La Corte Suprema, en el centro de la polémica: fallos que favorecen al poder y castigan a la oposición

Por: Luciano Barroso

En la Argentina, la discusión sobre la independencia del Poder Judicial no es nueva. Sin embargo, los últimos movimientos de la Corte Suprema de Justicia reavivaron con fuerza la sospecha de que el máximo tribunal funciona como pieza clave en el entramado del poder real, inclinando sus decisiones en beneficio de determinados sectores políticos y económicos.

 

En un mismo período, la Corte confirmó condenas contra el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno —dejándolo inhabilitado para ejercer cargos públicos— mientras que avanzó en decisiones que terminaron favoreciendo a figuras centrales del espacio político y financiero del macrismo, como Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Esta simultaneidad no parece casual: los beneficiados integran o asesoraron gobiernos directamente vinculados al modelo financiero que históricamente ha marcado el pulso de la economía argentina, mientras que los castigados responden a una tradición política que plantea la intervención estatal como herramienta de desarrollo.

 

La condena a Moreno y el mensaje disciplinador

 

Guillermo Moreno ha sido, desde su gestión, una figura incómoda para el establishment económico. Su política de intervención en mercados estratégicos lo convirtió en un adversario directo de grupos concentrados. La confirmación de las condenas en su contra llega en un contexto donde su figura vuelve a ganar presencia discursiva.

 

Moreno no tardó en interpretar el fallo como un intento explícito de disciplinamiento político. En sus declaraciones públicas, señaló que lo que se sanciona no son los hechos puntuales de sus causas, sino un modelo de país. Su inhabilitación tiene, así, un efecto que va más allá de lo jurídico: limita, condiciona y desalienta la participación de dirigentes que cuestionan el orden económico vigente.

 

El alivio judicial para el círculo del poder financiero

 

En contraposición, los expedientes que rodean a los principales funcionarios del gobierno de Mauricio Macri parecen recibir un tratamiento mucho más benigno. La desestimación definitiva del proceso por espionaje ilegal en el caso ARA San Juan —que situaba a Macri en el centro de la responsabilidad jerárquica— fue interpretada como una señal inequívoca de protección institucional.

 

Lo mismo ocurrió en distintas causas vinculadas a decisiones financieras durante la gestión macrista. Luis Caputo y Federico Sturzenegger, protagonistas centrales del endeudamiento récord y de la toma de deuda en dólares que condicionó a la Argentina durante años, fueron beneficiados por interpretaciones judiciales que consideraron sus acciones como “decisiones políticas no justiciables”.

 

El mensaje es evidente: Cuando los actos provienen de quienes integran o representan al poder económico global, son aceptados como parte del “orden natural” de la política. Cuando provienen de quienes buscan alterar ese orden, constituyen delito, abuso o amenaza.

 

El señalamiento político de Cristina Fernández de Kirchner

 

Cristina Fernández de Kirchner sostuvo recientemente que en la Argentina actual existe una alianza explícita entre sectores del poder judicial, mediático y económico para restringir el accionar de liderazgos populares. Según la expresidenta, la Corte Suprema se ha transformado en un actor político central, que no arbitra entre fuerzas sino que interviene para inclinar la balanza.

 

Sus palabras cobran otra dimensión cuando se revisan los calendarios políticos: condenas que llegan justo cuando una figura empieza a recuperar visibilidad, sobreseimientos que se aceleran para despejar el escenario electoral de figuras vinculadas a intereses financieros, y silencios prolongados cuando los casos comprometen a grupos concentrados.

 

Una justicia que responde al poder permanente

 

La cuestión de fondo no es la legalidad técnica de las decisiones, sino el patrón. Las decisiones judiciales parecen funcionar como mecanismo de preservación del poder económico y disciplinamiento político. El derecho funciona para asegurar la continuidad de un orden y para castigar a quienes lo desafían.

 

En este marco, hablar de independencia judicial se vuelve casi un acto de inocencia. La Corte no aparece como árbitro de la República sino como administradora del límite a lo posible, garante de que el modelo económico dominante no sea alterado.

 

Cuando la justicia se vuelve herramienta del poder

 

Cuando los fallos no expresan la igualdad ante la ley sino la desigualdad de poder entre quienes pueden influir y quienes pueden ser castigados, la democracia se degrada. La Corte, en lugar de fortalecer la institucionalidad, parece haberse convertido en su amenaza más silenciosa.

 

La pregunta que queda flotando es inquietante:¿Quién gobierna realmente en la Argentina?Porque cuando la justicia deja de ser justicia y se transforma en poder, el pueblo queda afuera.