Reforma laboral: el fondo para indemnizaciones amenaza con un agujero fiscal millonario

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla la reasignación del 3% de los aportes patronales obligatorios para constituir el FAL, un mecanismo destinado a cubrir las indemnizaciones por despido. A cambio, se reduce en igual proporción el aporte que hoy ingresa al sistema previsional. Según cálculos de consultoras privadas, esta ingeniería tendría un costo fiscal de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales.

 

Un informe de Empiria Consultores advierte que no está claro cómo el Estado cubrirá un bache estimado en unos 330.000 millones de pesos mensuales, lo que equivale a alrededor del 0,5% del PBI anual. En términos macroeconómicos, la pérdida de recursos representaría entre el 0,30% y el 0,38% del producto, una cifra relevante si se la compara con el superávit primario proyectado para 2026.

 

Menos aportes, más incertidumbre

 

Aunque el Gobierno sostiene que el FAL no tendrá costos ni para trabajadores ni para empleadores, el impacto recae de lleno sobre la seguridad social. El desvío de aportes implica menos recursos para el sistema jubilatorio en un contexto ya marcado por la fragilidad financiera y la presión demográfica.

 

Dentro del propio oficialismo hubo reparos. Según trascendió en la Casa Rosada, funcionarios de alto nivel plantearon la necesidad de buscar alternativas para evitar el golpe fiscal. Sin embargo, terminó imponiéndose la postura del ministro de Economía, Luis Caputo, quien argumenta que estos fondos ayudarán a desarrollar el mercado de capitales y que el eventual crecimiento del empleo formal compensará la pérdida de ingresos previsionales.

 

El problema es que esa compensación es, por ahora, una promesa. El propio diagnóstico incluido en informes técnicos recuerda que el empleo privado formal no crece de manera sostenida desde 2011, lo que pone en duda que el nuevo esquema genere el volumen de puestos de trabajo necesario para cerrar el agujero fiscal que abre.

 

Un mercado laboral deteriorado

 

Los datos del mercado de trabajo refuerzan esas dudas. Argentina cuenta hoy con unos 21 millones de trabajadores, de los cuales solo el 29% son asalariados privados formales. El resto se reparte entre empleo público, informalidad y cuentapropismo, un universo que creció con fuerza en la última década. Desde 2012, los empleos privados en blanco apenas aumentaron 3%, mientras que el trabajo informal creció 22% y el cuentapropismo 49%.

 

En ese contexto, la reforma propone modificar el régimen de indemnizaciones sin resolver el problema estructural del empleo de calidad. Para críticos del proyecto, el FAL corre el riesgo de convertirse en un instrumento que alivie costos empresariales a costa del sistema previsional, sin garantizar una mejora real en la formalización laboral.

 

Objeciones sindicales y dudas operativas

 

La CGT expresó duras críticas al Fondo de Asistencia Laboral. La central sindical cuestiona que el esquema introduce nuevas obligaciones para los empleadores y afecta directamente el financiamiento del sistema previsional. Además, advierte que los fondos acumulados serán inembargables y que el empleador no estará obligado a utilizarlos efectivamente para pagar indemnizaciones, lo que pone en duda la protección real de los trabajadores.

 

Otro punto señalado es que el FAL solo alcanzará a empleados registrados con más de doce meses de antigüedad y comenzará a responder recién después de seis aportes mensuales, dejando sin cobertura a amplios sectores del mercado laboral, incluidos los trabajadores informales.

 

Un debate con impacto estructural

 

El Gobierno busca acelerar la reglamentación del sistema y completar los detalles operativos en los próximos días, con fondos que estarán bajo el control de entidades reguladas por la Comisión Nacional de Valores. Sin embargo, el debate legislativo deja expuestas tensiones de fondo: cómo financiar el sistema previsional, quién asume el costo de la reforma y qué modelo laboral se pretende construir.

 

Lejos de ser una solución técnica, el Fondo de Asistencia Laboral aparece como uno de los puntos más sensibles de la reforma. Para sus críticos, no solo pone en riesgo recursos clave de la seguridad social, sino que traslada el ajuste a un área estructural sin resolver el deterioro del empleo ni ofrecer certezas sobre su impacto real en la economía.