

La Ley N° 19.640 establece inicialmente una serie de beneficios fiscales y aduaneros para las empresas radicadas en Tierra del Fuego, con el fin de promover la actividad industrial en la provincia. Estos beneficios han sido extendidos hasta el 31 de diciembre de 2028, según lo establecido en el Decreto 594/2023, publicado en el Boletín Oficial de este martes.
Según los fundamentos oficiales, estas empresas representan aproximadamente el 20% de la industria en la provincia y generan más de 900 empleos directos. La prórroga en el régimen de promoción industrial busca mantener y fortalecer estas fuentes de trabajo, así como impulsar el crecimiento económico en la región.
Sin embargo, a partir de 2025 se aplicará una disminución anual del 2,3% en los beneficios otorgados. Esta medida busca garantizar una transición gradual hacia un esquema más equilibrado y sostenible, sin afectar bruscamente la competitividad de las empresas.
La decisión de aplicar esta disminución progresiva en los beneficios ha generado opiniones encontradas. Algunos sectores consideran que es necesario reducir gradualmente los incentivos fiscales y aduaneros, para promover la eficiencia y la competitividad de las empresas. Otros, en cambio, expresan preocupación por el impacto que esta medida pueda tener en la actividad industrial y en el empleo en la provincia.
Es importante destacar que el Gobierno ha manifestado su compromiso de seguir trabajando en conjunto con las empresas y los sindicatos, para buscar soluciones que beneficien a todos los actores involucrados. Se espera que se realicen mesas de diálogo y negociación, con el objetivo de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad fiscal.
El Gobierno ha anunciado una prórroga en el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y social en la región. A partir de 2025, se aplicará una disminución anual del 2,3% en estos beneficios, buscando una transición gradual hacia un esquema más equilibrado y sostenible. Esta medida ha generado opiniones encontradas, pero el Gobierno se compromete a seguir trabajando en conjunto con las empresas y los sindicatos para encontrar soluciones que beneficien a todos los actores involucrados.