Piden la intervención del gobierno nacional en Jujuy para evitar un estallido social

Por: Germán Sznek

En la provincia de Jujuy la situación de los trabajadores estatatales y de la educación es cada vez más grave. Distintos actores vienen denunciando que el salario no les alcanza y por ello se multiplican, cada vez con más fuerza, las movilizaciones callejeras.

La situación cobra mucha más gravedad aún, ya que no solo el giobierno de Gerardo Morales no responde satisfactoriamente al justo reclamo de los trabajadores, sino que tiene la intención de decretar una reforma constitucional en donde se limite de plano la protesta callejera. 

El diputado nacional por Jujuy del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Alejandro Vilca, aseguró que el paro de los estatales y trabajadores de la educación de Jujuy es por tiempo indeterminado. "La reforma constitucional que quiere imponer, de forma anti democrática, Gerardo Morales es reaccionaria porque quita el derecho a la protesta social", sostuvo el legislador y aseguró que "a pesar de la prohibición del derecho a la protesta que quiere imponer el gobierno de Morales, la gente se sigue movilizando de a miles en las calles, lo que demustra que el pueblo empieza a perder el miedo de luchar por sus derechos".

En este contexto, distintos representantes de las principales centrales obreras del país tuvieron un encuentro en Suiza con la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, en el marco de la 111° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Gerardo Martínez (CGT) y Roberto Baradel (CTA) plantearon a Olmos la necesidad urgente de una intervención del gobierno nacional en conflicto para evitar una escalada de las protestas que pueda despertar un estallido social en la provincia.

El secretario de Relaciones Internacionales de la CTA y referente del la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Roberto Baradel, se referío al decreto que prepara el gobernador Gerardo Morales como "manifiestamente ilegal, inconstitucional y violatorio de las más altas garantías constitucionales en materia de libertad sindical, libertad de expresión, derecho de petición ante las autoridades y derecho a la huelga, entre otros derechos consagrados tanto en la Constitución Nacional como en los convenios de la OIT, como por ejemplo los Convenios 87 y 98".