Investigan al exintendente de Fernández Oro, Mariano Lavin, por presuntas irregularidades en un plan de viviendas

El fiscal jefe de Cipolletti, Gustavo Herrera, inició una investigación preliminar contra el exintendente de General Fernández Oro y actual interventor del IPPV, Mariano Lavin, en el marco de una causa derivada del juicio que terminó con la condena de su antecesor, Juan Reggioni.

El caso resulta llamativo porque fue el propio Lavin quien denunció a Reggioni por irregularidades en el uso de fondos destinados a la construcción de 12 viviendas. Reggioni fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al ser hallado culpable de administración fraudulenta agravada y uso de documento falso.

En la sentencia, los jueces Guillermo Merlo, Alejandra Berenguer y Juan Pedro Puntel ordenaron remitir al Ministerio Público Fiscal los elementos que podrían comprometer a Lavin.

Los hechos bajo investigación

El fiscal Herrera incluyó dos hechos en la pesquisa:

• Destino de fondos: Lavin declaró en el juicio que utilizó los $1.357.800 del último desembolso del plan para cancelar deudas del programa. Sin embargo, un informe pericial determinó que solo se habrían aplicado $374.035 a ese fin.

• Falso testimonio: El exintendente sostuvo que desconocía la existencia de planes de viviendas por cooperativas al asumir, pero un acta notarial de traspaso de mando del 11 de diciembre de 2015, que él mismo firmó, menciona específicamente esos programas.

Por estos hechos, la fiscalía evalúa encuadrar la investigación en los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado y falso testimonio.

La defensa de Lavin

Lavin sostuvo que la investigación “no debería prosperar” y afirmó que presentó balances y registros que respaldan el uso de los fondos para cancelar deudas heredadas. Además, cuestionó el informe pericial que lo contradice.

Tras la condena a Reggioni, el ahora funcionario del IPPV pidió una auditoría contable integral de los movimientos municipales vinculados al plan de viviendas, informes del Tribunal de Cuentas y documentación de la empresa Eraiki S.A., además de declaraciones de exfuncionarios de Hacienda y Obras Públicas.