Milei prepara cambios en los planes sociales y la AUH

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, apunta a que los más de 900 mil beneficiarios del programa Volver al Trabajo (VAT) dejen de percibir el monto mensual de $78 mil —congelado desde 2023— y pasen a recibir vouchers educativos. En el Gobierno aseguran que el proceso de “voucherización” es inminente, aunque en la primera etapa los participantes continuarán cobrando el beneficio.

El plan piloto comenzará con un grupo reducido de 20 beneficiarios del VAT, seleccionados por la cartera social, que cursarán dos módulos de ocho clases durante dos meses para obtener un título profesional de pintura en obra. Los cursos combinarán contenidos teóricos y prácticos, con provisión de materiales y herramientas, y exigirán una asistencia mínima del 70 por ciento.

La experiencia contará con el respaldo de la empresa Sinteplast, una de las primeras en sumarse a la propuesta. La compañía adaptó los contenidos que dicta en sus propios centros de capacitación y asumirá el costo de los insumos, que serán donados al Estado. Además, no descartan incorporar o recomendar a los egresados y replicar el programa en provincias donde tienen plantas, como San Luis y Córdoba.

El programa se desarrollará en el nuevo Centro de Formación Capital Humano, ubicado en el histórico predio Garrigós, en el barrio porteño de La Paternal. El espacio, de cuatro hectáreas construidas, fue creado hace un siglo como instituto de minoridad. En marzo, Pettovello dio de baja los programas que funcionaban allí y avanzó en su restauración y puesta en valor, con apoyo de la Bolsa de Comercio.

En paralelo, el Ejecutivo trabaja en una reforma más amplia del sistema de asignaciones. En el gabinete analizan unificar los distintos beneficios dentro de una AUH familiar y ultiman los detalles del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), una base de datos que permitirá conocer con precisión cuántas asignaciones recibe cada hogar y cruzar indicadores sociales.

La reconversión se inscribe en los cambios iniciados en 2024, cuando el Gobierno disolvió el programa Potenciar Trabajo —que alcanzaba a casi 1,3 millones de personas— y lo dividió en dos esquemas: Volver al Trabajo, con casi un millón de inscriptos bajo la órbita de Empleo, y el Programa de Acompañamiento Social (PAS), que perciben más de 200 mil personas, en su mayoría mayores de 50 años o madres de cuatro o más hijos, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Además, se eliminó la contraprestación laboral y se flexibilizaron incompatibilidades, con el objetivo de reducir la intermediación de los movimientos sociales que administraban cooperativas y fiscalizaban los programas. El congelamiento de los ingresos terminó de sellar el nuevo rumbo. En ese contexto, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, fue explícito al afirmar que los beneficiarios “pueden quedarse en sus casas sin trabajar si así lo desearan por los próximos dos años”.

Las modificaciones generan fuertes críticas desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que sostiene que se pasó de un esquema que fomentaba el empleo a otro que profundiza el desempleo. Desde el peronismo, en cambio, algunos referentes señalan que el Gobierno no redujo la asistencia social, sino que la redireccionó hacia un modelo de capacitación y control más estricto.

Con el inicio del plan piloto, el Ejecutivo busca mostrar resultados concretos de una política que promete escalar a municipios y provincias, aunque reconoce que casi la mitad del universo de beneficiarios se concentra en el conurbano bonaerense. El impacto real de la reforma comenzará a medirse a partir de enero.