El Gobierno se mide en el Congreso y apuesta al Presupuesto como señal de gobernabilidad

Con la sesión del Senado como instancia decisiva, el Gobierno vive el debate del Presupuesto 2026 como algo más que un trámite legislativo. En la Casa Rosada lo interpretan como una prueba clave de gobernabilidad y una oportunidad central para validar la hoja de ruta económica de cara al próximo año. La convocatoria en la recta final de diciembre se transformó en el principal objetivo político del Ejecutivo para cerrar el año con una señal de orden y respaldo institucional.

En los despachos oficiales sostienen que la aprobación del Presupuesto permitiría despejar incertidumbres y mostrar previsibilidad en un contexto económico todavía frágil. El mensaje que busca transmitir el Gobierno es que contar con una ley de gastos y recursos sancionada por el Congreso resulta fundamental para sostener negociaciones financieras, afrontar compromisos externos y avanzar con un programa económico de mediano plazo.

Puertas adentro, el clima es de cautela. Si bien el oficialismo cree tener los votos necesarios para avanzar en la aprobación general, reconoce que el debate en particular encierra riesgos. Algunos artículos sensibles, que ya generaron resistencias en Diputados y entre sectores aliados, obligan al Ejecutivo a seguir de cerca cada movimiento parlamentario y a mantener negociaciones constantes con senadores de bloques dialoguistas.

El Gobierno llega a esta instancia tras un recorrido legislativo irregular, marcado por avances y retrocesos. En Balcarce 50 admiten que en etapas previas se subestimaron las dificultades para construir mayorías estables, lo que derivó en negociaciones contrarreloj y ajustes de estrategia. Esa experiencia explica el enfoque más prudente con el que se encara ahora el tramo final del debate.

La conducción política del oficialismo en el Senado cumple un rol central en este escenario. Desde el Ejecutivo confían en que el trabajo de articulación con sectores de la oposición moderada permita evitar cambios sustanciales que obliguen a devolver el proyecto a Diputados. La prioridad es sancionar el Presupuesto antes de fin de año y evitar una nueva prórroga del esquema vigente.

En ese marco, el rol de Patricia Bullrich adquiere un perfil singular: se trata de su primera gran batalla parlamentaria como jefa del bloque oficialista en el Senado. Tras encabezar las negociaciones para asegurar la sesión posterior a Navidad, puso el foco no solo en la aprobación general del proyecto, sino especialmente en evitar modificaciones que compliquen el cierre del trámite legislativo. Para ello, intensificó los contactos con bloques dialoguistas y delimitó un esquema de concesiones acotado a lo estrictamente necesario.

En el Ejecutivo también pesan los tiempos institucionales. El calendario legislativo es ajustado y cualquier modificación relevante podría dilatar el proceso. Por eso, en las últimas horas se reforzaron los contactos políticos y se evaluaron posibles concesiones tácticas con el objetivo de preservar el núcleo del proyecto y garantizar su sanción.

Más allá del contenido de cada artículo, el Gobierno concibe esta votación como un gesto político hacia adentro y hacia afuera. Hacia el Congreso, busca mostrar capacidad de diálogo y construcción de acuerdos. Hacia los actores económicos, intenta exhibir previsibilidad y respaldo institucional para el rumbo fiscal propuesto para 2026.

Con la sesión del Senado como punto de inflexión, el Ejecutivo atraviesa horas decisivas. La aprobación del Presupuesto 2026 no resolverá todos los desafíos, pero sí marcará un cierre de año con una señal política que el Gobierno considera indispensable para encarar el próximo ciclo legislativo y económico con mayor respaldo institucional.