Ruta Provincial 12: una tranquera, el aval oficial y la consolidación de un precedente peligroso

El conflicto por el bloqueo de la Ruta Provincial 12 dejó de ser un episodio aislado para convertirse en un caso testigo sobre el rol del Estado frente al avance de intereses privados sobre bienes públicos. Lejos de resolverse, la situación se agravó tras conocerse testimonios a los que accedió Página 12 que confirman que el gobierno provincial no solo evitó intervenir para garantizar el libre tránsito, sino que terminó avalando la decisión de los terratenientes que instalaron una tranquera e impiden el paso.

La información recabada aporta un elemento central, ya que el cierre del camino no es una medida transitoria ni producto de una emergencia, sino una acción sostenida en el tiempo que cuenta con respaldo u omisión institucional. Esto transforma el problema en algo más profundo que una disputa territorial, ubicándolo en el plano de las decisiones políticas que dejan al libre albedrío sobre privados sobre quién puede circular y quién no en una ruta provincial que nunca fue expropiada o no se llegó a un acuerdo con los dueños de las tierras donde el camino atraviesa y conecta la Ruta N° 40.

Testimonios que reflejan el impacto real del bloqueo

Los testimonios recogidos en el relevamiento periodístico permiten dimensionar el alcance del conflicto más allá de la discusión legal. Pobladores de la zona describen un escenario de restricción total, donde el paso quedó vedado o de difícil paso, ya que quien quiera pasar por ese lugar, tiene que abrir una tranquera.

“Siempre pasamos por acá, es un camino de toda la vida”, relataron algunos vecinos, marcando el contraste entre la práctica histórica y la situación actual. La irrupción de la tranquera no solo modificó la circulación, sino que introdujo una lógica de control privado sobre un espacio que hasta ahora era de acceso libre.

“Nos obligan a dar una vuelta enorme, no es solo una molestia, es tiempo y costo que nadie contempla”, señalaron usuarios habituales del camino. En otros casos, el problema se vuelve más crítico: el acceso a servicios básicos, como atención médica o provisión de insumos, queda condicionado por la imposibilidad de transitar por la ruta.

Uno de los aspectos más delicados es que el camino no es nuevo ni marginal. Se trata de una vía con uso histórico que data desde el 2005, lo que refuerza la percepción de arbitrariedad en su cierre. En ese contexto, la ausencia del Estado no solo se percibe como una omisión, sino como una toma de posición implícita a favor de los intereses privados.

Para los pobladores, esta postura implica una cesión directa de autoridad. “Si el gobierno dice que ellos tienen razón, entonces nosotros nos quedamos sin camino”, resumió uno de los afectados.

El rol del Estado: de garante del derecho a actor ausente

La responsabilidad sobre las rutas provinciales recae directamente en el gobierno que hoy administra Ignacio Torres, que a través de sus organismos viales tiene la obligación de garantizar la transitabilidad y el libre acceso. Sin embargo, en este caso, la conducta estatal se aleja de ese mandato y abre interrogantes sobre los criterios que guían la intervención pública en conflictos territoriales.

Este comportamiento no es neutro. Al no ejercer su autoridad, el Estado habilita de hecho que se consoliden prácticas que restringen derechos colectivos. La consecuencia inmediata es la pérdida de control sobre el territorio y la consecuencia de fondo es la erosión del principio de igualdad ante la ley.

En el comunicado, que expresa el organismo como Vialidad Provincial: “Debido a que el asfalto inconcluso generaba confusión en los turistas y afectaba la privacidad y seguridad del predio, la AVP, tras verificar la certificación dominial, autorizó al propietario a cerrar el camino”.

“El pórtico de hierro no constituye una ‘invasión de hecho’ sobre el patrimonio público, sino la delimitación de una propiedad privada legítima sobre la cual el Estado no posee derechos de jurisdicción al haber quedado la obra y su proceso expropiatorio inconclusos”, manifestó Vialidad Provincial de Chubut.

La tensión estructural: propiedad privada y caminos públicos

El conflicto de la Ruta Provincial 12 se inscribe en una problemática histórica de la Patagonia, ya que la superposición entre grandes extensiones de tierra en manos privadas y caminos que, en muchos casos, no fueron formalmente regularizados pese a su uso prolongado.

Desde el punto de vista jurídico, el principio es claro: las rutas provinciales son bienes de dominio público y su uso no puede ser restringido de manera unilateral. Incluso en situaciones donde existan inconsistencias catastrales o falta de documentación, la resolución debe canalizarse por vías institucionales, nunca mediante el cierre de hecho.

La otra parte quien sustenta el cierre del camino realizó en algunas declaraciones periodística, Luciana Zarate, una de las dueñas de los campos dijo que “No está cerrada. El portón está sin candado y nunca se cortó el camino”, afirmó, aunque en los hechos, la estructura bloquea el paso y hay que abrirla para circular.

Por otra parte, Zarate también explicó que antes de poner la tranquera fue “a Vialidad a avisarles” que iba a hacerlo. “También avisé en el juzgado de paz y en la comisaría, porque quiero hacer las cosas bien”, añadió. “Si Vialidad viene y dice que quiere seguir la ruta por acá, se arreglará. Pero hoy no está expropiado, es propiedad privada”.

Infraestructura relegada y conflictos que se repiten

El episodio también pone en evidencia un problema más amplio: la falta de inversión sostenida y de presencia estatal en la red vial secundaria. Según Página 12 pudo constatar ante fuentes del Gobierno provincial administrado por Ignacio Torres, el Estado por el momento no tiene pensado realizar acciones sobre ese paso. Las rutas menos transitadas suelen quedar fuera de las prioridades de obra y mantenimiento, lo que genera condiciones propicias para disputas como la actual.

En este escenario, la ausencia de señalización clara, la falta de relevamientos actualizados y la escasa intervención institucional contribuyen a la incertidumbre sobre el estatus de muchos caminos. Esa indefinición termina siendo aprovechada por actores privados que avanzan sobre espacios que, en los hechos, deberían permanecer abiertos.