Denuncian fraude en las primeras elecciones democráticas del IUPA y apuntan al rector normalizador

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) atraviesa una profunda crisis institucional tras la denuncia de irregularidades en sus primeras elecciones democráticas, realizadas el 15 y 16 de marzo de 2026. El proceso, que debía marcar el inicio de una nueva etapa de normalización tras más de una década de conducción designada, quedó bajo sospecha por presuntas maniobras que habrían alterado el resultado electoral en favor del actual rector normalizador, Gerardo Blanes puesto a dedo por el gobernador Alberto Weretilneck.

Según la documentación presentada en la denuncia, el proceso electoral estuvo condicionado desde su origen por decisiones administrativas que ampliaron de manera cuestionada el padrón. Entre ellas, se destaca la regularización de 380 docentes sin título universitario, quienes dictan talleres de extensión en distintas localidades del interior provincial, principalmente en áreas como guitarra y danzas folklóricas. A su vez, los participantes de estos talleres fueron habilitados como estudiantes universitarios, lo que les permitió votar en los comicios.

Este esquema generó un caudal de votos del interior estrechamente vinculado a la estructura territorial del rectorado, lo que, según la denuncia, configuró una ventaja política decisiva para Blanes. A pesar de ello, los resultados preliminares indicaron un triunfo claro de la oposición, que logró quedarse con 10 de los 16 cargos del Consejo Superior, incluyendo ambas bancas estudiantiles de la sede central.

 

 

 

 

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Sin embargo, el resultado final se modificó tras la incorporación de los votos provenientes del interior de la provincia. De acuerdo con lo denunciado, esos sufragios no solo revirtieron la mayoría opositora, sino que además desplazaron a los consejeros estudiantiles que habían sido legítimamente electos en la sede central, permitiendo al oficialismo recuperar el control del órgano de gobierno universitario.

El punto más grave señalado en la presentación radica en el escrutinio definitivo. La Junta Electoral no habría exhibido ante los apoderados de las listas ni las urnas ni la documentación correspondiente a los votos del interior, que fueron justamente los que alteraron el resultado. Esta falta de respaldo documental pone en duda la validez de esos sufragios y alimenta las acusaciones de fraude.

La situación adquiere mayor relevancia institucional de cara al próximo 30 de marzo, cuando el Consejo Superior deberá elegir al nuevo rector y a las autoridades de la universidad. Con el control del órgano en disputa, el resultado de esa votación podría quedar condicionado por un proceso electoral cuya transparencia está seriamente cuestionada.

Distintos sectores de la comunidad educativa advierten que lo ocurrido no solo compromete la legitimidad de las autoridades que resulten electas, sino que también pone en riesgo el proceso de democratización del IUPA, una institución que desde su reconocimiento como universidad provincial en 2015 venía reclamando la normalización de su vida política interna.

Mientras crecen los pedidos de revisión del proceso y de intervención de organismos competentes, el conflicto abre un nuevo capítulo en la disputa por el control institucional de la universidad, en un contexto donde la transparencia electoral aparece como el eje central del reclamo.