Por delitos contra de la soberanía nacional denuncian a Javier Milei, Luis Caputo y al presidente del BCRA

Una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el excanciller Gerardo Werthein y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, fue presentada en los tribunales federales por presuntos delitos contra la soberanía nacional. La presentación sostiene que los funcionarios habrían cedido de facto la ejecución de la política cambiaria argentina a una potencia extranjera, en beneficio de los Estados Unidos.

La denuncia fue realizada por el economista Claudio Lozano, el abogado Jonatán Baldiviezo, la ingeniera María Eva Koutsovitis y el abogado Marcos Zelaya, junto a Unidad Popular, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. El expediente recayó en el Juzgado Federal N°12, actualmente subrogado por el juez Julián Ercolini.

Según los denunciantes, Milei habría negociado directamente con Donald Trump una “delegación informal” de la política cambiaria, mientras Caputo habría gestionado los detalles de su implementación con el financista estadounidense Scott Bessent. De acuerdo con el texto judicial, el Tesoro de los Estados Unidos habría intervenido directamente en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), a través de bancos internacionales como Santander, Citi y J.P. Morgan, con el objetivo de influir en la cotización del dólar financiero.

“No existen antecedentes en la historia argentina, ni siquiera en gobiernos de facto, de una cesión tan explícita de facultades soberanas a una potencia extranjera”, remarcaron los denunciantes.

La presentación también advierte que la intervención extranjera no fue desinteresada, sino que vino acompañada de exigencias en áreas estratégicas, incluyendo energía, minería, litio, uranio y petróleo, a favor de inversiones estadounidenses.

Los delitos imputados

Los acusados podrían enfrentar una investigación por una amplia gama de figuras penales:

• Negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 del Código Penal).

• Infidelidad diplomática o delitos que comprometen la dignidad de la Nación (art. 225).

• Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (arts. 248 y 249).

• Fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5°).

• Agiotaje financiero o delitos contra el orden económico (art. 309).

Los impulsores de la causa calificaron la situación como de “extrema gravedad institucional” y denunciaron que los funcionarios “incumplieron el juramento de ejercer sus cargos con lealtad y patriotismo”, por lo que los señalaron como “traidores a la patria”.

Finalmente, el texto judicial advierte que esta “delegación ilegal” habría dejado a la economía argentina en un estado de “vulnerabilidad total”, al haber transferido el control del valor del peso y de la competitividad nacional a una potencia extranjera, “en flagrante detrimento del interés nacional y del futuro de los argentinos”.