En una jugada de fuerte pragmatismo político, el Gobierno nacional decidió eliminar el capítulo tributario de la reforma laboral y modificar casi una treintena de artículos clave del proyecto con el objetivo de lograr su aprobación antes del 1° de marzo. La estrategia apunta a enviar una señal de fortaleza a los mercados y garantizar los votos necesarios en el Congreso, tras ceder ante reclamos de gobernadores, sindicatos, cámaras empresarias y bloques de la oposición dialoguista.
Uno de los puntos descartados fue la posibilidad de pagar salarios a través de billeteras virtuales. El nuevo artículo 35 establece que el pago de haberes deberá realizarse exclusivamente mediante entidades bancarias habilitadas.
En materia de licencias por enfermedad o accidente, el artículo 44 acota derechos cuando los hechos no estén vinculados a la prestación laboral. En esos casos, el trabajador percibirá el 50% del salario si la imposibilidad de trabajar deriva de una actividad voluntaria y consciente. Además, se incorporan los artículos 44 bis y 44 ter, que regulan el aviso de enfermedad, los controles médicos y habilitan al empleador a designar médicos o recurrir a juntas médicas en caso de controversias.
Otro de los ejes centrales fue el sistema de indemnizaciones por despido. Se mantiene la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes patronales que anteriormente se destinaban a la Anses, pero ahora con una segmentación según el tamaño de la empresa. Las grandes compañías aportarán el 1%, mientras que las pymes lo harán con el 2,5%. El ministro de Economía, Luis Caputo, logró incluir una cláusula que lo autoriza a incrementar esos porcentajes en hasta un 0,5% para cumplir con las metas de déficit cero.
El dictamen también incorpora concesiones clave a los sindicatos, dando marcha atrás con varias propuestas impulsadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Se descartó la reducción del aporte patronal a las obras sociales del 6 al 5%, se mantuvo la vigencia de la cuota sindical obligatoria —con un tope del 2% del salario— y se ratificó el rol de los empleadores como agentes de retención de los aportes gremiales, sin exigir autorización expresa del trabajador.
En un claro guiño a los gobernadores, el Gobierno eliminó la reducción del impuesto a las ganancias para sociedades en los tramos dos y tres, un punto que había generado fuerte resistencia por el impacto negativo en la coparticipación provincial. Sí se mantiene, en cambio, la eliminación de impuestos internos a artículos suntuarios, automóviles, embarcaciones y dispositivos de comunicación.
En el plano judicial, el nuevo texto insiste con el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña, aunque introduce la posibilidad de una “reorganización o transformación progresiva”, sin afectar competencias laborales federales.
Respecto al financiamiento cultural, se resolvió postergar hasta el 1° de enero de 2028 la eliminación del fondo que sostiene al INCAA. Dicho fondo se nutre de impuestos sobre entradas de cine, videogramas y parte de la recaudación del Enacom. La versión original proponía su eliminación inmediata.
Finalmente, el dictamen mantiene la derogación de cinco estatutos laborales, pero establece un plazo de seis meses desde la sanción de la ley. En el caso del Estatuto del Periodista Profesional, se ratifica la derogación del artículo 43, referido a los despidos, una vez que entre en vigencia la reforma.
Con estas modificaciones, el oficialismo apuesta a destrabar el debate parlamentario y acelerar la sanción de una de las iniciativas más sensibles de su agenda económica y política.
