Mientras el Gobierno de Río Negro promueve una profunda desregulación de farmacias bajo el discurso de “más libertad”, en paralelo avanza una millonaria contratación directa del IPROSS que ya genera cuestionamientos por su magnitud y modalidad. El proceso contempla la compra de medicamentos por un monto estimado de $19.280 millones, sin pasar por una licitación pública tradicional.
La iniciativa expone una fuerte contradicción dentro de la propia política sanitaria provincial: por un lado, se eliminan controles y restricciones para el sector privado; por otro, el Estado concentra decisiones de alto impacto económico mediante mecanismos excepcionales que reducen la competencia y la transparencia.
De acuerdo al pliego de condiciones, el precio total estimado de la contratación asciende a $19.280.361.692,60, calculado en base a la cantidad máxima de medicamentos a adquirir y tomando como referencia contrataciones previas del organismo. La modalidad elegida es la de contratación directa por razones de urgencia, lo que evita el procedimiento de licitación pública.
El proceso fija como fecha límite de presentación de ofertas el 7 de abril de 2026 y establece que las propuestas deben enviarse por correo electrónico al área de compras del IPROSS, un mecanismo que también abre interrogantes sobre los niveles de control y auditoría en una operación de semejante volumen económico.
EL SISTEMA FARMACÉUTICO SE ACTUALIZA CON MÁS LIBERTAD Y ACCESO
— Gobierno de Río Negro (@rionegrogob) April 6, 2026
💊 El gobernador @WeretilneckOK firmó el proyecto de ley que actualizará el sistema farmacéutico provincial, para ampliar el acceso a medicamentos y facilitar la apertura de nuevas farmacias en toda la provincia. https://t.co/NtWeMg5wM6
Además, el esquema contempla una “provisión abierta”, lo que significa que el organismo podrá requerir medicamentos hasta agotar el monto máximo previsto, con posibilidad incluso de ampliar cantidades o prorrogar el contrato. En la práctica, se trata de un margen de discrecionalidad considerable en el manejo de fondos públicos.
En paralelo, el gobernador Alberto Weretilneck impulsa una reforma de la Ley G Nº 4.438 que elimina restricciones históricas para la instalación de farmacias. “Desde ahora, se podrá instalar una farmacia en cualquier punto de la ciudad, sin restricciones de distancia ni limitaciones pensadas para proteger estructuras existentes”, sostuvo el mandatario.
La iniciativa habilita que cualquier persona física o jurídica pueda abrir una farmacia, siempre que cuente con un Director Técnico, y flexibiliza condiciones en localidades pequeñas, permitiendo incluso que un mismo farmacéutico esté al frente de múltiples establecimientos.
Weretilneck defendió la medida bajo el concepto de ampliación de libertades: “Ampliar la libertad de elección también significa facilitar el acceso a un servicio esencial, promoviendo más competencia, más innovación y mejores respuestas”.
El contraste entre ambas decisiones no pasa desapercibido. Mientras se promueve la competencia en el sector farmacéutico, el Estado provincial concentra una compra multimillonaria en condiciones excepcionales, con plazos de entrega inmediatos y pagos previstos a 45 días, lo que podría favorecer a grandes proveedores con capacidad financiera.
Además, la contratación está orientada a cubrir tratamientos oncológicos y especiales por un período estimado de cinco meses, lo que refuerza el carácter urgente pero también expone la falta de planificación estructural en la provisión de medicamentos para afiliados del IPROSS.
En este escenario, crecen las dudas sobre el impacto real de la desregulación en el acceso a medicamentos y sobre la coherencia del modelo impulsado por el Gobierno. La combinación de liberalización del mercado y concentración de compras estatales abre un nuevo frente de debate político y sanitario en Río Negro.