Reforma de la Ley de Glaciares avanza en Diputados y genera tensión

El proyecto de reforma de la Ley de Glaciares avanzó este martes en la Cámara de Diputados tras obtener dictamen de mayoría en un plenario de comisiones, en una jornada atravesada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición.

Con el respaldo de bloques aliados y legisladores de provincias mineras, el Gobierno se encamina a llevar la iniciativa al recinto, donde confía en reunir los votos necesarios para su aprobación en la sesión prevista para este miércoles.

Qué propone la reforma de la Ley de Glaciares

La iniciativa impulsada por el oficialismo plantea modificar el alcance de la protección sobre el ambiente glaciar y periglacial. El eje central del cambio es limitar la protección únicamente a aquellas zonas cuya función hídrica esté científicamente comprobada.

De aprobarse, se habilitaría el desarrollo de proyectos productivos —principalmente mineros— en áreas que actualmente están restringidas, con el objetivo de destrabar inversiones de gran escala.

Apoyos y rechazos: cómo se posicionan los bloques

El dictamen de mayoría reunió 37 firmas y contó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y legisladores de provincias con fuerte actividad minera.

En contraposición, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y otros espacios opositores presentaron dictámenes de rechazo. Además, anticiparon que, en caso de sancionarse, la norma será judicializada por considerar que vulnera principios de protección ambiental.

Argumentos en disputa: desarrollo vs. protección ambiental

Durante el debate en comisiones, funcionarios nacionales y provinciales defendieron la reforma al sostener que permitirá dar previsibilidad al sector productivo sin comprometer los recursos hídricos.

Según argumentaron, la legislación vigente presenta ambigüedades que frenan proyectos estratégicos. En cambio, desde la oposición advirtieron que la modificación representa un retroceso en materia ambiental y podría poner en riesgo reservas clave de agua dulce.

También cuestionaron que la nueva redacción otorgaría mayor discrecionalidad a las provincias para habilitar actividades extractivas en zonas sensibles, lo que —según señalaron— debilitaría los controles.

Con media sanción del Senado, el proyecto se encamina a una definición en Diputados. Mientras el oficialismo lo considera clave para atraer inversiones y dinamizar la economía, la oposición insiste en que la discusión requiere garantías claras para preservar el ambiente.