Tierra del Fuego anticipó que irá a la Justicia contra la intervención del puerto de Ushuaia

Altas fuentes del Ejecutivo fueguino le revelaron a Auatral News que se está delineando “la mejor estrategia legal” con el objetivo de que la Dirección Provincial de Puertos recupere “una autonomía real y concreta”. En ese marco, confirmaron que la provincia acudirá a la Justicia para impugnar la decisión del Gobierno nacional.

La intervención fue decretada por un plazo de doce meses y establece que la ANPYN asuma el control operativo del principal puerto de la isla, con asistencia de la Prefectura Naval Argentina. La medida se adoptó en plena temporada estival, cuando la terminal registra una intensa actividad vinculada al arribo de cruceros turísticos, con cerca de 600 recaladas previstas.

Desde el organismo nacional argumentaron que la decisión se fundamenta en una serie de irregularidades detectadas durante inspecciones realizadas en la terminal. Entre ellas, mencionaron faltantes de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas deterioradas, problemas en el tablestacado y deficiencias en la carpeta asfáltica. También señalaron “serios compromisos” en la gestión administrativa y financiera, además de falencias en las condiciones básicas de seguridad operativa.

La ANPYN sostuvo además que no existiría un registro adecuado de ingresos y egresos de fondos y cuestionó la tercerización de tareas administrativas en una empresa cuya actividad principal no estaría vinculada a la gestión portuaria. También indicó que el 33% del presupuesto fue destinado a subsidios, mientras que solo el 1,3% se habría utilizado para obras y servicios de mejora en la terminal.

Desde el gobierno fueguino rechazaron esos argumentos y aseguraron que “no hay una razón lógica u objetiva que amerite una intervención”. Señalaron que el puerto de Ushuaia no presenta mayores inconvenientes que los habituales en infraestructuras de ese tipo y remarcaron que, si bien pueden existir aspectos a mejorar, ello no justifica una medida de esta magnitud. También indicaron que los plazos administrativos no estaban vencidos al momento de adoptarse la decisión.

Funcionarios provinciales pusieron el foco en el contexto en el que se dispuso la intervención, al tratarse de un puerto que se encuentra plenamente operativo y que constituye la principal puerta de entrada a la Antártida. Subrayaron que Ushuaia será la terminal con mayor cantidad de recaladas entre Argentina y Chile durante la temporada y destacaron su rol estratégico para el turismo y la actividad logística antártica.

En los días previos a la medida, el Ejecutivo provincial había difundido datos sobre el funcionamiento del puerto, señalando que la temporada 2025–2026 proyecta superar los registros de la temporada 2023–2024, cuando se contabilizaron más de 173.000 pasajeros de cruceros. Desde la provincia destacaron que ese crecimiento refleja el fortalecimiento de la infraestructura portuaria y el posicionamiento internacional de Ushuaia.

Tras oficializarse la intervención, el gobernador Gustavo Melella cuestionó la decisión del Gobierno nacional y afirmó que no existe “una justificación objetiva para una medida de esta magnitud”. También señaló que mantiene diálogo con el ministro del Interior, Diego Santilli, aunque la medida se inscribe en un contexto de creciente tensión política entre la administración provincial y la gestión del presidente Javier Milei.

La intervención del puerto se suma a una serie de conflictos recientes entre Nación y Tierra del Fuego, entre ellos la eliminación de aranceles a la importación de celulares, que impacta de forma directa en la industria tecnológica fueguina amparada por el Subrégimen de Promoción Industrial. Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que estas decisiones afectan la producción local y profundizan el deterioro del vínculo político con el Gobierno nacional.