Pauta oficial en Río Negro: contrataciones millonarias, vínculos políticos y un sistema bajo cuestionamiento

Mientras el gobierno nacional impulsa un fuerte ajuste y la provincia de Río Negro mantiene congelados o rezagados los salarios del sector público, la administración de Alberto Weretilneck volvió a quedar en el centro de la escena por una batería de contrataciones directas en materia de publicidad institucional que superan los 173 millones de pesos en apenas un mes. El denominador común: ausencia de licitaciones, montos elevados y empresas con conexiones políticas que despiertan fuertes interrogantes.

 

Durante enero de 2026, el Ejecutivo rionegrino aprobó una serie de resoluciones gestionadas por la Secretaría de Medios y la Secretaría General, a cargo de Gustavo Glave y Nelson Cides, respectivamente. Los expedientes contemplan pauta en medios gráficos, campañas institucionales, publicidad digital programática y servicios de mensajería masiva vía WhatsApp, todos bajo el mecanismo de contratación directa y sin competencia abierta entre proveedores.

 

Uno de los principales beneficiarios fue Editorial Río Negro SA, empresa editora del diario homónimo, que recibió dos contrataciones consecutivas por un total de 44,5 millones de pesos. Una de ellas corresponde a publicidad institucional general y la otra a la campaña “Yo Protejo – Cuidar la Patagonia es parte del viaje”, ambas con vigencia entre el 9 y el 31 de enero de 2026. El volumen y la velocidad de las adjudicaciones volvieron a poner bajo la lupa el rol del principal medio gráfico de la región en el esquema de pauta oficial.

 

A estas cifras se suman 31.897.500 pesos otorgados a Botview SAS para el envío de 100 mil mensajes emisivos a través de WhatsApp y otros 18 millones de pesos destinados a Epoge SRL para publicidad institucional en plataformas digitales. El paquete se completa con una contratación directa adicional por 78.916.400 pesos para diversas firmas incluidas en un anexo reservado, lo que eleva el gasto total en pauta oficial a más de 173 millones de pesos en menos de treinta días.

 

Empresas, servicios opacos y conexiones de poder

 

Botview SAS es una sociedad por acciones simplificada dedicada a la comunicación digital automatizada y a la mensajería masiva. Pertenece al empresario Francisco Yonzo y, según fuentes consultadas, presta servicios similares al gobierno de Mendoza. El uso de WhatsApp como herramienta de difusión institucional es cada vez más frecuente en distintos niveles del Estado, pero también genera críticas por la escasa transparencia sobre los costos unitarios, los criterios de segmentación de audiencias y la falta de métricas públicas sobre el impacto real de las campañas.

 

El caso de Epoge SRL agrega una capa adicional de controversia. La empresa, vinculada al marketing digital y la compra de pauta online, fue contratada nuevamente sin licitación ni concurso de precios. No es la primera vez que aparece bajo cuestionamientos: ya fue observada en adjudicaciones realizadas por otros gobiernos provinciales y municipales, entre ellos el municipio de Quilmes, donde durante la gestión de Mayra Mendoza recibió contratos por alrededor de 300 millones de pesos.

 

Según información relevada, Epoge SRL mantiene vínculos directos con Rodrigo Lugones, señalado en el ámbito político como el “monje negro” de Santiago Caputo, asesor clave del presidente Javier Milei. Lugones es mencionado como el cerebro detrás de un entramado de consultorías comunicacionales que, a través de distintas empresas, logran desembarcar en gobiernos con contratos millonarios. En este esquema aparecen familiares directos y operadores que habrían facilitado cesiones de cuotas a Federico Falco, empleado de la consultora Green Consult SRL, luego rebautizada como Move Group, y a Diego “Derek” Hampton, consultor de extrema confianza del gobernador Weretilneck.

 

Este tipo de entramados no es nuevo. A nivel nacional, ya tuvo visibilidad pública en septiembre de 2025, cuando el medio REALPOLITIK reveló el caso de Candelaria Perelli, exintegrante de Green Consult SRL y luego de Move Group, vinculada al círculo de Santiago Caputo. Perelli fue designada primero en el PAMI y más tarde como responsable de Comunicación Digital del hospital Garrahan, donde percibía un salario millonario. Desde ese cargo, trabajadores del hospital la denunciaron por la difusión de fake news y operaciones de desprestigio contra reclamos salariales y sanitarios, exponiendo un patrón de utilización política de la comunicación estatal que ahora vuelve a aparecer en Río Negro.

 

La legalidad en discusión

 

El debate no se agota en los montos. El Régimen de Contrataciones de la Provincia de Río Negro, regulado por la Ley de Administración Financiera y actualizado mediante el Decreto 200/2024, establece que la contratación directa es un mecanismo excepcional. La normativa fija que no debería superar el 15 por ciento del monto previsto para una licitación privada, lo que en valores actuales ronda los 5 millones de pesos por operación, salvo que existan causales excepcionales debidamente fundamentadas.

 

Las contrataciones aprobadas en enero de 2026 superan ampliamente esos límites, tanto en forma individual como acumulada. Esto abre interrogantes sobre los fundamentos de urgencia o especialidad invocados para habilitar procedimientos de excepción en gastos de esta magnitud. Las resoluciones oficiales aseguran que los valores se ajustan a precios de mercado y que la pauta responde a la necesidad de difundir actos de gobierno, pero no incorporan detalles sobre criterios de distribución, evaluaciones de impacto ni comparaciones con otros proveedores.

 

Anexos reservados y falta de información

 

Uno de los puntos más sensibles es la contratación directa N.º 04/2026, que autoriza un gasto global de 78.916.400 pesos en publicidad institucional con firmas incluidas en un anexo reservado. La falta de información pública sobre el destino final de esos fondos, el alcance de las campañas y los resultados obtenidos profundiza las dudas sobre el control y la transparencia del gasto.

 

El esquema que se repite es el de contrataciones sin competencia, concentración de recursos en pocos proveedores y períodos de ejecución muy breves, pero con cifras elevadas. En un contexto de ajuste fiscal, caída del poder adquisitivo y reclamos crecientes por mayor transparencia, el manejo de la pauta oficial vuelve a quedar bajo la lupa en Río Negro, una provincia donde la relación entre poder político, comunicación y fondos públicos sigue siendo un terreno particularmente sensible.