La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC dejó al desnudo una de las maniobras más delicadas del gobierno de Javier Milei desde su llegada al poder: el intento de ocultar un índice de inflación que desarmaba por completo el relato oficial de la desinflación. El nuevo IPC, elaborado con una metodología más realista y actualizada, arrojó una suba del 3,4% en enero, un dato que el Ejecutivo pidió explícitamente que no se difundiera.
Lavagna se negó a convalidar la maniobra y optó por dar un paso al costado antes que firmar lo que puertas adentro del organismo fue calificado como un papelón institucional. El economista había anunciado semanas atrás que el INDEC ya estaba en condiciones técnicas de publicar los datos con la nueva metodología, que ajustaba el peso de los servicios públicos en la canasta y reflejaba de manera más fiel el impacto del ajuste sobre los hogares.
La confirmación más cruda llegó de boca del propio ministro de Economía. Luis “Toto” Caputo admitió públicamente que la salida de Lavagna estuvo directamente vinculada a la decisión política de no mostrar un número incómodo. En una entrevista con Radio Rivadavia, explicó sin rodeos que el cambio metodológico debía esperar a que el proceso de desinflación estuviera “totalmente consolidado”, una definición que equivale a decir que las estadísticas oficiales se actualizan solo cuando favorecen al Gobierno.
La lógica expuesta por Caputo generó estupor incluso entre economistas habitualmente cercanos al oficialismo. “Es como si el médico te dijera que te va a tomar la fiebre cuando te baje”, ironizó un analista consultado por LPO. La comparación grafica una situación grave: el reconocimiento explícito de que el Poder Ejecutivo decide cuándo medir la inflación según la conveniencia política del resultado.
El ministro profundizó la contradicción al afirmar que “no hay necesidad de cambiar ahora el índice” y, casi en la misma frase, asegurar que “da igual, da prácticamente lo mismo”. Si el resultado fuera irrelevante, la pregunta cae por su propio peso: ¿por qué forzar la salida del titular del organismo estadístico y frenar la publicación del dato? La respuesta parece obvia y deja al descubierto el temor del Gobierno a perder el control del discurso económico.
Más allá del impacto político, las consecuencias legales y financieras pueden ser severas. La confesión de Caputo sobre la decisión de no actualizar la metodología del IPC abre la puerta a una avalancha de juicios de tenedores de bonos atados a la inflación, un escenario que remite inevitablemente a la intervención del índice de precios durante la era de Guillermo Moreno. La historia, una vez más, amenaza con repetirse.
El argumento oficial se vuelve aún más endeble si se lo compara con prácticas internacionales. Países como Chile, tantas veces citados como modelo por el propio Gobierno, implementan cambios metodológicos publicando ambos índices en paralelo durante un período de transición. Aquí, en cambio, se optó por el camino opaco: esconder el dato, forzar una renuncia y sostener un índice que ya no refleja la realidad cotidiana de los argentinos.
La paradoja es evidente. Lavagna venía siendo cuestionado por una gestión deslucida, acusado incluso de haber maquillado indicadores sensibles como pobreza y crecimiento para beneficiar al relato libertario. Sin embargo, cuando decidió avanzar hacia una convergencia mínima con la realidad económica, fue empujado fuera del cargo. “Se tendría que haber ido antes, rifó mucho prestigio”, disparó un técnico que conoce de cerca el funcionamiento interno del INDEC.
En su lugar asumirá Pedro Lines, un funcionario de perfil bajo, con pasado en la gestión macrista y estrecha sintonía con el equipo de Caputo. Hasta hace poco, en su perfil de LinkedIn figuraba como “Open to work”. El Gobierno ya le resolvió el problema. El interrogante que queda abierto es otro: quién va a animarse ahora a decir la verdad sobre la inflación en la Argentina libertaria.
