Un grupo de concejales de Cinco Saltos presentó una impugnación formal para reclamar la suspensión inmediata de la venta de terrenos en la zona del lago Pellegrini, al advertir presuntas irregularidades administrativas, falta de servicios esenciales y posibles perjuicios para compradores.
La presentación fue ingresada ante el Concejo Deliberante y también remitida al intendente Enrique Rossi. El planteo fue impulsado por los ediles Mirta Almanza y Federico Salazar, quienes pidieron una intervención urgente del cuerpo legislativo local.
El reclamo apunta a los desarrollos inmobiliarios Altos del Pellegrini y Mirador del Lago. Según indicaron los concejales, ambos emprendimientos no estarían cumpliendo con las condiciones fijadas en la Ordenanza Municipal 1345/2019, que regula este tipo de urbanizaciones y que, en este caso, había sido aprobada de manera excepcional.
Uno de los principales cuestionamientos es la ausencia de mensura definitiva aprobada, un requisito considerado indispensable para avanzar con la venta de los lotes.
De acuerdo con la presentación, la normativa vigente prohíbe transferir parcelas sin ese aval, mientras que informes oficiales indicarían que el proyecto solo tendría una aprobación provisoria. En ese escenario, los ediles sostienen que cualquier operación de preventa podría carecer de validez legal.
Otro punto sensible es la falta de escritura traslativa de dominio a favor del desarrollador, una situación que, según el planteo, estaría ligada a un proceso sucesorio aún no resuelto.
Para los concejales, esa condición impide completar trámites clave ante organismos provinciales y profundiza las dudas sobre la situación legal de los loteos.
La impugnación también cuestiona la promoción comercial de los terrenos. Según señalaron, los desarrollos se ofrecen con acceso a agua potable por red, aunque informes técnicos habrían descartado la factibilidad de ese servicio en la zona.
Como alternativa se menciona la provisión por pozo, pero —según advirtieron— no existirían certezas sobre su capacidad, calidad ni sobre quién asumiría el mantenimiento y la distribución. Para los ediles, ofrecer servicios no garantizados podría inducir a error a los compradores y generar riesgos sanitarios.
Ante este escenario, los concejales pidieron la paralización de toda publicidad y comercialización hasta que se regularice la situación dominial y se obtengan las aprobaciones correspondientes.
Además, reclamaron que el Ejecutivo informe públicamente la falta de factibilidad de servicios y remita toda la documentación vinculada a los loteos para su análisis. También advirtieron que, si no obtienen respuestas en un plazo de 48 horas, podrían dar intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos vinculados a incumplimiento de deberes de funcionario público o maniobras de estafa.