Propofol y fentanilo: el sistema que anestesió sus propias alarmas

Por: Romina Liporace

El primer error es periodístico: poner al propofol y al fentanilo bajo sospecha como si el problema fuera su existencia. No lo es. El fentanilo es un opioide sintético de altísima potencia, entre 50 y 100 veces más fuerte que la morfina, y tiene usos legítimos en anestesia y tratamiento del dolor severo. El propofol, por su parte, es un sedante-anestésico intravenoso utilizado para inducción y mantenimiento de anestesia y para sedación en terapia intensiva. El problema empieza cuando esos fármacos salen del acto médico, pierden trazabilidad o quedan bajo custodia débil.

Tampoco se trata de drogas inocuas. El fentanilo puede provocar depresión respiratoria mortal; el propofol genera depresión respiratoria dependiente de la dosis y puede producir apnea, un riesgo que aumenta cuando se combina con otros sedantes u opioides. En otras palabras: fuera de un entorno controlado, el cóctel no es recreativo, es potencialmente letal.

Dos crisis distintas, un mismo agujero institucional

El caso de las llamadas “propofest” abrió una caja negra incómoda. La investigación judicial por la muerte de un anestesista hallado con vía intravenosa, insumos descartables, propofol y fentanilo puso bajo la lupa un presunto circuito de robo y uso recreativo de medicación hospitalaria. Según la reconstrucción publicada por El País, la Justicia investiga si esos fármacos provenían del Hospital Italiano y si eran consumidos fuera de toda práctica asistencial, incluso en reuniones donde había que ventilar manualmente a quienes sufrían apnea. El hospital informó que tomó medidas internas y que generó procedimientos para prevenir hechos similares.

Pero ese no es el único frente. En agosto de 2025, Revista Anfibia reconstruyó otra tragedia: la del fentanilo contaminado. Allí contó el derrotero de familias que descubrieron por cuenta propia que sus familiares habían sido expuestos al lote 31202, distribuido en febrero de 2025, y vinculado en el expediente a al menos 96 muertes. Los peritajes mencionados en esa investigación detectaron Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii tanto en pacientes fallecidos como en frascos del producto.

Este 10 de abril de 2026, además, la ANMAT informó que concluyó el proceso de baja definitiva de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo. El Boletín Oficial sostuvo que existía un “evidente riesgo para la salud pública” y confirmó la cancelación de sus habilitaciones, mientras sigue vigente la prohibición de comercialización, uso y distribución dispuesta en 2025. Es decir: una cosa fue el desvío hospitalario de fármacos para consumo indebido; otra, la falla industrial y regulatoria que terminó en una catástrofe sanitaria. Confundir ambos planos sólo sirve para hacer ruido y perder precisión.

Lo que Anfibia entendió antes que muchos: el problema no era sólo el morbo

En su ensayo Anestesiame, Revista Anfibia se corrió del costado más escandaloso del caso y puso el foco en algo menos vistoso pero más importante: anestesiólogos y anestesistas muy bien pagos, sí, pero también sobreexplotados, expuestos a denuncias por mala praxis, con carga horaria alta, acceso fácil a drogas de altísimo riesgo y escasa contención en salud mental. La nota describe una profesión sometida a burnout, responsabilidad extrema y convivencia diaria con la posibilidad del error fatal.

Ese enfoque importa porque evita dos simplificaciones igual de malas. La primera: romantizar a médicos que desvían medicación como si fueran apenas víctimas del sistema. La segunda: narrarlos como monstruos aislados, como si no existieran condiciones laborales, culturales y corporativas que favorecen el encubrimiento, el silencio o la naturalización del acceso. El punto incómodo es otro: el estrés no absuelve el delito, pero ignorarlo impide prevenir el siguiente caso.

Qué medidas deberían tomarse con los médicos

La primera respuesta no debería ser mediática, sino operativa. Las guías de la American Society of Health-System Pharmacists plantean programas formales de prevención del desvío de sustancias controladas, con tecnología, vigilancia constante, auditorías, métricas, seguimiento de discrepancias, recuentos ciegos en dispositivos automatizados y protocolos estrictos de devolución, descarte y desperdicio. En áreas de alto riesgo —como anestesia, quirófano o procedimientos— el desperdicio de sustancias como el fentanilo debe quedar presenciado, conciliado y documentado.

La segunda respuesta tiene que ser sanitaria y no sólo disciplinaria. La American Society of Anesthesiologists considera que el trastorno por uso de sustancias es una amenaza seria y continua para la seguridad del paciente y para la salud de los propios anestesiólogos. A la vez, los programas de salud del médico insisten en que el diagnóstico precoz, el tratamiento y el monitoreo son más eficaces que la espera pasiva, y subrayan que los profesionales deben poder pedir ayuda sin miedo automático a la represalia.  Ante sospecha fundada, hay que apartar al profesional de la atención directa, evaluar, tratar y monitorear; no mirar para otro lado hasta que ocurra una tragedia.

La tercera respuesta es institucional. Robar, desviar o encubrir no puede ser absorbido por la lógica corporativa del “no expongamos al servicio”. Si hubo robo de medicación, adulteración de registros o cobertura interna, eso exige sumarios, denuncias y sanciones. Pero si además hubo consumo problemático, la salida seria no es sólo expulsiva: debe incluir tratamiento especializado y retorno eventual a funciones únicamente bajo condiciones estrictas de seguridad. La impunidad y el castigo ciego son, por distintas razones, dos formas de llegar tarde.

Cuáles son las urgencias reales

La urgencia real no es prohibir de manera indiscriminada dos fármacos indispensables en quirófanos y terapias intensivas. La urgencia es garantizar que sigan existiendo para quien los necesita, pero con trazabilidad real desde la compra hasta el descarte.

La segunda urgencia es clínica: saber reconocer una sobredosis y responder a tiempo. La OMS señala que una sobredosis de opioides puede identificarse por pupilas puntiformes, inconsciencia y dificultad respiratoria. El CDC recuerda que la naloxona puede revertir una sobredosis por opioides —incluido el fentanilo— cuando se administra a tiempo. Pero con propofol el problema es otro: la depresión respiratoria requiere ventilación y manejo de vía aérea. En una guardia, en un departamento o en una fiesta clandestina, esos minutos son la diferencia entre el susto, el daño neurológico y la muerte.

La tercera urgencia es menos visible: construir entornos donde los hospitales detecten antes el deterioro de sus propios profesionales. Porque cuando un sistema sólo reacciona después de una muerte, de un audio viral o de una bacteria en una ampolla, ya no está previniendo: está administrando consecuencias.

Los casos de propofol y fentanilo en Argentina no hablan sólo de excesos individuales. Hablan de hospitales que pueden perder el control de drogas críticas, de organismos que llegan tarde a la falla industrial, de médicos agotados en áreas de altísimo riesgo y de instituciones que muchas veces prefieren el silencio antes que la alarma. El desafío no es moralizar los activos. Es dejar de anestesiar las señales de un sistema que hace tiempo viene avisando que algo no funciona.