La avanzada del gobierno de Javier Milei sobre el régimen laboral sufrió un duro revés este lunes, luego de que la Justicia suspendiera de manera provisoria más de 80 artículos de la reforma impulsada por el oficialismo. La medida, adoptada tras una cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), pone en jaque uno de los pilares del programa económico del Ejecutivo.

La resolución del fuero laboral alcanza a una parte sustancial de la Ley de Modernización Laboral (27.802), sancionada a fines de febrero, y deja en suspenso su aplicación hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre su constitucionalidad.

El fallo advierte sobre una posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de un “perjuicio inminente” para los trabajadores, argumentos que resultaron determinantes para hacer lugar a la medida cautelar. En este sentido, la Justicia optó por priorizar la preservación de derechos adquiridos frente a la implementación de cambios estructurales que podrían tener consecuencias irreversibles.

La CGT logra un respaldo clave

La presentación fue impulsada por el triunvirato de la Confederación General del Trabajo, integrado por Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, quienes cuestionaron diversos artículos por considerar que vulneran derechos esenciales como la sindicalización, la negociación colectiva y el derecho a huelga.

El tribunal reconoció la legitimidad de la central obrera para impulsar el reclamo, al considerar que representa intereses colectivos e individuales homogéneos de los trabajadores alcanzados por la normativa.

Un fallo con impacto político

La decisión judicial no solo tiene efectos legales, sino también un fuerte impacto político para la gestión de Javier Milei. La reforma laboral era presentada como una herramienta clave para flexibilizar el mercado de trabajo y atraer inversiones, pero desde su tratamiento en el Congreso fue duramente cuestionada por sectores sindicales y parte de la oposición.

El fallo expone, además, la fragilidad jurídica de algunos puntos de la ley, que ahora deberán ser analizados en profundidad en instancias posteriores.

Una disputa que recién comienza

Pese a la suspensión, la medida es de carácter provisorio. La Justicia dejó en claro que la discusión de fondo —la constitucionalidad de la reforma— requerirá un debate más amplio y profundo antes de una sentencia definitiva.

Mientras tanto, el escenario queda abierto a una disputa que combina lo judicial, lo político y lo social. Con los artículos cuestionados fuera de vigencia temporalmente, el gobierno enfrenta un nuevo obstáculo en su intento de avanzar con reformas estructurales, en un contexto de creciente conflictividad con el movimiento obrero.