Declaran acreedoras de Adorni y avanza causa por su patrimonio

La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó en una etapa clave con la declaración de dos de las mujeres que figuran como acreedoras en sus operaciones inmobiliarias.

Se trata de Graciela Isabel Molina y su hija Victoria María José Cancio, quienes se presentaron este jueves en los tribunales de Comodoro Py sin realizar declaraciones públicas y comenzaron a prestar testimonio ante la fiscalía.

Quiénes son las prestamistas y qué rol cumplen

Ambas mujeres aparecen como otorgantes de un préstamo por 100.000 dólares a Adorni, garantizado mediante una hipoteca sobre un departamento ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Según consta en la documentación judicial, Molina —policía retirada— habría aportado 85.000 dólares, mientras que su hija, en actividad dentro de la fuerza, habría prestado los 15.000 restantes.

El crédito habría sido pactado a dos años, con una tasa de interés del 11% anual y pagos mensuales, en una operatoria que ahora es analizada por la Justicia.

La lupa judicial sobre las operaciones inmobiliarias

La causa está a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes buscan determinar la consistencia económica de los préstamos y su vinculación con la evolución patrimonial del funcionario.

En ese marco, se dispuso el levantamiento del secreto fiscal de las testigos y se solicitó información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para verificar su capacidad económica.

El objetivo es establecer “la efectiva existencia, magnitud y sustento económico” de los financiamientos relacionados con las operaciones inmobiliarias de Adorni, según indicaron fuentes judiciales.

Próximas declaraciones y foco en nuevas operaciones

La investigación continuará la próxima semana con la declaración de otras dos acreedoras: las jubiladas Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo.

En este caso, se trata de la operación por un departamento en Caballito, donde Adorni habría abonado 30.000 dólares y mantiene una deuda de 200.000 dólares sin intereses, a cancelar en noviembre.

Según se desprende del expediente, el dinero obtenido a través de los préstamos habría sido utilizado para adquirir una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La causa busca reconstruir el circuito financiero detrás de estas transacciones, en un expediente que podría definir la situación judicial del funcionario en las próximas semanas.