

El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron este martes un nuevo paquete de financiamiento para la Argentina por casi u$s8.000 millones, en respaldo a la gestión de Javier Milei. Aunque el Gobierno destacó el apoyo internacional como una muestra de confianza, la noticia reavivó las críticas sobre la dependencia creciente del país respecto de organismos multilaterales de crédito.
Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, el Banco Mundial destinará u$s4.000 millones a proyectos de minería, turismo, energía y pymes, mientras que el BID proyecta desembolsos por u$s3.900 millones en los próximos 15 meses, con foco en reformas estructurales, competitividad e infraestructura.
Sin embargo, especialistas advierten que estos fondos, lejos de ser un alivio estructural, suponen más deuda en un país ya fuertemente condicionado por el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, varios de los desembolsos quedarán sujetos a la aprobación de directorios internacionales y a la implementación de reformas exigidas por los organismos, lo que podría traducirse en nuevos condicionamientos para la política económica local.
El Gobierno se esfuerza por mostrar estas operaciones como una oportunidad de desarrollo, pero la contracara es que los compromisos financieros continúan ampliándose, en un contexto donde la Argentina ya destina gran parte de sus recursos al pago de intereses y vencimientos. En ese marco, voces críticas señalan que la estrategia de Milei de “blindarse” con deuda externa repite errores del pasado y posterga la construcción de una salida sostenible basada en la producción y el fortalecimiento del mercado interno.
El anuncio coincide con el respaldo político del gobierno de Estados Unidos, tras la reunión bilateral entre Milei y Donald Trump. No obstante, analistas remarcan que este apoyo no será gratuito: “el auxilio de Washington llega con condiciones y más endeudamiento”, advirtieron.
Mientras tanto, los créditos son presentados como oxígeno inmediato para el Gobierno, aunque con el riesgo de que se transformen en una nueva hipoteca para las futuras generaciones.