Comienzan las sesiones extraordinarias con fuerte pulseada por la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

El Congreso Nacional retomó este lunes su actividad con el inicio de las sesiones extraordinarias, en un clima de alta tensión política y negociaciones cruzadas entre el oficialismo y los distintos bloques de la oposición. La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y el proyecto de Régimen Penal Juvenil aparecen como los ejes centrales de un temario cargado y sensible, que promete debates intensos en ambas cámaras.

 

Desde el Ejecutivo reconocen que el tratamiento de la modernización laboral será el principal desafío del período. Si bien la iniciativa ya cuenta con dictamen en el Senado, el respaldo necesario para aprobarla en el recinto aún no está garantizado. Por ese motivo, el oficialismo aceleró en los últimos días una ronda de contactos con gobernadores y legisladores considerados “dialoguistas”, en un intento por blindar el texto y evitar cambios que compliquen su aprobación.

 

El Gobierno sostiene que la reforma es clave para fomentar el empleo registrado y reducir la judicialización de los conflictos laborales. Sin embargo, sectores de la oposición advierten que el proyecto implica una pérdida de derechos y genera resistencias tanto en el Congreso como en organizaciones sindicales y culturales, como el cine argentino, que ya expresó su preocupación por el impacto de la iniciativa.

 

En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la referente del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, encabezaron múltiples reuniones políticas para sumar voluntades. Uno de los encuentros más relevantes se produjo en la Casa de Salta, donde los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil plantearon sus objeciones vinculadas a la pérdida de recursos coparticipables que implicarían los cambios en el Impuesto a las Ganancias incluidos en el proyecto. Los mandatarios reclamaron algún tipo de compensación fiscal como condición para acompañar la propuesta.

 

Los tres gobernadores forman parte del grupo de aliados clave que el Gobierno supo construir en el Congreso desde el inicio de la gestión libertaria. La discusión de la reforma laboral en el Senado, prevista para la próxima semana, aparece así atravesada por una negociación de último momento que será determinante para el resultado final.

 

El Régimen Penal Juvenil abre otro frente de conflicto

 

Mientras aún se discute la viabilidad de la reforma laboral, el Ejecutivo decidió reactivar el debate sobre el Régimen Penal Juvenil e incorporarlo formalmente al temario de extraordinarias. La decisión sorprendió incluso a algunos aliados, ya que días atrás el Gobierno había optado por postergar esta discusión para concentrar esfuerzos en el paquete laboral.

 

Patricia Bullrich volvió a colocarse al frente de la iniciativa y aseguró que el proyecto “va a ser ley”. Sin embargo, en los bloques aliados persisten las dudas, especialmente en torno a la edad de imputabilidad. Desde el PRO sostienen que debe fijarse en los 14 años, mientras que en la UCR advierten que insistir en bajarla a 13 podría romper los consensos alcanzados durante el año pasado y reabrir un debate que parecía saldado.

 

Las diferencias internas vuelven a poner al oficialismo ante una disyuntiva conocida: avanzar con un planteo más duro y arriesgar apoyos o moderar la propuesta para garantizar su sanción.

 

Ley de Glaciares y acuerdo con la Unión Europea

 

El temario de extraordinarias también incluye la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa que generó fuertes cuestionamientos de sectores ambientalistas y científicos. El proyecto redefine el concepto de ambiente periglacial y limita la protección a aquellos glaciares y áreas que cumplan una función hídrica comprobable. Además, transfiere a las provincias la facultad exclusiva de determinar las zonas protegidas y prevé la creación de un registro nacional de glaciares.

 

Otro punto relevante es el tratamiento legislativo del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el pasado 9 de enero. El tratado establece la eliminación gradual de aranceles sobre el 91% de las exportaciones entre ambos bloques y contempla períodos de transición de hasta 15 años para productos sensibles. Mientras el Gobierno destaca las oportunidades para el sector agroexportador, distintos espacios políticos reclaman un análisis más profundo de su impacto en la industria nacional.

 

Con un Congreso fragmentado y una agenda ambiciosa, las sesiones extraordinarias se perfilan como una prueba de fuego para el oficialismo, que busca consolidar poder legislativo en un escenario marcado por negociaciones permanentes y apoyos condicionados.