Lluvia de amparos y alarma en la Justicia por el DNU que amplía las facultades de la SIDE

Mientras la agenda pública sigue concentrada en la crisis internacional y los acontecimientos en Venezuela, la oposición activó una ofensiva judicial para frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, con el que el gobierno de Javier Milei reordenó el sistema de inteligencia y otorgó nuevas atribuciones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), entre ellas la posibilidad de aprehender personas sin orden judicial.

 

El primer movimiento concreto se produjo este lunes, cuando un grupo de referentes históricos del radicalismo que integraron el gobierno de Raúl Alfonsín presentó un recurso de amparo ante la Justicia en lo contencioso administrativo federal. El planteo solicita la suspensión inmediata de los artículos del decreto que habilitan a la SIDE a realizar tareas de contrainteligencia sobre conceptos considerados “amplios y vagos”, como “influencia” o “injerencia”, sin control judicial previo.

 

La acción fue impulsada por el exdiputado de Unión por la Patria Leopoldo Moreau, junto al abogado Miguel Ángel Pierri, y reunió las firmas de dirigentes de larga trayectoria en la UCR, entre ellos Federico Storani, Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santín, Ricardo Terrile y Ricardo Alfonsín. Más allá de las diferencias políticas, los firmantes coinciden en advertir un riesgo institucional y una vulneración de derechos y garantías constitucionales.

 

Según fuentes judiciales, la principal preocupación está centrada en la habilitación a los agentes de inteligencia para aprehender personas “en la comisión de delitos de flagrancia”. Magistrados con experiencia en el fuero alertaron sobre el avance de los organismos de inteligencia en funciones propias de la Justicia y recordaron antecedentes de los años noventa, cuando la injerencia de estos servicios terminó “embarrando” causas sensibles.

 

“El decreto resulta inadmisible porque habilita intervenciones estatales sobre la base de conceptos abiertos, vagos y carentes de precisión normativa”, sostiene el escrito, que remarca que la falta de criterios objetivos deja la actuación del sistema de inteligencia librada a amplios márgenes de discrecionalidad, incompatibles con un Estado de derecho. El recurso recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº11, a cargo de Martín Cormick, el mismo magistrado que declaró nulo el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich.

 

Los firmantes solicitaron, además, la habilitación de la feria judicial por la “naturaleza de los derechos fundamentales comprometidos” y dejaron planteada la posibilidad de acudir directamente a la Corte Suprema mediante un per saltum, al considerar que se trata de una reforma de carácter estructural y de gravedad institucional.

 

A esta presentación se sumó un segundo amparo promovido por los diputados de la Coalición Cívica Mónica del Frade y Maximiliano Ferraro, junto al socialista Esteban Paulón. En este caso, el pedido apunta a que se declare la “inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable” del DNU, por entender que el Poder Ejecutivo invadió facultades exclusivas del Congreso, en violación del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. La causa quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº4, a cargo de la jueza Rita Ailán.

 

El escrito parlamentario advierte que el decreto “militariza” la seguridad ciudadana y convierte a cualquier persona en una potencial amenaza para el Estado. “Dar el mismo tratamiento a una amenaza contra el Estado que a una cuestión de seguridad interior es la antesala de un Estado policial”, sostuvieron los legisladores.

 

Las críticas también llegaron desde organizaciones vinculadas al derecho. El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) cuestionó que el DNU viole la división de poderes al autorizar a personal de inteligencia a privar de la libertad a ciudadanos sin orden judicial. Para la entidad, la norma avanza sobre materia penal sin base legal ni control legislativo o judicial, lo que la torna inconstitucional.

 

En paralelo, el decreto abrió una grieta política en el PRO. Aunque el bloque de diputados conducido por Cristian Ritondo expresó inicialmente un respaldo cauteloso, puertas adentro del partido Mauricio Macri ya dejó trascender su rechazo a la ampliación de facultades de la SIDE. En el Gobierno siguen de cerca esa postura y buscan evitar que el PRO vote en contra cuando el DNU llegue al recinto en febrero, un escenario que remite al antecedente de 2024, cuando la oposición frenó el decreto que otorgaba fondos reservados millonarios al organismo de inteligencia.

 

La acumulación de amparos y el malestar en sectores de la Justicia anticipan un camino complejo para el oficialismo en uno de los capítulos más sensibles de su agenda institucional.