El Gobierno de Chubut oficializó un nuevo marco normativo para las empresas que operan en los puertos provinciales. A través de la Resolución 0085, la Secretaría de Pesca modificó los requisitos para integrar el Registro Provincial de Prestadores de Servicios Portuarios y sumó exigencias económicas, nuevos aranceles y restricciones sobre el uso de espacios dentro de los muelles.
La medida apunta a reforzar los controles sobre las firmas que desarrollan actividades comerciales en la costa chubutense y a exigir respaldo patrimonial antes del inicio de operaciones.
El nuevo esquema establece que los operadores deberán acreditar solvencia económica y financiera suficiente para poder desarrollar su actividad.
Para cumplir con ese requisito, las empresas tendrán que presentar alguna de estas garantías:
Según la resolución, el objetivo es asegurar que las firmas cuenten con respaldo real antes de prestar servicios en el ámbito portuario.
La reglamentación también actualiza el esquema tarifario para la inscripción y reinscripción en el registro.
Ambos montos se calcularán de acuerdo con los valores establecidos por la Ley II N° 76.
Además, la norma incorpora un mecanismo de renovación anticipada: las firmas que se inscriban dentro de los 90 días previos al vencimiento anual podrán validar automáticamente su trámite para el período siguiente, sin pagar un cargo adicional.
Otro de los puntos centrales de la resolución es el uso de maquinarias, equipos e infraestructura dentro de los puertos.
El texto aclara que la sola inscripción en el registro no habilita a ocupar de manera permanente espacios dentro del ámbito portuario. Por eso, las empresas que necesiten mantener instalaciones fijas deberán solicitar una autorización expresa ante la Administración Portuaria o la Dirección General de Puertos, según corresponda.
La resolución advierte que, si se detectan instalaciones irregulares o una ocupación no autorizada de espacios públicos en los puertos, el Estado provincial podrá ordenar el retiro inmediato de esos elementos y aplicar sanciones conforme a la normativa vigente.
Con este nuevo esquema, Chubut busca reforzar el control sobre la actividad portuaria, ordenar el uso de los espacios operativos y exigir mayores garantías a las empresas que trabajan en los muelles provinciales.