

Abdalá Bucaram Ortiz asumió la Presidencia del Ecuador el 10 de agosto de 1996, tras imponerse en las elecciones como candidato del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE). Carismático, populista y mediático, prometía un “gobierno del pueblo” y una transformación económica capaz de frenar la inflación y el desempleo. Sin embargo, su estilo extravagante —autodenominado “el loco que ama”— pronto generó tensiones con la élite política y con amplios sectores sociales.
A finales de 1996, su gobierno anunció un paquete de medidas económicas de corte liberal, que incluyó aumentos de tarifas, devaluaciones y la propuesta de una convertibilidad monetaria similar a la argentina. Las decisiones, percibidas como un ajuste neoliberal, provocaron un fuerte rechazo social y la pérdida de apoyo en las calles.
Entre diciembre de 1996 y enero de 1997, sindicatos, movimientos indígenas y gremios de transporte convocaron a protestas masivas y un paro general, denunciando el encarecimiento del costo de vida y la corrupción gubernamental. En paralelo, medios locales e internacionales comenzaron a cubrir los excesos y polémicas declaraciones del presidente, alimentando la percepción de un liderazgo errático.
Mientras tanto, en el Congreso Nacional se consolidaba un frente opositor integrado por diversas fuerzas políticas, incluidas algunas que hasta hacía poco habían sido aliadas. Las acusaciones de corrupción y favoritismo dentro de su gabinete terminaron por aislarlo políticamente.
El 6 de febrero de 1997, el Congreso Nacional votó su destitución invocando el artículo constitucional que permitía cesar al presidente por “incapacidad mental para gobernar”. La decisión, adoptada por 44 de los 82 diputados, no fue acompañada por ningún informe médico oficial. Para amplios sectores, se trató de un pretexto legal para resolver una crisis política sin recurrir a un proceso penal o a un juicio político formal.
En las calles, miles de manifestantes celebraban la medida. Bucaram, cada vez más aislado, denunció un golpe parlamentario. Días después, abandonó el país y se exilió en Panamá, donde permaneció varios años bajo asilo político.
Tras la destitución se desató una crisis institucional: la entonces vicepresidenta Rosalía Arteaga reclamó el cargo de manera interina, pero el Congreso designó al titular legislativo, Fabián Alarcón, como presidente provisional. El conflicto reflejó la fragilidad de la arquitectura constitucional ecuatoriana y abrió un período de incertidumbre que marcaría la política nacional durante más de una década.
El caso Bucaram dejó un precedente ambiguo: por primera vez en la historia democrática del país, un presidente electo fue destituido sin juicio político ni renuncia formal.