Weretilneck envió el Presupuesto 2026 con un aumento salarial del 11%, muy por debajo de la inflación proyectada

El proyecto, elaborado por el Ministerio de Hacienda que encabezan Gabriel Sánchez y Natalia Crociatti, calcula gastos y recursos por $3,3 billones, frente a los $2,453 billones previstos inicialmente para 2025. No obstante, el presupuesto vigente atravesó correcciones durante el año y cerrará en torno a los $2,9 billones, por lo que el aumento real proyectado para 2026 se ubica en torno al 14% respecto de la ejecución final.

El punto más sensible está en el rubro salarial: la masa del 2025 se aproxima a $1,65 billones, mientras que para 2026 se asignan $1,79 billones, lo que implica un incremento de apenas 11%. Desde el propio Ejecutivo admiten que esa cifra quedará rezagada frente a los índices inflacionarios y que, como ocurre cada año, será modificada posteriormente en las negociaciones paritarias.

El proyecto también marca límites claros para otros poderes del Estado. El Poder Judicial recibirá $225.036 millones, un 17% menos de lo solicitado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que había planteado un presupuesto de 270.900 millones. En términos anuales, la suba asignada representa un 39% respecto del presupuesto aprobado para 2025, lejos del 50% que los jueces reclamaban para compensar los costos del sistema.

Para la Legislatura, en cambio, el Ejecutivo proyecta un presupuesto de $42.111 millones, que equivale a un alza cercana al 43% respecto del monto inicial de este año, aunque —tomando en cuenta la ejecución real— la variación efectiva rondará el 20%.

El paquete impositivo y el Presupuesto comenzarán a debatirse en los próximos días, con la intención del oficialismo de llegar a una sesión en la tercera semana de diciembre. El Gobierno fundamenta el esquema en un diagnóstico de “incertidumbre prolongada” y “vulnerabilidades fiscales”, citando proyecciones del Banco Mundial y del presupuesto nacional.

En sus consideraciones finales, el Ejecutivo destaca que entre 2023 y 2025 logró recuperar el equilibrio de las cuentas provinciales, reduciendo el stock de deuda en moneda extranjera en un 39,41% y bajando la relación deuda/ingresos del 63,1% al 14,87%.

Sin embargo, el dato político y social que marcará las discusiones será el acotado 11% destinado a salarios, un número que anticipa un fin de año de tensión con los gremios estatales y abre un debate sobre la sustentabilidad del ajuste en un escenario de inflación todavía elevada.