Senadores patagónicos denuncian que la privatización de las represas del Comahue constituye “un regalo a precio vil

Un grupo de senadores patagónicos volvió a denunciar lo que consideran “un nuevo saqueo a la patria” a raíz del proceso de privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Tras la apertura de las ofertas económicas, que totalizan apenas 684 millones de dólares por cuatro represas que generan alrededor del 30 por ciento de la energía hidroeléctrica del país, los legisladores afirmaron que no se trata de una venta sino de “una entrega a precio de remate” a empresarios vinculados al presidente Javier Milei.

Los senadores Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Martín Doñate, Silvina Larraburu, Martín Soria y Ana Marks retomaron una advertencia que, aseguran, vienen planteando desde hace años: el Estado estaría cediendo recursos estratégicos construidos con inversión pública por valores insignificantes. Según recordaron, las represas fueron levantadas por Hidronor mediante una inversión estimada en 20.000 millones de dólares y su paquete accionario fue vendido en los años noventa por una cifra que duplicaba incluso las ofertas actuales, pese a que entonces también se denunció una fuerte subvaluación.

El actual proceso licitatorio, sostienen, reedita aquel modelo. El Gobierno licita el cien por ciento del capital sin fijar un precio base técnico y bajo un esquema que describen como un “concurso sin piso”, que permite que los activos se oferten por valores arbitrarios y muy por debajo del costo real. La Cámara Argentina de la Construcción calculó recientemente que las centrales valen 5.138 millones de dólares, por lo que las ofertas presentadas representan menos del quince por ciento de su valor.

Los legisladores cuestionaron además el perfil de los grupos económicos que quedaron en carrera. Señalan que, mientras multinacionales históricas como AES y ENEL quedaron afuera, avanzan empresas nacionales con fuerte cercanía al oficialismo, entre ellas MSU Energy, Edison Inversiones y Central Puerto. Para los senadores, este recambio no es casual y configura un modelo donde los activos públicos pasan a manos de “un círculo íntimo de capitales concentrados”.

Otro punto de conflicto es la exclusión de las provincias dueñas del recurso. Neuquén y Río Negro, amparadas por el artículo 124 de la Constitución Nacional, deberían tener un rol central en la administración de los ríos, pero el pliego —según denuncian— las reduce a una participación meramente testimonial, con voz pero sin voto y sin posibilidades de intervenir en decisiones estratégicas. Neuquén perdería además su histórica participación del treinta por ciento en El Chocón, un activo que aportaba más dividendos que todas las regalías hidrocarburíferas juntas. Para los senadores, esto constituye un retroceso del federalismo.

También advierten que el proceso no contempla ninguna obligación de inversión ni compromisos de desarrollo regional. Las concesionarias no estarían obligadas a reinvertir utilidades, realizar obras de ampliación o encarar proyectos de riego, pese al enorme potencial productivo que las represas ofrecen en la región. Citan como antecedente los treinta años de explotación privada, durante los cuales no se concretaron obras de riego a pesar de que el Código de Aguas de Río Negro fija ese uso como prioritario.

El bloque patagónico remarcó además que el esquema vigente ya funcionó como un canal de fuga de divisas. Entre 2016 y 2021, las empresas operadoras repatriaron más de 150 millones de dólares, según cifras del Banco Central. Con el nuevo proceso, señalan, este mecanismo se profundiza, ya que no existe ningún requerimiento de reinversión o capitalización que favorezca al sistema energético nacional.

Frente a lo que consideran una serie de irregularidades graves, los senadores presentaron un amparo judicial con pedido de medida cautelar para frenar la entrega. Argumentaron que se violó la Ley 23.696 al omitir la tasación previa por un organismo público, que se desplazó a las provincias titulares del recurso hídrico y que se llevó adelante un proceso sin transparencia, con un esquema que favorece la subvaluación de activos estratégicos. La Justicia, sin embargo, no hizo lugar a la medida, lo que los legisladores describen como una muestra del nivel de “cooptación corporativa” del Poder Judicial.

Los senadores exigen que las represas regresen al Estado Nacional y sean gestionadas por ENARSA en conjunto con las provincias, bajo un modelo que priorice la soberanía energética, el desarrollo regional y el interés público. Según afirman, el Estado no puede desprenderse de activos estratégicos construidos con fondos de toda la sociedad y cuya administración resulta clave para el futuro energético y productivo del país.