La tierra en disputa: quiénes son los grandes propietarios extranjeros y el giro que impulsa Milei

La Argentina cuenta con unas 266 millones de hectáreas aptas para la explotación agropecuaria, minera y turística. De ese total, alrededor de 13 millones están en manos de capitales extranjeros, un fenómeno que vuelve al centro de la escena a partir de la decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar en la eliminación de las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de inversores del exterior. La iniciativa, impulsada desde el Consejo de Mayo, promete reconfigurar el mapa de la propiedad rural y abre una discusión de fondo sobre soberanía, concentración y recursos estratégicos.

El debate legislativo se concentrará en febrero, cuando el Congreso trate la propuesta oficial para derogar la Ley Nacional de Tierras N° 26.737, sancionada en 2011. Esa norma establece un tope del 15% de tierras rurales por jurisdicción en manos extranjeras, fija límites máximos por propietario y exige transparencia sobre la composición societaria de los compradores. El proyecto libertario, titulado “La inviolabilidad de la propiedad privada”, propone liberar completamente la compra de tierras productivas, áreas con minerales estratégicos como litio y cobre, espejos de agua y zonas de alto valor ambiental, manteniendo restricciones únicamente para la adquisición directa por parte de otros Estados.

Desde el oficialismo, la medida es presentada como una herramienta para atraer inversiones y dinamizar el mercado inmobiliario rural. La Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) y la Unión Industrial Argentina (UIA) respaldan la iniciativa. Uno de los puntos centrales es eliminar el tope de 1.000 hectáreas para compradores extranjeros en la zona núcleo, donde el valor del suelo puede alcanzar los 15.000 dólares por hectárea. Según el sector, la comparación con Estados Unidos y Brasil —donde los precios son más altos— muestra el potencial de revalorización de la tierra argentina, aunque Brasil mantiene un límite del 25% de tenencia extranjera por distrito.

Además del negocio agropecuario tradicional, el interés por grandes extensiones de tierra está vinculado al mercado de créditos de carbono. Empresas forestales como el Grupo Arauco, de capitales chilenos, combinan la producción de madera y celulosa con la generación de bonos verdes a partir de la reducción de la deforestación. Especialistas señalan que este modelo solo resulta rentable a gran escala, lo que explica la presión para flexibilizar la normativa vigente. En ese contexto, el Gobierno también anticipó cambios en la Ley de Manejo del Fuego, que hoy impide modificar el uso productivo de campos incendiados.

Un informe reciente del Conicet, elaborado por investigadores de la UBA, advierte que el 5% del territorio nacional —una superficie equivalente a la provincia de Santa Fe— está en manos de capitales o Estados extranjeros. El relevamiento detectó que 36 jurisdicciones superan el límite legal del 15% y que en algunos distritos la extranjerización supera el 50%. La Patagonia aparece como una de las regiones más sensibles, con Neuquén a la cabeza.

Entre los principales propietarios figuran el Grupo Benetton, con unas 920.000 hectáreas; el conglomerado chino Heilongjiang State, con 330.000 hectáreas en Río Negro; la minera brasileña Vale, con más de 160.000 hectáreas; y el empresario británico Joe Lewis, dueño de 38.000 hectáreas en la zona de Lago Escondido. También se destacan capitales estadounidenses, italianos y españoles, que lideran el ranking de tenencia extranjera.

En los últimos años comenzó a tomar forma lo que algunos analistas denominan la “Patagonia árabe”. El emir catarí Tamim bin Hamad Al Thani adquirió tierras cerca del río Villegas y desarrolló un centro de esquí exclusivo, mientras que empresarios de Emiratos Árabes Unidos avanzan sobre grandes extensiones en ambas márgenes de la provincia de Río Negro. La concentración de estas inversiones en zonas con agua dulce, minerales y corredores fluviales estratégicos refuerza las alertas de sectores académicos y sociales.

Con la reforma en agenda, el Gobierno plantea un cambio estructural en la política de tierras. Para sus defensores, se trata de una oportunidad para atraer capitales y potenciar la productividad; para sus críticos, un negocio para pocos que profundiza la concentración y expone recursos estratégicos a intereses externos. El debate que se avecina promete ser uno de los más sensibles del año político.