Ley de Glaciares: el oficialismo limita a 400 los oradores y recalienta la disputa política en Diputados

La reforma de la Ley de Glaciares volvió a colocarse en el centro de la agenda legislativa con un fuerte foco de tensión política. La Cámara de Diputados iniciará la próxima semana las audiencias públicas para debatir el proyecto, que ya cuenta con media sanción, pero el oficialismo de La Libertad Avanza decidió reducir a 400 la cantidad de oradores, pese a que más de 100 mil personas se habían inscripto para participar.

La decisión encendió el conflicto con la oposición y organizaciones ambientalistas, que cuestionan la limitación como un recorte a la participación ciudadana en un tema de alto impacto ambiental. El oficialismo, sin embargo, avanzó con un esquema de audiencias concentradas en solo dos jornadas, buscando acelerar el tratamiento del proyecto.

Audiencias acotadas y reclamos por participación

El cronograma definido establece que las audiencias se desarrollarán en dos modalidades: el miércoles 25 de marzo será de forma presencial, mientras que el jueves 26 se realizará de manera virtual. En total, solo 400 expositores podrán tomar la palabra: cerca de 200 en el recinto y otros 200 vía Zoom.

Además, se dispuso que únicamente podrán asistir los 66 diputados que integran las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, junto a dos asesores por legislador. Este esquema fue interpretado por sectores opositores como un intento de limitar el debate y evitar una discusión más amplia.

Desde bloques del peronismo, la izquierda y espacios provinciales, la medida fue rechazada de plano, al considerar que deja afuera a la gran mayoría de los inscriptos y debilita la legitimidad del proceso.

En paralelo, la organización Greenpeace presentó una medida cautelar ante la Justicia para exigir que se garantice la participación oral de todos los inscriptos. De prosperar ese planteo, las audiencias podrían extenderse por más de 500 días, lo que modificaría por completo el cronograma legislativo.

Una reforma clave con impacto en las provincias

El proyecto impulsado por el Gobierno propone cambios sustanciales en la normativa vigente, con el objetivo de redefinir los criterios de protección ambiental y habilitar nuevas oportunidades de desarrollo productivo.

El punto central de la iniciativa es la transferencia de facultades hacia las provincias, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que los recursos naturales pertenecen a las jurisdicciones provinciales. De esta manera, serán los gobiernos locales quienes tendrán mayor poder para identificar y habilitar zonas aptas para actividades extractivas.

Aunque el Inventario Nacional de Glaciares seguirá bajo la órbita del IANIGLA, la decisión final sobre el impacto ambiental quedará en manos de cada provincia.

Otro de los ejes del debate es la modificación del criterio de protección del ambiente periglacial. El nuevo texto exige demostrar un aporte hídrico “relevante” y “comprobable” para que un área sea considerada protegida, reemplazando la redacción actual que, según el oficialismo, genera restricciones excesivas.

Entre el desarrollo y la protección ambiental

La reforma genera una fuerte división política. Por un lado, un grupo de gobernadores aliados impulsa su aprobación con el argumento de que permitirá destrabar inversiones millonarias, especialmente en proyectos de cobre y en el desarrollo hidrocarburífero.

Desde el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, sostienen que la modificación es clave para atraer divisas, generar empleo en las provincias cordilleranas y evitar que la ley funcione como un obstáculo burocrático en zonas sin valor hídrico significativo.

En la vereda opuesta, sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas advierten que los cambios podrían debilitar la protección de reservas estratégicas de agua dulce, en un contexto global de creciente escasez.

Con este escenario, las audiencias públicas no solo serán un espacio de exposición técnica, sino también un termómetro de la disputa política que rodea a una de las leyes ambientales más sensibles del país. La definición final en el Congreso promete un debate intenso, atravesado por intereses económicos, tensiones federales y el reclamo social por mayor participación.