Ordenan el desalojo de un exfuncionario del IPPV que ocupaba una vivienda oficial desde hace años

Luego de más de una década de intimaciones y trámites administrativos, la Justicia rionegrina ordenó el desalojo de un exfuncionario del Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV) que ocupaba irregularmente una vivienda oficial ubicada en calle Guido al 1400 de Viedma, en inmediaciones del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

El proceso se inició a partir de un extenso intercambio epistolar que comenzó en 2013 y derivó, el 11 de junio de 2024, en una acción de desalojo promovida por la Fiscalía de Estado de Río Negro. Según se desprende del expediente, el inmueble había sido asignado al exagente mediante un préstamo institucional precario dispuesto por la Resolución IPPV N° 1053/2000, con el único fin de ser ocupado mientras ejercía funciones en el organismo.

Sin embargo, tras su desvinculación laboral, el hombre no restituyó la propiedad. En 2018, justificó su permanencia al manifestar que no tenía otro lugar donde vivir con su familia y que devolvería las llaves una vez terminada su vivienda particular. Ante la falta de cumplimiento, la Fiscalía sostuvo que se configuró una ocupación irregular y carente de derecho alguno.

El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 13 de Viedma, Julián Fernández Eguía, hizo lugar a la demanda y consideró que los demandados incumplieron la obligación de devolver la vivienda oficial “contrariando la finalidad y el objeto de los actos administrativos que sustentaron el comodato otorgado a su favor”.

Además, desestimó el argumento de la defensa sobre la ocupación pública y pacífica del inmueble desde 1996, al entender que esa circunstancia no exime al ocupante de su deber de restitución. En consecuencia, ordenó que el exfuncionario y su grupo familiar desocupen el inmueble en un plazo de diez días, bajo apercibimiento de desobediencia judicial y eventual intervención de la fuerza pública.