Milei acelera una reforma laboral explosiva: el Gobierno busca eliminar convenios y facilitar despidos tras las elecciones

En medio de la tensión económica y a pocos días de las elecciones legislativas, el gobierno de Javier Milei estaría preparando una profunda reforma laboral que apunta a cambiar de raíz las relaciones entre trabajadores y empleadores en Argentina. Según trascendió, el proyecto incluiría la eliminación de convenios colectivos, la reducción de indemnizaciones y una flexibilización general de las condiciones de contratación.

La iniciativa se presentaría inmediatamente después de los comicios, con el objetivo de “modernizar el mercado de trabajo” y generar condiciones más favorables para la inversión privada. Sin embargo, distintos sectores ya advierten que la medida implicaría una pérdida sustancial de derechos laborales y un aumento de la precarización.

Entre los puntos más destacados del borrador figuran la posibilidad de adaptar los convenios por empresa, la implementación de un sistema de “banco de horas” que reemplazaría el pago de horas extras, la digitalización total de los registros laborales y la reducción de la litigiosidad en los juicios por despido. Además, se evalúa permitir contratos en moneda extranjera, eliminando los límites actuales para pactar en dólares.

El discurso oficial justifica la medida en la necesidad de “bajar los costos laborales” y “dinamizar el empleo formal”, pero los gremios denuncian que detrás de esas palabras se esconde un intento de vaciar los convenios colectivos y debilitar la fuerza sindical. En la CGT, algunos dirigentes ya evalúan medidas de fuerza si el Gobierno avanza con el paquete después de las elecciones.

El contexto agrava la situación: con más del 40% del empleo en la informalidad, la flexibilización podría generar una mayor brecha entre los trabajadores registrados y los que están por fuera del sistema. Para los especialistas, el riesgo es que el mercado laboral argentino se encamine hacia un modelo de “autoempleo precarizado”, con salarios más bajos y menos protección social.

El Gobierno, no obstante, confía en que la reforma se convertirá en un “punto de inflexión” para la economía y que permitirá atraer inversiones, especialmente en sectores exportadores y tecnológicos. Todo indica que el anuncio formal se realizará en noviembre, cuando el oficialismo intente capitalizar los resultados electorales y enviar al Congreso un paquete de leyes que promete ser tan ambicioso como conflictivo.