La Justicia de Río Negro ordenó frenar los descuentos abusivos que dejaban a docentes con sueldos de “cero pesos”

La Justicia de Río Negro emitió dos fallos que sacudieron al Ministerio de Educación y dejaron al descubierto una práctica que durante años llevó a docentes a cobrar cero pesos de salario neto, debido a descuentos por préstamos realizados mediante “código de descuento” con entidades financieras que operan bajo convenios con el Estado provincial.

 

Las resoluciones, dictadas por la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca, se originaron a partir de los casos de dos docentes afiliadas a UnTER, quienes vieron cómo sus haberes eran absorbidos por completo por cuotas de préstamos acumulados, dejándolas sin ingresos disponibles para vivir. La Justicia calificó este mecanismo como una violación directa al principio de protección del salario, considerado un derecho alimentario que no puede ser comprometido en su totalidad bajo ningún concepto.

 

Un sistema que transformó el salario docente en un botín financiero

 

El tribunal determinó que el sistema aplicado por la Provincia y las entidades financieras era ilegal, al contradecir normas de jerarquía constitucional e internacional que resguardan el salario mínimo y la capacidad de subsistencia del trabajador. En este sentido, estableció un límite estricto: los descuentos por préstamos no podrán superar el 33% del haber neto.

 

 

 

 

 

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El fallo dejó al descubierto una estructura descontrolada que durante años habilitó a mutuales y bancos a vaciar los salarios docentes, sin límites ni regulación efectiva.

 

Una norma provincial que nunca se aplicó

 

La Justicia también apuntó a una grave omisión del propio Estado rionegrino: desde 2018 existía una normativa —el Decreto 1485/18— que protegía al trabajador frente a este tipo de situaciones, pero fue suspendida en 2020 bajo el argumento de que el sistema informático provincial debía ser actualizado para registrar todos los códigos de descuento.

 

Cinco años después, esa actualización nunca se implementó, lo que permitió que la suspensión se transformara en un vacío legal funcional a los intereses de las entidades financieras y perjudicial para los trabajadores estatales. La Cámara consideró inadmisible el mantenimiento de esa suspensión durante tanto tiempo.

 

La orden judicial: límites estrictos y fin al abuso

 

En sus resoluciones, la Cámara ordenó al Ministerio de Educación y Derechos Humanos:

 

• Respetar el límite máximo del 33% del salario neto para descuentos por préstamos.

• Suspender la aplicación de nuevos códigos de descuento que excedan ese tope.

• Garantizar que ningún trabajador vuelva a percibir un salario reducido a cero.

 

La Justicia señaló que el Estado provincial no puede convertirse en un agente de cobro de entidades financieras a costa de vaciar los ingresos de sus propios trabajadores.

 

La advertencia del abogado que llevó los casos

 

El abogado que representó a las docentes, Diego Broggini, criticó duramente el sistema de descuentos automáticos y lo calificó como “una estafa institucional” que arrastró a numerosos trabajadores a situaciones económicas desesperantes.

 

En declaraciones públicas recientes, Broggini expresó:

 

“No se puede permitir que el salario docente se transforme en garantía de negocios financieros. El Estado tiene la obligación de proteger a los trabajadores, no de entregar sus haberes como moneda de cambio”.

 

El abogado también aseguró que estos dos casos apenas reflejan una problemática extendida en toda la administración pública provincial.

 

Un fallo que marcará un antes y un después

 

Las decisiones judiciales no solo reparan injusticias puntuales: también obligan al Gobierno rionegrino a reformular completamente el sistema de códigos de descuento, señalando que los salarios estatales no pueden seguir siendo utilizados como terreno liberado para prácticas abusivas.

 

El precedente es contundente: el sueldo docente vuelve a ser considerado un derecho esencial para vivir y no un recurso para alimentar el circuito financiero.