior”, explicó Motta, quien también señaló que el descubrimiento ayuda a comprender la relación entre los raptores encontrados en el sur del continente y sus parientes de la Antártida.

Los dientes de Kank australis también aportan información llamativa. A diferencia de los dientes con forma de cuchillo asociados a los raptores del hemisferio norte, esta especie tenía piezas cónicas con pequeñas estrías. Su anatomía llevó a los investigadores a plantear que podría haber tenido hábitos similares a los de garzas y cigüeñas y que incluso pudo alimentarse de peces, aunque serán necesarios nuevos estudios para confirmar su dieta.


 

Santa Cruz, una ventana al mundo de los dinosaurios

El paisaje donde vivió este dinosaurio era muy diferente al actual. Hace unos 70 millones de años, la Cordillera de los Andes todavía no existía y la región estaba dominada por ríos, lagunas y una abundante vegetación. En el mismo sitio donde aparecieron los restos de Kank también fueron encontrados fósiles de peces, ranas, tortugas, serpientes, mamíferos y otros dinosaurios.

Entre ellos se encuentran Maip macrothorax, un enorme dinosaurio carnívoro, y Nullotitan glaciaris, un dinosaurio de cuello largo. La diversidad de fósiles encontrada en la Formación Chorrillo permite reconstruir parte del ecosistema patagónico que existía poco antes de la extinción masiva ocurrida hace 66 millones de años.

El nombre de la nueva especie también tiene una referencia directa a la historia de los pueblos originarios de la Patagonia. “Kank” alude al “ñandú anciano” de la mitología Aonikenk, asociado a la formación de la constelación Choiols, conocida actualmente como Cruz del Sur, mientras que australis significa “del sur” en latín.
 

 

 

 

 

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Una investigación internacional que comenzó en 2018

El estudio forma parte de expediciones paleontológicas realizadas desde 2018 por investigadores, becarios y técnicos del CONICET y de la Fundación Félix de Azara, junto con especialistas del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” y del Museo Nacional de Ciencia y Naturaleza de Tsukuba, Japón. El trabajo científico fue publicado en el Journal of Vertebrate Paleontology.

Para los investigadores, Kank australis no representa solamente el descubrimiento de una nueva especie, sino una pieza más para comprender cómo era la Patagonia antes de la extinción de los dinosaurios. Sus restos permiten reconstruir una fauna mucho más diversa de lo que durante años se había podido establecer para el extremo sur del continente.

La discusión por el destino del impuesto a los combustibles volvió a instalarse en la agenda política luego de las declaraciones del vocero presidencial sobre la utilización de esos recursos. Desde Río Negro, el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, cuestionó al Gobierno nacional y sostuvo que el dinero recaudado tiene un destino establecido por ley: la reparación, conservación y mantenimiento de la red vial nacional.

El legislador aseguró que la situación resulta especialmente grave en un contexto de deterioro de las rutas nacionales y reclamó que se conozca con precisión qué destino tuvieron los fondos.

“Estamos frente a un delito institucionalizado: se roban los recursos que cada argentino paga cada vez que carga combustible para alimentar un negocio financiero”, afirmó Berros.

El impuesto a los combustibles y el destino de los fondos

Berros recordó que la normativa vinculada al Sistema Vial Integrado (SisVial) establece un destino específico para los recursos provenientes del tributo. Según planteó, esos fondos deben utilizarse para sostener la infraestructura vial y garantizar las condiciones de circulación en las rutas nacionales.

En ese sentido, cuestionó que mientras las rutas presentan un deterioro creciente, los recursos destinados legalmente a su mantenimiento sean utilizados con otros objetivos. “El propio Gobierno admite que esos fondos se utilizan para otra cosa. No estamos ante un error administrativo ni una cuestión técnica: es una decisión política que viola la ley y que debe ser investigada”, sostuvo.

El dirigente rionegrino respaldó además las acciones impulsadas por el senador Martín Soria para exigir explicaciones al Ejecutivo nacional y determinar eventuales responsabilidades sobre el manejo de los recursos.

Críticas al modelo económico y el impacto en Río Negro

El cuestionamiento también alcanzó a los funcionarios Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Berros los responsabilizó por impulsar una política económica que, según su mirada, prioriza la especulación financiera por encima de la inversión en infraestructura, la producción y la seguridad vial.

La discusión tiene un impacto directo en Río Negro y en el resto de la Patagonia, donde las rutas nacionales cumplen un papel estratégico para el transporte de producción, el turismo y la conexión entre localidades. El deterioro de corredores fundamentales genera además mayores costos para transportistas y productores y aumenta los riesgos para quienes circulan por esas vías.

“Nuestra provincia necesita rutas transitables para producir, trabajar, transportar y desarrollarse”, enfatizó Berros. El legislador anticipó que continuará reclamando el cumplimiento de la legislación y una rendición de cuentas sobre el destino de los fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles.

El riesgo país volvió a subir y alcanzó este miércoles los 471 puntos básicos, cinco unidades por encima de la jornada anterior. El incremento se produjo en un escenario de presión sobre los bonos soberanos argentinos y de mayoría de bajas entre las acciones de empresas locales.

La tensión también se reflejó en los mercados internacionales. Los ADRs de compañías argentinas que cotizan en Wall Street registraron pérdidas, con BBVA Argentina (-3,3%), Loma Negra (-2,4%) y Edenor (-1,5%) entre las principales caídas.

Bonos argentinos bajo presión

En la renta fija, los bonos soberanos denominados en dólares mostraron un comportamiento dispar. Mientras algunos títulos de corto plazo consiguieron avances, los instrumentos de mayor duración volvieron a registrar pérdidas.

Entre las principales bajas se ubicaron los Global 2035 (GD35) y Global 2046 (GD46), ambos con retrocesos cercanos al 0,6%. El comportamiento de estos títulos volvió a concentrar la atención de los inversores por su impacto sobre el riesgo país.

El mercado siguió además con especial atención los resultados de la última licitación del Tesoro, cuyos datos fueron conocidos después del cierre de las operaciones. La colocación aparece como una referencia relevante para evaluar las condiciones de financiamiento del Gobierno y el nivel de confianza de los inversores.

El Merval también cerró en baja

En la Bolsa porteña, el S&P Merval cayó 0,8% y terminó la jornada en 2.999.523,98 puntos. Sin embargo, medido en dólares, el índice mostró una mejora del 0,9%, impulsada por la evolución del tipo de cambio contado con liquidación.

A nivel local, otro de los temas seguidos por el mercado fue la Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía, que establece lineamientos para la inversión de los recursos de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL).

El comportamiento de los activos argentinos se dio además en un contexto internacional de cautela. Los inversores siguieron la publicación del IPC de Estados Unidos, que registró una variación interanual del 3,4% en julio, en línea con las expectativas de los analistas.

La combinación entre la presión sobre los activos argentinos y la incertidumbre externa mantiene al mercado atento a las próximas señales económicas. Mientras el riesgo país acumula dos jornadas consecutivas de subas, los inversores continúan evaluando la evolución de los bonos, las acciones y las condiciones de financiamiento de la Argentina.

La disputa que desde junio mantienen la UOCRA e Industrias Bass SA por la contratación de mano de obra local para una obra en el puerto de Puerto Madryn escaló este miércoles y sumó un nuevo protagonista: el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA). Lo que comenzó como un reclamo por puestos de trabajo terminó con un enfrentamiento entre trabajadores de la construcción y estibadores.

La protesta se desarrollaba en el acceso al muelle Almirante Storni, donde la UOCRA reclama que la empresa adjudicataria de los trabajos incorpore trabajadores de Puerto Madryn. El gremio había advertido que, si no obtenía respuestas, estaba dispuesto a bloquear la actividad portuaria.
 

 

 

 

 

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UOCRA reclama puestos de trabajo para obreros de Puerto Madryn

El conflicto comenzó en junio, cuando trabajadores de la construcción denunciaron que Industrias Bass, propiedad del empresario Martín Castillo, pretendía incorporar personal de otras localidades para una obra que contempla trabajos en los sitios 3 y 4 del muelle.

La inversión ronda los 10.000 millones de pesos y se estimaba que podría generar unos 30 puestos de trabajo. Para la UOCRA, la contratación de trabajadores locales resulta especialmente importante en un escenario de fuerte desempleo dentro del sector.

Según el gremio, alrededor de 1.300 trabajadores se encuentran inscriptos en su bolsa de trabajo a la espera de oportunidades laborales. La organización sostiene además que el convenio colectivo establece mecanismos para priorizar la contratación de trabajadores de la localidad donde se ejecutan las obras.
 

La amenaza de bloquear el puerto encendió la interna sindical

La falta de acuerdo llevó a la UOCRA a endurecer su postura durante los últimos días. El gremio planteó la posibilidad de bloquear los accesos al puerto si Industrias Bass no modificaba su posición, una medida que podía afectar directamente el ingreso y egreso de camiones y la actividad de una de las principales terminales portuarias de la ciudad.

Esa amenaza generó una rápida reacción del SUPA, que consideró que cualquier bloqueo podía afectar directamente el trabajo de los estibadores y la operatoria portuaria. El conflicto dejó así de ser exclusivamente entre la empresa y la UOCRA y comenzó a involucrar a dos sectores sindicales con intereses laborales dentro del mismo ámbito.

Este miércoles, cientos de estibadores se movilizaron hacia el lugar donde se encontraba la protesta. La llegada del SUPA derivó en fuertes discusiones, empujones y corridas entre trabajadores de ambos gremios.
 

El reclamo por empleo local terminó en un enfrentamiento

Los trabajadores del SUPA, encabezados por su secretario general Alexis Gutiérrez, avanzaron sobre el sector ocupado por la UOCRA y terminaron desplazando la protesta del acceso al muelle.

El episodio abrió un nuevo escenario para un conflicto que lleva casi dos meses. La discusión original estaba centrada en quién debe contratar la mano de obra para una obra millonaria; ahora, además, enfrenta a dos organizaciones sindicales que necesitan preservar sus fuentes laborales dentro de un puerto estratégico para Puerto Madryn.

La disputa deja planteada una tensión que podría profundizarse si no aparece una instancia de negociación: la UOCRA reclama que los puestos de la obra queden en manos de trabajadores locales, mientras el SUPA advierte que cualquier medida que paralice el puerto puede terminar afectando a quienes ya tienen allí su fuente de trabajo

La caída del consumo de carne vacuna dejó de ser solamente una estadística nacional y comenzó a sentirse con fuerza en los mostradores de las carnicerías de Viedma. Un relevamiento realizado por Radio Noticias en distintos comercios de la ciudad mostró que la demanda se mantiene en retroceso desde comienzos de año y que las familias modificaron la manera de comprar.

El cambio más evidente es el abandono de la tradicional compra mensual. Los comerciantes aseguran que ahora predominan las compras “al día”, con cantidades cada vez más pequeñas y, en muchos casos, directamente definidas por el dinero disponible. “Lo que antes eran pedidos de dos kilos de carne picada, hoy pasaron a ser de un kilo o medio kilo, o directamente la gente pide por monto fijo, como $10.000, y se lleva lo que entra por ese dinero”, explicaron.

Carne en Viedma: menos kilos y compras según el bolsillo

Ante el encarecimiento de los cortes tradicionales, los consumidores se inclinan por opciones rendidoras y con menor desperdicio. La carne picada, la pulpa y la aguja aparecen entre los productos más buscados, mientras que el asado perdió protagonismo y en algunos casos se vende solamente en pequeñas cantidades para resolver una comida puntual.

La lógica de compra también cambió: ya no se elige necesariamente el corte primero y se calcula después cuánto gastar. En muchos mostradores ocurre al revés: el cliente establece un monto y compra la cantidad de carne que puede llevar con ese presupuesto.

El pollo se convierte en el salvavidas de las carnicerías

En este escenario, el pollo ganó terreno y se convirtió en una de las principales alternativas para las familias que buscan reducir el gasto. Las promociones de pata muslo, trozados, milanesas y otros productos avícolas permiten mantener el consumo de proteínas con un desembolso menor al de varios cortes vacunos.

Los comerciantes también ampliaron la oferta de productos elaborados, como supremas rellenas y diferentes preparados, para sostener las ventas. La estrategia busca adaptarse a un consumidor que compara precios, compra cantidades más pequeñas y prioriza aquello que puede incorporar al presupuesto semanal.

Precios de la carne y un mapa comercial que se achica

En las carnicerías relevadas, los precios mostraron diferencias menores entre los distintos locales. El asado ronda los $22.900 por kilo, mientras que el vacío alcanza los $23.900. Entre las alternativas más económicas, la aguja se ubica en $13.900, la carne picada común en $12.900 y la especial o seleccionada entre $14.000 y $15.000.

El menor movimiento también comienza a impactar sobre los propios comercios. Durante el relevamiento se detectó el cierre definitivo de algunas carnicerías tradicionales y el achicamiento o traslado de otros negocios hacia locales con menores costos fijos.

La postal de Viedma refleja así un cambio que va más allá de la elección entre carne vacuna o pollo: las familias compran menos, fraccionan las cantidades y ajustan cada compra al dinero disponible, mientras los comerciantes buscan sobrevivir en un escenario de menor consumo y costos que siguen presionando al sector.

La situación del denominado “Barrio Perón” volvió a generar tensión en Viedma luego de que la Fiscalía N° 6 notificara a más de 30 familias que viven en el asentamiento ubicado entre la ruta Provincial 1 y la avenida Perón, sobre terrenos pertenecientes a YPF. Los vecinos enfrentan una causa penal por usurpación y temen que el proceso derive en un desalojo.

Uno de los referentes de la toma, Ezequiel Osorio, explicó que actualmente son 34 las familias notificadas y que todavía resta avanzar con otras notificaciones. Según señaló, todos los vecinos tendrán representación letrada oficial debido a que no cuentan con recursos para afrontar los honorarios de abogados particulares.

Toma Perón: 34 familias notificadas y un reclamo que busca evitar el desalojo

Osorio sostuvo que la ocupación comenzó como respuesta a una problemática habitacional y cuestionó que el conflicto sea analizado únicamente desde la perspectiva judicial. “Nosotros no vinimos acá porque sí. Hay familias que necesitan un lugar donde vivir y no tienen otra posibilidad”, afirmó.

El referente remarcó además que detrás de cada terreno ocupado existen familias que construyeron allí su vida. “Acá hay personas, hay chicos, hay familias que necesitan una respuesta. No estamos hablando solamente de un pedazo de tierra”, planteó.

La situación generó movilizaciones y llevó a los vecinos a mantener una reunión con el intendente de Viedma, Marcos Castro. Osorio calificó el encuentro como positivo y destacó que permitió abrir una instancia de diálogo para analizar alternativas frente al conflicto.

Barrio Perón: vecinos aseguran que algunos viven allí hace 13 años

Uno de los principales argumentos de las familias es el tiempo que llevan instaladas en el lugar. Osorio aseguró que algunos vecinos viven allí desde hace más de una década y que las construcciones fueron creciendo con el paso de los años.

“Acá hay vecinos que están viviendo hace 13 años ya. Tengo entendido que hay uno que vive hace como 14 años. Yo vivo acá en el barrio, ya le llevo nueve años”, relató. Según explicó, muchas viviendas dejaron de ser construcciones precarias y actualmente son edificaciones de material donde viven familias con sus hijos.

El referente vinculó el crecimiento de la toma con las dificultades para acceder a una vivienda formal. “Los alquileres vuelan, los trabajos escasean y uno no tiene recursos”, sostuvo, aunque reconoció que existe un conflicto con el derecho de propiedad. En ese sentido, aseguró que los vecinos están dispuestos a pagar por los terrenos: “Somos gente trabajadora, somos gente civilizada”.

“Queremos que algún día sea un barrio de verdad”

El propio nombre del asentamiento refleja, según Osorio, la expectativa de las familias de lograr una regularización. “Le pusimos Barrio Perón porque queremos que algún día sea un barrio de verdad”, expresó.

El referente insistió en que los vecinos no quieren permanecer indefinidamente en una toma, sino alcanzar una solución que permita formalizar su situación. “Nosotros queremos una solución. No queremos estar toda la vida en una toma, queremos tener nuestro lugar, nuestras casas y poder vivir tranquilos”, afirmó.

Mientras avanza la causa judicial, las familias sostienen que no están dispuestas a abandonar el lugar sin una alternativa habitacional. “No nos vamos a ir de acá, no nos vamos a movilizar a otro predio. ¿Por qué vamos a destruir todo lo que nosotros construimos?”, planteó Osorio, quien cerró con un reclamo concreto: “Queremos que se nos escuche y que se entienda por qué llegamos hasta acá”.

El Municipio de General Roca emitió un comunicado oficial para desmentir categóricamente las versiones circulantes en un video viralizado en redes sociales durante el fin de semana. En la pieza audiovisual se aseguraba de forma malintencionada que maquinaria y personal municipal ejecutaban tareas de perfilado y drenaje de agua en la calle La Bodega para favorecer el acceso a la residencia de la intendenta María Emilia Soria.

Desde la administración comunal desmintieron de plano la veracidad del registro y aclararon que la jefa municipal no tiene su domicilio en la arteria señalada ni en los accesos al barrio Jockey Club. La aclaración pública busca llevar transparencia a los vecinos frente a las acusaciones vertidas sobre el uso de recursos públicos.

Trabajos de drenaje y mantenimiento en diversos barrios roquenses

Según precisaron desde el Ejecutivo municipal, las cuadrillas y maquinarias de la Secretaría de Servicios Públicos se desplegaron de forma intensiva durante todo el fin de semana en diversos puntos de la ciudad. El objetivo de las maniobras fue extraer el agua acumulada por las contingencias climáticas y nivelar las calles de tierra para restablecer la transitabilidad.

Las tareas de reacondicionamiento vial alcanzaron al sector mencionado al igual que a múltiples barrios roquenses afectados por el anegamiento de arterias. Desde la comuna remarcaron que la planificación de los operativos responde de forma exclusiva a las urgencias operativas detectadas en la trama urbana.

Críticas a las "operaciones políticas" de medios locales

En el tramo más severo del comunicado emitido por la Municipalidad de General Roca, las autoridades apuntaron contra la difusión del material y cuestionaron la intencionalidad detrás de la cobertura efectuada por ciertos sectores de la prensa local:

"Es falsa la información publicada y su utilización maliciosa por parte de 'medios de comunicación' locales sólo deja en evidencia, una vez más, que su objetivo no es informar sino instrumentar burdas operaciones políticas".

De esta manera, el gobierno roquense dio por cerrada la controversia, ratificando la continuidad de los trabajos de reacondicionamiento de calles y servicios en los sectores que aún presentan complicaciones por la acumulación de agua.

Alberto Weretilneck y Walter Cortés terminaron con las especulaciones y formalizaron este martes una alianza electoral entre Juntos Somos Río Negro (JSRN) y el Partido Unión y Libertad (PUL). El nuevo frente se denominará “Estamos Haciendo Bariloche” y competirá el 1 de noviembre por los cargos de convencionales que tendrán a su cargo la reforma integral de la Carta Orgánica Municipal.

El acuerdo fue presentado ante el Juzgado Electoral Provincial pocas horas antes del vencimiento del plazo para inscribir alianzas. La negociación fue encabezada por el presidente del Concejo Deliberante y referente del PUL, Gerardo del Río, y el titular de JSRN, Rodrigo Buteler. Ambos integrarán la mesa ejecutiva junto con la secretaria de Gobierno provincial, Natalia Almonacid, y el asesor de Cortés, Martín Domínguez.
 

Weretilneck y Cortés: una alianza que venía tomando forma

La sociedad electoral formaliza un acercamiento político que se profundizó durante los últimos meses. Weretilneck y Cortés compartieron anuncios vinculados con obras de infraestructura, redes de gas, urbanización y el traspaso de la avenida Bustillo al municipio, mientras sus equipos avanzaban en una agenda común.

Durante ese proceso, ambos dirigentes evitaron confirmar públicamente una alianza, aunque las señales fueron cada vez más evidentes. El gobernador llegó a reconocer coincidencias con Cortés en prácticamente todos los temas centrales de Bariloche, mientras que el intendente destacó en reiteradas oportunidades el respaldo de la Provincia a su gestión.

Ahora, ese entendimiento institucional tendrá una expresión concreta en las urnas. La alianza reunirá al aparato provincial de JSRN con la estructura municipal del PUL en el distrito electoral más importante de Río Negro.

Carta Orgánica: qué cambios propone el nuevo frente

El objetivo inmediato de “Estamos Haciendo Bariloche” será obtener una representación mayoritaria en la Convención Constituyente y promover cambios en la Carta Orgánica. Entre las propuestas aparece destinar el 40% del presupuesto municipal a obra pública, con prioridad para pavimentación, calles e infraestructura urbana.

También se plantea exigir un mínimo de diez años de residencia en Bariloche para quienes aspiren a cargos electivos municipales, reducir la cantidad de concejales, modificar el funcionamiento de los juzgados de Faltas y crear la figura del viceintendente.

La reforma incluiría además cambios en el sistema de contrataciones municipales, límites para la cantidad de empleados públicos, un organismo único de control de concesiones y mecanismos vinculantes de participación ciudadana. El espacio también busca ampliar la articulación entre el Municipio y el sector privado para desarrollar infraestructura y generar lotes sociales con servicios.
 

Bariloche, la primera batalla rumbo a 2027

Aunque la elección está centrada formalmente en la reforma de la Carta Orgánica, su peso político excede ampliamente ese objetivo. Con alrededor de 110.000 electores, Bariloche representa el principal distrito electoral de Río Negro y la votación del 1 de noviembre funcionará como un primer test para las alianzas que buscarán posicionarse rumbo a 2027.

Para Weretilneck, el acuerdo supone un intento por recuperar terreno en una ciudad donde JSRN perdió presencia propia en los últimos años. Para Cortés, implica sumar el respaldo territorial y político del Gobierno provincial mientras busca consolidar su gestión municipal.

El nuevo frente deberá competir con un escenario fragmentado, en el que también se preparan alianzas de La Libertad Avanza y el PRO, sectores del peronismo y otros espacios provinciales. Así, la reforma de la Carta Orgánica se transformó en algo más que una discusión institucional: será la primera gran prueba de poder político en Bariloche antes de la carrera electoral de 2027.

La Secretaría de Cultura de Río Negro abrió la convocatoria oficial para el Laboratorio de Proyectos Musicales, una de las seis líneas de acción estratégica del programa provincial Río Negro Suena. La propuesta está diseñada para acompañar a músicos locales en etapa de desarrollo, combinando formación profesional, financiamiento para la producción de materiales fonográficos y herramientas para consolidar proyectos artísticos sostenibles en toda la provincia.

La inscripción permanecerá abierta hasta el próximo martes 1 de septiembre y está dirigida a proyectos en formación que cuenten con obra original y proyección de crecimiento. A través de este esquema, el Gobierno provincial busca garantizar una representación equitativa de las distintas regiones culturales rionegrinas, brindando acceso a instancias de profesionalización a talentos emergentes de la comarca y del interior.

Financiamiento fonográfico, talleres y mentorías profesionales

El programa contempla el financiamiento integral para la grabación profesional de un EP o single en estudios de sonido radicados en el territorio provincial. Los proyectos que resulten seleccionados recibirán asesoramiento técnico durante las etapas de preproducción, grabación, mezcla y masterización, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo de la industria musical local.

Además de la producción de estudio, la iniciativa incluye talleres de formación en composición, arreglos, marketing digital, distribución en plataformas de streaming y gestión de derechos de autor ante SADAIC. Al respecto, el Secretario de Cultura de la provincia, Martín Fraile Milstein, remarcó el objetivo central de la política pública:

"Con Río Negro Suena queremos que un artista que está dando sus primeros pasos no tenga que resolver solo todo lo que implica construir una carrera. La creación es fundamental, pero también lo son la gestión, la producción, la comunicación y la capacidad de generar circuitos de circulación".

Circulación, plataformas digitales y llegada a nuevos escenarios

El proceso formativo se complementará con estrategias de comunicación orientadas al posicionamiento de las obras producidas. Los músicos recibirán asistencia para el desarrollo de contenidos audiovisuales promocionales y contarán con inclusión prioritaria dentro de la playlist oficial del programa provincial en plataformas digitales.

En el mismo sentido, el Director de Industrias Culturales, Lautaro Martínez, enfatizó que la propuesta busca que los proyectos adquieran herramientas de autogestión estratégica a largo plazo. Como etapa final, la Secretaría de Cultura articulará con festivales, ciclos y redes de circulación nacional para garantizar que los artistas seleccionados puedan presentarse en escenarios de mayor escala.

Javier Milei no estará en ninguna boleta el próximo 3 de noviembre, pero las elecciones de medio término de Estados Unidos serán seguidas con atención desde la Casa Rosada. Donald Trump pondrá en juego el control del Congreso y el resultado puede modificar de manera significativa el poder con el que contará durante los últimos dos años de su mandato.

La elección renovará las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. Los republicanos mantienen actualmente el control de ambas cámaras, aunque enfrentan escenarios diferentes: la Cámara Baja aparece como el principal riesgo para el oficialismo, mientras que el Senado presenta un mapa más favorable.

Para Milei, la importancia de la elección no es solamente diplomática. La relación con Trump se convirtió en uno de los pilares de la estrategia internacional argentina y derivó en respaldo financiero, acuerdos comerciales y una mayor cercanía política con Washington. Si los republicanos pierden poder, el problema para Argentina no necesariamente sería perder a Trump como aliado, sino que el presidente estadounidense tenga menos herramientas para traducir esa alianza en decisiones concretas.

Diputados, la principal amenaza para Trump

La Cámara de Representantes aparece como el escenario más vulnerable para el Partido Republicano. Los 435 escaños estarán en disputa y se necesitan 218 para controlar el recinto. Según las proyecciones citadas en el material, los demócratas necesitan una ganancia neta de apenas tres bancas para recuperar la mayoría.

Los modelos electorales vienen mostrando un escenario competitivo para Trump. Algunas estimaciones ubican a los demócratas con probabilidades superiores al 80% de recuperar la Cámara, aunque esas proyecciones no implican que el resultado esté definido a casi tres meses de la elección.

La elección funcionará además como una evaluación política de la segunda presidencia de Trump. La economía, el costo de vida, los aranceles y el poder adquisitivo serán algunos de los principales factores que pueden determinar el comportamiento del electorado. Aunque Trump no será candidato, su enorme influencia sobre el Partido Republicano hará que buena parte de la campaña quede asociada a su gestión.

El Senado presenta un panorama diferente. Los republicanos cuentan con 53 bancas frente a 47 de los demócratas y aliados independientes. En noviembre se renovarán 35 escaños y la oposición necesita una ganancia neta de cuatro para quedarse con el control de la Cámara Alta.

El poder de Trump y el vínculo con Milei

El escenario que más preocupa a la Casa Rosada es una eventual pérdida de Diputados mientras los republicanos conservan el Senado. Trump mantendría una parte importante de su capacidad de acción, pero debería gobernar con una Cámara controlada por la oposición.

Un Congreso dividido puede aumentar las investigaciones parlamentarias, complicar la aprobación de determinadas iniciativas y elevar el costo político de decisiones de la administración. Ese escenario también podría tener consecuencias indirectas para Argentina si el Gobierno de Milei necesitara nuevamente respaldo financiero o político de Washington.

La relación entre ambos presidentes ya produjo resultados concretos. Estados Unidos habilitó un swap por US$20.000 millones, del cual Argentina llegó a utilizar US$2.500 millones antes de devolverlos. Además, ambos gobiernos avanzaron durante 2026 en acuerdos comerciales y en una estrategia destinada a profundizar inversiones estadounidenses en sectores considerados estratégicos.

El punto central, sin embargo, es institucional. Un Trump debilitado electoralmente podría mantener su respaldo personal a Milei, pero contar con menos margen para conseguir que ese respaldo se transforme en asistencia financiera, acuerdos o decisiones que requieran apoyo dentro del sistema político estadounidense.

Comercio, inversiones y mercados también están en juego

La alianza entre Washington y Buenos Aires también tiene una dimensión comercial. El Gobierno de Milei busca atraer inversiones estadounidenses hacia sectores como Vaca Muerta, litio, cobre, minería, tecnología y energía, mientras Estados Unidos intenta fortalecer su posición frente a China en el acceso a recursos considerados estratégicos.

Pero la política económica de Trump también introduce riesgos. Su estrategia proteccionista y el uso de aranceles pueden modificar los flujos comerciales y afectar a economías emergentes, incluida la Argentina. Un eventual fortalecimiento del dólar o un escenario de mayor incertidumbre financiera también podría impactar sobre los bonos argentinos, el riesgo país y el mercado cambiario.

Para un Gobierno que necesita acumular reservas, reducir el riesgo financiero y recuperar progresivamente el acceso al crédito internacional, el escenario externo resulta especialmente importante. La elección estadounidense no determinará por sí sola la evolución de la economía argentina, pero sí puede modificar las condiciones internacionales sobre las que Milei intenta sostener su programa.

Tres escenarios que sigue de cerca la Casa Rosada

El escenario más favorable para Milei sería que Trump conserve el control de ambas cámaras. Una victoria republicana permitiría al presidente estadounidense llegar fortalecido a los últimos dos años de su mandato y mantener mayor capacidad para impulsar su agenda internacional.

Un segundo escenario sería la recuperación de la Cámara de Representantes por parte de los demócratas mientras los republicanos conservan el Senado. En ese caso, Trump seguiría contando con herramientas importantes, pero debería convivir con una oposición con capacidad para investigar, bloquear iniciativas y aumentar la presión política sobre la Casa Blanca.

El escenario más incómodo para la Argentina sería una victoria demócrata en ambas cámaras. Aunque las características del mapa electoral hacen que ese resultado aparezca como más difícil, un Congreso completamente opositor obligaría a Trump a concentrar buena parte de su agenda en la política interna y reduciría su margen de maniobra para avanzar con determinadas decisiones internacionales.

La elección de noviembre, por lo tanto, puede convertirse en una variable relevante para Milei aunque Argentina no forme parte de la boleta. El Presidente construyó una relación internacional fuertemente asociada a Trump y hasta ahora obtuvo beneficios concretos de esa cercanía. La pregunta hacia 2027 será cuánto de ese respaldo podrá sostenerse si el presidente estadounidense pierde poder dentro de su propio Congreso.

El 3 de noviembre no se definirá el futuro político de Milei, pero sí podría comenzar a definirse cuánto poder tendrá Trump para sostener a su principal aliado sudamericano.

El Gobierno nacional reconoció que no destina la totalidad de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles al mantenimiento de las rutas. La admisión fue realizada por el vocero presidencial Adrián Ravier, quien aseguró que una parte de esos fondos queda bajo disposición del Ministerio de Economía como parte de la estrategia oficial para alcanzar el equilibrio fiscal.

“No diría que nada del dinero de ese impuesto va al mantenimiento de las rutas”, afirmó Ravier durante una entrevista con El Diario de La Pampa. Luego, ante la consulta sobre cuánto dinero efectivamente se destina a infraestructura vial, respondió: “Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos van”.

La declaración adquiere especial relevancia porque el impuesto a los combustibles posee una asignación específica vinculada al financiamiento vial. El reconocimiento oficial se conoció además después de que distintas publicaciones revelaran que una parte sustancial de los recursos permanecía sin ejecutar mientras las rutas nacionales atraviesan una situación crítica.

Impuesto a los combustibles: la recaudación que no llega a las rutas

Según los datos difundidos sobre la ejecución del Sistema Vial Integrado, desde el inicio de la gestión de Javier Milei se acumularon más de $1,5 billones provenientes del impuesto a los combustibles. Hasta mayo de 2026, más de $1 billón permanecía colocado en instrumentos financieros, mientras la ejecución destinada a infraestructura vial se mantenía muy por debajo de los recursos recaudados.

El nivel de subejecución informado alcanzaría el 73,8%. El dato generó cuestionamientos políticos porque el deterioro de las rutas nacionales se profundizó durante el mismo período, con tramos que presentan baches, falta de mantenimiento, banquinas deterioradas y problemas de infraestructura.

La situación también afecta especialmente a las provincias patagónicas, donde las rutas nacionales cumplen un papel central para el transporte de producción, el turismo, la atención sanitaria y la comunicación entre localidades. En Río Negro, el deterioro de corredores como las rutas 22 y 151 forma parte actualmente de las negociaciones entre el Gobierno provincial y Nación por un eventual traspaso de jurisdicción.

Una denuncia penal contra Caputo y otros funcionarios

La controversia ya había llegado a la Justicia. La diputada nacional Verónica Tolosa Paz presentó una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles.

La presentación apunta contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario Legal y Técnico, Juan Ignacio Stampalija; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; autoridades de Vialidad Nacional y funcionarios del Banco Nación que hayan intervenido como fiduciarios.

La denuncia cuestiona precisamente el destino de los fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles y sostiene que esos recursos deberían ser aplicados a la finalidad específica establecida por la normativa. La declaración de Ravier podría ahora incorporarse como un nuevo elemento dentro de la investigación judicial, aunque será la Justicia la que determine si existió efectivamente una conducta delictiva.

Ravier volvió a poner a Caputo en el centro de la polémica

Las declaraciones del vocero presidencial colocaron nuevamente a la cartera económica en el centro de una discusión política por el manejo de los recursos públicos. Ravier reconoció que Economía utiliza parte de lo recaudado para contribuir al equilibrio fiscal, aunque no precisó qué monto queda fuera del financiamiento vial.

El Gobierno nacional enfrenta además el reclamo de distintos gobernadores por la distribución y ejecución de los fondos destinados a infraestructura. Mientras las provincias reclaman recursos para mantener rutas que consideran estratégicas, Nación sostiene una política de fuerte contención del gasto para preservar el resultado fiscal.

Ahora, el debate suma una nueva dimensión: si los recursos tienen una asignación específica, la Justicia deberá determinar si la utilización de una parte de ellos con otro objetivo se ajusta al marco legal vigente.

La admisión de Ravier, en ese contexto, vuelve a poner el foco sobre Caputo y sobre una pregunta que atraviesa la discusión: ¿dónde está el dinero que los argentinos pagan en cada carga de combustible y cuánto de ese dinero termina efectivamente en las rutas?

La Justicia de Cipolletti investiga la muerte de Jorge Horacio Ortiz y el estado de salud de su pareja, Mabel, ambos jubilados, luego de que fueran encontrados en un departamento de esa ciudad. La mujer fue trasladada a un hospital y permanece internada, mientras los investigadores buscan determinar qué ocurrió.

El matrimonio fue localizado luego de que vecinos advirtieran la ausencia de uno de ellos y alertaran por una situación irregular en el edificio ubicado sobre la calle Río Santiago, entre San Martín y Rodolfo Walsh. Al ingresar al departamento, los efectivos encontraron a Ortiz sin vida y a su pareja con vida, aunque en estado delicado.
 

La investigación judicial en Cipolletti

La autopsia preliminar realizada sobre Ortiz no habría detectado lesiones externas ni signos evidentes de violencia. La Justicia aguarda ahora los resultados de los estudios toxicológicos, que serán determinantes para establecer la causa de muerte y avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

En el domicilio también fue encontrada una nota en la que, según la investigación, la pareja habría dejado constancia de sus dificultades económicas y de una decisión que habría tomado en conjunto. El documento fue incorporado a la causa junto con otros elementos secuestrados durante el procedimiento.

La principal hipótesis que analizan los investigadores contempla que ambos habrían atravesado una situación de fuerte angustia vinculada con sus condiciones económicas. Sin embargo, la Justicia mantiene abiertas otras líneas de investigación hasta contar con los resultados de las pericias.

El aumento del alquiler, bajo análisis

Según la reconstrucción difundida sobre el caso, ambos percibían jubilaciones mínimas cercanas a los $600.000 y destinaban buena parte de sus ingresos al alquiler. El matrimonio abonaba alrededor de $600.000 mensuales, pero para renovar el contrato debía afrontar un aumento que llevaría el valor a más de $1 millón.

A ese incremento se habría sumado el pedido de un pago equivalente a tres meses por adelantado. La situación habría generado una dificultad económica que aparece ahora entre los elementos que la Justicia busca contextualizar al analizar lo ocurrido.

La nota encontrada en el domicilio haría referencia precisamente a esas dificultades y a la imposibilidad de afrontar las nuevas condiciones habitacionales. La Justicia deberá determinar qué peso tuvo esa situación en la decisión que habría tomado la pareja.

La situación de Mabel

Mabel fue trasladada al hospital de Cipolletti después del hallazgo y permanece internada bajo atención médica y de salud mental. Su estado fue informado como delicado, aunque continúa con vida.

Según la información difundida sobre la causa, durante una primera intervención la mujer habría aportado elementos coincidentes con el contenido de la nota encontrada en el domicilio. Su testimonio será evaluado por los investigadores junto con el resto de las pruebas.

La Justicia de Cipolletti mantiene abierta la investigación y espera los resultados de las pericias toxicológicas para determinar con precisión las circunstancias de la muerte de Ortiz. Por el momento, la hipótesis de una decisión conjunta vinculada con la situación económica continúa bajo análisis y no fue establecida judicialmente como conclusión definitiva.

La negociación entre Río Negro y el Gobierno nacional para transferir las rutas 22 y 151 a la órbita provincial continúa abierta, aunque todavía existen varios puntos que dificultan el acuerdo. Desde la Provincia señalan que los contratos de obra que permanecen vigentes y la intención de instalar controles de peso sobre las rutas son los principales obstáculos para avanzar.

El Gobierno de Alberto Weretilneck pretende firmar un acta marco que permita concretar el traspaso de manera escalonada. La propuesta contempla comenzar por aquellos sectores que no tienen contratos vigentes o que puedan quedar liberados, mientras Nación busca entregar un paquete cerrado con las cuestiones legales todavía pendientes.

Ruta 22: contratos abiertos complican el traspaso a Río Negro

Uno de los principales problemas está concentrado en cuatro tramos de la ampliación de la Ruta 22 que mantienen contratos abiertos. La Provincia pretende que Nación cierre esos acuerdos con las empresas contratistas en un plazo que no supere los 60 días y, a partir de allí, avanzar con la toma de posesión de cada sector.

Entre los tramos que podrían quedar rápidamente bajo administración provincial aparecen los sectores entre Choele Choel y Río Colorado y entre Choele Choel y Chichinales, donde Río Negro podría comenzar a trabajar sin las restricciones derivadas de contratos vigentes.

La situación de la ampliación de la Ruta 22 es especialmente compleja porque la obra comenzó hace 18 años y todavía presenta sectores inconclusos. El tramo 1, entre Chichinales y Godoy, es el único terminado y comprende aproximadamente 22 kilómetros de autovía.

Los seis tramos de la Ruta 22 y el estado de las obras

El tramo 2, entre Godoy y Cervantes, fue transformado en autopista y presenta un avance estimado de entre el 90% y el 100%. La obra estuvo a cargo de una UTE integrada por Vial Agro y CN Sapag, aunque actualmente se observan sectores deteriorados en la zona de los puentes elevados entre Mainqué y Cervantes.

El tramo 3, entre Cervantes y J. J. Gómez, prácticamente no avanzó más allá de trabajos en las banquinas. Su desarrollo quedó condicionado por un amparo judicial presentado por la Municipalidad de General Roca luego de una audiencia pública, en relación con las características de los puentes elevados proyectados. La empresa contratista era Decavial.

El tramo 4, entre J. J. Gómez y Fernández Oro, directamente no registró avances. La licitación había sido adjudicada a una UTE conformada por Marcalba, Construmex y Fontana Nicastro.

El tramo 5, entre Fernández Oro y el acceso a Isla Jordán, presenta un avance cercano al 80%. Allí se construyó parte de la autopista, pero también se encuentra uno de los puntos más conflictivos de la ruta: Puente 83. Las obras inconclusas y el deterioro de las calles colectoras generan importantes dificultades para la circulación. La obra está a cargo de una UTE integrada por CPC y CN Sapag.

Finalmente, el tramo 6, entre el acceso a Isla Jordán y el puente que conecta con Neuquén, no registra avances debido a que todavía no cuenta con un proyecto de trabajo.

Río Negro prepara controles de peso para proteger las rutas

El otro punto de conflicto entre Provincia y Nación es la intención de Río Negro de instalar controles de peso para camiones en las rutas que eventualmente queden bajo su administración. La medida está vinculada con el plan provincial para invertir en reparación y mantenimiento de la infraestructura vial.

La Provincia gestiona un crédito de aproximadamente US$60 millones ante Fonplata para financiar obras en las rutas 22 y 151. En ese contexto, el Gobierno rionegrino considera necesario controlar el peso de los vehículos de carga para evitar sobrecargas que aceleren el deterioro de las trazas.

Puente 83 aparece como una de las prioridades para una eventual intervención provincial. Según la planificación oficial, ese sector podría ser abordado rápidamente si se concreta el traspaso y existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la empresa contratista para destrabar las obras.

La discusión por los controles de peso se suma así a los contratos pendientes y a las cuestiones legales que todavía separan a Río Negro y Nación. Las partes volverán a reunirse en los próximos días para intentar avanzar en un acuerdo que permita definir quién se hará cargo de las rutas nacionales y bajo qué condiciones se producirá el traspaso.

La Libertad Avanza y el PRO sellaron una alianza electoral en Bariloche junto a los espacios vinculados a Aníbal Tortoriello, CREO, Bariloche Unidos y el Movimiento de Apertura Democrática. El objetivo inmediato será competir en las elecciones del 1 de noviembre, cuando la ciudad elegirá a los convencionales encargados de discutir la reforma de su Carta Orgánica.

El entendimiento reúne a distintos sectores que buscarán instalar una alternativa política frente a los espacios que responden al intendente Walter Cortés y al gobernador Alberto Weretilneck. La elección constituyente aparece así como una primera prueba para medir la capacidad de articulación de este armado en la ciudad más poblada de Río Negro.
 

Bariloche: una alianza opositora para reformar la Carta Orgánica

La conformación del frente fue presentada por sus protagonistas como una oportunidad para discutir el futuro institucional de Bariloche. El senador de La Libertad Avanza, Enzo Fullone, destacó el acuerdo y planteó que el entendimiento permite reunir a sectores que, pese a sus diferencias, comparten una mirada sobre el rumbo que debería tomar la ciudad.

“Es una enorme satisfacción poder dar este primer paso junto a distintos espacios que entendemos que Bariloche necesita una nueva etapa”, sostuvo Fullone.

El dirigente libertario remarcó que la posibilidad de trabajar en conjunto constituye una señal política más allá de la elección de noviembre. “La posibilidad de trabajar juntos, más allá de nuestras diferencias, demuestra que hay una voluntad de construir una alternativa con una mirada de futuro”, afirmó.


 

LLA y PRO ponen el foco en el futuro institucional de Bariloche

La reforma de la Carta Orgánica será el eje formal de la elección. Fullone sostuvo que el proceso representa una oportunidad para discutir las reglas institucionales de la ciudad y definir qué tipo de estructuras necesita el municipio para los próximos años.

“La reforma de la Carta Orgánica nos da la oportunidad de discutir qué ciudad queremos y qué instituciones necesitamos”, señaló el senador.

Desde el PRO, su presidente en Río Negro, Juan Martín, también destacó la incorporación de diferentes sectores al acuerdo. El dirigente planteó que el objetivo es elaborar una propuesta común para el desarrollo futuro de Bariloche y vinculó la discusión institucional con cuestiones económicas y administrativas.

“Los que pensamos parecido podamos reunirnos a pensar y llevarle una propuesta concreta a los vecinos de Bariloche sobre cuál va a ser la ciudad de los próximos 20 años”, expresó Martín.

El armado opositor mira hacia las elecciones de 2027

Más allá de la elección de convencionales, los dirigentes que integran la alianza dejaron abierta la posibilidad de ampliar la construcción política. El acuerdo fue presentado como un primer paso para consolidar un espacio que pueda competir en futuros procesos electorales, con especial atención en las elecciones provinciales y municipales de 2027.

En esa línea, Fullone sostuvo que el objetivo es continuar sumando sectores al espacio. “Este es un primer paso. Estamos construyendo un espacio amplio, que pueda seguir creciendo y sumando a todos aquellos que quieran aportar a una Bariloche distinta”, afirmó.

Juan Martín, por su parte, aseguró que el PRO mantendrá una actitud abierta para avanzar en conversaciones con otros sectores. “Desde el PRO tenemos la vocación de aportar y blindar el cambio y siempre vamos a estar cuando nos llamen a conversar de una manera madura”, señaló.

Con el cierre del plazo electoral, la alianza integrada por La Libertad Avanza, PRO, CREO, Bariloche Unidos y MAD quedó formalmente constituida para disputar la elección del 1 de noviembre. El resultado de esa contienda permitirá medir el peso territorial del nuevo armado y, al mismo tiempo, puede convertirse en una primera fotografía de las alianzas que comenzarán a definir el escenario político de Río Negro rumbo a 2027.

Un nuevo conflicto laboral tiene como escenario a Mirgor, uno de los principales grupos industriales con presencia en Tierra del Fuego. Trabajadores denunciaron que la empresa despidió a unos 300 operarios y que otros 28 representantes gremiales fueron impedidos de ingresar a las plantas ubicadas en Río Grande.

La medida se habría comunicado el viernes y comenzó a aplicarse este lunes. Como respuesta, los trabajadores iniciaron asambleas en las inmediaciones de las plantas y anticiparon nuevas reuniones para definir los pasos a seguir frente a las desvinculaciones.

 

 

 

 

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Mirgor: 300 despidos y 28 delegados sin poder ingresar

En declaraciones a Radio Fueguina, el delegado gremial Gustavo Campias calificó la situación como “una situación horrible” y confirmó que la medida alcanzó también a representantes sindicales de las cuatro plantas del grupo.

“No vimos los telegramas, pero no dejaron pasar a cierta cantidad de compañeros”, señaló Campias, quien explicó que los trabajadores todavía aguardaban conocer formalmente los motivos de las cesantías comunicadas por la empresa.

Frente a la decisión patronal, los operarios comenzaron a organizar asambleas en las inmediaciones de las plantas. “Con asambleas en las afueras de la planta, luego habrá reuniones con el comité de huelga”, afirmó el dirigente sindical.

El reclamo por un premio salarial que lleva meses

De acuerdo con el planteo de los trabajadores, el conflicto estaría relacionado con el reclamo del pago de un premio salarial que vienen solicitando desde marzo. Campias sostuvo que se trata de un concepto que los empleados cobran desde hace aproximadamente 15 años y que, por su continuidad, consideran incorporado a sus ingresos habituales.

“Es un premio que venimos pidiendo desde marzo por la vía diplomática”, explicó el delegado, quien señaló además que el monto reclamado rondaría los $2,5 millones por trabajador.

Según la versión de los empleados, la respuesta de la compañía habría incluido una propuesta de reducción salarial del 30%, además de los despidos y el rechazo al reclamo por el premio. Campias cuestionó la decisión y sostuvo que la conducción empresarial no mostró voluntad de abrir una instancia de negociación.

Los trabajadores esperan una explicación formal

El delegado remarcó que los trabajadores todavía no conocen con precisión el argumento formal utilizado por la empresa para concretar las desvinculaciones debido a que, según afirmó, aún no recibieron los telegramas correspondientes.

“Nosotros veníamos reclamando desde marzo algo legítimo y, sin embargo, la empresa ni siquiera presentó voluntad para discutirlo”, sostuvo Campias.

Mientras aguardan mayor información sobre las cesantías, los trabajadores mantienen las asambleas y preparan nuevas reuniones gremiales. El conflicto suma así un nuevo capítulo a la situación laboral de las plantas de Mirgor en Río Grande, mientras los empleados buscan conocer los fundamentos de las medidas y definir una respuesta sindical.

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, acusó al Gobierno de Javier Milei de retener recursos destinados al mantenimiento de las rutas nacionales para sostener las metas fiscales del ministro de Economía, Luis Caputo. Sus declaraciones surgieron luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconociera que los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial) son considerados dentro de la estrategia fiscal de la Nación.

Según los datos difundidos por el funcionario rionegrino, entre 2024 y mayo de 2026 el Estado nacional recaudó más de $1,5 billones a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos, pero ejecutó solamente una parte de esos recursos pese a que tienen una asignación específica vinculada con la infraestructura vial. “El Gobierno acaba de confesar que se queda con el dinero de las rutas para dibujar el superávit fiscal de Luis Caputo”, afirmó Pesatti.

“El Gobierno acaba de confesar que se queda con el dinero de las rutas para dibujar el superávit fiscal de Luis Caputo. Cobra el impuesto en cada surtidor, retiene los fondos y abandona los caminos hasta convertirlos en corredores de la muerte. No es desorden, negligencia ni impericia, sino una decisión consciente y deliberada del presidente Javier Milei.”

Pesatti cuestionó el uso de los fondos para las rutas

Las cifras citadas por el vicegobernador muestran que en 2024 se ejecutó el 11,3% de lo recaudado, con $40.668 millones sobre un total de $360.238 millones. En 2025, la ejecución alcanzó el 39%, con $270.592 millones sobre $692.514 millones, mientras que durante los primeros cinco meses de 2026 volvió a descender al 18,5%, con $83.144 millones ejecutados sobre $450.500 millones recaudados.

De acuerdo con ese cálculo, de los más de $1,5 billones recaudados durante el período analizado, alrededor de $394.400 millones fueron destinados a infraestructura vial. Pesatti sostuvo que más de $1,1 billones quedaron retenidos o fueron colocados en instrumentos financieros.

“El Gobierno nacional recauda un impuesto para una finalidad específica y utiliza el dinero para otra cosa. Eso constituye, como mínimo, un desvío inadmisible de recursos públicos que deberá ser investigado”, sostuvo el vicegobernador, quien planteó que la situación podría generar responsabilidades políticas y legales.

Rutas nacionales: la crítica de Río Negro a Milei

Pesatti también apuntó directamente contra el Presidente por el deterioro de la red vial nacional y cuestionó la falta de mantenimiento. “Javier Milei sabe que las rutas están destruidas. Sabe que no tienen mantenimiento. Sabe que cada pozo, cada banquina descalzada y cada tramo sin señalización puede provocar una tragedia”, afirmó.

El vicegobernador remarcó que la situación tiene un impacto particular en la Patagonia debido a las grandes distancias, la escasez de corredores alternativos y la importancia de las rutas nacionales para la producción, el turismo, la salud y la vida cotidiana. En ese marco, sostuvo que el deterioro de la infraestructura afecta directamente a las provincias patagónicas.

Pesatti reclamó los fondos y anticipó acciones

En un tono particularmente crítico, Pesatti cuestionó el esquema de distribución de recursos entre la Nación y las provincias. “La Patagonia aporta petróleo, gas, energía, minerales, alimentos y divisas. La Nación se lleva nuestros recursos, se queda con los impuestos que pagamos y nos devuelve rutas destruidas”, sostuvo.

Finalmente, el vicegobernador reclamó la liberación de los recursos destinados a la infraestructura vial y anticipó que analizará medidas institucionales y judiciales. “Exigimos que la Nación libere inmediatamente cada peso retenido. Si Milei decidió desertar de sus obligaciones, deberá transferir a las provincias la totalidad de los recursos para mantenerlas”, concluyó.