La agenda parlamentaria, convocada hasta el 30 de diciembre —con excepción del feriado del 25—, está centrada en iniciativas económicas y de reorganización del Estado, bajo el objetivo declarado de sostener el “déficit cero”. En ese marco, uno de los debates más significativos tendrá lugar el próximo viernes 26, cuando el Senado trate la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que acompaña al Presupuesto 2026 y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
En paralelo, el Senado sesionará este jueves desde las 10 para tratar los vetos presidenciales vinculados al Hospital Garrahan y al financiamiento universitario, en una jornada que también se anticipa cargada de tensión política.
La Ley de Inocencia Fiscal, impulsada originalmente por el diputado José Luis Espert, propone una profunda modificación del Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), de la Ley de Procedimientos Fiscales (11.683), del Código Civil y Comercial de la Nación y la creación de un Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Además, establece un “Régimen Simplificado de Ganancias”, mediante el cual los contribuyentes que adhieran quedarían, según el texto oficial, “blindados para siempre”.
El proyecto no está exento de polémicas. El diputado Juan Grabois cuestionó duramente la iniciativa al señalar que “la Ley de Inocencia Fiscal baja la prescripción del delito de Lavado de Dinero” y afirmó que, bajo ese esquema, “Espert no podría ser investigado porque pasaron más de tres años”.
Entre los principales cambios fiscales que propone el Ejecutivo se destacan modificaciones sustanciales en los umbrales de punibilidad del Régimen Penal Tributario. En el caso de la evasión simple, el monto pasaría de 1,5 millones de pesos a 100 millones; en la evasión agravada, de 15 millones a 1.000 millones; y en el uso de facturas apócrifas, de 1,5 millones a 100 millones de pesos.
Desde el ámbito profesional, el socio del área legal de BDO Argentina, Edgardo Ponsetti, consideró “destacables” las modificaciones propuestas. Según explicó, los cambios tienden a reducir la litigiosidad penal tributaria al actualizar montos que llevaban casi una década sin cambios, incentivan la regularización voluntaria para extinguir la acción penal, otorgan mayor previsibilidad al sistema tributario mediante la unificación de plazos de prescripción a nivel nacional y provincial, y focalizan la persecución penal en los grandes evasores.
Más allá del debate presupuestario, el oficialismo también reordena su hoja de ruta legislativa. La reforma laboral, incluida en el Proyecto de Modernización Laboral, fue postergada para el próximo año tras un traspié en Diputados. El tratamiento se retomará el 10 de febrero, según confirmó la presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, al anunciar el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
Bullrich también anticipó que el Gobierno convocará a un nuevo período de sesiones extraordinarias entre el 1° y el 27 de febrero, con el objetivo de avanzar en el Senado tanto con la reforma laboral como con otro proyecto sensible: la modificación de la Ley de Glaciares. Esta iniciativa, de fuerte impacto para las provincias mineras, propone flexibilizar la protección ambiental en determinadas zonas para fomentar inversiones en el sector.
Así, el cierre del año legislativo encuentra al Gobierno en una carrera contrarreloj para consolidar su programa económico y fiscal, mientras reacomoda prioridades tras las dificultades parlamentarias y enfrenta un escenario de debates intensos que marcarán el inicio de 2026.
