

El Senado de la Nación volverá a sesionar este jueves desde las 11 con la presidencia de Victoria Villarruel, con el objetivo de rechazar de manera definitiva el veto presidencial a la emergencia en discapacidad y avanzar con un proyecto que restringe las potestades presidenciales sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
La emergencia en discapacidad, aprobada en julio de este año, garantiza fondos hasta diciembre de 2027 para el pago a prestadores de servicios como enfermeros, acompañantes y transportistas; restablece el proceso de aprobación de pensiones; actualiza las sumas, que en junio de 2025 alcanzaban $213.286,50; y aumenta la remuneración de trabajadores con discapacidad que desempeñan tareas en talleres asistidos, con un salario mensual de $28.000 desde febrero de 2023.
Se prevé que la iniciativa tenga un respaldo muy superior a los dos tercios del recinto, considerando la votación unánime en julio, cuando el Senado aprobó la medida con 55 votos a favor y 17 ausentes, todos del oficialismo. En Diputados, la votación para revertir el veto registró 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones, lo que dejaría a la oposición en condiciones de evitar un nuevo veto por parte de Javier Milei.
Además, el Senado tratará la reforma de la Ley 26.122, que regula los DNU. Entre las modificaciones, se propone que ambas cámaras del Congreso cuenten con un plazo de 90 días para ratificar los decretos, en lugar de revocarlos, y que cada DNU quede circunscripto a un área técnica específica, evitando la emisión de megadecretos como el 70/2023.
La iniciativa también apunta a delimitar los criterios de necesidad y urgencia, reforzando los controles parlamentarios sobre las decisiones ejecutivas.
Durante la sesión se votará además la revisión de convenios impositivos con Austria y Francia, suscriptos en 2019 antes del cambio de gestión de Mauricio Macri. En la reunión de Labor Parlamentaria, también se programó una nueva sesión para el miércoles 18 de noviembre a las 11 horas, donde se tratarán proyectos vinculados al sector científico y campañas de desinformación.
Con estas medidas, el Senado busca consolidar un mayor control del Congreso sobre los actos del Ejecutivo y garantizar la continuidad de políticas clave en materia de discapacidad y derechos sociales.