Río Negro avanza con la recategorización de estatales y define un plan para regularizar ascensos automáticos
El Gobierno de Río Negro comenzó a trabajar sobre los primeros datos para definir un esquema de regularización de recategorizaciones pendientes en la administración pública provincial. El objetivo es avanzar con la cancelación de deudas salariales generadas por ascensos automáticos que no fueron aplicados en distintos organismos del Estado.
La discusión tendrá un punto clave el jueves 9 de abril, cuando la mesa de la Función Pública analice una propuesta oficial para ordenar esa situación. En esta etapa inicial, el Ejecutivo busca precisar cuántos estatales tienen promociones pendientes y cuál es el monto total adeudado por esas diferencias salariales.
La situación está vinculada con el Estatuto del Empleado Público de Río Negro (Ley 4541), que establece que los ascensos dentro de la carrera administrativa deben producirse de manera automática en períodos de entre dos y cuatro años, según la categoría y el agrupamiento del agente.
El escalafón estatal está compuesto por 25 categorías y se divide en cinco agrupamientos, definidos por la naturaleza de las funciones: administrativo, profesional, técnico, auxiliar asistencial y servicio de apoyo. Cada promoción implica una mejora salarial, aunque la diferencia entre categorías no suele ser muy amplia.
Si bien varios organismos vienen cumpliendo con esas promociones automáticas, otros arrastran atrasos. El caso más importante es el del área de Salud, donde se concentra el mayor volumen de expedientes pendientes y, por lo tanto, la mayor deuda salarial asociada a esas recategorizaciones.
El último proceso amplio de regularización se realizó en 2022, cuando unos 4.500 estatales fueron promovidos. En ese momento, los retroactivos derivados de los ascensos se pagaron en dos y hasta en tres cuotas mensuales.
Ahora, aunque todavía no existen cifras definitivas, algunas fuentes estiman que la cantidad de agentes alcanzados podría ser similar a la de aquel proceso, ya que el atraso acumulado vuelve a rondar un período de varios años.
Las estimaciones preliminares indican que solo en Salud habría entre 2.500 y 3.000 estatales con ascensos demorados. En ese sector, la deuda salarial proyectada rondaría los 1.500 millones de pesos.
Con esos números, cada trabajador incluido en ese universo podría percibir entre 500 mil y 600 mil pesos, aunque los valores finales dependerán de la propuesta que presente el Gobierno y de lo que se acuerde en la negociación paritaria.
La propuesta oficial será discutida en la reunión de la Función Pública del 9 de abril, tal como se acordó entre el gobernador Alberto Weretilneck y el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, durante el encuentro que mantuvieron la semana pasada en Buenos Aires.
Después de esa reunión, Aguiar se mostró expectante con la posibilidad de que esos pagos puedan concretarse junto con los haberes de mayo, aunque aclaró que cualquier definición dependerá de la oferta formal del Ejecutivo y del resultado de la paritaria.
En paralelo, UPCN cuestionó el vínculo del Gobierno provincial con ATE y reclamó mayor reconocimiento a su representación gremial. Con la información que trascendió hasta ahora, el sindicato sostuvo que el gobernador solo recibió una vez a esa organización y lo acusó de avanzar en acuerdos con un gremio al que calificó como minoritario.
Además, UPCN señaló que las recategorizaciones, luego de haber sido relegadas durante años, ahora son presentadas por el oficialismo como una prioridad, y vinculó esa decisión con el calendario electoral. De todos modos, también recordó que la regularización de ascensos formaba parte de sus reclamos y que finalmente esa demanda empezó a ser atendida.
La recategorización pendiente es uno de los temas más sensibles dentro del empleo público rionegrino porque combina dos factores de alto impacto: el reconocimiento de la carrera administrativa y el cobro de sumas adeudadas por ascensos no aplicados en tiempo y forma.
Con ese telón de fondo, la reunión del 9 de abril aparece como una instancia decisiva para saber si el Gobierno avanza con un esquema concreto de regularización y pago para miles de estatales de Río Negro.